Xavier Díez de Urdanivia

Lo que empezó como un movimiento de disconformidad con las participaciones financieras ha derivado en una confrontación que se está aproximando a un punto crítico.

En un principio se dio una evidente confusión entre “pacto federal” y un mal llamado “pacto fiscal” (que deriva de previsiones, constitucionalmente establecidas, que permiten otorgar convenios con los estados concediéndoles participación en impuestos federales cuando asumen funciones recaudatorias en colaboración con tal fisco), se convirtió pronto en un frente político que ha dado pasos cada vez más delicados -y se diría que riesgosos- en una ruta que crecientemente pareciera querer alejarse de la integración federal.

¿Es una posición táctica para enfrentar al gobierno de la unión con una realidad de la que se han desentendido todas las instancias, pero ahora afecta en el bolsillo a los estados? Sería temerario.

Esa postura se acercaría mucho a la escisión advertida inicialmente por la llamada “Alianza Federalista” que, como se recordará, consistía en “abandonar el pacto federal”, lo que sólo podría darse dejando de ser parte de México ¿Es esa la intención de los gobernadores involucrados? ¿Habrán medido las consecuencias al emprender esa ruta?

La comunicación que lo gobernadores aliancistas dirigieron a J. Biden para felicitarlo por su triunfo, si por la forma puede ser fuente de más tensión con el poder federal (que se ha negado a hacerlo), lo es más por los términos del comunicado que ellos mismos circulan en Tuiter, porque no se limitaron a eso, sino que también expresaron su deseo de trabajar con la nueva administración para “construir lazos competitivos, seguros y prósperos, bajo el impulso y las oportunidades que brinda el T-MEC”, ejercicio que, si no invade de plano, cuando menos linda con atribuciones propias del presidente, en tanto que las relaciones internacionales son un campo reservado constitucionalmente a él, con intervención del Senado.

Más se interna en ese terreno la invitación que formulan al presidente electo de los Estados Unidos, en el mismo comunicado, para construir una “agenda bilateral” que incluya cuestiones de migración y seguridad, y que lo haga de manera que se “apueste con audacia y decisión hacia nuevos objetivos, como la protección al medio ambiente en el contexto del cambio climático, energías limpias y renovables, la certidumbre jurídica a las inversiones, la democracia y los Derechos Humanos (sic) como principios compartidos de convivencia política”. Si eso no es política exterior, no se qué lo sea.

Seguramente no han medido los gobernadores -algunos de ellos, al menos- las consecuencias de su empresa. Así lo corroboran los términos de la controversia constitucional planteada por el gobernador de Chihuahua contra la decisión federal de “alejarse y abandonar la mesa de seguridad del Estado de Chihuahua”, que podía parecer a algunos más una lastimera queja que una promoción judicial.

¿De modo que se quiere abandonar el “pacto” porque se redujeron las participaciones, pero se demanda que continúen los apoyos federales en aquellos renglones en los que la capacidad local no alcanza? Si no fueran asuntos tan serios y situaciones tan delicadas las que se rozan con estas actitudes, la crónica de este infausto acontecer parecería más bien una comedia de enredos.

Pongamos las cosas en perspectiva: tomar la política en serio es un deber primordial de los gobernantes y la congruencia es indispensable para ese propósito.

Cuando se asumen funciones de tal envergadura como la presidencia o una gubernatura, se asumen también las responsabilidades de liderazgo que les son inherentes.

No es permisible escamotear recursos a las cuestiones fundamentales ni dilapidarlos en cosas que no lo son, pero tampoco es válido responder con advertencias que no se pueden cumplir.

Acaba de conmemorarse el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. La muy seria situación descrita evoca una de sus redondillas: “¿Qué humor puede ser más raro / que el que, falto de consejo, / él mismo empaña el espejo, / y siente que no esté claro?”.

¿Será oficio político lo que está faltando?

Xavier Díez de Urdanivia

Hay en la Constitución Mexicana un “pacto federal”, presente desde que este país nació como estado independiente. Ha sido un elemento fundacional de México, a pesar de las veleidades de Santa Anna y el fallido imperio de Maximiliano.

Estuvo en la constitución de 1824, en la de 1857 y en la vigente. Sus bases son tres, fundamentalmente: La supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre cualquier otra norma; la distribución en ella de atribuciones según el principio de “facultades expresas y residuales”, y la reciprocidad en el reconocimiento de validez de los actos y documentos oficiales de cada estado por los demás, así como en el reconocimiento de los mismos derechos y libertades a los habitantes de los demás estados, como si fueran propios.

De tanto en tanto, aunque en diferentes tonos, se alzan voces críticas del arreglo, pero curiosamente ocurre solo cuando de repartir los ingresos públicos se trata.

Así ha pasado en los días anteriores entre los gobernadores de la llamada “Alianza Federalista”, pero quienes reclaman poco reparan en que quien recauda la gran tajada del pastel fiscal es la administración federal, y lo hace conforme a una constitución que se ha reformado, contra el principio federal y en favor de la centralización, infinidad de veces.

