Rubén Aguilar Valenzuela
En las pasadas elecciones de junio, uno de los estados donde se hizo más evidente la intervención del crimen organizado fue en Guerrero. Es algo histórico, pero desde 2015 ha crecido su involucramiento.
A buena parte de los candidatos de los distintos partidos, los vetó, quitó y también impuso. Para eso recurrió a las amenazas, a distintos tipos de la violencia y también al asesinato.
La acción estuvo a cargo de los cárteles Las Ardillas, Los Rojos, Los Tlacos, La Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva, Los Viagra, Los Caballeros Templarios y el CJNG. Algunos de estos cárteles cuentan, a su vez, grupos de apoyo en las distintas regiones de la entidad.
Los focos rojos estuvieron encendidos en seis de éstas: Centro, Montaña, Norte, Tierra Caliente, Costa Grande, Acapulco y en la Costa Chica el color fue naranja revela una investigación de David Espino (El Universal, 16.05.21) con base a un mapa de riesgo elaborado por las autoridades estatales.
En la pasada elección 55 candidatos de diversos partidos hicieron campaña protegidos por la policía de acuerdo a la Secretaría de Seguridad del estado, que en ese entonces les recomendó que por "cuestiones de seguridad" no hicieran campaña en zonas lejanas.
Durante los comicios en Tierra Caliente no hubo asesinato de candidatos, pero hay pruebas de que el crimen organizado decidió quienes serían éstos, fueron los únicos que pudieron hacer campaña, y ellos, no había otros, ganaron, como afirma Arturo de Dios Palma (El Universal, 05.07.21).
En esta región los grupos criminales con mayor presencia son CJNG, La Familia Michoacana y un remanente de Los Caballeros Templarios. Son ellos los que decidieron que los candidatos fueran de la alianza PRI-PRD y de Morena. Los demás partidos quedaron excluidos.
El crimen organizado exige, a cambio del apoyo al candidato, que éste se someta a las órdenes que se le dan. De no hacerlo será asesinado. En algún caso puede recibir una advertencia previa, pero en otros no hay tal oportunidad.
Un ejemplo del modo como estos operan, es el caso de Leocadio Ávila, que iba como candidato de la alianza PRI-PRD por la alcaldía de Chilapa. Hombres armados lo interceptaron y le dijeron que no "alborotara" con sus pretensiones de querer ser alcalde, que se desistiera. Era un aviso, pero a "la otra no lo cuentas".
Otro es el de Gregorio Portillo, alcalde de Zirándaro de Los Chávez por Morena, que fue amenazado con la muerte si se presentaba a la reelección. Lo detuvieron con sus escoltas y lo torturaron para darle el mensaje. Dejó su cargo y el municipio. En la elección ganó la morenista Tania Pacheco con el aval del crimen organizado.
Al igual que ellos, fueron amenazados por lo menos una veintena de aspirantes a diputados locales y alcaldes. Los hubo del PRI, PRD, Morena y el MC. Este último hizo público que no presentó candidatos en 15 municipios a causa de las amenazas que recibieron los precandidatos.
En otras ocasiones los candidatos fueron raptados, solos o con familiares, y ahí se les obligó a renunciar, para dejarlos ir. A veces también intervino la tortura. Se dio el caso de que para garantizar que el candidato no se presente a la elección se detuvo como rehén a un familiar hasta que pasó la contienda.
Es evidente que los gobiernos municipales son incapaces de enfrentar al crimen organizado, pero ahora queda claro que en los procesos electorales también lo son los gobiernos estatales y el federal. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? ¿Todo seguirá igual? ¿El crimen organizado será el gran elector?
