Cuando el acaso cubre el vacío de la planeación y la irresponsabilidad ocupa el lugar de la diligencia, nada puede esperarse que no sea destrucción y caos.

Las personas que viven en comunidad, por razones de especialización y racionalidad, eligen a los servidores públicos para que desempeñen labores que ellas no podrían atender por sí mismas ni convendría que lo hicieran. Una de esas tareas es la de resguardar la seguridad y proteger a la gente de los delincuentes.

He oído decir que, en México, eso es teórico, pero yo replico que hace ya mucho que dejó de ser teoría, para convertirse en ilusión.

En este momento de nuestra historia vivimos días de conmoción por los arteros asesinatos de Cerocahui, un nombre rarámuri que pasará en adelante a ser emblema de lo que pasa cuando un mal gobierno abandona sus deberes.

Fueron tres nada más -¡nada más tres!, como si una no bastara- las víctimas, pero entre ellas, dos eran presbíteros pertenecientes a la Compañía de Jesús, una orden religiosa que cuenta con un ascendiente social ganado a pulso porque es regla su entrega a los más necesitados y su compromiso con la causa de sus reivindicaciones justas.

Es natural que a quienes, por las razones que sean, tienen especiales vínculos de afecto y gratitud con esa orden, la pérdida de dos de sus miembros les cause un pesar más agudo, más aún cuando tuvo lugar en condiciones tan absurdas, tan ruines, tan inadmisibles.

Ese pesar, sin embargo, debe dejar espacio para los hombres y mujeres sin rostro visible y con nombres que se esconden de la memoria y en el número se diluyen, pero que se cuentan por decenas de miles, tantas que rebasan el ciento.  

¿Qué pueden hacer todos esos millones de mexicanos -no sólo las víctimas directas- que han sido traicionados por las autoridades que eligieron, entre otras cosas para protegerlos y cuidar de sus vidas y patrimonios?

Tres golpes de vida hubo. Los motivos no importan, son lo de menos, porque ese sujeto -la fama pública también tiene voz y valor a la hora de los indicios y pruebas- goza de una reputación infame en aquella región. Se sabe que se trata de un criminal contumaz que tiene sometida, por el miedo, a esa región, y sólo la autoridad moral de los jesuitas en ella habían podido mantener los equilibrios.

No más. El propio prepósito provincial de la Compañía de Jesús en México, Luis Gerardo Moro, S. J., dijo tajantemente el miércoles anterior, durante la homilía de la misa que se ofició en el templo de San Ignacio, en la Ciudad de México, que el crimen significa “un punto de quiebre y de no retorno en el camino y misión de la Compañía en México”.

El contexto es muy grave, porque no sólo deja en evidencia la desidia oficial para poner un alto a la atroz situación imperante en muchas regiones del país, sino que a ratos parece que no solo se tolera, culpablemente, sino que se propicia y protege.

¿La gota que colmó el vaso? No, porque esa ya fue vertida hace mucho y el vaso, desde entonces, se derrama impunemente.

En esta hora de luto se oyen ya muchas voces, cada vez más y cada vez más airadas, que desde la sociedad civil gritan: “¡Ya basta!”.

¿Serán también “puntos de quiebre y de no retorno”? Lo cierto es que el rumbo de la destrucción en que se ha sumido al país se profundiza sin tregua, como se profundizan las brechas entre los mexicanos, alentadas desde el poder que se ha vuelto, así, espurio.

¿Hasta dónde podrá llegar este gobierno, al que ya muchos llaman, sin ambages, fallido?

Xavier Diez de Urdanivia

A manera de preámbulo, los comicios de 2023 en Coahuila y en el Estado de México precederán a la elección general de 2024.

Coahuila es un estado que poco puede repercutir, numéricamente, en la votación nacional, pero tiene el valor simbólico -y los símbolos en política cuentan- de ser un bastión del PRI, nunca perdido. Mantenerlo así es, justificadamente, una prioridad para ese partido.

El Estado de México, en cambio, representa una absoluta prioridad numérica, puesto que entre esa entidad y la Ciudad de México concentran prácticamente a una cuarta parte del electorado.

En ese ambiente es que se desarrollan ya las campañas -aunque no se reconozcan como tales para no faltar a las leyes electorales- de quienes, aunque sin ser oficialmente candidatos, son ya conocidos de sobra como tales.

Hasta hace un par de días, cuando menos, las aguas discurrían por ese cauce, sin sobresaltos, cuando de repente, una noticia disonante irrumpió en el escenario: El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, actuando como tribunal constitucional, declaró inválida una reciente reforma a la constitución local, lo que en sí mismo constituía un hecho inusitado e inédito, especialmente porque en el cuerpo de la reforma se habían incluido reformas de carácter electoral que resultaban torales para este proceso.

Dice esa enmienda, entre otras cosas, lo siguiente: “Si la persona titular de la gubernatura es hombre, todos los partidos políticos nacionales y locales, deberán postular a una mujer en el siguiente proceso electoral. Pero si la gubernatura en turno recae en una mujer, dichos institutos estarán en la posibilidad de postular libremente a un hombre en el proceso electoral subsecuente o nuevamente a una mujer” (Art. 77, fracción I).

