La prensa en México bajo amenaza permanente

Rubén Aguilar Valenzuela
La amenaza de muerte que el pasado 9 de agosto difundió el Cártel Jalisco nueva Generación en contra de la periodista Azucena Uresti y la agresión al trabajo de El Universal, Televisa y Milenio advierte, una vez más que ejercer el periodismo en México es una actividad del más alto riesgo.

La violencia contra el ejercicio de la prensa libre es un fenómeno que viene desde hace 20 años, pero es la primera vez que ocurre una amenaza de este carácter en la Ciudad de México. Antes siempre se había dado en los estados. Habla de una escalada.

Nadie, menos el gobierno Federal y es de la Ciudad de México, pueden ignorar esta realidad. El crimen organizado ha decidido amenazar a los periodistas y a los medios en la capital de la República. Ocurre en un sitio donde antes no lo había hecho. Ahora sabe que lo puede hacer. No es un dato menor.

De 1994 a lo que va de 2021 han sido asesinados 129 informadores a consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, según el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En lo que va del sexenio del presidente López Obrador no ha hecho lo que le corresponde, para encarar el problema cuanto éste es todavía más grave que en los gobiernos anteriores. Y señalan que los criminales saben que gozan de total impunidad.

Advierten que en este creciente ambiente de violencia contra el periodismo, el presidente contribuye a su construcción con su permanente crítica y descalificación a informadores y medios en sus comparecencias mañaneras. Para estos organismos la posición del presidente violenta la libertad de expresión, pero él dice que se acoge a ella, para manifestarse contra la prensa.

Plantean también que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles y que con frecuencia han fallado y los informadores, a pesar de contar con ellos, han sido asesinados. Solicitan al gobierno un cambio de paradigma, para garantizar la vida de los comunicadores y el ejercicio pleno de una prensa libre, que no se deje condicionar por las amenazas del crimen organizado.

A propósito de la recuente amenaza, En defensa de la libertad de expresión (10.08.21), documento suscrito por 22 de los medios más importantes del país, se plantea la posición de los periodistas y los medios ante la situación: "Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos con esta expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos".

Y también que, "esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiere dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada". El presidente ha manifestado su solidaridad con Azucena Uresti y ha reprobado el hecho, pero no lo ha condenado a nombre del Estado mexicano.

El documento termina poniendo de manifiesto una trágica realidad: "México s uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estad Mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatización". Es un claro mensaje del presidente López Obrador. Todavía no se pronuncia ante esta demanda. ¿Lo hará?

Venezuela, otra oportunidad

Rubén Aguilar Valenzuela
En los últimos siete años el gobierno y la oposición venezolana se han encontrado en cinco ocasiones para negociar una salida a la crisis política, económica y social que vive el país. Las cuatro anteriores han fracasado de manera rotunda.

La quinta, que inició en la Ciudad de México el viernes pasado, ha sido recibida con escepticismo por la sociedad venezolana. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, plantea que sus investigaciones cualitativas se sintetizan en una frase: "Chavistas y opositores pónganse de acuerdo".

Y también que la gran mayoría de los venezolanos quiere "salidas pacíficas". La sociedad, añade, ve con buenos ojos el diálogo, pero "tiene claro que el Gobierno de Maduro es más fuerte y tiene ventaja. Esa desigualdad de condiciones fundamenta el pesimismo de muchas personas."

Por parte de la oposición participan los cuatro más importantes partidos: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, lo que se conoce como el G4. Hay otras fuerzas políticas más pequeños, pero no están representadas.

La oposición está fragmentada. Es su más importante debilidad, aunque ahora se les ve más unidos que en otras ocasiones. Juan Guaidó, reconocido todavía como presidente interino por muchos países, ha dicho que en la oposición ahora "hay unidad para enfrentar los procesos que vienen en la negociación".

La mediación, por acuerdo de las partes, está en manos de Noruega, y participan como acompañantes Rusia y Holanda. Las posiciones de inicio son claras. El gobierno quiere se levanten las sanciones económicas internacionales y la oposición exige garantías, para que las elecciones sean realmente tales en las regionales del próximo noviembre y en las presidenciales de 2024.

El punto final del proceso de negociación es cómo restaurar el orden institucional democrático. En la Venezuela de hoy no hay ninguna institución elegida por esta vía. Aquí está la base de la actual crisis. Si esto no se logra, la situación seguirá siendo la misma. Quien sufre el estado de cosas es la población. En los últimos diez años han salido del país cuatro millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida.

En el Museo de Antropología, el viernes por la tarde, el gobierno y la oposición acordaron la agenda y las reglas del juego. El diálogo se rige bajo el principio de que "nada está acordado hasta que todo lo esté", pero "las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que el o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o, al menos, verificable antes del término de la negociación".

El memorándum, firmado por las partes, fija siete prioridades: "Derechos políticos para todos; garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de sanciones y restauración de derecho a activos; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado".

