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La diva del blues

Rubén Aguilar Valenzuela
La madre del blues (Estados Unidos, 2020) del director George C. Wolfe es una adaptación, para el cine de la obra teatral homónima escrita en 1982 por August Wilson.

En 1927, la pionera del blues Ma Rainey (Viola Davis) graba un disco en un estudio. Los cuatro integrantes de la banda y la diva interactúan en ese espacio cerrado.

A Ma Rainey se le presenta como una mujer poderosa que triunfa como cantante y su éxito discográfico le permite poner ciertas condiciones. Algo excepcional en el tiempo que le tocó vivir.

La historia nos acerca a la diva del blues que fue una pionera y una mujer adelantada a su tiempo, excéntrica, temperamental y abiertamente bisexual, lo que la lleva a la cárcel.

En el espacio de ese estudio en Chicago se viven las tensiones entre blancos y negros que se expresan, entre otras cosas, por las desiguales y desventajosas condiciones laborales.

La crítica reconoce el trabajo de Davis que es su primera película y también el de Chadwick Boseman que interpreta a Levee, el trompetista de la banda. Personaje rebelde y atormentado.

Cuando Boseman filmó la película sabía o presentía que pronto iba a morir a causa del cáncer. Lo que ocurrió en el mismo 2020. La crítica señala que es la mejor actuación de su carrera.

El soundtrack es del saxofonista Branford Marsalis y por éste ganó el Grammy. Es un homenaje al blues y a quienes lo han interpretado como cantantes y músicos.

La película me pareció confusa en el planteamiento de la historia. ¿Es un homenaje a Ma Rainey? ¿Es una crítica al racismo? ¿Es la caracterización de una época? ¿Es la conflictiva relación entre los artistas?

La madre del Blues
Título original: Ma Rainey´s Black Bottom
Producción:  Estados Unidos, 2020
 
Dirección: George C. Wolfe
Guion: Ruben Santiago-Hudson
Fotografía: Tobias A. Schiliessler
Música: Brandford Marsais
Actuación: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo
Glynn Turman, Michael Potts, Jonny Coyne, Taylour Paige, Jeremy Shaos, Joshua Harto

La reforma eléctrica y la restauración del pasado

Rubén Aguilar Valenzuela
 
La iniciativa de reforma eléctrica, que el presidente López Obrador envió días atrás a la Cámara de Diputados tiene sentido por sí misma, pero va mucho más allá.
 
No se plantea como una propuesta técnica que se puede discutir, no lo es, sino como un manifiesto de que el pasado que representó el PRI, décadas atrás, y con el que se identifica el presidente, debe volver.
 
Para él, también para muchos de los suyos, incluso aquellos que promovieron la reforma eléctrica años atrás, la solución a los problemas de México es el nacionalismo a ultranza, el estatismo y la centralización del poder en la persona del presidente.
 
Es volver a los gloriosos años del PRI, partido en el que López Obrador militó y fue dirigente en Tabasco. Él idealiza, reinventa, el partido donde se formó siendo todavía muy joven. El PRI virtuoso de Lázaro Cárdenas y ahora también de Adolfo López Mateos debe volver.
 
El del presidente no es el proyecto de la izquierda socialista y tampoco de la social democracia europea o latinoamericana, es el regreso al antiguo PRI. Al PRI del nacionalismo revolucionario, que respondió a una época del desarrollo del país.
 
Paradigma que por no cambiar estancó al país, a semejanza, guardando todas las diferencias, con lo que ocurrió en los países del socialismo real. La propuesta de reforma eléctrica del presidente es un manifiesto que aboga por la restauración del pasado con todos sus vicios autoritarios.
 
En el gobierno, que no en el Estado, se concentra todo el poder. Desde aquí se controla a todos los actores sociales que se someten al titular del Ejecutivo. En ese proyecto de restauración, más allá de la reforma eléctrica, sueña el presidente.
 
Se identifica con López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Insulta y agrede a los presidentes reformadores que se propusieron, con todos sus errores y deficiencias, modernizar al país y dejar atrás el pasado que tenía a México estancado, por su absurdo y anquilosado estatismo nacionalista.
 
