Rubén Aguilar Valenzuela 
El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal (1925-2020) calificaba a la familia de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, y de su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta, junto con ocho de sus hijos, como una familia imperial.

La última vez que lo vi en su casa de Managua me enseñó las esculturas que estaba haciendo y me dijo que el gobierno de Ortega y Murillo se parecía, cada vez más, al del dictador Anastasio Somoza.

Me platicó también de los niveles de corrupción de la familia imperial. Un artículo de Wilfredo Miranda y de Lorena Arroyo (El País, 10.04.21) me recuerdan aquella conversación. Los autores documentan la corrupción de esta familia.

Ortega dio su apellido a los hijos de Murillo, al que tuvo en otro matrimonio y a los que tuvo con ella. De los diez que son ocho tienen cargos oficiales y administrativos claves en el gobierno de sus padres.

Tienen rango de asesores presidenciales, controlan el negocio de la distribución del petróleo que viene de Venezuela, dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad que son beneficiadas con contratos estatales.

La excepción es la mayor de diez hermanos, Zoilamérica Ortega Murillo (1967), quien en 1998 denunció a su padrastro que, por años, cuando era menor de edad, fue abusada sexualmente por él.

Ella hizo pública la complicidad de su madre con Ortega y tras denunciarla por "persecución" desde 2013 se exilió en Costa Rica. Ha roto con su familia.

Y también no se incluye en ese grupo a Camilo Ortega Herrera, hijo del presidente y de Leticia Herrera. Nunca ha gozado de los privilegios que tienen los hermanos Ortega Murillo.

Rafael (1968), conocido como Payo, es hijo del mismo padre que su hermana mayor. Desde 2006, cuando Ortega volvió a la presidencia, para los negocios se convirtió en el brazo derecho de su padrastro. Ha estado a cargo de la compra de hoteles, fincas, ganado y de la distribución de petróleo venezolano.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de "administrador de dinero clave detrás de los esquemas ilícitos de la familia Ortega". No puede entrar a ese país.

En ese entonces, el secretario del Tesoro estadounidense dijo que "Rafael y las compañías que posee se usan para lavar dinero para apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense".

Es el único que no reside en El Carmen el conjunto donde vive la familia Ortega Murillo que tiene como núcleo central la casa que la revolución sandinista confiscó al banquero y ex vicepresidente Jaime Morales Carazo. Con el tiempo la han ampliado y ahora se extiende por varias cuadras.

Carlos Enrique (1977) es hijo de otra pareja de Murillo, adoptado por Ortega junto con Zoilamérica y Rafael. Daniel Edmundo (1980) es el primer hijo que tuvo la pareja imperial. Dirige el Canal 4 de televisión.

Por su parte Juan Carlos (1981), que es un rockero, está a cargo de Difuso Comunicaciones. Tiene una gran actividad en redes con consignas sandinistas e insultos al gobierno de los Estados Unidos.

Su hermano Laureano Facundo (1982) es cantante de ópera y mantiene el contacto entre presidencia y la oligarquía nicaragüense. Maurice (1985) dirige Canal 13, está a cargo de los despliegues audiovisuales en los actos públicos de sus padres.

Lo hace en colaboración con su hermana Camila (1987) que también es modelo y diseñadora. Dirige Nicaragua Diseña (semana de la moda). Ella es la sombra de su madre y la acompaña a todos los eventos públicos.

Luciana Catarina (1989) también colabora en el canal. Ella, que es la más pequeña de la familia, fue adoptada por la pareja imperial. Otro hijo de Murillo, de muy pequeño, murió en el trágico terremoto de 1972 que destruyó Managua.

Miranda y Arroyo afirman, lo dicen otros muchos que conocen el funcionamiento de la familia, que Murillo actúa como una matriarca que tiene el control total de sus hijos. Y que, en El Carmen, que algunos califican como el "paraíso", ejerce un poder absoluto.

Rubén Aguilar Valenzuela
En febrero de 2019 fueron detenidos 36,687 migrantes, en el mismo mes de 2020, 100,441 y en marzo de 2021, 171,000, según las autoridades migratorias de Estados Unidos.

La migración se dispara por el incremento de la pobreza y la violencia en México, Guatemala, El Salvador, pero sobre todo Honduras. Y también por la expectativa que despierta la llegada del gobierno de Biden.

El presidente, para hacer frente a esta nueva crisis migratoria nombró a la vicepresidenta, Kamala Harris, para hacerse cargo de ella. Esta tarea implica trabajar de manera estrecha con las autoridades mexicanas y de los países centroamericanos que integran el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

El gobierno de México en apoyo al estadounidense, como ocurre desde la presidencia de Trump, ha intensificado la detención de migrantes centroamericanos en la frontera sur y norte del país y también en las carreteras y aeropuertos.

Entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021, las autoridades mexicanas detuvieron a 31,492 centroamericanos un 18% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Del total de estos arrestos en enero se realizaron 9,737, en febrero 12,148 y en los primeros 21 días de marzo 9,607, de acuerdo al INM.

Los hondureños suman 17,589, los guatemaltecos 9,422 y los salvadoreños 2,249. Las autoridades mexicanas en los primeros meses del año también han detenido a 2,124 migrantes de Bangladesh, Senegal, Mauritania, Nepal, Burkina Faso, Federación Rusa, Israel, Egipto, Sir Lanka, Turquía y Palestina.

De los arrestados en México 23,525 son hombres, 4,529 mujeres y 3,438 menores de edad, de ellos 2,141 acompañados y 1,297 que viajan solos.