Quien actúa como mediador del proceso, el diplomático noruego Dag Nylander, subrayó al final del primer encuentro, que "la crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos" y que "el resultado dependerá de estos actores políticos, nadie más". La sociedad venezolana y la comunidad internacional están atentos a lo que pueda resultar de este proceso. La crisis política, económica, pero sobre todo social de Venezuela, exige que las partes se pongan de acuerdo, para sacar al país de la situación en la que ahora se encuentra.

Las estrategias operativas, para articular la comunicación de los presidentes populistas de América Latina

Rubén Aguilar Valenzuela

Semanas atrás en la Revista Etcétera analicé la estrategia de comunicación y el discurso de los presidentes populistas de América donde identifico a nueve: En América del Norte al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (67). En Centroamérica a Daniel Ortega (76) y Rosario Murillo (70), presidente y vicepresidenta de Nicaragua y a Nayib Bukele (39), presidente de El Salvador.

En América del Sur a Nicolás Maduro (58), presidente de Venezuela; Jair Bolsonaro (65), presidente de Brasil; Alberto Fernández (62) y Cristina Kirchner (68), presidente y vicepresidenta de Argentina; y a José Pedro Castillo (52), presidente de Perú. En términos de las estrategias operativas que adoptan no existen diferencias significativas.

El análisis muestra que en este campo es donde la coincidencia es más evidente y clara. En todos los casos, no importa si son de derecha o izquierda, es el fundamento de la articulación de su estrategia de comunicación y del discurso, pero también de su manera de hacer política. Las estrategias operativas que comparten y son:

Presentarse como antisistema, pese a que todos han sido siempre parte del sistema político de sus países.
Capitalizar a su favor la indignación ciudadana frente a la corrupción de los gobiernos anteriores y ante los altos niveles de inseguridad en sus países.
Proponerse como la única solución a los grandes problemas del país. Plantarse como mesías salvadores.
Asumirse como los únicos y verdaderos representantes del pueblo. Son su encarnación.
Hacer referencia continua a Dios y la Biblia como sustento de su política. Acercarse a los grupos evangélicos más conservadores.
Polarizar a la sociedad con un discurso maniqueo de buenos y malos. Se promueve la confrontación entre los de "arriba" y los de "abajo".
Crear siempre enemigos. Se les acusa de atentar contra su persona o proyecto. Son indispensables en la construcción de su narrativa.
Valerse de la mentira o verdades a medias. Se tienen otros datos. Construir una realidad alterna a la que realmente es.
Descalificar y minimizan a los otros poderes del Estado y a los órganos autónomos. Utilizar las instituciones del Estado, para investigar y golear a sus adversarios.
Hacer uso constante de la historia Patria, la que se aprendió en los libros escolares. Citar continuamente a los héroes oficiales.
Agredir de manera sistemática a los medios y periodistas que no piensan igual que ellos y que no apoyan su proyecto.
Utilizar mecanismos, para tener una comunicación directa con su base social y simpatizantes. Uso intensivo de las redes sociales.
Dirigirse solo a su base y simpatizantes. Decirles lo que éstas quieren oír. Los demás no existen.
Promover el culto a su personalidad a través de múltiples mecanismos.
Presentarse como víctima de un posible golpe de Estado cuando tienen el control del Ejército y todos los poderes.
Culpar al pasado de todos los males. No hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.
Asumirse como moralmente superiores a los que consideran sus enemigos.
Relativizar la ley y ponerse por encima de la Constitución. Ellos son sus únicos intérpretes válidos.
Proponerse siempre estar presente en los medios. Es clave en su estrategia de comunicación y en el conjunto del proyecto.

Revocación de mandato, pero no a modo

Rubén Aguilar Valenzuela
La discusión sobre la posibilidad de una consulta de revocación de mandato del presidente ha provocado una intensa discusión política y legal. Todavía no existe la ley reglamentaria, para organizarla.

Hay quienes sostienen que la revocación de mandato no tiene sustento legal porque no es propio de un sistema político presidencial donde el mandatario es elegido para que cumpla un determinado período como lo señala la Constitución.

Se plantea también que las modificaciones constitucionales que se hicieron adolecen de errores y son muy ambiguas, para poder implementar con claridad una consulta de esta índole. La ley aprobada tiene claros vacíos.

Mi posición es que el Congreso con mucho cuidado, ante la importancia de lo que está en juego, debe darse todo el tiempo para hacer las modificaciones a la ley y trabajar en el diseño de unas sólidas normas reglamentarias.

En el entendido que se establece la ley para que la consulta de revocación de mandato entre en vigor a partir del próximo sexenio y no en este. La oposición, de manera inexplicable, cuando votó a favor de la ley no dejó en claro que así era. La actual se presta a interpretaciones.

