Rubén Aguilar Valenzuela
El que escribe y Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila entre 2011 y 2017, acabamos de publicar Jaque Mate al Crimen Organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional para la paz (Planeta, 2022).

Las conversaciones que dan lugar a este libro inician en 2012 y continúan hasta el día de hoy. Son ya diez años. Desde hace quince años la seguridad es el problema más grave que enfrenta México. No se ha podido resolver y sigue creciendo.
En octubre de 2018 Moreira y yo decidimos reunirnos de manera periódica y registrar nuestras conversaciones, para en blanco y negro dar cuenta de la estrategia de seguridad que se había desarrollado en Coahuila entre 2012 y 2017.
 
De acuerdo a un plan acordado entre los dos, revisado en diversas ocasiones, establecimos el contenido de nuestras conversaciones, para darles orden. En total fueron dieciocho En 2018, dos; en 2019, tres; en 2020, once; y en 2021, dos. Son cuarenta horas de grabaciones.
 
De las grabaciones obtuvimos versiones estenográficas. El que escribe a partir de ellas elaboró una primera versión, que después revisó el otro autor.
 
Con base a esta nueva versión, construida entre los dos, volvimos a reunirnos, para conversar y entre los dos precisar y corregir el texto final de cada uno de los capítulos. Fue siempre un trabajo a cuatro manos.
 
Estamos convencidos que la estrategia de "guerra" para enfrentar la violencia y al crimen organizado que siguieron los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue un fracaso. También lo es la estrategia de "abrazos no balazos" que implementa Andrés Manuel López Obrador, pues ha provocado aún mayores niveles de violencia y asesinatos dolosos que en los sexenios anteriores.
 
En el origen del fracaso no solo está el hecho de la implementación de una estrategia equivocada, sino también —y esto es parte fundamental del fracaso— el hecho de que el gobierno federal no es quien puede resolver el problema de la violencia en los estados.
 
La tesis que aquí sostenemos, con base en la experiencia del gobierno de Coahuila entre 2011 y 2017, es que el problema sólo puede resolverse cuando el gobernador de un estado, en el marco de una estrategia multidimensional, se decide a enfrentarlo a partir de sus propias fuerzas de seguridad. Las fuerzas federales actúan de apoyo, pero no son las responsables de la estrategia. El Ejército, la Guardia Nacional y la Marina ofrecen una contribución valiosa, pero sobre ellos no puede recaer la responsabilidad de devolver la paz al estado.

Se requiere la acción concertada de los tres órdenes de gobierno, pero el peso de las decisiones, la operación y el seguimiento de la estrategia es responsabilidad del gobernador. Mientras eso no ocurra el problema nunca se va a resolver.
 
En Coahuila se implementó una estrategia multidimensional, compuesta de quince elementos, que en seis años redujo los asesinatos por rivalidad delincuencial en 92.14 % y los homicidios dolosos en 87.0 %. Lo mismo ocurrió con la privación de la libertad, que se redujo en 90.99 %; la extorsión, en 69.57 %; y el secuestro, en 42.86 %. Y eso también sucedió con los robos a personas, que se redujeron en 82.20 %; a vehículos, en 81.5 %; a negocios, en 62.19 %; y en casa habitación, en 57.79 %.
 
El libro se propone responder a seis preguntas fundamentales: ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se articularon y coordinaron los tres órdenes de gobierno? ¿Cómo se involucró la sociedad civil y sus organizaciones? ¿Cuál fue el papel de la policía del estado? ¿En qué consiste la voluntad política?
 
El primer capítulo, La seguridad en el gobierno anterior, se da cuenta de cómo se elevaron los niveles de violencia en el estado y de cómo el crimen organizado se fue introduciendo en la sociedad en el período 2005-2011, así como cuál era el modo de operar de los cárteles. Se analiza la estrategia de poner en manos de militares en retiro la seguridad del estado y los municipios, que se conoció como el Modelo Coahuila. Se reconstruye el caso de los asesinatos en la cárcel de Piedras Negras (2011), el incremento de la violencia en Torreón (2006-2012) y la trágica matanza de Allende (2011).
 
La estrategia multidimensional, el segundo capítulo, plantea el diagnóstico de la problemática de la seguridad, de la anatomía de la violencia y de la forma de operar del crimen organizado. Se define cuál es la concepción y en qué consiste la estrategia multidimensional. Se ubica con precisión los problemas a enfrentar y las respuestas que se debe dar a los mismos. Surgen así los componentes de la estrategia divididos en tres grandes campos: prevención, lucha contra el crimen organizado y apoyo para la acción.
 
