El pasado martes 23 de mayo, aproximadamente a las siete de la mañana, en plena hora pico de tráfico, sobre la calzada de Tlalpan, una de las arterias más transitadas de la capital, un sicario anónimo descargó 12 balas del cargador de una nueve milímetros contra el coche de Ximena Guzmán.
Ocho tiros acabaron en su cuerpo, los otros cuatro en el de su compañero, José Muñoz, ambos del equipo de confianza de la de la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. (elpais.com)
El hecho consternó al país entero, e hizo que creciera aún más la preocupación general por el problema de inseguridad que viven regiones importantes de nuestra nación.
Independientemente de que ese acto criminal requiere de una investigación especial por parte de las autoridades, dada su gravedad y trascendencia, es necesario revisar el panorama general del estado que guarda el país en cuanto uno de los problemas que más preocupan a la población: la inseguridad pública. Y proponer soluciones.
En mi hipótesis, la solución a esa grave situación debe venir desde lo local, acompañada con una gran coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y, por supuesto, con el concierto de los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.
Reitero, la solución del grave problema de inseguridad pública en el país debe partir de una política transexenal surgida desde lo local. Es decir, hoy más que nunca los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad con mucha claridad, para lograr soluciones y, además, estar libres de sospecha.
Como argumento, me permitiré enunciar algunos aspectos del modelo de seguridad pública iniciado en el sexenio que gobernó Rubén Moreira en Coahuila, y que ha continuado tanto con Miguel Riquelme, como con el actual gobernador, Manolo Jiménez.
Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.
En este afán, es fundamental realizar un análisis por cada municipio con el fin de identificar las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad. Esto con el fin de establecer la estrategia adecuada para atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito.
También es necesario entender la geografía del delito y además fortalecer la capacidad municipal en materia de seguridad. Lo que significa que no solo se tiene que invertir en proyectos de seguridad, sino en un plan que implique fortalecimiento de la estructura educativa, más escuelas y de fácil acceso en todos los niveles educativos, para lograr una mayor cobertura.
Invertir además en proyectos de infraestructura, es decir, que el gasto público se oriente hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico, cultural y humano. Esto como parte del fortalecimiento del tejido industrial y empresarial que se requiere para fomentar la generación de fuentes de empleo, acompañada de una agresiva política de fomento económico.
En el otro eje de la estrategia, es indispensable profesionalizar y depurar los cuerpos de seguridad pública. Para ello es necesario aplicar a todo el personal de seguridad exámenes de control y confianza y rechazar tajantemente a quien no los acredite.
Pero a su vez, establecer incentivos tales como incrementar y homologar los salarios de las policías, así como impulsar que en los municipios se les otorgue seguridad social a los elementos de las policías municipales. Además de impulsar la mejora de la policía municipal, a través de capacitación y entrenamiento cotidiano.
Leer más: Seguridad pública: una propuesta de solución desde lo local
La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que este jueves 15 de mayo llegó a la Ciudad de México Ronald Johnson, quien tiene previsto entregar sus cartas credenciales, como embajador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el lunes 19 en Palacio Nacional.
La reciente reforma al Poder Judicial modificó el artículo 95 constitucional para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial por voto directo y secreto.
