Rubén Aguilar Valenzuela 
El pasado 15 de noviembre el presidente reconoció de manera pública que tomó la decisión de dañar a los más pobres, a las comunidades indígenas de Tabasco, su estado natal, para evitar la inundación de Villahermosa, la capital. Con los pueblos originarios esa ha sido la tónica de estos dos años.

En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, en el presupuesto de la federación se destinaron 6,088 millones de pesos a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Esta partida fue de 6,000 millones en 2019, el primer año del gobierno del presidente López Obrador, una reducción de 88 millones de pesos, pero en 2020 al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que sustituye al CDI, ya solo se le asignaron 3, 818 millones de pesos. Una reducción de 2,182 millones de pesos.

De un presidente que dijo apoyaría a los pueblos originarios se esperaba que esto se iba a traducir en el aumento considerable del presupuesto para su atención, pero no es así. El apoyo queda sólo en discurso, pero no más.

El castigo a los pueblos indígenas se incrementa todavía más cuando al INPI en el presupuesto de 2021 se le asignan solo 3,633 millones de pesos. Una reducción de 185 millones de pesos con relación al año anterior.

De acuerdo al gobierno en el presupuesto 2021 a los indígenas se les da 111,319 millones de pesos, pero esos son recursos de la Secretaría de Bienestar (entrega directa de recursos) sin que los pueblos originarios puedan plantear sus necesidades y sus proyectos, plantea Marcos Matías Alonso, investigador del CIESAS.

La decisión de ese presupuesto es ajena a los pueblos indígenas, para ellos el único recurso tangible es el que se da a través del INIPI que ahora ve reducido su presupuesto y con ellos el margen de acción a favor de los mismos, afirma el investigador.

Para él, como también lo plantean otros académicos, hay una contradicción radical entre la importancia que el presidente en su discurso da a la cultura indígena y lo que sucede en la realidad con el recorte del presupuesto y de las acciones dirigidas a favor de estas comunidades.

Los estudios de los pueblos originarios sostienen que resulta incongruente lo que dice el presidente en comparación con lo que realmente hace. Consideran que el Tren Maya y el Tren Interoceánico se les ha impuesto a las comunidades indígenas. Para ellos estas obras se inscriben en el modelo de economía neoliberal.

Para otros estudiosos, como el abogado y escritor mixteco, Francisco López Bárcenas, el presidente ni en campaña ni ya en el cargo ha hablado de "los derechos de los indígenas y lo que veo es que no entiende o no le interesa ese tema, porque él de lo que habla es nada más de asistencialismo".

A la visión que sostienen estos académicos y estudios se añade la postura del EZLN que en repetidas ocasiones ha señalado la política del presidente como contraria a los intereses de los pueblos originarios. Califican a sus proyectos, para estas zonas como neoliberales.

Rubén Aguilar Valenzuela

En 1942 se establecieron relaciones diplomáticas entre China y la Santa Sede. En 1946 se nombra al primer cardenal chino y ese mismo año se establece la nueva estructura de la iglesia. Cuando en 1949 el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek huye hacia Taiwán, la nunciatura se queda en la China continental.

Es cuando Mao Zedong toma el poder y funda la República Popular de China. En 1949, el Santo Oficio condena el comunismo en Europa, pero tiene efectos sobre el nuevo régimen chino. En enero de 1951, el nuevo gobierno establece la Oficina de Asuntos Religiosos. Entre ese año y el de 1954 se expulsa a los misioneros católicos extranjeros y al nuncio.

En 1957 se funda la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, bajo el control del gobierno, y se llevan a cabo las primeras ordenaciones episcopales sin aprobación de Roma. En 1958 se ordenan 20 obispos. El Vaticano desconoce a la asociación y asume que los nombramientos son ilegítimos, pero válidos. No se habla de cisma.

Ya en el Concilio Vaticano II participan 60 obispos exiliados de China continental que incluye a 49 extranjeros. No se invita a los obispos nombrados por la asociación. En 1966, con la Revolución Cultural, se prohíbe toda actividad religiosa y se cierran todos los lugares de culto. En 1976 fallece Mao y se pone fin a este movimiento.