El tercer capítulo, Desarrollo de la estrategia: Las quince respuestas, ofrece una síntesis de lo que se hizo en cada uno de los temas que integran la estrategia multidimensional, a lo largo de los seis años de gobierno. También presenta en forma detallada las estructuras de seguimiento a la estrategia, que incluye a los tres órdenes de gobierno, así como las propias del gobierno del estado. Se da cuenta del régimen de reuniones de cada una de esas instancias y también de la forma en la que se establecieron los acuerdos y los mecanismos diseñados para darles seguimiento y garantizar su cumplimiento.
 
Quitar la renta al crimen y disminuir el ambiente criminógeno, el cuarto capítulo, traza el mapa del crimen organizado en el estado y las fuentes que utiliza para financiarse y operar. Describe el modelo hegemónico que implica concentrar todos los delitos en una sola estructura de mando. Da cuenta también del conjunto de acciones, en el marco de la estrategia multidimensional, para cortar los ingresos al crimen organizado. Razona el por qué se tomó la decisión de cerrar los casinos, prohibir las carreras de caballos y las peleas de gallos; la reglamentación de la venta de alcohol, el cierre de los giros negros y de los yonkes; así como la destrucción de las torres de explotación minera en poder del crimen.
 
El quinto capítulo, Fuerza Coahuila, la policía del estado, da cuenta de la importancia que tienen las pruebas de control de confianza para contar con una policía profesional y ajena al control del crimen organizado. En Coahuila todos los policías estatales se sometieron a estas pruebas; quienes no la aprobaron fueron despedidos. El capítulo plantea cómo se constituyó una sola policía, Fuerza Coahuila, integrada por cinco ramas. Presenta, también, el modelo de operación diario de Fuerza Coahuila a través de dieciocho distintas acciones, así como la estructura del mando único. Finalmente, el capítulo aborda cómo se modificó el régimen de los salarios y las prestaciones de las distintas ramas de la policía que hicieron gran diferencia con el pasado.
 
La disminución de la violencia, el sexto capítulo, ofrece los resultados de la estrategia en términos estadísticos, pero reflexiona que, más allá de estos, está la manera en que la sociedad los percibe y valora. El indicador más importante del éxito de una política de seguridad es cuando la gente decide de nuevo salir sin preocupación a la calle por las noches. Cuando asume que puede transitar con seguridad por todas las carreteras del estado. Y al hacerse evidente que regresa la inversión y se generan nuevos y más empleos. Esto se refleja cuando cambia la percepción de la población sobre la realidad de la seguridad.
 
El séptimo capítulo, Crítica y autocrítica, plantea que, si bien la estrategia para restablecer la paz tuvo éxito, también —como en todo proceso— hubo problemas, dificultades, tensiones, errores y tareas que no se terminaron. Se reflexiona, entre otras cosas, sobre el estado en el que se encontraba la policía, así como la falta de experiencia y de una estrategia y coordinación con las autoridades federales. Otros temas a tratar incluyen la relación con los presidentes municipales, con la sociedad civil, con la academia y las iglesias, además el no haber previsto la reacción del crimen organizado y el no haber podido resolver todos los casos de desapariciones y otros crímenes.
 
Historias que deben contarse, el octavo capítulo, presenta catorce historias que merecen una atención especial: la investigación que realizó el gobierno de los sucesos de Allende; las entrevistas con el Z-40 y el Z-42, líderes de Los Zetas; la fuga de reos del penal de Piedras Negras; el descubrimiento de que en esta cárcel el crimen organizado asesinaba y calcinaba a sus víctimas; el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira Valdés; el abatimiento de Humberto Lazcano, fundador de Los Zetas; las amenazas de muerte que recibió el gobernador; el papel de ciertos medios de comunicación ante la lucha contra el crimen; las actividades de supuestos periodistas en apoyo a la delincuencia; la relación con los presidentes Calderón y el Peña Nieto; la relación con los empresarios y con las  autoridades de Estados Unidos.
 
Voluntad política, el noveno capítulo, recoge la reflexión sobre cómo ésta es la piedra angular de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado. La responsabilidad es del gobernador y nunca la puede delegar. Implica deshacerse de atavismos y prejuicios. El capítulo da cuenta de doce acciones claves que explican el éxito de la lucha y una reducción notable de los niveles de violencia: tomar las decisiones necesarias; nunca autoengañarse; desarrollar una estrategia multidimensional; construcción científica de las respuestas; conocer otras experiencias; reflexión continua; la policía; los recursos financieros; mejorar la legislación; la coordinación con otras autoridades; relación con la sociedad civil y comunicación asertiva.
 
