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Rubén Aguilar Valenzuela
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado la razón al Servicio Jesuita a Refugiados y a la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, ambas instituciones de la Compañía de Jesús, en un amparo que obliga a cambiar la ley migratoria.
De acuerdo a la sentencia emitida se obliga al Estado mexicano a reformar la ley de migración para crear un registro de migrantes detenidos. Esta plataforma deberá ser de acceso público y funcionar como lo hace ahora el Registro Nacional de Detenciones.
Y por lo mismo se debe de informar de la hora, día, lugar, y autoridad que lleva a cabo el arresto de cada persona y también a qué estación migratoria es trasladado, que ahora en la realidad operan como cárceles.
Hasta hoy, habrá que esperar que las cosas cambien, lo que depende de la voluntad política del gobierno actual, los migrantes que ingresan a territorio nacional son detenidos de manera arbitraria, lo que se presta a todo tipo de abusos por parte de las autoridades.
Es público que los centros que administra el Instituto Nacional de Migración (INM) operan en la práctica como cárceles para migrantes, aunque las autoridades utilizan eufemismos como "aseguramiento".
La ONU, de la que México forma parte, ya estableció que todo lugar del que las personas no pueden salir, aunque lo deseen se considera un lugar de detención, una cárcel. El INM no tiene un sistema de protección sino un sistema carcelario.
En los hechos "la ausencia de un registro dificulta además que las personas migrantes pudieran acceder a una representación jurídica", dice Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa.
Y añade que "también facilita que sus detenciones se extiendan de forma ilimitada, porque al no registrar cuando entran inicialmente, Migración encontró la fórmula perfecta para saltarse los plazos legales en los que tendrían que liberarlos".
En 2019, en la reforma de la Constitución que crea el actual Registro Nacional de Detenciones se omitió, de manera inexplicable, incluir también las detenciones de migrantes.
Por eso, a la Ley Nacional del Registro de Detenciones se incorporó el artículo octavo transitorio, en el que se daba un plazo de 180 días al Congreso para que modificara la actual Ley de Migración y creara "un registro de personas migrantes detenidas que cuente con las mismas garantías procesales, de protección y de seguridad que las previstas en la presente ley".
En el gobierno de López Obrador pasaron cinco años y no se hizo nada. Por eso en 2022, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa iniciaron una estrategia legal, para solicitar, mediante el amparo, la creación de este registro.
Después de resistencias, absolutamente reaccionarias, de la consejería jurídica del Senado y de la Cámara de Diputados, en control de Morena, la SCJN ha votado el proyecto que ahora se produce una "omisión legislativa" por parte del Congreso al no cumplir lo que había mandado la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Las ministras morenistas Lenia Batres y Yasmín Esquivel, en violencia abierta de los Derechos Humanos de los migrantes votaron en contra.
La presidenta Sheinbaum tiene el control del Poder Legislativo y si ella quiere de inmediato pasa la ley, pero si no actúa, pueden pasar otros cinco años que el Estado mexicano siga violando los Derechos Humanos de los migrantes, ahora ya en su gobierno. Ella tiene la palabra.
Rubén Aguilar Valenzuela
La semana pasada, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio a conocer en España una encuesta sobre las tendencias sociales en los próximos diez años.
Es una encuesta de 35 preguntas realizadas entre el 8 y el 14 de noviembre a 3801 ciudadanos de todas las comunidades autónomas. El futuro no se ve con optimismo.
Manuel Viejo comenta el estudio (El País, 26.11.24) y afirma que los encuestados piensan que los principales problemas que habrá en el mundo dentro de diez años serán, por este orden, las guerras, el cambio climático, la pobreza y el paro.
En 2034, el 60% de los entrevistados piensan que habrá menos creencias religiosas en España y que existirá más interés por "las cosas materiales" y el "éxito propio", y también "más libertad sexual".
El 55% opina que existirá menos relación con la familia, que habrá más separaciones y divorcios (60% más que ahora), y el 72% piensa que nacerán menos niños. Para el 80 % la soledad será mayor.
Un 46.8% aventura que morirá más gente de cáncer. El 47.6% que se consumirán más drogas y habrá más delincuencia. El 42.4% que seguirá creciendo el racismo.
