Partiendo de la premisa de que  “La generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico”, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, ante la emergencia sanitaria que ha paralizado al país.

En tal virtud, a partir del 3 de mayo de 2020, Cenace suspendió las pruebas preoperativas de las plantas solares y eólicas en proceso de operación comercial, además de que negará la autorización para la realización de más pruebas. El Centro argumentó, además, que han existido múltiples fallas previas en líneas de transmisión, en pruebas anteriores a la operación comercial de plantas solares al noroeste del país. Citó como ejemplo que el 15 de abril ocurrió en dos ocasiones un fenómeno conocido como “oscilaciones electromagnéticas” en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que, en caso de repetirse, podrían tener “efectos devastadores” en la confiabilidad e integridad de dicho sistema.

En medio de la incertidumbre que ha generado la aparición y desarrollo de la COVID‑19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, el diseño de las políticas públicas coyunturales se ven inmersas en las disyuntivas e hipótesis que los lleven a explorar soluciones para lograr un equilibrio entre la salud y la economía de la población.

La pandemia de covid-19 está gestando una recesión a la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya le ha puesto nombre: "El Gran Confinamiento". Lo que debería llevar al gobierno a hacer constantes revisiones respecto a la manera que las políticas de confinamiento afectan el lado de la oferta: la mano de obra, el capital y el crecimiento de la productividad del país, para ir tomando las desiciones pertinentes en cuanto a reactivar cuidadosamente la economía, siempre cuidando la variable salud pública.

Por supuesto que con el daño hecho ya a la economía ahora será necesaria la implementación de políticas económicas, fiscales y monetarias muy fuertes y que tengan como objetivo ayudar a la recuperación.

Actualmente México continúa resintiendo las consecuencias del fenómeno de la pandemia del COVID-19, al igual que en los demás países, se ha generado una gran incertidumbre entre el pueblo y su gobierno, al estar enfrentando una situación no vista y menos vivida en la etapa moderna del país.

La reacción del gobierno federal, al no tener experiencia en lidiar con un hecho nuevo y de tal magnitud, ha sido variada y a veces contradictoria. Como ejemplo: aunque la Secretaría de Salud mexicana recomendó, desde el 28 de febrero, no abrazarse ni saludarse con un beso o con la mano, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se resistía a suprimir una práctica que se ha convertido en una de sus señas de identidad a la hora de interactuar con la población, y siguió por algún tiempo abrazando y besando gente.

Así también, en otros temas, la actuación del gobierno de México fue puesta en entredicho por quienes creen que deberían haberse aplicado antes medidas más drásticas para frenar la expansión del virus, como restringir el ingreso de viajeros de países con alto número de casos.

En el plano económico, representantes de la iniciativa privada han externado su preocupación, ya que el presidente no ha hablado de apoyo concreto a sectores productivos, como lo son PyMES y microempresas que, dicen ellos, son las que generan empleo, en tanto que la obra pública sólo lo hace de manera temporal, además de que requiere de gasto del erario.