La teoría del derecho constitucional designa con el nombre de poder constituyente al órgano formado por un grupo de representantes del pueblo que han sido elegidos por éste, con el único fin de formar una asamblea que examine, discuta y apruebe la ley suprema de la nación, es decir, la Constitución.
La Constitución puede definirse como el conjunto de normas que establecen los órganos del Estado, la relaciones entre estos, los procesos fundamentales de creación de las disposiciones que integran el orden jurídico y los contenidos de esas normas.
La Constitución mexicana se ha considerado como rígida y escrita. Es rígida porque uno de los poderes constituidos, aisladamente y por sí solo, no puede tocarla o modificarla; la rigidez de una constitución implica que su procedimiento de enmienda o reforma es de compleja realización: en México, además de la voluntad del legislador ordinario federal, se requiere la de la mayoría de las legislaturas locales. A este procedimiento de enmienda se le denomina constituyente permanente.
Este constituyente permanente ha sido electo por el pueblo, específicamente por los ciudadanos que han emitido su voto en los procesos electorales, para así designar al conjunto de legisladores, federales y estatales que lo conforman.
En este marco, vivimos en México una serie de reformas constitucionales que pretenden ser un ajuste a las nuevas necesidades que impone una sociedad y un país en constante cambio y evolución.
Tal vez el ruido generado por la reciente reforma judicial no ha permitido poner atención en otras reformas que se han dado en el pasado mes de octubre. En este envío deseo reseñar el Decreto que le devuelve Pemex y CFE al pueblo de México. Declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los Congresos de los estados, y que ya fue enviada al Poder Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En su anuncio, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló: “Concluyó el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas Cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido.