Back to Top

contacto@nuestrarevista.com.mx

headerfacebook headertwitter
 

Primer año: La seguridad pública como reto

IMG_1864.jpegEn el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se conmemoró el primer año de su gobierno, se habló de intenciones y logros. Esta semana me gustaría recordar también algunos pendientes. Acompáñenme por favor.

La encuesta mensual sobre aprobación presidencial realizada por MITOFSKY para El Economista revela que, al cumplir un año en el desempeño del cargo, la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad (55%), seguida de salud (16.2%) y economía (11.7%).

Con respecto a la percepción de corrupción, 74.9% de los 62,403 ciudadanos encuestados respondió que es mucha/regular” y 21.1% que es poca/nada”. (mitofsky.mx)

En cuanto a la principal preocupación de la población, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señaló que en junio de 2025, 63.2% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.9 %) de 2025 y junio (59.4 %) de 2024.

En esta edición, 16 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2025: 6 con reducciones y 10 con incrementos.

En junio de 2025, 68.5 % de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron: Culiacán Rosales, con 90.8; Ecatepec de Morelos, con 90.7; Uruapan, con 89.5; Tapachula, con 88.1 y Ciudad Obregón, con 88.0 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García con 11.0; Piedras Negras, con 16.9; Benito Juárez, con 22.0; Saltillo, con 23.5 y Puerto Vallarta, con 27.3 %.

En cuanto a la expectativa social sobre seguridad pública, en junio de 2025, de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas de interés, 32.5 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Además, 25.4 % de la ciudadanía refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo de 7.3 puntos porcentuales en relación con junio de 2024 cuando se reportó 18.1 %; y de 2.5 puntos porcentuales en relación con marzo de 2025, cuando fue de 22.9%.

En contraste, 16.1 % de la población de 18 años y más respondió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 25.1% manifestó que mejorará.

En lo referente a la percepción del desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública o la defensa nacional en la prevención y combate de la delincuencia, en junio de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 87.5; Fuerza Aérea Mexicana, con 84.0; Ejército, con 83.1; Guardia Nacional, con 72.5; policía estatal, con 52.4, y policía preventiva municipal, con 46.4%. (inegi.org.mx)

Pero para no quedarme solo en el planteamiento del problema, propongo un camino. En mi hipótesis, la solución a esa grave situación debe venir desde lo local, acompañada con una gran coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y, por supuesto, con el concierto de los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Reitero, la solución del grave problema de inseguridad pública en el país debe partir de una política transexenal surgida desde lo local. Es decir, hoy más que nunca los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad con mucha claridad, para lograr soluciones y, además, estar libres de sospecha.

Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.

Leer más: Primer año: La seguridad pública como reto

El Poder Judicial Federal y las indemnizaciones pendientes

IMG_1652.jpegLa periodista Jeanette Leyva Reus, en su columna Moneda en el Aire, ha señalado que las primeras semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) han estado no sólo en el centro de atención por la forma en cómo se integró con “elecciones de ‘acordeón’”, sino también por la actuación de los nuevos ministros, los equipos entrantes y desde luego, la llegada de “perdedores” que están siendo rescatados e integrándose a esta nueva era de justicia nacida del “voto popular”.

“Pero más allá de que seguiremos viendo decisiones interesantes o trascendentes, (ya iremos comentando algunas), siguen movimientos interesantes, como era normal y natural, el nuevo presidente Hugo Aguilar sacó de su ponencia a toda la gente de Norma Piña y, aunque llegaron algunos elementos como Vidulfo Rosales, exabogado de los normalistas de Ayotzinapa, como secretario de Estudios y Cuenta, resulta que lo que era la ponencia de Alberto Pérez Dayán se integró a la del nuevo presidente, lo que da más de 90 puestos, además de que se mantuvo la mayor parte del equipo de Pérez Dayán, lo que sin duda también es un elemento positivo, ya que muchos de ellos tienen experiencia comprobada y los estudios requeridos. Rosales, si bien es muy conocido por defender diversas causas en Guerrero, y de derechos humanos, las opiniones sobre su labor son muy extremas, ahora en ese cargo se verá su profesionalismo”, dijo en su análisis, Leyva Reus. (elfinanciero.com.mx)

Por otra parte, ante la crítica a Hugo Aguilar, quien fue señalado por tener más de 100 asesores, la Suprema Corte señaló que reducirá la plantilla de asesores en un 40% a partir del 1 de octubre, así como personal de seguridad adscrito a la Presidencia.