Los autores estamos convencidos, ante la evidencia de los resultados, que sí hay solución a los niveles de violencia e inseguridad en el país; que sí es posible restablecer la paz. El crimen organizado puede ser derrotado. Para eso se requieren dos cosas fundamentales: que el gobernador del estado se ponga al frente de la lucha —pues él es el líder que organiza y coordina todos los esfuerzos— y que se tenga una estrategia multidimensional que comprende los temas económicos, sociales y políticos, además de los propios de la seguridad.
 
Estamos también convencidos que la estrategia que se siguió en Coahuila entre 2012 y 2017, y que ha continuado hasta la fecha, ofrece un modelo que puede ser aplicado en los otros estados. Es claro que habrán de hacerse adecuaciones y ajustes, de acuerdo a las características de cada región, pero la estructura vertebral es la misma y está ya diseñada y probada. A los resultados nos remitimos.

El Opus Dei, lo funda en 1928 el ahora santo Josemaría Escrivá de Balaguer. Es una organización que cuenta con 2,096 sacerdotes, 90,805 miembros laicos y está presente en 60 países.
 
La historia y desarrollo de esta organización está ligada de manera particular con el gobierno del dictador Francisco Franco en España, al fin de la Guerra Civil. Se han publicado muchos estudios sobre esta relación.
 
El papa Juan Pablo II, ahora también santo, al iniciar su pontificado (1978-2005) convirtió al Opus Dei en aliado estratégico en su proyecto y les otorgó una serie de privilegios.
 
Dentro del proceso de renovación de la Iglesia, el papa Francisco ha eliminado estas concesiones excepcionales. El jueves cuatro de agosto entró en vigor el documento papal Ad charisma tuendum (Para tutelar el carisma).
 
En este texto se establece que en adelante quien dirige al Opus Dei ya "no será distinguido" con el cargo de obispo y no podrá ostentar ni el anillo ni las vestiduras episcopales.
 
Esto, señala el papa, para que la forma de gobierno del Opus Dei esté "basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica".
 
De ahora en adelante, como siempre debió haber sido, la institución pasará a rendir cuentas al Dicasterio del Clero. Esta entidad será la encargada de evaluar al Opus Dei.
 
A quien también toca resolver "las cuestiones que en cada caso corresponda afrontar", como la formación de sus sacerdotes, y también "eventuales controversias".
 
Ahora, la institución tendrá que presentar un informe anual ante este dicasterio sobre su situación y el "desarrollo de su trabajo apostólico".
 
Por acuerdo del papa Juan Pablo II, la Obra, como también se le conoce, solo entregaba este documento cada cinco años a la Congregación para los obispos, organismo vaticano del que dependía.
 
El documento papal también señala, es uno de los más importantes temas, que los estatutos del Opus Dei "serán convenientemente adaptados", a través de propuestas de la propia institución, pero que deberán ser aprobados por la Santa Sede.
 
Para ubicar la importancia del paso dado por el papa Francisco es necesario decir que hasta ahora el Opus Dei, dentro de la estructura de la Iglesia, era una prelatura personal.
 
Esto implicaba que la institución era dirigida por un prelado y no estaba circunscrita a un territorio determinado, como las diócesis, ni tampoco bajo la autoridad de ningún obispo.
 
Esta condición única y excepcional en la Iglesia, se las otorgó el papa Juan Pablo II en 1982 a través de la constitución apostólica Ut sit (Para que sea).
 
Decisión que en su momento fue polémica y rechazada por muchos obispos no solo en España sino también en otras regiones del mundo.
 
El Opus Dei en diversas ocasiones ha sido acusado por algunos de quienes pertenecieron a la institución de que los superiores utilizaban métodos coercitivos.
 
Señalan también que se movían en un entorno de secreto y sectarismo. Al Opus Dei se le identifica con las posiciones más conservadoras de Juan Pablo II. Siempre hubo una relación estrecha entre su pontificado y la Obra.
 
El sacerdote Fernando Ocáriz Braña, quien ahora dirige al Opus Dei, reaccionó de inmediato al documento papal diciendo que "aceptamos filialmente", lo que ahí se dice.
 
Es muy probable que en los próximos meses salgan a la luz muchos casos relacionados con la institución que estuvieron escondidos y fueron manejados en secreto.
 
Ahora hay una demanda en el Vaticano de un grupo de 43 mujeres de América del Sur que trabajaban para la Obra, que acusan a la institución por explotación y haberlas reducido a la servidumbre.

El Opus Dei ha creado una comisión por "una motivación moral y no jurídica", para investigar estas denuncias, aunque asegura que hasta ahora no ha sido notificado por el Vaticano.