La democracia social es un modelo que extiende los principios democráticos más allá de lo político (votar y elegir representantes), sino que va también hacia lo económico y social, buscando la igualdad, justicia social y bienestar para todos los ciudadanos dentro de un sistema capitalista, mediante la intervención estatal para redistribuir la riqueza, asegurar servicios públicos universales (salud, educación) y proteger derechos laborales, combinando eficiencia de mercado con equidad. 

El Estado debe de responder a la necesidad de intervenir en ámbitos de la vida pública que han permanecido al margen de la lógica mercantil y subsanar y mitigar, en algo, los daños sociales que conlleva la economía de mercado.

Por ello, la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, es un instrumento esencial para el desarrollo de esa democracia social y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad.

Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución. 

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los mayores, y enfocados a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias. 

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta. 

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. 

José Vega Bautista 

@Pepevegasicilia

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Para el inicio de este 2026 deseo enviarles mi agradecimiento a todas y todos quienes nos leen y nos siguen, así como a quienes colaboran solidariamente con Nuestra Revista. Mi humilde regalo de Año Nuevo es un mensaje de optimismo a todos los mexicanos.

Que se sepa que tenemos un gran país y un gran futuro y, si por ahí se encuentran gente pesimista que diga que nuestra nación atraviesa por graves problemas y que claman por una intervención extranjera, nárrenle el siguiente episodio de nuestra historia:

En diciembre de 1854 estalló la revolución liberal que combatió la dictadura de Antonio López de Santana. El 4 de octubre de 1855 triunfa la revolución de Ayutla y se elige a Juan Álvarez como presidente.

Durante su primera administración, el ministro de justicia, Benito Juárez, promovió una ley que limitaba los fueros eclesiásticos y militares, que no obstante fueron defendidos por Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, y por Tomás Mejía.

Ante tal conflicto, el liberal moderado Ignacio Comonfort asumió la presidencia el 11 de diciembre de 1855 y se propuso ejercer con prudencia las reformas liberales. En febrero de 1856 se inauguró en la capital el soberano congreso constituyente, que daría al país una nueva constitución.

Tanto la ley Juárez como la ley Lerdo, promulgada en 1856 y que pretendía las desamortizaciones de los bienes inmuebles, fueron atacadas con violencia por los conservadores. El grupo liberal se había ya fragmentado en moderados y radicales. 

El 15 de febrero de 1857 fue proclamada una nueva constitución. Ignacio Comonfort se convirtió en presidente el 1 de diciembre. Sin embargo, por ser liberal moderado y no soportar las presiones conservadoras, rechazó la constitución liberal y se adhirió al plan de Tacubaya.

El 11 de diciembre disolvió el congreso. En otras palabras, apoyó el golpe de estado promovido por el conservador Félix Zuluaga. El 17 de diciembre desconoció la constitución que se había aprobado y a la que la había jurado fidelidad. A inicios de 1858 repudiado por los liberales y olvidado por los conservadores, salió del país, aunque regresaría en 1863 para combatir contra las tropas francesas y sería muerto en combate.

Los pronunciados nombraron presidente interino a Zuluaga, a quien Altamirano llamaría maniquí del alto clero. Una guerra civil, la Guerra de Tres Años, estalló a inicios de marzo. Los dos bandos en pugna fueron, por una parte, los liberales con el reformista y cabeza de la suprema corte Benito Juárez y con el apoyo popular en la periferia de la nación; y por otra los conservadores Félix Zuluaga y Miguel Miramón, respaldados por el clero católico, el principal incitador de la guerra en el centro del país. México quedó dividido durante tres años.

El 11 de abril de 1859 tuvo lugar la matanza de Tacubaya en la que fueron fusilados los escritores Juan Díaz Covarrubias y Manuel Mateos. Durante la Guerra de los Tres Años cada bando tuvo a su propio presidente. Miguel Miramón fue el siguiente gobernante conservador, mientras el presidente Juárez continuaba amparándose en la constitución liberal. El 22 de diciembre de 1859 en Calpulalpan, obtuvo la victoria el liberalismo, cuando el general Jesús González Ortega vence a Miramón.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha reconocido la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la coordinación federal para reducir índices delictivos y lograr cifras históricas en seguridad, con resultados positivos en operativos contra la extorsión y un compromiso continuo en seguridad, incluyendo la adhesión a iniciativas nacionales contra la violencia de género, manteniendo una buena relación y trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en el estado. 

Cabe señalar que Coahuila se posiciona consistentemente como uno de los estados más seguros de México, destacando por su baja incidencia de delitos de alto impacto y alta percepción de seguridad entre sus ciudadanos, según reportes del INEGI y el Índice de Paz México 2025, con Saltillo como una de las capitales más seguras y Piedras Negras una de las fronteras más seguras, consolidando un modelo de coordinación y estrategias inteligentes en seguridad. 

En el marco del reciente Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, agradeció a la presidenta, “porque el día de ayer, trabajando coordinados, se dio bajo un operativo un golpe importante, muy significativo para La Laguna, tanto de Durango como de Torreón, donde se detuvo un presunto delincuente relacionado con los delitos de extorsión. Y esto era un tema que traíamos ahí, que era algo importante.”

De igual forma, agradeció al secretario de Seguridad Pública, a Omar García Harfuch, “porque ha habido una coordinación total con él y con todo su equipo.”

También al General secretario, al General Trevilla, “porque ahora sí que trabajamos como un solo equipo y andamos juntos para todos lados, así como también con el Almirante secretario y con la Marina.”

Y a la fiscal que, dijo Manolo, “debutó con broche de oro en Durango y en Coahuila con esta operación.”

Por lo expresado por el gobernador de Coahuila, vale la pena hacer un espacio para tratar el tema del papel de Omar García Harfuch, en los últimos resultados reflejados por el trabajo en equipo.

El periódico estadounidense New York Times publicó recientemente un perfil sobre el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en el que se destaca su papel central en la agresiva ofensiva del gobierno de Sheinbaum contra los cárteles, y su eficacia como enlace con Estados Unidos.

El artículo habla de su dedicación, señalando la reducción de las tasas de homicidios bajo su liderazgo en la Ciudad de México y en el gobierno federal, al tiempo que reconocen los desafíos y riesgos que enfrenta, incluyendo vivir bajo vigilancia constante tras un intento de asesinato en 2020.

“No decimos que el problema esté resuelto”, declaró Harfuch en su primera entrevista oficial con medios internacionales desde que asumió como secretario de seguridad de México el año pasado.

Sin embargo, añadió, “lo que estamos haciendo es atacar la estructura criminal desde abajo, en el centro y en la cima”.

De acuerdo con el Times, su éxito inicial ha ayudado a apaciguar a Washington. Con Omar Harfuch como punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses, el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado, y el presidente Trump ha centrado su atención en los narcotraficantes de Sudamérica en lugar de México.

Jack Nicas señala en su artículo, Harfuch ha consolidado el control de la estrategia de seguridad de México como ninguno de sus predecesores, según los analistas. Lidera directamente una pequeña pero creciente fuerza de investigación. Tiene influencia sobre los fiscales federales, las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas. Y cuenta con el firme apoyo de la Sra. Sheinbaum para establecer la agenda.

En los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum, las autoridades mexicanas afirman haber arrestado a casi 39,000 personas por delitos violentos, incautado 20,000 armas y destruido 1,760 laboratorios de drogas.

Durante un promedio de 14 meses bajo la administración anterior, las autoridades realizaron 10,400 arrestos, incautaron 8,300 armas y destruyeron 445 laboratorios.