Si el Estado es una unidad que actúa en la realidad histórico-social, no podemos esquivar el examen, siquiera somero, de la difícil cuestión referente al carácter de esta realidad social. El punto de partida ha de ser aquí la fundamental afirmación de que la realidad social es efectividad humana, es realidad efectuada por el hombre. (Heller, H., Teoría del Estado, F.C.E.)

El autor material del asesinato de Carlos Manzo, identificado como Víctor Manuel "N", alias "El Cuate" o "El Cuete", tenía 17 años al momento de cometer el crimen. 

¿Que lleva a un joven a sumarse a las filas de la delincuencia, en una labor tan deleznable y peligrosa como el sicariato? Una hipótesis: La exclusión social.

La exclusión social, se ha dicho, tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena.

Es decir, es la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.

La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familias, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema. 

En la búsqueda de esa solución se deberá tener bien claro que la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, es un instrumento esencial para el desarrollo de la democracia y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad. Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución. 

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los niños y jóvenes, y enfocarlos a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias. 

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta. 

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. 

En nuestra hipótesis, acabar con los altos niveles de exclusión social en el país, es una de las grandes tareas en la lucha contra el crimen. Sin desatender las otras acciones que ya hemos planteado en este mismo espacio, en el artículo “La seguridad pública como reto” (nuestrarevista.com.mx)

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Miles de ciudadanos marcharon este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y otras localidades del país para protestar en contra de la inseguridad y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Días previos a la marcha, la presidenta Claudia Sheinbaum había expresado: “Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, me parece muy bien que se manifieste.”

“Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor (jóvenes) no están de acuerdo con nosotros, pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización”, dijo la presidenta el jueves.

Sheinbaum afirmó que muchos de los que promueven esta marcha “no tienen nada que ver con la generación Z” y que “es un impulso promovido incluso desde el extranjero”. (cnnespanol.cnn.com)

Si bien es cierto que el análisis y discusión sobre las formas y el fondo de la convocatoria tiene mucha relevancia, ya que forma parte del ambiente intrasocietal y extrasocietal del sistema político, importante también es el análisis de la participación ciudadana en el proceso de construcción de un modelo de gobierno que los conecte y los tome en cuenta en la edificación del futuro. Ambos se complementan para realizar un diagnóstico completo.

La participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles.  La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga, marchas o mítines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo.

Las marchas y manifestaciones como mecanismos de participación política no son nuevas en el país, basta revisar la historia para saberlo. Pero para no ir muy lejos repasaremos lo sucedido en el período presidencial reciente.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a septiembre de 2024), hubo múltiples marchas opositoras, que fueron convocadas por diversas organizaciones, colectivos y partidos políticos en diferentes momentos y ciudades. 

Desde 2019, hubo manifestaciones esporádicas en varias ciudades del país contra las políticas del gobierno federal.

Las principales movilizaciones destacadas por su tamaño y alcance incluyeron marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE): En este sentido, se realizaron varias marchas importantes en respuesta a las propuestas de reforma electoral del gobierno.

La más notable tuvo lugar en noviembre de 2022, con estimaciones de asistentes que variaron desde 12,000 (según el gobierno de la CDMX) hasta 200,000 (según los organizadores) solo en la capital, y se replicó en decenas de ciudades del país. Otra manifestación masiva con el mismo propósito se realizó en febrero de 2023.

Además, destacaron las Movilizaciones de la "Marea Rosa": Este movimiento ciudadano, que posteriormente se identificó con la campaña de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, organizó al menos cuatro grandes concentraciones entre 2023 y 2024 en defensa de la democracia, el INE y la Suprema Corte. La última de estas, en mayo de 2024, fue masiva en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades.

Hubo también protestas del Frente Anti-AMLO (FRENAAA): Este colectivo tuvo diversas manifestaciones y plantones, incluyendo uno prolongado en Paseo de la Reforma, especialmente durante 2020 y 2021.

Se realizaron, además, movilizaciones ciudadanas por temas específicos como la seguridad pública o los feminicidios, que también manifestaron descontento con la administración federal. 

En resumen, el sexenio de López Obrador se caracterizó por un pulso constante de las movilizaciones opositoras siendo las relacionadas con el INE y la "Marea Rosa" las de mayor visibilidad y asistencia. 

A propuesta del partido Morena, la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana una reforma al artículo 35 de la Constitución para que la consulta de la revocación de mandato presidencial sea concurrente con las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gubernaturas. (jornada.com.mx)

La Comisión de Puntos Constitucionales distribuyo el proyecto de dictamen, que votará el lunes y enviará a la Mesa Directiva, para que lo incluya en la agenda de las sesiones de esa semana.

La reforma busca modificar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente prohíbe que la consulta de revocación de mandato coincida con jornadas electorales federales o locales.

Como argumento señalan que “celebrar el ejercicio de revocación de mandato en una jornada separada de las elecciones ordinarias federales ha demostrado ser ineficiente, costoso y poco eficaz en términos de participación”.

 Y como ejemplo resaltan que tanto en consultas populares previas como en el ejercicio de revocación de mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la concurrencia de los electores a las urnas fue baja, en contraste con las elecciones.

En su hipótesis, al hacer coincidir los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato con las jornadas electorales ordinarias federales y locales, se incrementaría la participación ciudadana, debido a que se aprovecharía la confluencia de electores. 

Otro argumento es de racionalidad económica-administrativa, es decir, una lógica de eficiencia institucional y economía presupuestaria. Aducen que, según datos del Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de revocación de mandato, celebrado en 2022, se registraron 16 millones 502 mil 636 votos, de una lista nominal de 92 millones 823 mil 216 personas, 13 lo que representó 17.78 por ciento de participación ciudadana.

Y que esa asistencia contrastó con el costo de ese ejercicio, de mil 692.5 millones de pesos, “lo que significa que, si dividimos esta última cifra entre los poco más de 16 millones de votos obtenidos, cada uno costó 102.56 pesos”.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, proponente de la iniciativa, justificó su propuesta con el argumento de que se busca “tener un ahorro significativo en materia de recursos económicos”.

“Evitar el dispendio, el despilfarro, porque si no tendríamos que hacer otra elección alrededor de febrero, marzo del 2028 y consideramos que no tiene mucho sentido hacer tantas elecciones en nuestro país”. Alegó el legislador.

En este rubro concluyen que “este simple ejercicio muestra que el volver concurrentes los procesos de democracia directa con las elecciones federales ordinarias puede hacer más eficiente el uso de recursos públicos” en ejercicios de participación ciudadana.

Sin embargo, los partidos de oposición ven con otro enfoque la iniciativa. Por ejemplo, El diputado panista Germán Martínez calificó el intento de adelantar la revocación como un “esquinazo” al propio Pablo Gómez, impulsor de la reforma electoral. A su juicio, la propuesta exhibe la división interna del partido y su dependencia de la figura presidencial.