El manifiesto nacionalista-estatista del presidente, que es su propuesta de reforma eléctrica, deja ver su concepción del Estado, que identifica con gobierno, para él la empresa y la sociedad civil, actores también del Estado, nada tienen que ver en la construcción de lo público. Sigue en la lógica de la gobernabilidad y no dé lugar a la gobernanza.
 
Sueña con la concentración del poder que gozaban los presidentes priistas de antaño, a los que admira y con los que se identifica. Añora tener el poder absolutamente discrecional del que ellos gozaron. Siempre con el pretexto de que eso era lo que convenía a los pobres y al país.
 
El modelo del PRI que pretende restaurar el presidente, ahora desde Morena, el nuevo PRI, es el que se quebró en la matanza de 1968. Es el de la guerra sucia, es el de la violación sistemática de los derechos humanos, es el del autoritarismo, es el de las empresas quebradas y siempre subsidiadas, es el que estancó al país, es el del país de un solo hombre.
 
Espero que la reforma eléctrica tal cual está no se discuta. Es caer en el juego del presidente. Es entrar en la lógica de la restauración del pasado. Los supuestos que la sostienen son falsos. Las mentiras no se discuten. En la actual ley eléctrica seguramente hay cosas que cambiar. La ley siempre es perfectible.
 
De ser el caso la oposición, después de un gran debate nacional, con los mejores técnicos nacionales e internacionales, debería hacer una propuesta que ponga al consumidor en el centro, no al poder presidencial, que impulse el uso de las energías limpias y la conservación del medio ambiente, que garantice la producción futura a bajos costos y que ordene a los actores que participan en la generación.
 
El manifiesto conservador, por la restauración del pasado, que envió el presidente a los diputados no debe ser discutido, bajo el pretexto de la reforma eléctrica, en todo caso debe enfrentarse ese paradigma político de manera abierta y señalar, de cara a los resultados del pasado, sus límites y su fracaso político, económico y social. Hoy día seguimos pagando el desastre de la gestión de Echeverría y Lopez Portillo. López Obrador se les parece.
 

Acabar con las organizaciones de la sociedad civil

Rubén Aguilar Valenzuela

Los gobiernos democráticos del mundo apoyan a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de muchas maneras. Reconocen su importancia en la construcción de la gobernanza y también valoran su aporte en la solución de los problemas sociales de la comunidad.
 
En sentido contrario a lo que ocurre en las sociedades democráticas de otras latitudes, el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato se ha propuesto acabar con ellas. Entre otras cosas les ha cortado todo apoyo de recursos públicos.
 
En sus comparecencias mañaneras las ha descalificado, denostado e insultado y entre otras cosas, sin prueba alguna, las ha acusado de ser instrumentos de proyectos extranjeros que atentan contra el gobierno, representantes de la burguesía y que son partidos políticos. Acusaciones todas falsas. Él lo sabe.
 
Al presidente, en su anquilosada concepción estatista, le molestan todas las organización autónomas e independientes, porque no las puede controlar. Para él todo lo que no se someta al Ejecutivo que preside debe desaparecer. Para él, por lo mismo, las OSC son enemigas.
 
Un paso más en su propósito de acabar con las OSC es que en el Paquete Económico 2022 se incluyen cambios en la ley del ISR, para limitar de manera sustantiva la deducibilidad de donativos privados. Esto a pesar de que son muy marginales, para el fisco.
 
La ley solo permite la deducibilidad de una parte muy pequeña de las ganancias, hasta 7% de la utilidad fiscal y las físicas hasta 7% de los ingresos acumulables. Es una cantidad muy menor como lo reconoce la propia SHCP cuando dice que las deducciones por estos conceptos sólo representan una fracción de las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.
 
En concreto, indica que "los contribuyentes solo dedujeron en sus declaraciones anuales un monto de poco más de la tercera parte del importe del monto de donativos recibidos por las donatarias". Es decir, solo fue objeto de deducción el 30 % del total de los apoyos que recibieron las OSC, en el apoyo del otro 70 % se pagó impuestos.
 
