Rubén Aguilar Valenzuela 
Annie Ernaux (1940), la escritora francesa Premio Nobel de Literatura 2022, en 1991 escribe Pura pasión (Tusquets Editores, 2019).
 
Ésta, como lo son todas las suyas, es una novela de corte autobiográfico donde da cuenta de una relación apasionada con un hombre, que le resulta especialmente atractivo.
 
En la narración de la historia recurre a un diario durante el tiempo que dura su aventura con un hombre extranjero y casado.
 
En su obsesión no piensa más que en él y todos los días está a la espera de que le llame, para rencontrarse y hacer el amor.
 
Al solo irse empieza el anhelo de la próxima llamada, para volver a citarse. En esa circunstancia la vida solo tiene sentido en la realización del próximo encuentro.
 
La espera de la siguiente llamada telefónica marca las horas y los días. El tiempo que transcurre entre una y otra llamada, que siempre se traduce en un encuentro, se vive como agonía.
 
Ella sabe de la locura en la que está inmersa, sabe que su hombre en cualquier momento puede desparecer y regresar a su país de origen. Que la puede dejar.
 
No le importa, lo que quiere vivir es el placer inmenso que le proporciona el encuentro cada vez que ocurre. Está dispuesta a pagar los costos de su apasionada locura.
 
La autora en solo 80 páginas construye un texto donde con enorme energía y fuerza relata la pasión del encuentro con el hombre del que se enamora de manera irracional.
 
Enuncia, el absurdo de esa relación, y sabe que no habrá de durar, pero aún así la quiere vivir. Del texto dice que "no quiero explicar mi pasión, sino sencillamente exponerla".
 
Es la mirada de una mujer que sabe que en esa relación se deja humillar y ofender. La pasión obsesionada lo justifica todo. El juicio moral se suspende.
 
La historia es la de una mujer, la de un ser humano, que se asume, sin más, en su debilidad y en su gozo. No a lugar a la razón solo a la pasión.
 
La historia y la escritura de Ernaux es franca y desencarnada. No hay concesiones, va directo. Hay una intencional ascesis de la palabra. Aquí está la fuerza de lo que se dice.
 
Pura pasión
Annie Ernaux
Tusquets Editores
Barcelona, 2019
pp. 80

Versión original: Passion simple, 1991. Traducción del francés al español de Thomas Kauf.

Rubén Aguilar Valenzuela

En estos días en diversos foros, sobre todo la Cámara de Diputados, se discute con gran intensidad sobre el INE y una posible reforma electoral. Hay 107 iniciativas sobre el tema.

La posición de los dirigentes políticos, en particular de los diputados y senadores, es fundamental, pero para estos lo debería ser qué piensan sus representados y la sociedad.

El 76% aprueba el trabajo que el INE ha realizado organizando elecciones frente al 21 % que lo desaprueba. El 70 % confía mucho o algo en el INE y el 30 % poco o nada, según encuesta de Reforma (01.11.22).

Y el 71 % de la ciudadanía considera que la democracia en México estaría en peligro si desapareciera el INE contra 23 % que dice no lo estaría.

Una gran mayoría, el 88 % de la ciudadanía considera que es muy o algo importante que el INE sea autónomo del presidente frente al solo 12 % que esto le resulta poco o nada importante.

El INE tiene una mejor valoración que el presidente López Obrador, los senadores, los diputados y los partidos políticos.

Del INE, el 73 % tiene una imagen muy buena o buena, del presidente el 70 %, de los senadores el 33 %, de los diputados federales el 31 % y de los partidos políticos el 30 %.

Para el 16 % la imagen del INE es mala o muy mala, del presidente el 16 %, de los diputados federales el 37 %, de los senadores el 39 % y de los partidos políticos el 48 %.

El 79 % piensa que la prioridad de una reforma electoral debería ser garantizar elecciones limpias e imparciales y solo el 19 % para contar con un sistema electoral más barato.

Con relación a la actual discusión sobre una reforma electoral, el 65 % piensa que debería tener lugar después de la elección presidencial del 2024 y 31 % que conviene sea ahora.

Los políticos deben tener en cuenta que para el 70 % de la ciudadanía lo más importante de la democracia es que ellos sean honestos y busquen el bien del país. ¿Lo son? ¿Lo buscan?