Cada una de esas reformas ha tenido que ser aprobada por una mayoría calificada de las cámaras del Congreso de la Unión, más una mayoría de los congresos estatales, que casi invariablemente lo han hecho sin chistar siquiera.

Súmese a esas reformas la proliferación reciente de “leyes generales” a que dieron lugar ellas mismas, garlito legislativo que cede a la federación el atributo de expedir leyes obligatorias para todos, incluso en materias reservadas constitucionalmente a los estados, que entonces tenían que legislar para “armonizar”, se dijo, sus leyes locales a las de la federación, mimetizadas como generales. Nadie mostró reparó alguno; al contrario: Era común que cada estado se ufanara de sus avances en esa ruta hacia una supuesta “armonía”, que en realidad fue siempre homogeneización.

Hubo una reforma, ya antigua, por cierto -de finales de los años setenta del siglo pasado- cuyo objeto fue erradicar la doble tributación y racionalizar la administración fiscal, manteniendo en la federación los impuestos al ingreso y estableciendo, como federal, el impuesto al valor agregado, en el que podrían tener participación los estados según los montos que recaudaran.

En esa ocasión se suprimieron los llamados “impuestos especiales” -fundamentalmente a las actividades productivas- que podían establecer, concurrentemente, la federación y los estados, con lo que se generaba proliferación impositiva y un fuerte impacto en la economía de muchas empresas y ramas productoras de bienes y servicios, por la carga fiscal que les correspondía.

También se introdujo el “sistema de coordinación fiscal”, que establece las reglas de participación de los estados y los municipios en los ingresos federales, porque con los pocos que les quedaron no podrían ni con el gasto corriente.

“El que parte y reparte, se lleva la mayor parte”, dice un viejo refrán y mucho me temo que es esa actitud es de la que se quejan y ese “pacto” al que se querían referir los gobernadores de la “Alianza Federalista”.

A pesar de ello dijeron, Enrique Alfaro, de Jalisco, que “...ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”. Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, que “…estamos dispuestos a dialogar y trabajar de manera coordinada, …sin embargo, si no hay diálogo y respuestas claras, estamos preparados para emprender la batalla legal y política, …nuestra lucha podrá ser el inicio del rompimiento del pacto federal…”

El descontento se explica y la tensión es mayor, pero hay que profundizar en el tema para acometer el problema con la precisión y acuciosidad que requiere, lo que, lamentablemente, se echa de menos.

Xavier Díez de Urdanivia

En medio de la vorágine noticiosa de la elección estadunidense, que siempre genera repercusiones en nosotros, se ha postergado, espero que temporalmente, el debate sobre el tema que una decena de gobernadores rescató del olvido y puso recientemente sobre la mesa: el de la centralización del poder y la distorsión del sistema federal en México.

Aunque el detonante haya sido el reparto de los caudales presupuestales, quedó al descubierto un problema estructural que no solo afecta al poder federal, sino que también a los estados todos del país.

El Presidente ha sido tachado de autoritario, caprichoso, mesiánico y algunas cosas más por los opositores a sus políticas, pero no se puede pasar por alto que, más allá de su estilo personal de gobernar, el problema se genera en el seno mismo del sistema político mexicano, del que sin duda forman parte todos los actores en ese escenario. Todos abrevaron, aprendieron, se adiestraron y se han desarrollado en ese sistema, del que forman parteirremisiblemente.

La centralización que se combate habría sido imposible si con la enjundia que hoy muestran se hubieran opuesto los congresos estatales a todo ese enorme cúmulo de reformas constitucionales que, paulatinamente al principio y con gran celeridad en tiempos recientes, han hecho que sea
posible.

Hay que considerar, además, estas cuestiones: ¿Se puede negar, fundadamente, que las decisiones, trascendentales o no, incluso las legislativas, se toman en este país por quien ejerce el Poder Ejecutivo, tanto en la Federación como en los estados?

Es cierto: durante el largo periodo de hegemonía de partido, así como en el periodo porfirista, la última instancia en lo importante correspondió al Presidente, pero rota ella en ambos casos, las razones de la gran disciplina se debilitaron y se abrieron las puertas a la fragmentación del poder, de una manera casi feudal.

En los estados, las características del esquema concentrador que se puede observar en el Gobierno federal se ven replicadas: el peso específico del Gobernador trasciende los límites del orden jurídico, haciendo del “estado de derecho” una entelequia lejana.

La descomposición del sistema ha alcanzado un grado alarmante, porque la primacía que, en los hechos, ocupa el interés de los gobernantes sobre la ley y el interés general (en el que descansan las libertades y derechos iguales de las personas), se ha convertido en regla.

Fundar en la ley los actos públicos ya no solo ha perdido importancia a sus ojos, sino que incluso ha llegado al grado de que quien se acoge a ella y no se pliega incondicionalmente a la voluntad “suprema” del poderoso en turno, es anatematizado y objeto de denuestos, si no es que tiene que enfrentar consecuencias peores.