Para el presidente este ejercicio es un acto de propaganda política. Ese es su único interés con la seguridad de que en cualquier hipótesis gana. Si se presentan a votar 20 millones, todavía más o incluso menos, pero el 90 por ciento dice que se quedé ya ganó. Sin importar no se alcance el 40 por ciento de participación del padrón electoral, unos 40 millones de electores, que exige la ley, para que la consulta sea vinculante.

Después del resultado tiene el dato para salir a decir que la gran mayoría de los mexicanos quiere que continúe en su cargo. Si el presidente antes pensó en la posibilidad de cambiar la Constitución para reelegirse o ampliar su mandato ya no tiene la mayoría calificada en el Congreso, para hacer eso una realidad.

Ahora la oposición debe proponerse, con argumentos legales, impedir se celebre la consulta de revocación de mandato el próximo 21 de marzo, para que entre en vigor el próximo sexenio. No se niega a este tipo de consulta, sino que, como debe ser, la transfiere para que pueda convocarse en el siguiente gobierno.

Si no lo logra, y de todos modos se celebra, pienso que la oposición debe promover una intensa participación ciudadana y pedirle que vote para que el presidente deje su cargo. Esto, para impedir que éste, después del ejercicio, diga que el 90 por ciento de los mexicanos lo ratifica.

En cualquier caso, no es lo mismo si el presidente es refrendado por el 50 ó 60 por ciento de los participantes, incluso por menos, que por el 90 por ciento de los mismos, que es como lo imagina el presidente. La invitación a abstenerse juega a su favor.

En las actuales circunstancias, en cualquier caso, la consulta de revocación de mandato es una mala idea, pero si se realiza no hay que jugar a favor de los intereses político-comunicacionales del presidente. Que no sea si depende de la claridad y la capacidad de convocatoria de la oposición.

Desaparecidos

Rubén Aguilar Valenzuela
En lo que va del gobierno del presidente López Obrador han desparecido 21,546 personas al cierre del primer semestre de 2021, de acuerdo al informe dado a conocer el pasado julio por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

La cifra total de desaparecidos a nivel nacional que reconoce la actual administración federal es de 89,488 y de éstos uno de cada cuatro casos han sucedido en esta administración.

En los últimos 15 años, el que registra el mayor número de desparecidos es 2019 con 9,186 casos. En 2020 disminuyó a 8,377, pero se sitúa como el segundo año con más desparecidos desde 2006. En el primer semestre de 2021 se registraron 3 mil 367 desapariciones.

Los estados con el mayor número en lo que va de este sexenio son: Jalisco con el 18.3 % (3,367); Ciudad de México con el 8.1 % (1,757); Michoacán con el 8.0 % (1,739); Nuevo León con 6.9 % (1,503) y Tamaulipas con 6.7 % (1,455).

Los estados que siguen son: Estado de México con 6.3 % (1,369); Guanajuato con 5.9 % (1,289); Sonora con 5.9 % (1,273); Sinaloa con 5.3 % (1,141) y Zacatecas con 4.5 % (983). En estos diez estados se concentra el 67.9 % (15,840) de los desaparecidos.

En el mismo informe Encinas sostiene que en lo que va del sexenio se han localizado 1,749 fosas clandestinas, en las que se exhumaron 3,025 cuerpos. De estos se han logrado identificar al 38.11 % que equivale a 1,153 personas.

Del total de los cuerpos exhumados 2,203 permanecen en resguardo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR) y 822 han sido ya entregados a sus familiares.

De las 1,749 fosas clandestinas que se han encontrado en lo que va de esta administración: 117 (6.6 %) se han localizado en el Municipio de Tecomán, Colima; 77 (4.4 %) en Úrsulo Galván, Veracruz; 77 (4.4 %); 77 (4.4 %) en Acapulco, Guerrero; 66 (3.7 %) en Playa Verde, Veracruz, y 65 (3.7 %) en Salvatierra, Guanajuato.

Los municipios que siguen son: Ahome, Sinaloa, 63 (3.6 %); Mazatlán, Sinaloa, 48 (2.7 %); Manzanillo, Colima, 39 (2.2 %); Acámbaro, Guanajuato, 37 (2.1 %) y Puerto Peñasco, Sonora, 35 (2.0 %).

Los datos que proporciona Encinas muestran, con contundencia, que en lo que va de esta administración el número de las desapariciones ha aumentado con relación a las anteriores. El problema ahora es más grave.

Esta información, que debería estar presente todos los días, ha pasado a segundo o tercer plano. Los medios y la sociedad se han acostumbrado y ya no pone la importancia que se debe a este tipo de noticias.

A más de la tragedia que implica para las familias la desaparición de alguno de sus integrantes, todos con rostro propio, pone en evidencia la incapacidad del Estado mexicano, para hacer frente a este terrible problema. ¿Hasta cuándo?

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Página 135 de 201