La propuesta de reforma electoral que mandó el presidente a la Cámara de Diputados no será aprobada por la oposición y las demandas de esta no van a ser aceptadas por el presidente.

Lo altamente probable es que solo haya acuerdo entre la oposición y el presidente, Morena no decide por su cuenta, en modificaciones menores a la actual ley electoral.

Rubén Aguilar Valenzuela 
El pasado lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su posición con relación a una posible reforma electoral que contemple la iniciativa que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.

"Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos de instituciones de la sociedad civil - y de las mismas organizaciones políticas -, por una reforma constitucional en materia electoral, iniciativa del Ejecutivo Federal, que por orientación y motivos es claramente regresiva", afirma la CEM.

Y aseguran que la propuesta "constituye un agravio a la vida democrática, reforma destinada a afectar la representación y el equilibro de las minorías y las mayorías, llevando el control de estos comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista".

La lectura política que hace la CEM sobre la propuesta electoral de López Obrador es acertada. Lo que pretende el presidente es precisamente lo que advierten los obispos. Y también tiene razón cuando señala que el presidente, que juró la Constitución, no puede hacer una propuesta que violenta la Carta Magna y "pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan".

Los obispos reunidos en la CEM apelan a "la prudencia legislativa y al compromiso del Gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidaristas o de protagonismo histórico" y añaden que "la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática".

En el documento de la CEM, los obispos dicen que "exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados".

Estudiosos de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, como Roberto Blancarte del Colegio de México, plantean que el documento de la CEM es algo que no se veía por lo menos en los últimos 30 años.

Y señala que de parte de los obispos "hay una toma de distancia de las estrategias del Gobierno en general, al asumir posiciones más críticas, más abiertas, y está claro que la jerarquía católica no está de acuerdo con el rumbo que la 4T está tomando".

La CEM, añade, "no está de acuerdo en particular con este tema de los ataques al Instituto Nacional Electoral y a lo que significa todo el sistema electoral, que, como ellos mismos han escrito, se está construyendo desde hace décadas con muchos trabajos, con muchos esfuerzos y no hay que dar marcha atrás".

Los obispos en contra de las posiciones antidemocráticas y regresivas de López Obrador salen en defensa de la Constitución, de la democracia, del sistema electoral, de los pesos y contrapesos y del INE que el presidente quiere desaparecer. Los integrantes de la CEM saben bien lo que significa que el proceso electoral quede en manos del gobierno y no de un órgano autónomo imparcial.

Rubén Aguilar Valenzuela
En el Índice Global de Estado de Derecho, que se publicó el pasado miércoles, México ocupa el lugar 115 de los 140 países evaluados.

Desde 2019 el país cada año pierde puntos: En 2019 obtuvo 0.45; en 2020, 0.44 y en 2022, 0.42, según la medición de la organización de la sociedad civil World Justice Proyect (WJP).

El índice otorga una calificación del 0 al 1, donde cero implica ausencia total de Estado de Derecho y uno el máximo nivel que se puede alcanzar.

Con relación a los países de América Latina y el Caribe, México también está mal calificado y ocupa la posición 27 de 32 países que contempla el estudio.

La baja calificación de México se explica, según WJP por: La inseguridad, el deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento del sistema de contrapesos al poder.

Y también por el estancamiento en el combate a la corrupción, el incumplimiento regulatorio y la falta de límites al poder gubernamental.

El indicador en el que México sale mejor evaluado es el de gobierno abierto (0.59) por contar con buenas leyes sobre la materia.  

A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca (0.90), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87) y los peores Venezuela (0.26), Camboya (0.31) y Afganistán (0.33).

En América Latina y el Caribe los mejor evaluados son Uruguay (0.71), Costa Rica (0.68) y Chile (0.66) y los peores Venezuela (0.26), Haití (0.35) y Nicaragua (0.36).

El índice de WJP, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, es la más importante fuente mundial independiente sobre el Estado de Derecho en el mundo.

En los primeros cuatro años de gobierno el presidente y su gobierno han dado muestras palpables de su falta de
 respeto al Estado de Derecho.

No hay nada en el horizonte que diga que esa actitud va a cambiar y se puede adelantar que en las valoraciones de 2023 y 2024, el índice seguirá a la baja.