En 1979, con el gobierno de Deng Xiaoping, hay los primeros signos de apertura religiosa. En 1980 se reanuda la Oficina de Asuntos Religiosos. Las cinco Asociaciones Patrióticas Religiosas (budismo, el taoísmo, el islam, el protestantismo y catolicismo) celebran congresos nacionales. Se crea un colegio de obispos chinos, que Roma no acepta.

El Vaticano en 1981 reconoce a monseñor Deng Yiming como arzobispo de Cantón. En ese mismo año la Santa Sede autoriza a los obispos chinos fieles a la Santa Sede ordenar obispos sin autorización previa de Roma. Se agudiza la confrontación entre obispos "clandestinos" y "oficiales" o "patrióticos".

En 1982 el jesuita Aloysius Jin Luxian abre el seminario de Sheshan después de que, por tres décadas, la Iglesia se había quedado sin espacios de formación. Al final de los ochenta eran ya 200 los sacerdotes ordenados. El gobierno devuelve algunos bienes confiscados y permite se abran conventos de monjas, actividades caritativas y formativas.

La política de control religioso continua en la década de los noventa. Al fin de la Revolución Cultural obispos de la Asociación Patriótica, de manera clandestina, empiezan a pedir el reconocimiento de Roma y lo obtienen. En 2007 el Vaticano declara que en China "casi todos los obispos y sacerdotes están en comunión con Roma". A pesar de esa realidad continúan las ordenaciones sacerdotales y episcopales "ilegítimas". En ese mismo año Roma declara que espera se abra el diálogo con el gobierno.

En 2018, ya con el papa Francisco, el Vaticano y el gobierno chino firman un acuerdo histórico, para el nombramiento abierto de obispos por la Santa Sede. En la actualidad se estima en 12 millones el número de los católicos en es país. Días atrás las autoridades chinas confirmaron la extensión del acuerdo y que "seguirán hablando y haciendo avanzar el proceso para mejorar sus relaciones" con el Vaticano. El contenido de este acuerdo provisional se conserva en secreto.

El número de católicos se ha mantenido estable durante las últimas siete décadas, pero la creciente apertura del gobierno chino puede modificar esa situación. Lo que es un hecho es que crece el número de los evangélicos de distintas denominaciones. Para 2030, algunos especialistas consideran que China podría acoger la mayor comunidad cristiana del mundo con 250 millones de creyentes.

Rubén Aguilar Valenzuela
La mariguana representa en términos económicos la mitad del negocio de las drogas ilegales en todo el mundo y el 70% del consumo de las mismas y México no es la excepción. En principio la legalización regulada tiene las siguientes ventajas: 

1. Ingresos del narco

• Se cortan los ingresos exorbitantes que ofrece la ilegalidad.
• Se formaliza y transparenta la actividad económica de este negocio.
• El gobierno se hace de recursos fiscales como en cualquier actividad económica.

1. Reducción de la violencia

•  Caen los índices de violencia generada por el combate frontal.
• Disminuye el poder de reclutamiento e influencia de los narcotraficantes.
• Tienden a desparecer las organizaciones intermedias financiadas y protegidas por los grandes carteles.

1. Reducción de los costos sociales

•  Se desincentivan los delitos de alto impacto.
• Se reducen los abusos y extorsión de las policías.
• Se desarticulan redes dedicadas a otros delitos.
• Caen los índices delictivos de bajo impacto.

1. Reducción de las condenas

•  Se reduce a la mitad la población carcelaria ahora integrada por delitos menores de posesión y consumo.   
• Pierden influencia las redes criminales al interior de las cárceles.
• Se descongestionan las cárceles y mejoran la atención de los reclusos.

1. Espacios de regeneración social

•  Se regeneran barrios marginales e inmuebles tomados por el narcomenudeo.
• Se generan ambientes sociales amigables en barrios dominados por el narcomenudeo.
• Se articulan actividades de integración social entre gobierno y sociedad civil.

