Rubén Aguilar Valenzuela

 Desde 2016 en el Seminario Violencia y Paz, que Sergio Aguayo dirige en El Colegio de México, se propusieron investigar las razones por las cuales se redujeron sustancialmente el número de homicidios y desapariciones en el estado de Coahuila.

Y al mismo tiempo rescatar la esencia del "Modelo Coahuila" para, en su caso, proponer una fórmula replicable que pueda mejorar el combate al crimen organizado y la atención integral a las víctimas.

Los resultados de la investigación se publican en  "Reconquistar" La Laguna. Los Zetas, el Estado y la sociedad civil organizada, 2007-2014 (El Colegio de México, 2020) obra de Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, de la Universidad Iberoamericana.

El estudio se centra en la región de La Laguna a la que califican como "la experiencia más exitosa en la construcción de la paz en México".

Los investigadores plantean que en Coahuila el gobierno federal y estatal mantenían una posición pasiva e indiferente ante los graves hechos de violencia, pero "el cambio vendría a partir de 2011 debido a una serie de hechos violentos, a un viraje de fondo de la estrategia federal y a la llegada de Rubén Moreira a la gubernatura en diciembre de 2011".

Y añaden que "durante el sexenio de Rubén Moreira (1 de diciembre de 2011 a 30 de noviembre de 2017) desapareció la pasividad. Los Zetas fueron contenidos, descabezados y fragmentados".

Los autores afirman que la reducción de la violencia y los crímenes dolosos se explica porque el gobernador "concedió mucha atención a recuperar el control sobre las corporaciones policíacas". Como parte de este esfuerzo mencionan las pruebas de control de confianza, el nombramiento por parte de la policía estatal de los directores de las policías municipales y la creación de la policía de élite.

Señalan también que "el gobierno de Rubén Moreira atacó a la organización criminal reduciendo sus ingresos y erosionando sus bases sociales y culturales". Las políticas que implementó el gobierno las dividen en dos: El ataque a las finanzas criminales y Cultura y sociedad.

En el primer caso ubican nueve políticas: 1) Erradicar las maquinitas tragamonedas; 2) Evitar la venta ilegal de alcohol; 3) Clausurar casinos; 4) Prohibición peleas de gallos y carreras de caballos; 5) Cierre de table dance; 6)  Clausura de los "yonkes"; 7) Instalar bloqueadores de celulares en los Ceresos; 8) Combate a la venta ilegal de gasolina; 9) Exigir que todos los vehículos trajeran placas.

Y en el segundo cuatro políticas: 1) Destruir los altares de la Santa Muerte; 2) Frenar la difusión de narcocorridos en radios; 3) Alentar la cultura de la denuncia; 4) Crear empleos, promover el deporte, la educación y otras actividades.

Los autores dicen que "nos resulta imposible precisar cuál fue el peso de cada una de estas medidas. Seguramente se conjuntaron con otros factores y actores (entre otros, el viraje en la estrategia federal). Lo verificable es que las cifras de homicidios y desaparecidos empezaron a disminuir aceleradamente".

Uno de los propósitos centrales del Seminario sobre Violencia y Paz es registrar y reconocer los aportes de las organizaciones de la sociedad civil. Aguayo y Dayán entrevistaron a Miguel Riquelme, ahora gobernador del estado, que fue secretario de Gobierno de Rubén Moreira, quien afirma que cuando llega el nuevo gobierno "se empezaron a dar las primeras reuniones con familiares, víctimas de desaparición forzada o víctimas de la violencia. Los primeros encuentros fueron muy, muy ríspidos hasta conformar un modelo de diálogo con ellos que hasta ahora es ejemplo nacional. Ellos tuvieron que luchar mucho para poder cambiar el actuar de muchas instituciones, hay que reconocerlo, lucharon mucho para cambiar nuestro marco jurídico... entre sociedad y gobierno hemos hecho lo que nos toca".

Aguayo y Dayán sostienen que "Coahuila se convirtió en ejemplo nacional para el diálogo entre víctimas y autoridades, y para la creación de legislación y política pública". Y también que en materia de hallazgos de restos óseos el estado se "ha convertido en un referente para todo el país en la búsqueda en el campo".

Los investigadores señalan que "Coahuila es excepcional por la rara coordinación y convergencia de actores gubernamentales de los tres niveles. Es igualmente notable la disposición gubernamental a escuchar y atender las peticiones de empresarios y colectivos de víctimas. Los primeros pedían una policía metropolitana y el combate a los secuestros; los segundos, verdad, justicia y atención especializada".

Y afirman que "Rubén Moreira tomó posesión como gobernador en diciembre de 2011. Durante la campaña se había comprometido a combatir a los cárteles. Cumplió".

En su versión "a partir de 2013 cayó el número de homicidios y desapariciones gracias a políticas públicas surgidas por una combinación de acciones deliberadas y coincidencias afortunadas. Hubo tres hechos clave:
 

  1. Personas y grupos sociales dispuestos a resistir a los violentos y a dialogar con las autoridades. Los liderazgos principales provinieron de algunos empresarios e incluyeron a un puñado de familiares de víctimas. Sus peticiones se plasmaron en el Mando Especial, y en leyes y programas pensados para atender la problemática de los desaparecidos;
  2. Dos gobernadores, Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, se tomaron en serio la defensa de la seguridad y la promoción de los derechos humanos. Al hacerse responsables obtuvieron el apoyo de tres presidentes de la República y de los alcaldes laguneros. Tomar en cuenta las propuestas de la sociedad ayudó en la forja de un consenso; y,
  3. El viraje estratégico adoptado por Felipe Calderón y mantenido por Enrique Peña Nieto. Decidieron atacar a los Zetas, la organización criminal que recurría a la brutalidad sistémica contra la población. Instalaron en Monterrey un Centro de Fusión de Inteligencia y Operatividad y aprobaron la creación del Mando Especial para La Laguna. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha seguido apoyando el Mando Especial.


"Reconquistando" La Laguna
Los Zetas, El Estado y La Sociedad Civil Organizada 2007-2014
Sergio Aguayo y Jacobo Dayán
El Colegio de México
México, 2020
pp. 167