El artículo anterior publicado en Etcétera (12.08.21), Las estrategias operativas, para articular la comunicación de los presidentes populistas de América Latina, se dedicó a identificar las estrategias operativas que les son comunes. En esta ocasión se analiza el discurso.
 
Los presidentes populistas que se contemplan son: En América del Norte al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (67). En Centroamérica a Daniel Ortega (76) y Rosario Murillo (70), presidente y vicepresidenta de Nicaragua y a Nayib Bukele (39), presidente de El Salvador.
 
En América del Sur a Nicolás Maduro (58), presidente de Venezuela; Jair Bolsonaro (65), presidente de Brasil; Alberto Fernández (62) y Cristina Kirchner (68), presidente y vicepresidenta de Argentina; y a José Pedro Castillo (52), presidente de Perú.
 
Se hace una distinción entre la forma y el contenido del discurso propio de los presidentes populistas de la región. En ocasiones el deslinde entre forma y contenido es muy tenue.
 
- Forma
 
Algunos de los elementos más comunes que caracterizan la forma son:

 
- Contenido
 
Algunos de los temas más comunes en el discurso son:

 
En términos de la forma y el contenido no hay diferencias relevantes entre los populistas de izquierda y de derecha. En lo que se dice hay algunos cambios, por ejemplo, quienes son los "enemigos", pero la forma, la estructura y el fraseo del discurso es la misma. Las diferencias que puede haber son más propias de la personalidad de cada uno de ellos.

Rubén Aguilar Valenzuela 
De diciembre de 2018 a julio de 2021, ya en tiempos de la administración del presidente López Obrador, han sido asesinados 68 activistas sociales, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (Segob). Una investigación de El Universal (15.07.21) contabiliza 61 asesinatos y de ellos identifica que 42 eran indígenas y campesinos que luchaban por el agua, la tierra y el territorio de sus comunidades.

El informe Situación de la Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de México, elaborado por el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, señala que en 2020 más de la mitad de los activistas asesinados reivindicaban la tierra y el territorio y que la mayoría eran indígenas.

Esta organización asegura que en los últimos años, los crímenes contra los activistas sociales se han mantenido en los mismos niveles, pero lo que sí ha cambiado es el discurso del presidente López Obrador que desacredita y estigmatiza la defensa de los derechos humanos con lo que se crea un ambiente hostil, para los activistas sociales.

El capítulo México de Amnistía Internacional (AI) afirma que "desde las autoridades se desacredita la labor de defensa, no se entiende que oponerse a un megaproyecto o a una obra no quiere decir que las personas están en contra de todo el gobierno, sino que es su derecho (...) descreditar a las personas defensoras puede contribuir a generar un clima de hostilidad y, de alguna manera, legitima los ataques, aún cuando no vienen de parte del gobierno".

De acuerdo a CEJIL las solicitudes de protección se han multiplicado por diez, pero el programa de mecanismos de protección continúa con el mismo presupuesto y recursos de hace diez años. Esto en un país donde los activistas sociales tienen que enfrentarse a grupos criminales que se disputan el territorio y los homicidios ocurren en regiones donde el Estado no está presente, es complaciente o tiene vínculos con esos grupos.

AI advierte que en la "investigación de los asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio, los servicios de procuración de justicia son particularmente lentos y omisos. Se permanece muchos años sin tener verdad, justicia ni reparación para las familias de las víctimas", y plantea la necesidad de que el gobierno reconozca "la gravedad del problema y garanticen o doten de las herramientas y recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que puedan desarrollar su labor plenamente".

La investigación de El Universal establece que del total de los asesinatos de activistas sociales, 24 ocurrieron en Oaxaca, diez en Guerrero, seis en Chiapas, cinco en Chihuahua, tres en Sonora y dos, en cada uno, en Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Con un caso cada uno están Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas. En 14 entidades federativas ha habido el asesinato de por lo menos un activista social.

CEJIL y AI, cada uno por su cuenta, están de acuerdo en manifestar la debilidad y las fallas del funcionamiento de los mecanismos de protección. Un porcentaje de defensores contaban con él cuando fueron asesinados. Es un hecho que "el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y la vida de las personas defensoras en México y son casi cotidianas los ataques e incluso asesinatos". ¿Hasta cuándo?

Rubén Aguilar Valenzuela 
Después de las elecciones del pasado junio, los presidentes de los tres partidos que conforman la agrupación Va por México (PAN-PRI-PRD) nombraron a sus representantes, para trabajar en la construcción de una agenda legislativa común.
 
La comisión está conformada por los ahora coordinadores de las próximas bancadas de esos partidos en la Cámara de Diputados: Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Luis Cházaro (PRD). En estos tres últimos meses han sostenido decenas de reuniones.
 
En versión de los integrantes de la comisión la alianza Va por México es sólida y se va a mantener unida en la LX Legislatura. Hay una agenda común, pero también los partidos tendrán agendas propias.
 
Los principales temas de la agenda compartida son: Defensa de las instituciones de la República; defensa de los principios constitucionales; defensa de la democracia y defensa del federalismo.
 
También han acordado ir juntos en los temas presupuestales y tener una posición que no solo sea de contención a las iniciativas de Morena y sus aliados, que es necesaria, sino desarrollar una intensa actividad propositiva.
 
Otro acuerdo es que van a buscar a las otras fuerzas opositoras, para que se sumen a las iniciativas de la agenda común, pero también están abiertos a escuchar sus propuestas.
 
Los diputados del PAN, PRI y PRD en esta próxima legislatura son 200. La alianza les resultó muy rentable y juntos obtuvieron 67 diputaciones que de otra manera no habrían logrado.
 
Romero, Moreira y Cházaro dicen estar abiertos a una discusión parlamentaria seria, en temas que no vayan contra de la agenda compartida, y que nunca aceptarán iniciativas de todo o nada.
 
Saben que el presidente mandará propuestas con el fin de imponerlas y una vez que no pasen echará la culpa a la oposición. Es un discurso que alimenta a su base, pero nada más.
 
Asumen que el presidente ya no puede reformar la Constitución a su antojo. Ya no cuenta con la mayoría calificada para hacerlo. Abre un escenario distinto a la pasada legislatura.
 
Hay muchas expectativas sobre cómo van a actuar el bloque Va por México en la próxima legislatura. La agenda compartida la darán a conocer antes que inicien los trabajos de la nueva Cámara de Diputados. Que exista es algo en sí mismo positivo.

Rubén Aguilar Valenzuela
La amenaza de muerte que el pasado 9 de agosto difundió el Cártel Jalisco nueva Generación en contra de la periodista Azucena Uresti y la agresión al trabajo de El Universal, Televisa y Milenio advierte, una vez más que ejercer el periodismo en México es una actividad del más alto riesgo.
 
La violencia contra el ejercicio de la prensa libre es un fenómeno que viene desde hace 20 años, pero es la primera vez que ocurre una amenaza de este carácter en la Ciudad de México. Antes siempre se había dado en los estados. Habla de una escalada.
 
Nadie, menos el gobierno Federal y es de la Ciudad de México, pueden ignorar esta realidad. El crimen organizado ha decidido amenazar a los periodistas y a los medios en la capital de la República. Ocurre en un sitio donde antes no lo había hecho. Ahora sabe que lo puede hacer. No es un dato menor.
 
De 1994 a lo que va de 2021 han sido asesinados 129 informadores a consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, según el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En lo que va del sexenio del presidente López Obrador no ha hecho lo que le corresponde, para encarar el problema cuanto éste es todavía más grave que en los gobiernos anteriores. Y señalan que los criminales saben que gozan de total impunidad.
 
Advierten que en este creciente ambiente de violencia contra el periodismo, el presidente contribuye a su construcción con su permanente crítica y descalificación a informadores y medios en sus comparecencias mañaneras. Para estos organismos la posición del presidente violenta la libertad de expresión, pero él dice que se acoge a ella, para manifestarse contra la prensa.
 
Plantean también que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles y que con frecuencia han fallado y los informadores, a pesar de contar con ellos, han sido asesinados. Solicitan al gobierno un cambio de paradigma, para garantizar la vida de los comunicadores y el ejercicio pleno de una prensa libre, que no se deje condicionar por las amenazas del crimen organizado.
 
A propósito de la recuente amenaza, En defensa de la libertad de expresión (10.08.21), documento suscrito por 22 de los medios más importantes del país, se plantea la posición de los periodistas y los medios ante la situación: "Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos con esta expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos".
 
Y también que, "esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiere dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada". El presidente ha manifestado su solidaridad con Azucena Uresti y ha reprobado el hecho, pero no lo ha condenado a nombre del Estado mexicano.
 
El documento termina poniendo de manifiesto una trágica realidad: "México s uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estad Mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatización". Es un claro mensaje del presidente López Obrador. Todavía no se pronuncia ante esta demanda. ¿Lo hará?