Back to Top

contacto@nuestrarevista.com.mx

headerrss headerfacebook headertwitter
 

Carbón de sangre

Xavier Díez de Urdanvia

Con los ecos de los lamentos de Pasta de Conchos como telón de fondo, el fantasma de la tragedia de Barroterán se sigue manifestando en la misma Región Carbonífera de Coahuila.

El mismo guión, la misma trama, los mismos oscuros motivos, el mismo doloroso desenlace, como si fuera la misma tragedia, representada de forma recurrente, en la que sólo cambian los nombres de los actores, sobre todo de las víctimas.

Una mina de carbón, muchas veces un pozo muy rústicamente perforado con pretensiones de mina, operando en condiciones de seguridad absolutamente precarias; un colapso, una explosión, un hundimiento, un anegamiento, y al final, un tributo al subsuelo que se cobra con vidas humanas y deja secuelas que perduran, a veces, por varias generaciones: Pérdidas de hombres, daños irreparables, familias golpeadas por el drama, comunidades heridas. Todo lo mismo, hasta la elusiva identidad de los dueños y de los responsables.

En Pasta de Conchos quedó al descubierto una falta de supervisión por parte de las autoridades laborales federales, lo que podría también aducirse en el caso, pero ¿es ésa la verdadera causa?

Es verdad que se trata de una actividad regida por leyes federales, sujeta a la supervisión de las autoridades de ese ámbito en primer lugar, pero también es verdad que, mientras que la actividad respecto del subsuelo lo es, el territorio que lo cubre está en Coahuila, que su Gobierno estatal y sus ayuntamientos tienen deberes y competencias sobre ese nivel del suelo, sobre todo cuando tiene que ver con la vida, salud y seguridad de sus habitantes ¿alguien lo tomó en cuenta en algún momento?

¿Y qué decir, específicamente, del respeto, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos? Esos deberes inexcusables abarcan a todos los ámbitos gubernamentales, lo que no es eludible, especialmente cuando es un sello de la casa presumir de una posición de avanzada en la materia, al grado de que es muy frecuente oír y leer que Coahuila, gracias a su gobierno, es un “referente” nacional en ella, y a veces hasta internacional, porque algunos de sus estándares no los tienen siquiera las naciones europeas.

¿Dónde quedaron esos derechos de los mineros y sus familias? ¿Puede decirse que no medió negligencia de nadie en la afectación de ellos?  

Hay algo más, que suele pasarse por alto, pero es imprescindible considerar, porque en este caso, como en otros, hay omisiones que generan, más que ninguna otra causa, los efectos indeseables.

También están involucrados el dueño del terreno, el de la concesión, quienes comercializan el carbón extraído, quienes lo adquieren, etc.

Si todos ellos hubieran cumplido sus deberes de prevención y adoptado las medidas debidas de seguridad e higiene, la desgracia no hubiera ocurrido, ese “hubiera” que, a pesar de retintín que suele oírse, sí existe, porque de él derivan enseñanzas, datos sobre las responsabilidades y los responsables, obligados a reparar o acreedores a las sanciones que procedan.

Es tiempo -lo era hace mucho- de adoptar, en serio, las medidas necesarias para evitar que este tipo de tragedias se sucedan como si fueran normales, gajes del oficio.

Lo primero es dejar de producir satisfactores con métodos decimonónicos e incorporarnos al nuevo milenio sin demora. Si a alguien se le ocurre decir que eso cuesta mucho dinero, invítenlo a que vuelva la vista y mire la cantidad y los montos de las fortunas que la minería del carbón ha producido, y que no pierda de vista otros dispendios -aeroportuarios y ferroviarios, por ejemplo- con fondos que piden un mejor destino.  

Ante la frecuente pregunta “¿qué hacer para que las cosas cambien?”, la respuesta es: Cumplir con los propios deberes, honrando la responsabilidad que nos toca por vivir en comunidad. Así se cambian las malas prácticas y se instauran las virtuosas; se evitan tragedias y cualquier otra anomalía que perturbe la paz, el orden y la justicia. Acerquémonos a esa utopía, se puede.

Jornada por la paz y la justicia

Xavier Díez de Uranivia

Hoy concluye la jornada por la justicia y la reconciliación para la paz, convocada por los jesuitas, el episcopado y otras agrupaciones religiosas, y lo hace, emblemáticamente, el día en que se celebra el día dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de aquella orden, y la fecha que cierra el “Año Ignaciano”, decretado para convocar a la reflexión reivindicatoria del sentido de la fe en el servicio de los desposeídos.

