La periodista Jeanette Leyva Reus, en su columna Moneda en el Aire, ha señalado que las primeras semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) han estado no sólo en el centro de atención por la forma en cómo se integró con “elecciones de ‘acordeón’”, sino también por la actuación de los nuevos ministros, los equipos entrantes y desde luego, la llegada de “perdedores” que están siendo rescatados e integrándose a esta nueva era de justicia nacida del “voto popular”.

“Pero más allá de que seguiremos viendo decisiones interesantes o trascendentes, (ya iremos comentando algunas), siguen movimientos interesantes, como era normal y natural, el nuevo presidente Hugo Aguilar sacó de su ponencia a toda la gente de Norma Piña y, aunque llegaron algunos elementos como Vidulfo Rosales, exabogado de los normalistas de Ayotzinapa, como secretario de Estudios y Cuenta, resulta que lo que era la ponencia de Alberto Pérez Dayán se integró a la del nuevo presidente, lo que da más de 90 puestos, además de que se mantuvo la mayor parte del equipo de Pérez Dayán, lo que sin duda también es un elemento positivo, ya que muchos de ellos tienen experiencia comprobada y los estudios requeridos. Rosales, si bien es muy conocido por defender diversas causas en Guerrero, y de derechos humanos, las opiniones sobre su labor son muy extremas, ahora en ese cargo se verá su profesionalismo”, dijo en su análisis, Leyva Reus. (elfinanciero.com.mx)

Por otra parte, ante la crítica a Hugo Aguilar, quien fue señalado por tener más de 100 asesores, la Suprema Corte señaló que reducirá la plantilla de asesores en un 40% a partir del 1 de octubre, así como personal de seguridad adscrito a la Presidencia.

En su mensaje, el presidente de la Corte destacó que, entre las nuevas medidas adoptadas, se reducirá el personal de seguridad adscrito a la Presidencia e incrementarán la frecuencia y duración de las sesiones en el Pleno, las cuales ahora se realizarán cuatro días a la semana en distintas regiones del país. También informó que se dará atención prioritaria y personalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, aseguró que él no sueña con viajes, carros o bienes materiales.

En rasgos generales, así inicia la actividad la Suprema Corte. Pero a mí me gustaría, en esta entrega, recordar alguno de los pendientes a los que también tendrían que poner atención en esas oficinas: el pago de las liquidaciones.

Existe mucha preocupación de cientos de jueces y magistrados, en retiro, por la falta de certeza sobre el pago de las liquidaciones que les corresponden.

Cabe señalar que La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo —por declinar a participar en la elección judicial o no resultar electos— tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos aún no les ha llegado.

El magistrado Juan José Olvera, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), ha reconocido que hay una situación de incertidumbre entre los jueces y magistrados salientes por no tener claridad de cómo será la entrega de recursos.

La Constitución dispone que el depositario del poder legislativo en México es un congreso general, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El congreso tiene una serie de facultades importantes entre las que destaca legislar en las materias de su competencia.

Si bien un reciente escándalo sucedido en el congreso tuvo un alcance mediático considerable, eso no es lo que los distingue.

Existen trabajos legislativos importantes y aquí les quiero platicar de uno de ellos que, por cierto, nos atañe a un gran número de mexicanos. Acompáñenme por favor.

A finales de enero del presente año el Diputado Federal Jericó Abramo Masso informó que mediante la creación de una mesa de diálogo con las aseguradoras, hospitales y los usuarios de seguros, desarrollaría una iniciativa de ley para evitar el abuso y  excesos, en el pago final de un siniestro.

Lo anterior, con la finalidad de proteger la economía de las y los mexicanos en caso de presentarse una enfermedad o algún accidente que amerite el uso de este seguro.

 “Debemos de dar protección a las familias; sabemos que los seguros aumentan anualmente de manera exponencial”, enfatizó el priista, para luego agregar que deben darles a conocer a estas empresas cómo se encuentra la economía nacional y ver que hay familias que no pueden mantener este gasto.

El legislador coahuilense comentó que a raíz de que ha recibido diversas quejas de familias que cuentan con algún seguro (GMM), diseñará una iniciativa que modifique la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que apoye, de manera real, las finanzas de cada uno de los mexicanos.

“Debemos de sentarnos todos en la mesa y así avanzar de una vez por todas y eliminar las letras chiquitas que dejan en desventaja siempre al paciente”, puntualizó.

Abramo Masso puso en marcha este proyecto de ley para construir una mejor política pública, con la finalidad de que las personas sean el centro de atención y de esta forma obtengan el mayor de los beneficios.

“Vamos a poner orden a los excesos de las aseguradoras, pero también a los excesos de muchos hospitales que no tienen sentido social, pero sobre todo, que no ponen en el primer plano a los pacientes”, expuso.

Su misión: trabajar con dignidad, firmeza, transparencia y honestidad para que se desarrollen leyes más justas para todas y todos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de 14 personas presuntamente involucradas en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal.

Entre los detenidos se encuentra el Vicealmirante de Marina Manuel Roberto F. L., junto con cuatro elementos activos de la Secretaría de Marina, tres empresarios y cinco exfuncionarios del sistema aduanal. Las detenciones ocurrieron en operativos coordinados en Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México.

García Harfuch detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en la investigación al identificar movimientos financieros que no correspondían con el perfil de los implicados.

Entre las operaciones detectadas se encuentran retiros en efectivo, compra de vehículos de alta gama, adquisición de bienes inmuebles y contratación de pólizas de seguro con montos elevados. La información permitió sustentar las órdenes de aprehensión ejecutadas por elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

El funcionario federal explicó que el caso se relaciona con la incautación de 10 millones de litros de hidrocarburo registrada en marzo de este año en el puerto de Tampico.

Indicó que el proceso de investigación continúa abierto y que se mantiene el objetivo de identificar y capturar a todos los implicados en la estructura delictiva, como parte de la estrategia federal contra la corrupción en el ámbito del comercio ilegal de energéticos.

El pasado viernes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó de la situación de la siguiente manera: 

La investigación que se hizo, a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae nafta—, una sustancia que podría entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos—, el descubrimiento de que en realidad, no era nafta, sino era diésel; la investigación que se realiza; las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, lleva a la detención de estos elementos de la Marina, y a empresarios y a civiles que se dedicaban a este ilícito.

Que provoca un doble daño porque es: el no pagar impuestos por la importación del combustible y, al mismo tiempo, es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex, en nuestro país, no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuesto.