Rubén Aguilar Valenzuela

En la historia de México nunca se había realizado una manifestación popular en la que participara más de medio millón de personas en cien ciudades del país. Eso ocurrió el pasado 26 de febrero donde la ciudadanía se tomó las plazas públicas, para manifestar su rechazo a la reforma electoral anticonstitucional aprobada por Morena y sus aliados.

La reacción de una ciudadanía consciente e informada abre un nuevo capítulo de la historia mexicana, que, entre otras cosas, se ha caracterizado por la escasa participación ciudadana en el espacio público. Las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos rondan en los 3 000 000 y en poco más de 1 000 000 en Alemania y Francia contra no más de 50 000 en México.

A eso se añade el escaso nivel de participación de las y los ciudadanos en las organizaciones de la sociedad civil en México al compararse con la de los ciudadanos de esos países. Un ciudadano promedio de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos participa entre cuatro y seis organizaciones y en México no llega a una.

En nuestro caso las razones de la no participación tienen una base cultural. Desde el seno de las familias se promueve que sus miembros no participen porque eso causa problemas. Esta cultura se refuerza con los escasos o francamente nulos espacios de participación desde las estructuras de gobierno en sus tres órdenes; los municipios, los estados y la federación.

La extraordinaria movilización ciudadana a nivel nacional, del pasado 26 de febrero, rompe con una traba cultural que invita a la no participación. Muchas de las personas que se manifestaron lo hicieron por primera vez en su vida. Esta experiencia, que resulta novedosa, les ofrece una nueva posibilidad de ser ciudadanos; la de actuar manifestando sus ideas y posiciones.

La Iglesia católica debe hacer su propio análisis de lo que para ella significa esta movilización y las conclusiones que obtiene para animar su trabajo pastoral. Un gran servicio que puede prestar la Iglesia católica al país es crear conciencia de la importancia que tiene la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Y también, en la medida de sus posibilidades, educar en la virtud ciudadana de expresar lo que se piensa y estar abierto al diálogo con los que no piensan como uno.

Rubén Aguilar Valenzuela
El volcán, el mezcal y los comisarios (Universidad de Veracruz, 2008) reúne dos cartas de Malcolm Lowry dentro de la colección Sergio Pitol traductor.

Una está dirigida a Jonathan Cape, editor en inglés de Bajo el volcán, y la otra al abogado de California, Ronald Paulton. En las dos está presente el genio y el ingenio de este gran escritor. Se retrata la persona y el creador.

Pitol tradujo estas cartas en los sesenta del siglo pasado y las reunió en el libro que publicó en la colección Marginales de Tusquets en 1971.

En la primera carta Lowry responde al lector, elegido por la editorial y del que nunca aparece su nombre, quien le pide la supresión de algunos pasajes de la obra, para poder publicarla.

La respuesta es un alegato brillante y bien estructurado que, más que una carta, es un ensayo crítico sobre Bajo el volcán. El escritor analiza su novela a profundidad y con argumentos sólidos, de carácter literario, rechaza los recortes que le proponen.

Lowry en la carta – ensayo, en principio, parece aceptar los cortes que recomienda el lector, pero en seguida expone por qué las supresiones alterarían el sentido del texto. En ningún caso acepta las correcciones y advierte sobre los prejuicios con que el lector asignado aborda su obra.

Su argumentación se centra en fundar por qué su obra debe mantenerse tal cual: "el libro ha sido diseñado, contradiseñado y soldado de tal modo que puede leerse un número indefinido de veces, sin agotar todos sus sentidos, su drama o su poesía; por eso deposito en él mis esperanzas".

La respuesta de Lowry es una sólida defensa al derecho a la búsqueda de nuevos y distintos medios de expresión y también una discusión sobre la literatura "difícil" de aquella que acata los mandatos del mercado.

Lowry dirige la segunda carta a su abogado Ronald Paulton, que es una historia kafkiana de dos personas, él y su mujer, inmersos en el más intrincado e infernal laberinto burocrático y administrativo debido a un error, llamémosle así, de la policía mexicana. Murió sin conocer los motivos por los que se vio envuelto en un embrollo que lo llevó a la cárcel y a la expulsión de México.

Las dos cartas son literatura pura, la primera un ensayo literario informado e inteligente, y la segunda un testimonio que parece increíble, pero fue. Pitol dice que quisiera que estas dos cartas sirvan de incentivo a la lectura de la obra de Lowry de la cual se habla mucho, pero es poco leída.
 
El volcán, el mezcal y los comisarios
Malcolm Lowey
Universidad Veracruzana
Jalapa, Veracruz, 2008
pp. 97    
 

Rubén Aguilar Valenzuela
Desde hace muchos años, la DEA se había propuesto como uno de sus objetivos llevar ante la justicia de Estados Unidos a un alto mando del gobierno de México. Lo ha cumplido.

Ya no le parecía suficiente que el sistema judicial estadounidense juzgara y condenara a grandes narcotraficantes, que obtenía por el proceso de extradición.

Lo que quería era poner en el banquillo de los acusados a un personaje relevante del gobierno de México, para en su persona juzgar y condenar al gobierno, al ejército, a la policía y a la justicia de México.

