Ante los últimos casos de corrupción en los que se han visto envueltos políticos y funcionarios pertenecientes al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado postura. Por ejemplo, en el evento conmemorativo a su primer año de gobierno expresó: “Eso se acabó, porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia.”

 “El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en Programas de Bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional.”

 Dicho lo anterior y ya encaminada la presidenta en la carrera de acabar con el fenómeno de la corrupción, y para que su empeño tenga posibilidades de éxito, el gobierno de la cuarta transformación tiene como tarea investigar, analizar y definir la naturaleza de la corrupción en México, y de ahí partir para definir la metodología para erradicarla, es decir, su estrategia.

Si la corrupción es un producto de la inmadurez político-administrativa del sistema; esto es, el sistema heredó muchas instituciones que vinieron a coadyuvar la permanencia de los mecanismos tradicionales de corrupción como son: la actitud de superioridad burocrática, el nepotismo e influyentismo, los intermediarios, los coyotes, la mordida, etcétera, entonces sus manifestaciones podrán controlarse por medio de reformas sectoriales a la estructura administrativa, que con un efecto multiplicador irán cambiándola, al mismo tiempo que aceleran el desarrollo integral del país. 

Si la corrupción es un elemento estructural del sistema, independientemente del estadio del desarrollo por el que se atraviesa, entonces el problema solo puede ser atacado mediante un cambio integral y radical del sistema y no a través de caminos sectoriales.

Para tal efecto, deberá iniciar resolviendo algunos cuestionamientos tales como: hay en la burocracia una incapacidad adiestrada por lo tanto incapaz de responder a situaciones especiales, o la inadaptación es intencional y obedece a otros factores?; es la corrupción un elemento estructural del sistema, o es producto de la inmadurez del mismo?; siempre ha tenido las mismas características o va cambiando, atenuándose cada vez más? ; es la corrupción producto de una mala administración y por lo tanto, puede erradicarse conforme se mejoran los sistemas, procedimientos y métodos administrativos, o es un elemento estructural y se erradicará solamente con la desaparición de la estructura actual? ; y cuál es el factor determinante de la corrupción, el que se refiere a los sistemas administrativos, relacionado con interacción social burocracia-público?; cómo puede atacar el problema de la manera más efectiva, con una estrategia basada en cambios sectoriales, o con un cambio radical y total del sistema? .

Una vez resueltos estos cuestionamientos, de ahí partir y no errar en el intento.

El tema del combate a la corrupción es un asunto grave del país, es una cuestión de supervivencia y extinción, una cuestión qué hay que reflexionar detenidamente para hacerla tarea exitosa por el bien de México.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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En el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se conmemoró el primer año de su gobierno, se habló de intenciones y logros. Esta semana me gustaría recordar también algunos pendientes. Acompáñenme por favor.

La encuesta mensual sobre aprobación presidencial realizada por MITOFSKY para El Economista revela que, al cumplir un año en el desempeño del cargo, la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad (55%), seguida de salud (16.2%) y economía (11.7%).

Con respecto a la percepción de corrupción, 74.9% de los 62,403 ciudadanos encuestados respondió que es “mucha/regular” y 21.1% que es “poca/nada”. (mitofsky.mx)

En cuanto a la principal preocupación de la población, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señaló que en junio de 2025, 63.2% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.9 %) de 2025 y junio (59.4 %) de 2024.

En esta edición, 16 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2025: 6 con reducciones y 10 con incrementos.

En junio de 2025, 68.5 % de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron: Culiacán Rosales, con 90.8; Ecatepec de Morelos, con 90.7; Uruapan, con 89.5; Tapachula, con 88.1 y Ciudad Obregón, con 88.0 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García con 11.0; Piedras Negras, con 16.9; Benito Juárez, con 22.0; Saltillo, con 23.5 y Puerto Vallarta, con 27.3 %.