En su mensaje, el presidente de la Corte destacó que, entre las nuevas medidas adoptadas, se reducirá el personal de seguridad adscrito a la Presidencia e incrementarán la frecuencia y duración de las sesiones en el Pleno, las cuales ahora se realizarán cuatro días a la semana en distintas regiones del país. También informó que se dará atención prioritaria y personalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, aseguró que él no sueña con viajes, carros o bienes materiales.

En rasgos generales, así inicia la actividad la Suprema Corte. Pero a mí me gustaría, en esta entrega, recordar alguno de los pendientes a los que también tendrían que poner atención en esas oficinas: el pago de las liquidaciones.

Existe mucha preocupación de cientos de jueces y magistrados, en retiro, por la falta de certeza sobre el pago de las liquidaciones que les corresponden.

Cabe señalar que La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo —por declinar a participar en la elección judicial o no resultar electos— tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos aún no les ha llegado.

El magistrado Juan José Olvera, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), ha reconocido que hay una situación de incertidumbre entre los jueces y magistrados salientes por no tener claridad de cómo será la entrega de recursos.

Leer más: El Poder Judicial Federal y las indemnizaciones pendientes

Las angustias de los seguros de gastos médicos y las iniciativas de Jericó

IMG_1447.jpegLa Constitución dispone que el depositario del poder legislativo en México es un congreso general, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El congreso tiene una serie de facultades importantes entre las que destaca legislar en las materias de su competencia.

Si bien un reciente escándalo sucedido en el congreso tuvo un alcance mediático considerable, eso no es lo que los distingue.

Existen trabajos legislativos importantes y aquí les quiero platicar de uno de ellos que, por cierto, nos atañe a un gran número de mexicanos. Acompáñenme por favor.

A finales de enero del presente año el Diputado Federal Jericó Abramo Masso informó que mediante la creación de una mesa de diálogo con las aseguradoras, hospitales y los usuarios de seguros, desarrollaría una iniciativa de ley para evitar el abuso y  excesos, en el pago final de un siniestro.

Lo anterior, con la finalidad de proteger la economía de las y los mexicanos en caso de presentarse una enfermedad o algún accidente que amerite el uso de este seguro.

 “Debemos de dar protección a las familias; sabemos que los seguros aumentan anualmente de manera exponencial”, enfatizó el priista, para luego agregar que deben darles a conocer a estas empresas cómo se encuentra la economía nacional y ver que hay familias que no pueden mantener este gasto.

El legislador coahuilense comentó que a raíz de que ha recibido diversas quejas de familias que cuentan con algún seguro (GMM), diseñará una iniciativa que modifique la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que apoye, de manera real, las finanzas de cada uno de los mexicanos.

Debemos de sentarnos todos en la mesa y así avanzar de una vez por todas y eliminar las letras chiquitas que dejan en desventaja siempre al paciente”, puntualizó.

Abramo Masso puso en marcha este proyecto de ley para construir una mejor política pública, con la finalidad de que las personas sean el centro de atención y de esta forma obtengan el mayor de los beneficios.

Vamos a poner orden a los excesos de las aseguradoras, pero también a los excesos de muchos hospitales que no tienen sentido social, pero sobre todo, que no ponen en el primer plano a los pacientes”, expuso.

Su misión: trabajar con dignidad, firmeza, transparencia y honestidad para que se desarrollen leyes más justas para todas y todos.

Leer más: Las angustias de los seguros de gastos médicos y las iniciativas de Jericó