Se trata de un ejercicio congruente con el carisma -la “misión”, dirían los especialistas en planeación estratégica- porque “(L)a misión jesuita es una misión de reconciliación, que trabaja para que las mujeres y los hombres puedan reconciliarse con Dios, consigo mismos, con los demás, y con la creación de Dios” (https://www.jesuits.global/es/quienes-somos/los-jesuitas/).

En sus propias palabras, los jesuitas son “hombres de frontera”, “dispuestos a estar en aquellos lugares donde hay situaciones de injusticia, donde otros no pueden o no quieren estar, donde se puede hacer un bien más universal”.

Son, también, “pobres y letrados” que quieren “responder a las necesidades de nuestro mundo, al desafío de la cruz”. Su misión los pone al “servicio de la fe y promoción de la justicia”, imponiéndoles “un compromiso con el diálogo con las culturas y las religiones”.

Así se describen y, por lo tanto, no son fáciles de engañar. Han sido congruentes al adoptar el compromiso preferencial por los pobres y decir que es hora de retomar “el diálogo entre los diferentes actores sociales para recuperar la unidad de comunidades fragmentadas y divididas, y caminar juntos hacia la justicia, la reconciliación y la paz”, para lo cual es necesario “crecer en una cultura de escucha, diálogo, respeto, humildad y apertura hacia nuevos horizontes”, todo lo contrario de aquello que se propicia cotidianamente desde las conferencias matutinas de prensa, plataforma propagandística y promocional del presidente.

A pesar de que la actividad de la Compañía de Jesús es permanente y ha perdurado por casi cinco siglos, tras la convocatoria a las jornadas que hoy terminan se oyeron voces críticas, unas porque sintieron tenue la respuesta, otras porque, decían, tuvo que sufrir en carne propia los efectos del desorden y la inseguridad imperantes, para moverse a impulsar las acciones que hoy promueven.

Creo, personalmente, que ni una ni otra son imputaciones en rigor justas. La labor de la Compañía en México ha sido intensa, aunque mayormente discreta.

Es verdad que la relevancia de la orden hizo que su reacción frente a esos hechos resonara más intensamente, y que hay varias decenas de miles más de seres humanos desaparecidos, asesinados, torturados y, en general, victimizados en este país, pero el reclamo fue hecho en nombre de todos ellos.

Aunque así lo declararon desde un principio, es verdad que el visible impulso dado en esta ocasión al ejercicio que promueven requerirá de acciones que lo mantengan vivo de manera permanente y creciente en intensidad, porque sólo así podrá ser fructífero.

Sólo así cobrará sentido pleno la acción emprendida, teniendo siempre presente que la justicia sólo es virtud cuando se traduce en hechos y no puede quedar en una abstracción filosófica, propia de la discusión en los foros académicos.

Habría que empezar por justipreciar la vieja máxima romana que la describe como una actitud voluntaria, constante y permanente, de reconocimiento de los derechos de los demás y el respeto por ellos, no sólo por los propios.

El orden, así, será consecuencia de una paz justa, y será capaz de proveer seguridad de mejor manera, incluso, que leyes brillantes que no sean observadas o, para peor, que quien deba velar por su cumplimiento las viole o no aplique bien.

Creo, por todo ello, que la jornada que concluye no puede marcar un final, sino ser más bien el preámbulo de un proceso permanente, de creciente participación social, destinado a reconstituir el tejido social dañado y reorientar el rumbo.

Mientras aparecen otros liderazgos adecuados, bueno será evitar que decaiga este primer impulso.

La ley no basta

Xavier Díez de Urdanivia

Me propongo retomar un tema ya tratado aquí en semanas anteriores -el de la jornada por la paz convocada por la conferencia episcopal, la Compañía de Jesús y otras organizaciones religiosas- por tres razones fundamentales: el profundo significado del acontecimiento que la motivó en el contexto del deterioro social que, como plaga, se ha asentado en México; porque la reflexión que acompaña a esa convocatoria capta bien la esencia del problema y define certeramente sus perfiles, y porque es imprescindible impedir que su impulso inicial se diluya en el agitado mar de preocupaciones cotidianas, para quedar, finalmente, en un olvido que lo mantenga como un episodio anecdótico más en esta historia de decadencia que en México se vive.

De la homilía pronunciada el 10 de julio pasado -que harían bien en examinar con cuidado quienes han pretendido trivializar el conflicto comparándolo con un espectáculo pugilístico- destaco un par de párrafos que juzgo pertinentes.

