El pasado jueves 20, quién en unos meses será la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a los primeros seis integrantes de su Gabinete presidencia. Ellos son: 

Marcelo Ebrard Casaubón, en la Secretaría de de Economía; Rosaura Ruiz Gutiérrez, será la titular de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Juan Ramón de la Fuente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena Ibarra, en la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegué Sacristán a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Ernestina Godoy Ramos, en la Consejería Jurídica de Presidencia.

Destaca en dicho anuncio la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La importante secretaría quedará a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, licenciada, maestra y doctora en Biología por la Universidad de ciencias de la UNAM, que cuenta, además, con dos doctorados honoris causa.

En su carrera, la doctora, de 2018 a 2023, se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias entre los años 2008 y 2010. Y es integrante del Sistema nacional de Investigadores desde 1985.

Temas muy importantes para la vida pública mexicana le tocará coordinar, dirigir y administrar a la futura secretaria. 

Al respecto, me gustaría enfatizar en uno de ellos, la innovación. Innovar es, en términos prácticos, crear nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas formas de organizar el trabajo. 

Por lo tanto, la innovación brinda la posibilidad de generar empleo, hacer más productivo el trabajo, contar con empresas más competitivas y por tanto lograr una economía más productiva, lo que derivará en un mayor nivel de renta disponible y de bienestar de la población.

En este sentido, en una economía de mercado, como en la que vivimos, las empresas deben encabezar el proceso de desarrollo de la innovación, y al sector público le tocará generar las condiciones y el entorno propicio y brindar su colaboración y recursos para inversión en proyectos innovadores.

La nueva secretaría deberá liderar y coordinar los esfuerzos del conjunto de instituciones públicas y privadas que interactúan en la producción y difusión de tecnología e innovaciones, tales como universidades, centros públicos y privados de investigación y desarrollo, así como las empresas. 

Todo encaminado a dinamizar el esfuerzo científico y tecnológico del país y favorecer y acelerar la inversión privada en el objetivo.

Además, es imprescindible fortalecer el sistema público de ciencia y tecnología y estrechar la vinculación entre los académicos y los empresarios, a través, entre otros medios, de la labor de los parques científicos y tecnológicos como áreas de intersección entre universidades y empresas. 

En conclusión, la misión de la nueva secretaría deberá estar encaminada a lograr plataformas tecnológicas donde participen el sector público, las empresas e inclusive los usuarios, con el fin de llegar al desarrollo de tecnologías cada vez más pertinentes con nuestra realidad.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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Los procesos electorales recién vividos en nuestro país despertaron el interés de una parte importante de nuestra población. Personas que por años se mostraron apáticas a participar en temas políticos se introdujeron en ellos a través de discusiones en redes sociales, pláticas de café, reuniones de amigos o familiares, e incluso participando activamente, en manifestaciones y/o promoviendo el voto y asistiendo a las urnas a sufragar por sus candidatos favoritos. 

Aprovechando ese ánimo renovado por la política, les comparto en este envío un fragmento de la conferencia “La política como vocación”, dirigida  por el sociólogo alemán Max Weber a la Asociación Libre de Estudiantes, en Múnich. 

Por política entenderemos solamente la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, es decir, en nuestro tiempo, de un Estado.

¿Pero, qué es, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política? Tampoco es éste un concepto que pueda ser sociológicamente definido a partir del contenido de su actividad. 

Apenas existe una tarea que aquí o allá no haya sido acometida por una asociación política y, de otra parte, tampoco hay ninguna tarea de la que puede decirse que haya sido siempre competencia exclusiva de esas asociaciones políticas que hoy llamamos Estados o de las que fueron históricamente antecedentes del Estado moderno. 

Dicho Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado está fundado en la violencia”, dijo Trotsky en Brest-Litowsk. 

Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia habría desaparecido el concepto de “Estado” y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos “anarquía”. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico. 

Hoy, precisamente, es especialmente íntima la relación del Estado con la violencia. En el pasado las más diversas asociaciones, comenzando por la asociación familiar, han utilizado la violencia como un medio enteramente normal. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. 

Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia. 

El diputado federal, y futuro senador por el partido Morena, Gerardo Fernández Noroña, una vez ocurrido el triunfo de la izquierda señaló:  “no hay engaño’’, porque se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitan, entre otras la reforma al Poder Judicial. 

Tiene razón Noroña, eso se dijo y ese es el mandato de la ciudadanía, si tomamos en cuenta los resultados de la pasada elección federal, que le dio la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión a la alianza encabezada por el partido Morena. 

En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, con la participación de senadores y diputados federales morenistas, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales morenistas, recordó que la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Baja ya acordó que el paquete de reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó de manera formal en febrero pasado está vigente por lo que la reforma judicial se podrá votar en cuanto se instale la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

Por ser de interés nacional, enumero y recuerdo a ustedes las reformas de las que estamos hablando. 

1. Indígenas y afrodescendientes

El Gobierno propone modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Señala que el Gobierno federal, los estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deben impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar su bienestar.

Propone garantizar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Además de impulsar su economía y fomentar la agroecología, los cultivos tradicionales y el óptimo uso de la tierra.

A los integrantes de las comunidades afromexicanas se les da carácter de sujetos de derecho público y protege su identidad cultural, modos de vida, así como expresiones espirituales.

Se les incluirá en la producción de datos y estadísticas oficiales como censos y encuestas.

2. Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad

La reforma en Materia de Bienestar busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales.

La iniciativa plantea que toda persona con discapacidad menor de 65 años reciba una pensión, además se deberá garantizar su rehabilitación, priorizando a los menores de 18 años.

Que el monto de los recursos de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas a estudiantes sean progresivas; es decir, que no disminuya su monto con los años. Estos recursos serán transferidos directamente a los beneficiarios.