El personaje elegido para hacer realidad este propósito fue el general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de Defensa del presidente Peña Nieto (2012-2018).

Fue arrestado en Los Ángeles, California, el 6 de octubre de 2020, pero la presión diplomática del gobierno de México, logró su liberación el 18 de noviembre del mismo año. La DEA en esta ocasión no pudo cumplir su deseo.

Al día de hoy no se sabe cuál fue la negociación entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. Algún día se habrá de conocer.

La acción, entonces, se concentró sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad del presidente Calderón (2006-2012), hecho prisionero por la DEA, el 19 de diciembre de 2019.

En el marco del sistema de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía que acusó a García Luna lo que tenía que hacer era convencer al Jurado de su culpabilidad.

La estrategia fue construir una narrativa, creíble y convincente, que a los 12 integrantes del Jurado, ciudadanas y ciudadanos de a pie, les convenciera.

El fiscal interrogó a 25 criminales comprados (testigos protegidos), había anunciado que tenía 70, que uno tras otro dijo lo mismo.

Que García Luna había recibido sobornos, para proteger la actividad del Cártel de Sinaloa. Contaron historias que, por lo menos en alguna de sus partes, resultan increíbles, pero son muy efectivas.

Los integrantes del Jurado, como gran parte de los habitantes de ese país, ya tenían una imagen de México como un país corrupto donde el narco negocia con los funcionarios públicos.

La Fiscalía no ofreció ninguna prueba material (fotos, videos, grabaciones, documentos...), pero si un poderoso relato que convenció al Jurado de la culpabilidad de García Luna.

El juicio y la condena, que logró la Fiscal va mucho más allá del político mexicano de alto rango que fue García Luna. Es un juicio y una condena a Mexico y sus autoridades, que era el objetivo de la DEA.

A partir del juicio que se hizo al funcionario mexicano, que el Jurado consideró culpable, la DEA y la justicia estadounidense han establecido un precedente muy poderoso y peligroso.

En adelante lo podrán utilizar para llevar a la cárcel a cualquier político, militar y policía de Mexico. Ya saben cómo hacerlo. No es difícil, material hay.

Rubén Aguilar Valenzuela

El proyecto más importante que impulsa el papa Francisco es la reforma de la Curia romana. Ya la historia dirá si este es el mayor de sus legados.

La promulgación el 19 de marzo de 2022 de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que entró en vigor el pasado 5 de junio, da inicio a un proceso de cambio profundo en la forma de concebir y gestionar la Curia.

El gobierno de la Iglesia Católica es la Curia que se compone de la Secretaría de Estado, los órganos de justicia y economía y los dicasterios, que son las secretarías o ministerios.

Esta Constitución, que tiene 11 capítulos y 240 artículos, sustituye a la Pastor bonus promulgada en 1988 por el papa Juan Pablo II, que entró en vigor en 1989.

Es resultado de un largo trabajo colegial, que comenzó en 2013 y concluyó en febrero de 2022. Son nueve años de encuentros que recogieron el aporte de las iglesias locales de todo el mundo, siempre bajo la coordinación del papa.

La Constitución da forma y consolida el proceso de cambio que desde el inicio de su mandato comenzó el papa Francisco, pero avanza y profundiza la transformación de la Curia. Son siete las claves:

1. Cualquier fiel puede dirigir un Dicasterio. Se especifica que laicos y laicas, pueden ser nombrados para llevar a cabo funciones de gobierno de la Curia romana.

2. Protección de menores. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores se une al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Su tarea es asesorar al papa y proponer iniciativas más adecuadas y agresivas para la protección de los menores.

3. Al servicio de la Iglesia. La Curia no está solo al servicio del papa, sino de todas las diócesis del mundo. Se impulsan mecanismos de colaboración y trabajo en red entre los dicasterios. Los miembros de la Curia deben ser personas íntegras y profesionales.

4. Reducción de dicasterios. Se fusiona y reduce el número de dicasterios, para hacer más eficaz el trabajo. Se suprimen los Consejos Pontificios y las Congregaciones, que pasan a ser Dicasterios.

5. Dicasterio al Servicio de la Caridad. Se crea este nuevo Dicasterio que "ejerce en cualquier parte del mundo la obra de asistencia y ayuda" hacia los necesitados en nombre del papa.

6. Dicasterio para la Evangelización. Se crea con la unificación de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. El papa lo preside en forma directa.

7. Dicasterio de Cultura. Se crea con la fusión del Consejo Pontificio para la Cultura y la Congregación para la Educación Católica.

La Curia por década ha estado en manos de clérigos burócratas conservadores, que han sido quienes han gobernado la Iglesia. El papa Francisco en un célebre discurso de Navidad, al año de haber asumido su cargo, hizo una crítica dura, nunca antes vista, a sus integrantes y a su manera de operar.

Desde ese momento empezó la reforma de la Curia, el gobierno de la Iglesia, que ahora abre el espacio a que los laicos y laicas asuman cargos de gobierno; que esté al servicio no solo del papa sino de todos los obispos; que su estructura se haga más ligera y ágil y que quienes ocupen cargos lo hagan solo por cinco años con posibilidad de otros cinco, para que después regresen a sus diócesis.