El primero de ellos retrata sin desperdicio los perfiles de la crisis: “Hay narrativas, prácticas y actitudes instaladas que generan condiciones para la violencia. Las narrativas de riqueza, fama y poder están envenenando el corazón de la comunidad. Tanto individualismo está llevando a las personas a desconectarse de su origen, de su entorno, de sus raíces y de su propia comunidad. Una desconexión que enferma la mente y hace entrar a la locura de matar…”.

Concuerdo: en el fondo, el problema se debe a la manifestación, en nuestro país, de eso que llaman “la locura de poder”, la “nueva enfermedad del siglo XXI”, una enfermedad que hace que quien la padece se olvide del propio origen y que “crece cuando no hay quien ponga límites”, como sucede en el México de nuestros días.

Es evidente que la convivencia humana “necesita de referentes éticos, sean religiosos, civiles o comunitarios, que permitan a las personas sentirse parte de algo mayor”, que regulen sus comportamientos, y a ello contribuyen los “vínculos de la persona con su origen, con su entorno, su historia y su comunidad (que) hacen posible el tener códigos de convivencia sanos”, mientras que “la pérdida de estos vínculos lleva a comportamientos como los observados en Cerocahui”.

El otro párrafo, es el que dice: “Necesitamos de algo o alguien que calme la ansiedad de poder. No bastan las leyes, necesitamos convicciones y estas sólo surgirán de encuentros significativos. Es tiempo de recuperar la comunidad, el diálogo social, la habilidad para el consenso y el acuerdo”.

Es verdad. En primer lugar, sin un sentido claro del rumbo, la sociedad se pulveriza y florecen la confusión y el caos, que a su vez provocan individualismos exagerados y desdén por los demás y sus derechos. Se pierde el sentido de rectitud en las conductas individuales, y la conciencia de la necesidad de ordenarlas en justicia para generar las condiciones necesarias para que toda persona acceda a una vida digna, como lo requiere el interés general.

Ese es el propósito del orden jurídico, pero las leyes carecen de sentido cuando no se cumplen. Cuando eso sucede, el resultado es el caos, la rebatinga, la confusión la pobreza, la muerte.

Por eso tiene sentido convocar al rescate de un “nosotros” solidario, responsable y dispuesto, porque a todos nos toca construir el país que queremos y nadie vendrá a regalarnos.

Cumplir la ley voluntariamente es deber de todos, inexcusable, pero la autoridad tiene un papel destacadamente importante, sobre todo cuando se trata de enderezar desviaciones y remediar las fracturas causadas por las infracciónes, especialmente las catalogadas como delito, porque para ello está dotada de deberes cuyo ejercicio no está sujeto al arbitrio de quien la ejerce, sino que es una obligación indeclinable, para cumplir la cual cuenta, inclusive, con el que no en balde se conoce como “monopolio de la fuerza legítima”.

Contar con leyes no basta, hay que cumplir sus preceptos; para lo demás está el diálogo y existe el respeto, imprescindibles para la democracia.

No cabe cejar.

Seguridad nacional

Xavier Díez de Urdanivia

El primer deber de un gobernante es respetar la ley, aunque hay algunos que ningún aprecio tienen por ella, como se dejó ver en estos días, una vez más, cuando un juez de distrito decretó, la suspensión de la obra del tren maya, lo que fue olímpicamente ignorado por las autoridades responsables, aduciendo que esa obra fue declarada, por ellas mismas, como necesaria para la seguridad nacional.

¿Es correcta esa declaratoria? según la ley de la materia, la “seguridad nacional” comprende “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, cuando conduzcan a: la “protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país”; la “preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio”; el “mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”; el “mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación”; la “defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”, y “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.

El artículo 5 de esa misma ley reconoce como “amenazas a la seguridad nacional”: los “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional”; los de “interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano”; aquellos que “impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; los “tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; a “obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; los que sean “contra de la seguridad de la aviación”; los que “atenten en contra del personal diplomático”; “todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; los “actos ilícitos en contra de la navegación marítima”; “todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”; “actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y los actos “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos”.

He transcrito la parte medular del artículo 5 con prolijidad quizás excesiva, a fin de no dejar resquicio alguno a la enumeración de la ley, para constatar que la declaratoria del tren maya como asunto de seguridad nacional es improcedente, sólo una maniobra burda para eludir la ley, una más de la serie, que se vuelve cada vez más grave y se plantea más descaradamente.

No contentos con ello, el 19 de julio se presentó por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, una iniciativa que pretende añadir a los artículos 128 de la Ley de Amparo y 15 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de la Constitución, un párrafo que dice: “Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión”.

