Rubén Aguilar Valenzuela 
Hoy viernes se comunica el presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el próximo 8 de junio viaja a México. El tema central a discutir es la migración mexicana y la de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La vicepresidente ha sido nombrada por el presidente Biden, para buscar una solución que ataque las causas de la migración en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y contribuir al desarrollo del sureste mexicano.

Es la misma idea que se contempló en el Plan Puebla-Panamá que se diseñó y puso en operación en el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), pero que fracasó por falta de recursos.

El gobierno de Biden anunció que invertirá 4 mil millones de dólares en el intento de solucionar de raíz el problema. La cantidad de recursos es importante, pero está muy lejos de la que se necesita, para cambiar la realidad estructural de los países del Triángulo del Norte.

Lo que hasta ahora se ha hecho es solo detener y deportar a los centroamericanos. El presidente López Obrador cedió a las presiones del presidente Trump y México cambió radicalmente su política migratoria, para convertirse en un muro en contra de la migración que viene del Triángulo del Norte.

Con la Guardia Nacional estableció un doble filtro; uno en la frontera sur y otro en la norte, para evitar que los centroamericanos ingresen a México y Estados Unidos. En parte el operativo ha sido exitoso, pero de todos modos no ha frenado la migración, que claramente se ha incrementado a pesar de las barreras.

Con la llegada de Biden la política migratoria ha seguido siendo la misma y es la de no dejar pasar y deportar a los migrantes mexicanos y centroamericanos. El gobierno de México hace su parte y también detiene y deporta.

Luis de la Calle en un artículo en El Universal dimensiona la gravedad del problema: "Guatemala, El Salvador y Honduras no cuentan con la infraestructura para participar plenamente en la economía regional: no tienen la logística de transporte y comunicaciones necesarias; no cuentan, a pesar de ser varios ricos en ella, con la energía necesaria; ni han desarrollado la base tecnológica y de conocimientos para explotar sus ventajas competitivas; ni cuentan con un ambiente político y jurídico propicio a la inversión".

A esto habría que añadir la débil estructura institucional, el autoritarismo, la falta de Estado de Derecho, los muy altos índices de violencia y crímenes dolosos, la penetración del narco en las estructuras del poder, en particular en Honduras, y también los muy altos niveles de corrupción en las cúpulas gubernamentales, que incluyen a los militares. A todo esto se añade la política del nuevo presidente de El Salvador que violenta el orden Constitucional.

La solución a los problemas económicos, políticos y sociales del Triángulo del Norte y parte del sur de México no es fácil. Se requieren transformaciones profundas que no es posible alcanzar en el corto y mediano plazo. Exigen un plan de gran envergadura que se pueda continuar a lo largo de los años más allá de un periodo gubernamental en Estados Unidos y en los países centroamericanos. Se requiere algo así como un Plan Marshall.

Rubén Aguilar Valenzuela
Entre el presidente de El Salvador, el populista Nayib Bukele, y el presidente de México, el populista Andrés Manuel López Obrador, hay muchas semejanzas.

Su estilo de comunicación es el mismo y también coinciden en la idea de que todo el poder se concentre en el Ejecutivo y que a éste se le sometan los otros poderes del Estado.

En las pasadas elecciones el partido de Bukele se hizo de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, como la tiene López Obrador en el Congreso mexicano.

El sábado pasado, al instalarse la nueva legislatura, la primera decisión de los diputados de Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele, fue destituir a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Esto como represalia por las acusaciones que Bukele hizo a los magistrados por haberle frenado decretos presidenciales relacionados con la gestión de la pandemia.

En el caso de México la mayoría de Morena en el Congreso votó un artículo, para prolongar el mandato del presidente de la SCJN por dos años más en una clara violación de la Constitución.

El argumento es que así se podrá concluir la reforma del Poder Judicial iniciada bajo la presidencia del magistrado Arturo Zaldívar que no ha condenado la violación y espera la resolución de la SCJN.

En el caso de El Salvador y México los congresos actuaron así por orden de sus presidentes y en las dos votaciones hubo irregularidades y no se siguieron los trámites habituales. Las dos bancadas se impusieron sea como sea.

Bukele en Twitter, que es su mañanera, argumentó que "la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea es una facultad incontrovertible expresada claramente el artículo 186 de la Constitución de la República".

El artículo dice eso pero añade que "por causas específicas, previamente establecidas por la ley" y es a todas luces evidente que en esta ocasión las motivaciones no son de carácter legal sino político.

Bukele como López Obrador por tener la mayoría en el Poder Legislativo impulsan leyes sin tener que negociar con las otras fuerzas políticas. Se vota lo que ellos quieren.