La centralización reforzada –hacia el centro, por una parte, y al Poder Ejecutivo por otra– que caracteriza a nuestro sistema político, ciertamente no es nueva ni inusitada, pero eso no justifica el autoritarismo, de cualquier signo o en cualquier ámbito y circunscripción, que siempre degradará la vida social y atentará contra la dignidad de las personas.

¿Quién está libre de mancha en cuanto al control interno de las instituciones públicas? ¿Alguno hay entre los gobernadores que no haya concentrado en sus manos el control político de los otros poderes y de los ayuntamientos?

No se puede invocar legitimidad ni apego a “estado de derecho” alguno si no se respetan las leyes y se someten a ellas –sustancial y procedimentalmente– los gobernantes, haciéndolo siempre con el interés general en mente.

Qué bueno que se reivindique ese pilar fundamental de nuestra estructura jurídica y política que es el sistema federal, y qué bueno que se llevara a la práctica cabalmente, pero hay que ser congruentes en el empeño. Siempre habrá que tener presente que “el buen juez por su casa empieza”.

Elecciones en EU: Ganó J. Biden. Es bueno para la democracia y ese solo hecho acarreará preocupación a las demagogias autoritarias, si bien se miran las cosas.

Xavier Díez de Urdanivia

El viernes 16 de octubre pasado, se cimbraron las estructuras de todo el ámbito de la seguridad nacional, y también la policiaca, a causa de la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles. La DEA lo acusa de diversos delitos conectados con el narcotráfico.

Grave cosa sería en sí misma de resultar ciertas las imputaciones, pero el caso cobra una relevancia mayor envergadura a causa de la enorme injerencia que las fuerzas armadas tienen en el combate a tan lucrativa como ilegal y violenta empresa.

El hecho ha suscitado muchos comentarios e interpretaciones, pero también confusión: ¿Fue avisado anticipadamente el gobierno mexicano de la detención, o fue ella sorpresiva para las autoridades mexicanas? ¿Existen visos de veracidad en las acusaciones o podría tratarse sólo de una falsa acusación de algún testigo protegido u otro acusado en juicio?

Se ha especulado hasta con la posibilidad de que sea una maniobra electoral por los comicios de noviembre, pero mientras el juicio se desarrolla y hasta que no llegue a su fin, la mayoría de esas interrogantes permanecerá sin respuesta y las especulaciones que se viertan sobre ellas en nada van a ayudar para el esclarecimiento de los hechos.

En tanto eso ocurre, hay una hipótesis posible que más debiese preocuparnos. Dejemos de lado la posibilidad de que alguien haya caído en la tentación de aprovechar una posición privilegiada en beneficio propio y en detrimento de su función, lo que siempre será posible.

Esa actividad genera sumas suficientes para superar con creces aquellos cañonazos de cincuenta mil pesos que el general Obregón cuestionaba que alguien pudiera resistir.

Pensemos, en cambio, en el refrán que aconseja “si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”.

Sí, la sola perspectiva de esto último es aterradora, pero hay que tener en cuenta el hecho de que es ya larga, larguísima, la historia del combate a esta perniciosa industria, sin que se haya hecho mella en ella. Por el contrario, se le ha visto crecer y enseñorearse de una capacidad de acción tal, que trasciende, con mucho, el mundo de los negocios ilícitos qué hay en su núcleo.

En ese contexto, surgió un comentario que se publicó en las redes sociales a raíz de una publicación de Reuters sobre el acontecimiento. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta: “en el juego del ‘gato y el ratón’ del mundo de la inteligencia no hay compromisos y casi no hay reglas…” Quienes en él participan, dice también, “deben saber que, cuando la DEA presenta cargos contra alguien o alguna organización, es porque tiene pruebas casi irrefutables en contra de los imputados”. Por esa razón, destaca, “en 2019, la fiscalía obtuvo condenas en aproximadamente el 80-85% de los juicios relacionados con las drogas”, iniciados por cargos presentados por esa agencia.

Visto ese panorama desde este lado de la frontera y por los legos en materia de seguridad y actividades de inteligencia, el resultado es incierto y hasta confuso, mientras que sus alcances e implicaciones lo son todavía más.

Hará falta atender al desarrollo del proceso y sus ramificaciones y tal vez en algún momento se puedan tener elementos para poder hacer el recuento de daños que falta, una evaluación más precisa y confiable de los hechos.

No se adelanten vísperas, pero tampoco se desentienda nadie del tema, porque las implicaciones del hecho, y lo que tras él se pueda encontrar, serán en extremo graves, independientemente de los juicios en curso y más allá de lo que en ellos pase.

Es necesario enmendar el camino, limpiar la casa, y no hay camino más largo que el que no se empieza.

Elección en Coahuila: El domingo 18 de octubre, como se sabe, hubo elecciones en Coahuila e Hidalgo. A raíz de ellas, se publicó un encabezado que decía: “El PRI regresa en Coahuila”; cuando lo vi me pregunté: ¿cómo puede regresar alguien que nunca se ha ido?