1. Eficiencia del gasto público

•  Se ubica el problema en el campo de la salud pública y no de la seguridad nacional.
• Se liberan recursos públicos hoy dedicados a la estrategia prohibicionista y punitiva.
• Se incrementa la inversión pública en proyectos sociales, dedicados a la educción preventiva.
• Se obtienen mejores resultados en la salud y en el combate al consumo. 

1. Nueva estrategia en seguridad pública

•  La atención se enfoca en los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía (robo, extorción, secuestro...).
• Se concentra la actividad policial en las comunidades y barrios.
• Se diseñan mejores políticas públicas para responder a necesidades específicas de seguridad de cada realidad.

1. Calidad del producto

•  Se garantiza la calidad del producto como sucede con el tabaco y el alcohol.
• Los gobiernos establecen normas y estándares para la producción, distribución y comercialización.
• Las autoridades tienen la posibilidad de supervisar tanto al productor como al consumidor.

1. Política exterior

•  Disminuye la importancia del tema en la agenda bilateral con Estados Unidos y los países de Centroamérica.
• Se abre el espacio para homologar políticas relacionadas con la legalización regulada de la mariguana.

1. Trasparencia y rendición de cuentas

•  Se establecen mecanismos que transparenten las políticas en materia de la legalización regulada.
• Se evalúa el resultado de la política y hacen los ajustes pertinentes cada vez que sea necesario.
• Se establecen políticas claras del destino de los recursos fiscales obtenidos producto de la legalización regulada.

Una vez más por razones que no se sostienen el Congreso de México ha dejado pasar una gran oportunidad, para legalizar-regular de una vez por todas la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la venta y el consumo de la mariguana recreativa. En el mundo son cada vez más los países que lo hace. El nuestro se resiste. ¿Hasta cuándo?

Rubén Aguilar Valenzuela 
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, han pasado 31 años, elementos del Ejército de El Salvador entraron a la casa de los jesuitas en el Universidad Centroamericana (UCA), para masacrarlos.

Las víctimas fueron los padres: Ignacio Ellacuría, español, rector; Ignacio Martín-Baró, español, vicerrector académico; Segundo Montes, español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, español, director de la biblioteca; Amando López, español; profesor de filosofía; Joaquín López, salvadoreño, fundador de la UCA; Elba Ramos, salvadoreña, que trabajaba en la casa, y Celina Ramos, salvadoreña, de 16 años, su hija.

Elementos del Batallón Atlacátl, entrenados por asesores militares de Estados Unidos, fueron quienes realizaron la masacre. Esa madrugada, después de su crimen, dejaron "pruebas" para hacer aparecer que la acción había sido cometida por fuerzas de la guerrilla del FMLN.

El gobierno de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, financió al Ejército salvadoreño, para que hiciera frente a la guerrilla. Se calcula que durante los diez años de la guerra el apoyo fue de un millón de dólares diarios, 356 millones de dólares al año.

En los años de la guerra civil, de 1981 a 1992, las autoridades estadounidenses siempre negaron la violación de los derechos humanos por parte del Ejército salvadoreño y llegaron a decir que las denuncias eran "propaganda comunista".

La masacre de la UCA provocó una reacción internacional y puso en evidencia la brutalidad de la represión del Ejército salvadoreño. Otras masacres, como la de El Mozote, donde habían sido asesinadas mil personas, pasaron desapercibidas fuera de El Salvador.

Esta vez la estupidez y crueldad salvaje del Ejército salvadoreño no pudieron esconderse. El propio gobierno de Estados Unidos se vio obligado, a su pesar, a manifestarse y condenar el crimen.

La masacre de los jesuitas coincidió con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El gobierno estadounidense ya no estaba dispuesto, ahora no lo veía necesario, seguir financiando una guerra a la que no se le vía fin.

Se crean, entonces, las condiciones para que se inicie el diálogo entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador con la mediación de las Naciones Unidas. En enero de 1992, después de dos años de intensas negociaciones, se firma la paz en el Castillo de Chapultepec en México. La guerra había terminado.

La producción intelectual y la actividad educativa de esos jesuitas se vio truncada, de un día para otro, ante la decisión absurda e inexplicable, no había ninguna razón de carácter militar que la justificara, de militares embrutecidos cuyo único móvil era matar a los inocentes.