En la mañanera del pasado 9 de junio, el presidente Manuel Andrés López Obrador hizo público un informe confidencial, que, según se dijo, llegó de manera anónima a Palacio Nacional.
A solicitud del presidente, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, leyó el documento que llegó a Palacio Nacional, una versión ejecutiva de una estrategia que se realiza en contra de la actual administración. Proyecto BOA, lo llamó, donde se pretende formalizar un grupo opositor que logre quitarle curules a Morena en las elecciones de 2021 y desterrar al mandatario del poder en el 2022 con la revocación de mandato.
En documento parte de la premisa de que a un año de las elecciones federales y locales el Presidente mantiene aceptación arriba del 50 por ciento, y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en San Lázaro y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021.

Conocí al abogado Jorge Carpizo McGregor a mediados de 1992. Meses antes, en abril de ese mismo año, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, había enviado al Senado una iniciativa de Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su artículo 2o. se establecía que la Comisión Nacional sería un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo esencial era la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos previstos en el orden jurídico mexicano.
La plantilla de profesores del Instituto Nacional de Administración Pública, en mi época de estudios de maestría, era realmente interesante: funcionarios públicos y Doctores de la UNAM y de la UAM, todos destacados sin lugar a duda. Recuerdo a Oscar De Lassé, Director General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, en la época de Manuel Bartlett como secretario.