Escindir la operatividad militar y la gestión del órgano auxiliar del Poder Ejecutivo a cargo de la defensa nacional es, en sí mismo, un acto político, relevante sin duda y de cuya trascendencia hablará el tiempo, pero el contexto en que se inscribe es de mucho más amplio espectro.

Al Ejército le han sido encomendadas, legal o extralegalmente, funciones propias de otras secretarías. Ha asumido quehaceres propios de seguridad, de gobernación, de asistencia social, de comunicaciones, y hasta de concesionario de servicios públicos.

Ese engrosamiento de funciones podría inducir a pensar, en un primer impulso, que su posición política es de privilegio y hasta podría ser definitoria del relevo presidencial que debe tener lugar dentro de tres años.

Si viviéramos tiempos en los que la tradición pesara y la lógica operara, así podría ser, pero en momentos de incertidumbre y divisionismo, puede suceder lo contrario.

Lo primero que salta a la vista es una distinción clara entre la operación militar y la gestión civil del órgano auxiliar del Ejecutivo, lo que en principio cierra un canal muy importante para el desarrollo político de los militares en activo y abre las puertas para que acceda un civil a la secretaría como titular, ajeno a la disciplina militar.

Si eso ocurriera, el impacto en la solidez de la disciplina castrense y su “espíritu de cuerpo” sería de gran magnitud y pronóstico reservado. Muy probablemente generaría división y conflictos de lealtad que podrían llegar a ser inmanejables y absolutamente perniciosos.

Hay una tercera razón para considerar riesgoso, para el propio Ejército, su creciente protagonismo en tareas que, en sana lógica y conforme a la más rigurosa doctrina militar, le son ajenas.

Esa tercera razón tiene que ver con el desgaste de la otrora imponente imagen del Ejército en el imaginario popular, que ya se ha mostrado no pocos episodios recientes, acontecidos en comunidades donde, incluso, ha sido agredida la tropa por los habitantes, sin temor y, lo que es peor, sin respeto alguno.

La política es una actividad en la que el poder juega a partir de símbolos. Por eso la imagen importa tanto. Los más avezados políticos lo saben bien, y por eso acuden a la mercadotecnia tan asiduamente.

Es así como, en principio, pareciera que para asegurar la perpetuación transexenal de su proyecto, el Presidente hubiera querido contar con el Ejército como aliado y haya buscado congraciarse para ese fin con los mandos castrenses.

En cualquier caso, como muchas voces han advertido y la historia enseña, la militarización de la vida civil es un riesgo que, en vista de los valores patrios y el interés general, no vale la pena correr, porque implica un riesgo severo para el país, en beneficio de un interés egocéntrico de prevalencia de un caudillo que ha apostado todo a la trascendencia de su proyecto.

Todo eso es un riesgo para todos, pero hay uno mayor, si cabe, para el Ejército mismo como institución, pues mientras más actividades asuma como propias, más y mayores serán sus responsabilidades en el caso, nada improbable y siempre creciente en relación directa con el ensanchamiento competencial, de que se presenten inconvenientes y fallas en la operación, los que le serán imputables y que, en una circunstancia de crispación como la que se vive, podrían pasarle una abultada factura.

En un escenario de crisis y expectativas insatisfechas, sin mencionar el fracaso, es perfectamente previsible la transferencia de responsabilidades, que no tendrá mucho que ver con el aparentemente generoso ánimo hasta hoy demostrado. Las supuestas ventajas de antes se convertirán en vanas ilusiones después.

Es inexcusable, en este punto, tener presente que hay que discernir entre la lealtad a la patria, que se refleja en sus instituciones, y la lealtad al “jefe supremo” de las Fuerzas Armadas, que lo es en virtud de una previsión contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base de todas las instituciones del país.

Xavier Díez de Urdanivia

Estaba muy quitada de la pena. Participaba, con sus pares –por género, legislatura y partido- en una dinámica de empoderamiento recíproco, que ella no pudo concluir porque, antes de finalizar el ejercicio, la secretaria de Gobernación tuvo que retirarse a causa de una imprevista convocatoria presidencial que no admitía dilación para ser atendida.

Unos minutos después circulaba la nota: Olga Sánchez Cordero dejaba la oficina de Cobián, por voluntad propia, para ir a ocupar su escaño en el Senado, del que tenía licencia.

Así lo anunció el Presidente, de viva voz, aunque a juzgar por la cara de doña Olga, entre a disgusto y contrariada, aparentemente, al hacerlo, se basó en “otros datos” que no coincidían con los que ella conocía.

Apresurado y sin mucho respeto por los protocolos constitucionales, acudía al mismo llamado el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien asumirá el cargo en relevo de la señora ministra en retiro en las oficinas de Bucareli.

Como ella, su relevo es abogado, notario público, y ha desempeñado diversos puestos en el servicio público de su tierra, participando en política siempre cercanamente y a la sombra de AMLO, que lo llamó “amigo, paisano y compañero entrañable”, razón en la que parece estar el motivo de nombramiento, que tiene lugar en un contexto político, objetivamente considerado, que está lleno de punzantes aristas.

Los avances de los grupos delincuenciales en el control social, geográfico, económico y político de amplias zonas del país; las fuerzas armadas ocupadas en funciones policiacas y de migración, sometidas, además, a un desgaste sensible y la pérdida de respeto por sectores entre los que había mantenido un alto nivel de prestigio; las divisiones internas del partido presidencial y en sus grupos de apoyo; las pésimas decisiones en materia de la gestión pública relativas a obra, inversión y finanzas; las cotidianas contradicciones entre las promesas y las acciones; el voluntarismo que priva en los criterios para basar la toma de decisiones, etc., etc., son condiciones que debería enfrentar el nuevo secretario de Gobernación para apenas cumplir satisfactoriamente.

Con todo, conociendo los modos de operación de quien decide y sus motivos de preocupación prioritarios, creo que también -y más bien- habría que pensar en otro propósito para la incorporación del nuevo secretario al gabinete.

Se abre un periodo clave, en condiciones muy adversas y el presidente parece haber asumido que, con todo su carisma personal, las metas que se ha trazado son inalcanzables si no se cuenta con un equipo que le permita construir la estructura política necesita, que no puede más descansar en un solo puntal caudillista.

Se abre un periodo definitivo para el éxito o el fracaso del verdadero proyecto, el que tiene que ver con la consolidación y conservación del poder político, que para actuar desde las instituciones tendría que contar con el soporte y los canales del poder jurídico, tan menospreciado por él, curiosamente, tanto como por sus seudo enemigos “neoliberales” (en aras de una pretendida “justicia”, uno; dejando que opere sin cortapisas la “mano invisible del mercado” que, según ellos, “todo lo arregla” si no se le estorba, los otros).

La preocupación del presidente ante un descenso palpable en su ascendiente social, el menoscabo del control legislativo con la nueva composición cameral, el tiempo que inexorablemente fluye y la impericia mostrada en la ineficaz gestión del manejo político de la cuestión legislativa de la revocación de mandato, sin duda detonaron la decisión que, de todos modos, ya se esperaba. Súmese la necesidad de controles para poder operar la contienda presidencial que se avecina, y entonces se encontrará razón suficiente para el relevo.

Como en esos legendarios conflictos entre las familias sicilianas, valga la metáfora y discúlpese la impropia comparación, hará falta contar con un operador inteligente, avezado, pragmático e incondicional que, como “consejero de guerra”, pueda maniobrar eficazmente. Ésa será la función del nuevo secretario de Gobernación en los agitados tiempos -todavía más- que ya están a la puerta.