En cuanto a la expectativa social sobre seguridad pública, en junio de 2025, de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas de interés, 32.5 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Además, 25.4 % de la ciudadanía refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo de 7.3 puntos porcentuales en relación con junio de 2024 cuando se reportó 18.1 %; y de 2.5 puntos porcentuales en relación con marzo de 2025, cuando fue de 22.9%.

En contraste, 16.1 % de la población de 18 años y más respondió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 25.1% manifestó que mejorará.

En lo referente a la percepción del desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública o la defensa nacional en la prevención y combate de la delincuencia, en junio de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 87.5; Fuerza Aérea Mexicana, con 84.0; Ejército, con 83.1; Guardia Nacional, con 72.5; policía estatal, con 52.4, y policía preventiva municipal, con 46.4%. (inegi.org.mx)

Pero para no quedarme solo en el planteamiento del problema, propongo un camino. En mi hipótesis, la solución a esa grave situación debe venir desde lo local, acompañada con una gran coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y, por supuesto, con el concierto de los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Reitero, la solución del grave problema de inseguridad pública en el país debe partir de una política transexenal surgida desde lo local. Es decir, hoy más que nunca los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad con mucha claridad, para lograr soluciones y, además, estar libres de sospecha.

Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.

La periodista Jeanette Leyva Reus, en su columna Moneda en el Aire, ha señalado que las primeras semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) han estado no sólo en el centro de atención por la forma en cómo se integró con “elecciones de ‘acordeón’”, sino también por la actuación de los nuevos ministros, los equipos entrantes y desde luego, la llegada de “perdedores” que están siendo rescatados e integrándose a esta nueva era de justicia nacida del “voto popular”.

“Pero más allá de que seguiremos viendo decisiones interesantes o trascendentes, (ya iremos comentando algunas), siguen movimientos interesantes, como era normal y natural, el nuevo presidente Hugo Aguilar sacó de su ponencia a toda la gente de Norma Piña y, aunque llegaron algunos elementos como Vidulfo Rosales, exabogado de los normalistas de Ayotzinapa, como secretario de Estudios y Cuenta, resulta que lo que era la ponencia de Alberto Pérez Dayán se integró a la del nuevo presidente, lo que da más de 90 puestos, además de que se mantuvo la mayor parte del equipo de Pérez Dayán, lo que sin duda también es un elemento positivo, ya que muchos de ellos tienen experiencia comprobada y los estudios requeridos. Rosales, si bien es muy conocido por defender diversas causas en Guerrero, y de derechos humanos, las opiniones sobre su labor son muy extremas, ahora en ese cargo se verá su profesionalismo”, dijo en su análisis, Leyva Reus. (elfinanciero.com.mx)

Por otra parte, ante la crítica a Hugo Aguilar, quien fue señalado por tener más de 100 asesores, la Suprema Corte señaló que reducirá la plantilla de asesores en un 40% a partir del 1 de octubre, así como personal de seguridad adscrito a la Presidencia.

En su mensaje, el presidente de la Corte destacó que, entre las nuevas medidas adoptadas, se reducirá el personal de seguridad adscrito a la Presidencia e incrementarán la frecuencia y duración de las sesiones en el Pleno, las cuales ahora se realizarán cuatro días a la semana en distintas regiones del país. También informó que se dará atención prioritaria y personalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, aseguró que él no sueña con viajes, carros o bienes materiales.

En rasgos generales, así inicia la actividad la Suprema Corte. Pero a mí me gustaría, en esta entrega, recordar alguno de los pendientes a los que también tendrían que poner atención en esas oficinas: el pago de las liquidaciones.

Existe mucha preocupación de cientos de jueces y magistrados, en retiro, por la falta de certeza sobre el pago de las liquidaciones que les corresponden.

Cabe señalar que La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo —por declinar a participar en la elección judicial o no resultar electos— tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos aún no les ha llegado.

El magistrado Juan José Olvera, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), ha reconocido que hay una situación de incertidumbre entre los jueces y magistrados salientes por no tener claridad de cómo será la entrega de recursos.