La política migratoria de México cambió de manera dramática en el gobierno del presidente López Obrador que cedió a las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas sino se detenía a los migrantes centroamericanos.

Expresión de esta política es que después de la llamada de la vicepresidenta de Estados Unidos, el presidente López Obrador dio instrucciones para reforzar con 10 mil elementos de la Guardia Nacional a los 27 mil que ya están en las fronteras del país, para detener a los migrantes.

De ser México un país de libre tránsito para los centroamericanos, política que se mantuvo por décadas, se pasó a una que impide su entrada y se les persigue, se les caza, ya dentro del territorio nacional.

Rubén Aguilar Valenzuela
En África, el presidente de Tanzania John Pombe Joseph Magufuli (1959-2021), como lo han hecho otros gobernantes populistas, se negó a que se utilizaran tapabocas, para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

A partir de sus creencias religiosas, es un católico ferviente, afirmó que "es tiempo de mirar a Dios y no depender de las mascarillas" y se negó a cerrar los lugares de culto porque en ellos era donde estaba Dios y se curaban los males.

Como otros populistas también minimizó los efectos de la pandemia y rechazó imponer la cuarentena. Sostuvo diversas teorías conspirativas sobre las vacunas.

Magufuli, que empezaba su segundo mandato después de su triunfo en las elecciones de octubre de 2020, murió el 16 de marzo de 2021 por complicaciones relacionadas con el corazón, de acuerdo a la versión oficial. Otros dicen que por Covid-19.

Era matemático y tenía un doctorado en Ciencias químicas, por la Universidad de Dar es-Salam. Desde joven ingresó a la política. Fue diputado y ministro en diversas administraciones.

En 2015 ganó por primera vez las elecciones presidenciales con el 58 % de los votos. En 2016 inició su mandato con el 90 % de aprobación, pero dos años después ya solo tenía el 55 %.

Temas centrales de su gobierno fueron la lucha contra la corrupción, el abstencionismo laboral en el gobierno, y el desarrollo de la infraestructura, de manera señalada en el sector ferroviario.

Prohibió los viajes innecesarios de los funcionarios públicos al extranjero. Y ordenó que se utilizaran vehículos más baratos y redujeran los gastos en la gestión de las oficinas de gobierno.

A El Bulldozer, como se le conocía, sus seguidores lo veían como un líder fuerte y carismático. Le eran incondicionales. Los que no estaban con él como un populista antidemocrático y represivo.

Lo acusaban, como también lo señalaban organismos defensores de los derechos humanos, de violentar sistemáticamente la libertad de expresión. Tres periódicos, seis cadenas de televisión y 21 emisoras de radio fueron cerradas por decreto.

Se le condenaba también por arrestar y juzgar a dirigentes políticos a quienes acusaba del delito de incitación al odio. Durante su mandato ejerció un control político total. Y utilizó las instituciones del Estado, para sostener, a toda costa, su proyecto.

Mientras trabajaba estas notas sobre el presidente de Tanzania ocurrió su muerte. De acuerdo a la Constitución la vicepresidenta Samir Sulu Hassan asumió el cargo. Se convierte en la primera presidenta de un país del Este de África. Ya veremos si será o no una populista.
 

Rubén Aguilar Valenzuela
En el año fiscal 2021-2022, el gobierno de Estados Unidos estima detener a 2 millones 128,000 migrantes sin papeles que van a ingresar por su frontera sur.

Se estima serán 1 millón 100 mil de adultos solteros (51.6%) 825 mil personas en unidades familiares (39%) y 200 mil menores no acompañados (9.4%).

En el año fiscal de 2019 se detuvieron a 900 mil migrantes y en 2020, ya con la pandemia, a 400 mil. En 2021, de cumplirse las proyecciones implicaría un aumento de 400 por ciento.

Para dimensionar el problema cabe señalar que 2006 fue el último año que superó el millón de migrantes sin papeles. Antes, en 1986 se detuvo a 1 millón 690 mil migrantes y en 2000 a 1 millón 670 mil.

El aumento de los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos, tiene lugar a pesar de la militarización de las fronteras sur y norte de México.

El número de las detenciones ha crecido conforme avanza el año fiscal. En enero fueron 78,442 las detenciones, en febrero 100,441 y en marzo 171 mil.

Un reporte de The Washington Post calcula que ingresan diariamente a Estados Unidos mil migrantes que "escapan" a la Patrulla Fronteriza.

De ser así al año ingresarían al territorio estadounidense 365 mil migrantes sin papeles. No se ofrece el número de cuántos de estos después son arrestados y deportados y cuántos se quedan.

El aumento de los migrantes se explica por la crisis económica estructural en la región centroamericana y México y también por el crecimiento en los niveles de violencia.

A estas crisis se agrega los efectos de la pandemia en las economías de la región que ha elevado, de manera dramática, el número de los pobres y desempleados.

Mientras permanezcan estas condiciones o se agraven, la migración seguirá creciendo. La administración del presidente Biden ha entendido esta situación.

Y ha planteado un proyecto con el propósito de modificar las causas de la migración en Honduras, Guatemala y El Salvador. Se contempla la inversión de 4 mil millones de dólares.

En el gobierno del presidente Vicente Fox se diseñó el Plan Puebla-Panamá con el mismo propósito, que estuvo a cargo de Florencio Salazar. La propuesta era buena, pero fracasó porque no se le inyectaron recursos.