Anular la eficacia de las garantías constitucionales es, a todas luces, el propósito y las fracciones opositoras y todo legislador que conserve un ápice de decencia, tendrán que emplearse a fondo y cuidar, no sólo la constitucionalidad de la pretensión, sino también su potencial destructor de toda posibilidad de contar con un gobierno sustantivamente democrático.

Rescatar el “estado de derecho” y restablecer las posibilidades de un buen gobierno requiere, además, del reforzamiento de la función judicial, que tendrá que ser respaldada vigorosamente por todos, no sólo por sus órganos de administración y disciplina, sin protagonismos y desviaciones que, en estas circunstancias, son disfunciones que debilitan y corrompen la estructura toda.

Los jesuitas y AMLO ¿confrontación u oportunidad de convergencia?

Xavier Díez de Urdanivia

El lunes pasado recibí, por medio de WattsApp, un mensaje que decía: “Este round lo ganó AMLO. Lea la declaración de hace unas horas del episcopado mexicano”. Se refería a la convocatoria de esa institución para iniciar una jornada de oración, cuyo objeto sería pedir en favor de la justicia y la paz.

En días posteriores, el asesor presidencial Epigmenio Ibarra pretendía, aunque sin tan abierto triunfalismo, que, finalmente, la jerarquía eclesiástica mexicana y los jesuitas habían aceptado los postulados de AMLO traducidos en el ya tristemente célebre lema de “abrazos, no balazos” 

Leí el “comunicado”, que no conocía, para encontrar un mensaje conjunto del episcopado, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, convocando a una jornada de oración y reflexión, dado que “necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie e la violencia, nos están (sic) abriendo una puerta para la paz “, según los comunicantes justificaban.

Por ningún lado encontré nada que permitiera inferir la existencia de confrontación o rijosidad algunas. Lo que sí salta a la vista es una actitud de los convocantes que es congruente con los postulados más profundos de las enseñanzas cristianas, que descansan en la solidaridad y el perdón. Una vez más el impúdico afán de trivializar una tragedia, intentando darle el cariz de una contienda inexistente.

La falta de pleito, sin embargo –“cuándo uno no quiere, dos no pelean”, dice el refrán- no significa ausencia de conflicto, porque los jesuitas, según ellos mismos se describen, son “hombres de frontera, dispuestos a estar donde hay situaciones de injusticia, donde otros no pueden o no quieren estar, donde se puede hacer un bien más universal…”, lo que los conduce a asumir su misión “al servicio de la fe y promoción de la justicia”, con un claro y consciente compromiso de diálogo con las culturas y las religiones, y siempre desde la opción preferencial por los pobres.

Eso hace que su acción tenga repercusiones importantes en la sociedad en que se insertan, generando no siempre tersas relaciones con los factores de poder cuando oponen trabas a las personas para acceder a condiciones de vida dignas. No rehúyen el conflicto, pero cuando se presenta, su empeño se dirige a las soluciones basadas en el diálogo y la exaltación del humanismo cristiano.

En un entorno de democrático, donde desde la mayoría, pero con respeto de toda minoría, es necesario garantizar las mejores condiciones para la vida de los miembros de la comunidad, el llamado es a la convergencia y la conjunción de esfuerzos, nunca a la confrontación y el desgaste sin sentido, y sólo quien esté animado por el afán de detentar el poder ilimitadamente es capaz de buscar confrontaciones y solazarse en ellas.

Es claro que nuestro país atraviesa por una etapa deplorable, en la que los poderes marginales se han hecho señores en una gran porción del territorio, imponiendo condiciones de vida contrarías a todo ideal virtuoso, con indicios de una infiltración severa, según se trasluce de las noticias cotidianas, de las estructuras de poder político y administrativo.

Esto último ya exigiría tomarse seriamente la necesidad de una conjunción social articulada en el diseño y ejecución de estrategias para revertir esa situación y convertirla en un sano proceso de desarrollo cívico pleno.

Participar en el ejercicio de oración y reflexión convocado, independientemente de la fe que se profese o ninguna, es muy importante en esta hora. Si, en cambio, en vez de construirse puentes se persiste en el afán de cavar trincheras y levantar barreras, las cosas van a empeorar.

El deterioro severo que México vive tiene una síntesis simbólica en el asesinato de los jesuitas de Cerocahui; ojalá que de ellos nazca la potencia necesaria para enderezar el rumbo hacia el abandonado desarrollo humanista del país. 

Página 1 de 18