Por las razones que se quiera, se incluyó en el paquete un artículo transitorio que aplazaba la vigencia de tal artículo hasta el 2029, año de la elección siguiente.

La causa de la invalidación la hace consistir el tribunal coahuilense en que, para que las reformas constitucionales sean válidas, “se debe garantizar la deliberación mínima del sentir de los ayuntamientos”, lo que, a su juicio no sucedió (como no ha sucedido nunca).

Hay un dato imprescindible para entender bien las causas del acontecimiento, que los razonamientos del fallo no alcanzan a explicar: La Unión Democrática de Coahuila, partido afín a MORENA, había ya impugnado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo cuerpo normativo; el debate para resolver esta acción fue citado para el día de mañana, y trascendió que el proyecto, formulado por la ministra Ortiz Ahlf, proponía dejar sin efectos el transitorio que aplazaba la vigencia de la norma, dejándola ya vigente.

Los partidos, todos, y también los independientes, solo podrían postular mujeres, puesto que el gobernador, hoy, es varón.

Tan avanzadas van las “pre” campañas y tan intensas son las inercias que, sin duda, esa modificación acarrearía grandes predicamentos a los contendientes, por lo que había que poner remedio al inminente riesgo.

¿Cómo? De la única manera posible: “Desapareciendo” el objeto de la impugnación, para provocar el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad intentada, para lo cual sólo quedaba que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila la declarara inválida, lo que finalmente ocurrió. 

Una resolución así no sería definitiva, sobre todo si se cumple la sentencia del tribunal de Coahuila y se subsana la supuesta deficiencia, porque entonces se trataría de un acto nuevo y la impugnación podría presentarse de nueva cuenta por alguno de los sujetos legitimados para hacerlo.

En principio, parecería que sólo se gana tiempo, pero hay que tener en cuenta que ello conllevaría también la posibilidad de negociar, con grandes probabilidades de superar el obstáculo, dado que a ninguno de los contendientes -todos con precandidatos varones- les convendría que se invirtieran las condiciones de la contienda.

No hay más, aunque la ocasión pueda ser propicia para deshacerse de colaboradores incómodos, o para que algunos hagan mutis y se alejen de los salientes, buscando buena sombra en otros árboles.

Xavier Díez de Urdanivia

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, reconoció en días recientes, durante una de las conferencias “mañaneras”, que “se ha detectado venta de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas”, pero también dentro de la dependencia que encabeza. Lo dijo así: “…y dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada”.

Al preguntársele por la sanción que esos elementos reciben como sanción por haber cometido ese delito, sin rubor alguno respondió: “Los hemos dado de baja, porque, pues, meterlos a la cárcel es muy difícil, por cuestiones jurídicas, no, pero de que se van de la institución, se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro…”.

Siempre se dudó de la pertinencia de asignar a las fuerzas armadas tareas propias de la policía, entre otras razones, porque la formación militar no capacita para la investigación y persecución de delitos y delincuentes del orden común, y también por los riesgos de que tanto juego en las calles abra las puertas a la tentación de adueñarse de un poder que no les corresponde.

Ese riesgo persiste, pero la certidumbre de que no hay capacidad para combatir la inseguridad crece en presencia de los menos que parcos resultados obtenidos en esa materia, hecho no solo evidente, sino expresamente reconocido por el almirante Ojeda, como se ha visto.

Todo eso es muy grave si se piensa en que poco podrán hacer para cuidar a los demás cuando son incapaces de protegerse a sí mismos; pero los motivos de preocupación crecen al oír esa confesión de lenidad frente al delito sufrido, de tal envergadura que no solo inhibe el cumplimiento de los deberes de custodia y protección de los bienes a su cuidado, sino que además se debe a un motivo fútil y por demás peregrino, como es la desidia mostrada al atribuir esa inacción a las “dificultades jurídicas”.

Incapacidad, lenidad, cinismo y no sé cuántos epítetos serían necesarios para definir los contornos de tan aberrante conducta. No solo se reconoce deficiencia en el cumplimiento de un deber de custodia, sino que además se les dice a quienes, siendo miembros de la corporación, le roban pertrechos militares, que ¡si quieren robar lo hagan desde afuera, no desde su posición oficial ¡Qué vergüenza!

Lo peor del caso es que, cuando el Presidente, su jefe, aboga por los derechos humanos de los delincuentes y, en vías de hecho, los protege, las palabras del almirante son mucho más que un reconocimiento de negligencia culpable; podrían ser una confesión de coparticipación que bien merece ser investigada.

Ya son muchas y muy insistentes las voces que avisan que hay vínculos inconfesables con algún cártel, y los discursos presidenciales no ayuda a disiparlos, y las palabras del almirante Ojeda, uno de sus dos brazos, según el propio Presidente ha dicho (¿ominosamente?), tienden a reforzar las sospechas de que tal cosa es cierta, con todas las funestas consecuencias que de ello derivan.

Si eso dijo la cabeza ¿qué podrá esperarse de sus subordinados? Muchas cosas van cayendo por su propio peso, ya los signos, parafraseando al rey poeta Nezahualcóyotl, van haciéndose transparentes, para desgracia de este país.