Los datos de la propia SHCP revelan que lo que el gobierno deja de percibir por la deducibilidad es una cantidad francamente ridícula y absolutamente marginal. Nada que ver con la deducibilidad en la mayoría de las democracias cuyas leyes promueven la donación. Esto porque reconocen lo rentable que es para los gobiernos el aporte de las OSC.
 
Para el presidente, lo sabe muy bien, no se trata de un tema fiscal, no lo es, sino estrictamente político. Le molesta la existencia de las OSC autónomas e independientes. Le molesta que tengan un punto de vista, le molesta que coadyuven a resolver problemas sociales y le molesta que defiendan los intereses ciudadanos.
 
En su concepción del mundo y la política solo debe de existir el gobierno que confunde con el Estado, para él son sinónimos. Lo más seguro es que el Paquete Económico 2022 se apruebe con el voto de Morena, PVEM y PT. Con la medida contra la deducibilidad el incremento de la recaudación será ridícula, no cuenta, será imperceptible, en los números totales.
 
En cambio el golpe, para algunas OSC puede resultar demoledor. Y entre otras cosas van a dejar de prestar servicios que el gobierno tendrá que ofrecer. Seguro que por lo pronto no lo hará y al final quien va a perder serán los sectores más pobres de la población. Es así y no hay manera de esconderlo.
 
El presidente con esta medida sí va a lograr su perverso propósito de acabar con las OSC. Todo indica que seguirá en esa tarea. Le quedan tres años. ¿Hasta dónde llegará? Lo que ya es claro, lo ha ganado a pulso, es que pasará a la historia como acérrimo enemigo de la ciudadanía y la sociedad civil organizada.

Acabar con las organizaciones de la sociedad civil

Rubén Aguilar Valenzuela
Los gobiernos democráticos del mundo apoyan a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de muchas maneras. Reconocen su importancia en la construcción de la gobernanza y también valoran su aporte en la solución de los problemas sociales de la comunidad.

En sentido contrario a lo que ocurre en las sociedades democráticas de otras latitudes, el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato se ha propuesto acabar con ellas. Entre otras cosas les ha cortado todo apoyo de recursos públicos.

En sus comparecencias mañaneras las ha descalificado, denostado e insultado y entre otras cosas, sin prueba alguna, las ha acusado de ser instrumentos de proyectos extranjeros que atentan contra el gobierno, representantes de la burguesía y que son partidos políticos. Acusaciones todas falsas. Él lo sabe.

Al presidente, en su anquilosada concepción estatista, le molestan todas las organización autónomas e independientes, porque no las puede controlar. Para él todo lo que no se someta al Ejecutivo que preside debe desaparecer. Para él, por lo mismo, las OSC son enemigas.

Un paso más en su propósito de acabar con las OSC es que en el Paquete Económico 2022 se incluyen cambios en la ley del ISR, para limitar de manera sustantiva la deducibilidad de donativos privados. Esto a pesar de que son muy marginales, para el fisco.

La ley solo permite la deducibilidad de una parte muy pequeña de las ganancias, hasta 7% de la utilidad fiscal y las físicas hasta 7% de los ingresos acumulables. Es una cantidad muy menor como lo reconoce la propia SHCP cuando dice que las deducciones por estos conceptos sólo representan una fracción de las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.

En concreto, indica que "los contribuyentes solo dedujeron en sus declaraciones anuales un monto de poco más de la tercera parte del importe del monto de donativos recibidos por las donatarias". Es decir, solo fue objeto de deducción el 30 % del total de los apoyos que recibieron las OSC, en el apoyo del otro 70 % se pagó impuestos.

Los datos de la propia SHCP revelan que lo que el gobierno deja de percibir por la deducibilidad es una cantidad francamente ridícula y absolutamente marginal. Nada que ver con la deducibilidad en la mayoría de las democracias cuyas leyes promueven la donación. Esto porque reconocen lo rentable que es para los gobiernos el aporte de las OSC.