Los dos a través de esa mayoría se han propuesto deshacerse de los mecanismos y organismos del Estado que han sido diseñados, para actuar como contrapeso al Poder Ejecutivo como lo señala la Constitución de ambos países.

El salvadoreño en Twitter elogió la acción de los diputados que votaron lo que quería: "Diputados valientes, trabajando y cumpliendo el mandato popular. ¡Dios y el pueblo con ustedes!". López Obrador lo hace en su comparecencia mañanera.

La actuación de Bukele y de López Obrador con relación a sus decisiones que afectan al Poder Judicial han recibido la crítica de organismos internacionales. Se les acusa de violar la Constitución y el Estado de Derecho. En eso también se parecen.

Rubén Aguilar Valenzuela 
El primer ministro del reino de Tailandia, Prayut Chan-o-cha (1954) es un oficial del Ejército. En 2014 llegó a su cargo a través de un golpe de Estado que pronto se "legalizó". Fue reelecto en 2019.

Al inicio de su gobierno estableció el programa de televisión "Devolviendo la felicidad a la gente", que se transmite los viernes por la noche en cadena nacional antes de las telenovelas. Al principio duraba una hora y después pasó a media hora.

En una de las primeras transmisiones, para marcar la línea, advirtió a los medios de comunicación que dejaran de difundir opiniones disidentes a las suyas y se quejó de que la gente no le prestaba atención.

El artículo 44 de la Constitución que hizo aprobar en 2015 por un Parlamento, donde tiene la mayoría absoluta, establece que todo lo hecho por él es legal, constitucional y concluyente. Y también que puede permanecer en el poder por tiempo indefinido.

Para que no haya confusión en su idea de democracia, a la cual dice defender, sostiene "soy yo quien hace las reglas. Los gobiernos anteriores no podían hacer eso. Pero hoy, yo hice las reglas [sic], y todos ustedes tienen que seguirlas".

Sobre el budismo en Tailandia mantiene un control total y ha reprimido todos los intentos de autonomía de los distintos grupos budistas que existen en el país. Por la vía de los hechos se ha convertido en una religión alineada al Estado.

Como otros populistas solo quiere que los medios transmitan lo que quiere. En 2015 declaró que tenía el poder de cerrar por la fuerza los medios de comunicación. A los periodistas les dice deben informar la verdad, que es lo dicho por él.

A los periodistas y los medios les pide que no informen sobre hechos de la realidad y fallas del gobierno porque eso puede afectar al país. Y si alguien las publica tendrá que ser responsable de sus efectos.

Para él los medios de comunicación no deben ser imparciales. Eso no es bueno. Estos deben de apoyar los esfuerzos del gobierno y difundirlos, para que la población los conozca. Sean, les dice, "reporteros encantadores".

Un tema central en el discurso del primer ministro es el combate a la corrupción en un gobierno particularmente corrupto. Esto pasa con otros gobernantes populistas.

Para Prayut quien se manifieste en contra de su gobierno "no debe ser reconocido como tailandés". Todo tipo de manifestación requiere permiso y está prohibido bloquear las entradas de oficinas gubernamentales, aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, hospitales, escuelas y embajadas.

En su concepción de la democracia los medios no deben dar cobertura a la oposición. Y él debe enseñar a la gente a pensar que equivale que piensen como él.

Siempre asegura, con cifras oficiales, que la aceptación de su gobierno es del 99.3 %. A la sociedad pide que no se obsesione con la democracia y los derechos humanos. Se deben tener en cuenta otros principios.

La agenda de género no la entiende, para él las mujeres son amas de casa y madres que deben quedarse en el hogar. Y de ellas dice que "que son caramelos o postres que se deben envolver muy bien". Por eso deben de usar ropa adecuada.

El militar y primer ministro compone canciones. En cada uno de los años de gobierno ha dado a conocer una que siempre tiene gran difusión en la radio.

La primera fue "Devolver la felicidad a Tailandia", que asegura el pueblo tailandés no había sido feliz como ahora sí lo es con su gobierno.

En los años siguientes ha compuesto "El día que se espera, no está muy lejos", "Porque tú eres Tailandia no dejes que nadie te destruya", "Diamond Heart" y "Fight for the Nation".

"In Memory" es una canción compuesta para la elección de 2019. Dice que antes todo estaba mal y que ahora todo está bien. Las últimas son "New Day" y Thai is Thai March", inspirada en la coronación del rey.

En Tailandia el cubrebocas por la pandemia del Covid-19 es obligatorio, y el pasado 25 de abril el primer ministro no lo usó en una reunión en la sede del gobierno, que se dio a conocer en los medios, y tuvo que pagar una multa de 190 dólares.