A propuesta del partido Morena, la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana una reforma al artículo 35 de la Constitución para que la consulta de la revocación de mandato presidencial sea concurrente con las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gubernaturas. (jornada.com.mx)
La Comisión de Puntos Constitucionales distribuyo el proyecto de dictamen, que votará el lunes y enviará a la Mesa Directiva, para que lo incluya en la agenda de las sesiones de esa semana.
La reforma busca modificar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente prohíbe que la consulta de revocación de mandato coincida con jornadas electorales federales o locales.
Como argumento señalan que “celebrar el ejercicio de revocación de mandato en una jornada separada de las elecciones ordinarias federales ha demostrado ser ineficiente, costoso y poco eficaz en términos de participación”.
Y como ejemplo resaltan que tanto en consultas populares previas como en el ejercicio de revocación de mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la concurrencia de los electores a las urnas fue baja, en contraste con las elecciones.
En su hipótesis, al hacer coincidir los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato con las jornadas electorales ordinarias federales y locales, se incrementaría la participación ciudadana, debido a que se aprovecharía la confluencia de electores.
Otro argumento es de racionalidad económica-administrativa, es decir, una lógica de eficiencia institucional y economía presupuestaria. Aducen que, según datos del Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de revocación de mandato, celebrado en 2022, se registraron 16 millones 502 mil 636 votos, de una lista nominal de 92 millones 823 mil 216 personas, 13 lo que representó 17.78 por ciento de participación ciudadana.
Y que esa asistencia contrastó con el costo de ese ejercicio, de mil 692.5 millones de pesos, “lo que significa que, si dividimos esta última cifra entre los poco más de 16 millones de votos obtenidos, cada uno costó 102.56 pesos”.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, proponente de la iniciativa, justificó su propuesta con el argumento de que se busca “tener un ahorro significativo en materia de recursos económicos”.
“Evitar el dispendio, el despilfarro, porque si no tendríamos que hacer otra elección alrededor de febrero, marzo del 2028 y consideramos que no tiene mucho sentido hacer tantas elecciones en nuestro país”. Alegó el legislador.
En este rubro concluyen que “este simple ejercicio muestra que el volver concurrentes los procesos de democracia directa con las elecciones federales ordinarias puede hacer más eficiente el uso de recursos públicos” en ejercicios de participación ciudadana.
Sin embargo, los partidos de oposición ven con otro enfoque la iniciativa. Por ejemplo, El diputado panista Germán Martínez calificó el intento de adelantar la revocación como un “esquinazo” al propio Pablo Gómez, impulsor de la reforma electoral. A su juicio, la propuesta exhibe la división interna del partido y su dependencia de la figura presidencial.
El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, marcó un nuevo episodio de violencia en Michoacán, al exponer la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas y los riesgos persistentes para los dirigentes del sector, en especial el limonero. (
“El futuro de Acción Nacional no depende, ni dependerá, de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, afirmó el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en el marco de su relanzamiento como fuerza política opositora.