El 40% de los encuestados estima que habrá más paro o falta de trabajo. Y un 85% da por hecho que habrá robots que sustituirán a los trabajadores.
Un 77% apunta a que crecerá el teletrabajo y un 38% confía en que habrá más tiempo libre.
Para el 63% que las diferencias sociales y económicas serán mayores que ahora. Y el 65% considera que la desigualdad entre los países pobres y los ricos va a crecer.
El 64.8% piensa que el Estado sí debe de intervenir en la economía, pero "solo en determinados sectores de interés público y fijando orientaciones generales".
Sobre el medio ambiente, el 59% considera que el futuro estará peor que ahora y el 39.3% piensa que habrá más desastres naturales y epidemias.
El CIS plantea la pregunta sobre quién o quiénes "ha influido más en sus opiniones políticas, como votar o no votar, manifestar una u otra opinión".
Un 20% señala al candidato o dirigente político. El 16.2% que su primera influencia son las redes sociales e internet. Un 10.9%, la televisión, para el 10.2% los familiares y conocidos. La radio, para el 8%, y los periódicos, para el 5.2%.
El estudio señala que los españoles ven el futuro de los próximos diez años con pesimismo. Las encuestas reflejan la opinión de un momento y esta puede cambiar en la medida que lo hagan las circunstancias.
¿Cuál será la visión de las y los mexicanos sobre el futuro que les espera en los próximos diez años? Han ocurrido cambios profundos en la vida del país, sobre todo en el campo de la política. ¿Qué se piensa de eso?
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Rubén Aguilar Valenzuela
El documento El Legado de López Obrador producto de una investigación de seis años de la organización Signos Vitales A.C. es un análisis riguroso del fracaso del gobierno que encabezó López Obrador (2018-2024) en todos los campos de la política pública.
Ese fracaso se traduce, entre otras cosas, en que el PIB solo alcanzó un aumento acumulado del 5% entre 2018 y 2024, lo que equivale a menos del 1% anual y una reducción en términos reales del per cápita. El crecimiento más bajo de los últimos 30 años.
Las políticas del gobierno afectaron la competitividad del país, y alejó la posibilidad de atraer inversiones extranjeras y posicionarlo como un destino atractivo para la industria manufacturera y el comercio exterior. En su lugar, la economía mexicana quedó dependiente de un modelo de crecimiento que difícilmente podrá sostenerse en el largo plazo.
La promesa de terminar con la pobreza resultó también un fracaso. Su reducción fue solo marginal y entre 2018 y 2022, pasó del 51.9% al 46.8%. Y esto como producto de los programas sociales clientelares y no del desarrollo de la economía. En el sexenio la pobreza extrema creció aunque también de manera marginal.
Hubo retroceso histórico en el campo de la educación con una caída en su calidad y se profundizaron las desigualdades en el aprendizaje. La política de salud que se implementó provocó que 30.3 millones de personas dejaran de tener acceso a los servicios públicos y tuvieran que resolver sus problemas por su propia cuenta. Hubo, por la vía de los hechos, un intenso proceso de privatización en el campo de la salud. El gobierno solo destinó el 3% del PIB al sector, contra el 6.3% promedio en América Latina.
El proceso de militarización de la seguridad pública, que se aceleró en el gobierno pasado, terminó en un fracaso rotundo para devolver la seguridad al país y actuó en sentido contario. El sexenio terminó con 200 000 homicidios dolosos y 51 000 desaparecidos que probablemente también estén muertos.
La lista de los fracasos del gobierno de López Obrador en el campo del resultado de las políticas públicas lo convierten en uno de los peores que ha tenido el país solo comparable a los de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). A pesar de eso termina su sexenio con un éxito que se traduce en que el 60% de la población lo valora positivamente y logra que su candidata gane la presidencia de la República.
Su éxito, que es innegable, se explica por haber entendido, como lo han hecho otros personajes, Donald Trump es uno de ellos, que para un gran sector de la ciudadanía no importa los resultados de la acción del gobierno incluso si estos la perjudican. Lo relevante es identificarse con un personaje y un discurso que la reivindique y tome en cuenta. El escuchar un relato, no importa que sea mentira, que les presente el mundo como lo quieren ver. Eso lo hizo muy bien y aquí se finca su éxito.
