Rubén Aguilar Valenzuela 
Inmediatamente después del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el 20 de junio de 2022, la Iglesia mexicana asumió una posición crítica ante la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza el presidente López Obrador.
 
Solo días después, de manera inexplicable, la Iglesia abandonó su crítica pública y guardó silencio. Al día de hoy, existen diversas interpretaciones de lo que pudo haber sucedido. Las autoridades eclesiales nunca explicaron su decisión.
 
Este lunes tres de marzo, la Iglesia vuelve a decir una palabra crítica sobre la inseguridad que existe en el país e invita a un Diálogo Nacional por la paz, que tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
 
La convocatoria está firmada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), la Dimensión Episcopal de Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
 
El encuentro se propone "recoger todos los aportes posibles para la paz con justicia y hacer una propuesta viable a nuestras autoridades y al país", dice el comunicado.
 
Plantea que el asesinato de los jesuitas es un homicidio más y un "caso emblemático de la violencia y de la descomposición social en que vivimos, ahí encontramos la ceguera de quien con un arma se siente todopoderoso, la corrupción institucional y la impunidad que dejó escalar los niveles de la delincuencia y la pérdida de los sistemas comunitarios capaces de regular los comportamientos".
 
La Iglesia afirma "que existe una urgente necesidad de revisar el sistema de justicia y de seguridad, por petición de muchas voces cualificadas de la sociedad civil, ante la indolencia de las autoridades políticas y la falta de resultados en las estrategias gubernamentales".
 
Los convocantes aseguran que la dinámica delictiva que hoy impera en el país "ponen en riesgo la convivencia social, la democracia, la economía, el medio ambiente y el bienestar en los territorios. Una realidad compleja que necesita de una reflexión profunda en un diálogo que incluya a todos los sectores de la sociedad (...)".
 
Y aseguran que "es tiempo de convocar a los especialistas, de conocer las mejores prácticas locales, escuchar a las víctimas, a los indígenas, a los migrantes, tomar en cuenta a quienes han logrado sostener bajos índices delictivos en los territorios, a las iglesias, y a quienes están participando en los conversatorios por la paz y en los foros de justicia y seguridad".
 
La Iglesia vuelve a asumir una posición crítica en un país que vive los peores niveles de violencia de por lo menos las últimas siete décadas, que se expresa, entre otras cosas, que en los primeros cuatro años del actual gobierno hayan sido asesinadas 140 000 personas.
 
Habrá que ver la propuesta que surge del Diálogo Nacional por la paz, del próximo septiembre, y ver también cuál será la reacción de un presidente y un gobierno que son refractarios a la más leve crítica y que sostienen, sin tener razón, que su estrategia de seguridad funciona y el país va muy bien.