Para el presidente, lo sabe muy bien, no se trata de un tema fiscal, no lo es, sino estrictamente político. Le molesta la existencia de las OSC autónomas e independientes. Le molesta que tengan un punto de vista, le molesta que coadyuven a resolver problemas sociales y le molesta que defiendan los intereses ciudadanos.

En su concepción del mundo y la política solo debe de existir el gobierno que confunde con el Estado, para él son sinónimos. Lo más seguro es que el Paquete Económico 2022 se apruebe con el voto de Morena, PVEM y PT. Con la medida contra la deducibilidad el incremento de la recaudación será ridícula, no cuenta, será imperceptible, en los números totales.

En cambio el golpe, para algunas OSC puede resultar demoledor. Y entre otras cosas van a dejar de prestar servicios que el gobierno tendrá que ofrecer. Seguro que por lo pronto no lo hará y al final quien va a perder serán los sectores más pobres de la población. Es así y no hay manera de esconderlo.

El presidente con esta medida sí va a lograr su perverso propósito de acabar con las OSC. Todo indica que seguirá en esa tarea. Le quedan tres años. ¿Hasta dónde llegará? Lo que ya es claro, lo ha ganado a pulso, es que pasará a la historia como acérrimo enemigo de la ciudadanía y la sociedad civil organizada.

El covid-19 ha generado otra pandemia: depresión y ansiedad.

Rubén Aguilar Valenzuela

 

La depresión y la ansiedad creció en México como efecto de la pandemia de covid-19 y del 5 % de la población que las padece aumentó hasta el 30 %, según especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría y la Facultad de Psicología de la UNAM.

 

El número de los suicidios también creció, pero no existe estudios concluyentes que demuestren una relación directa entre el incremento de la tasa de suicidios y la situación social generada por la pandemia.

 

En 2020 la tasa de suicidios que registró el INEGI fue del 6.2 por cada 100 mil habitantes, un total de 7,818 casos, en 2019 llegó a 5.6 por cada 100 mil habitantes y en 2018 a 5.4 por cien mil habitantes.

 

La psicóloga Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, sostiene que antes de la pandemia había una alerta sanitaria porque el 75 % de las personas con algún problema mental no recibían atención médica.

 

Con la pandemia, agrega, se ve un crecimiento significativo de la depresión y que en la realidad de México "se deben realizar esfuerzos mayúsculos para que la sociedad pueda acceder a un diagnóstico temprano y a los tratamientos".

 

Para los especialistas en salud mental el impacto del covid-19 ha generado otra pandemia, las de las afectaciones mentales que no ha recibido la atención que requieren. En este momento es un tema de salud pública prioritario que exige una atención urgente.

 

La pandemia ha mostrado las graves carencias en este campo del sistema de salud pública. Se requiere el acceso universal a estos servicios de salud y la formación de más especialistas en el tema. Y advierten que en México la tasa de profesionales en siquiatría es de solo 10 por 100 mil habitantes y además están concentrados en unas cuantas ciudades del país.

 

Solo el 2.2 % del presupuesto de salud se asigna a las enfermedades mentales. Esto a pesar de la evidencia de que una de cada cuatro personas, entre los 18 y 65 años, ha pasado por algún momento de su vida por trastornos de este tipo.

 

De acuerdo con Luis Daniel Alviso, especialista en neurosiquiatria, el confinamiento provocado por la pandemia y la información diaria del número de contagios y muertes por covid-19 puede incidir en el incremento de la depresión y la ansiedad.

 

Efectos de la pandemia como el desempleo, el aumento de la pobreza, que los niños y los adolescentes no vayan a la escuela y el aumento de la violencia familiar son realidades que constituyen un entorno que acelera el aumento de la depresión y la ansiedad.

 

El crecimiento exponencial de las enfermedades mentales plantea una serie de preguntas a la Iglesia: ¿Cuál es su papel? ¿Qué puede hacer frente a esta realidad? ¿Cómo acompañar a las personas que sufren trastornos mentales?

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