Rubén Aguilar Valenzuela
Días atrás hubo una reunión privada, que no trascendió a los medios, entre el alto mando del Ejército y el equipo que se hará cargo de la política de seguridad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El grupo del Ejército estaba presidido por el secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, y el de la presidenta electa a la cabeza del ya nombrado secretario de Seguridad, Omar García.
En la reunión los militares expusieron a los civiles, con presentaciones en PowerPoint, qué es el Ejército, cuál es su estructura y qué tareas desempeña ahora.
Las Fuerzas Armadas, por órdenes de su actual comandante en jefe, todavía el presidente López Obrador, ahora intervienen en la gestión de la administración pública más que en ningún otro sexenio desde que la presidencia de la República está en manos de civiles.
Al término de la presentación el general Sandoval, dirigiéndose a García, el próximo secretario de Seguridad, le dijo que hay amplios sectores de la sociedad mexicana que no están de acuerdo que el Ejército realice muchas de las tareas que ahora tiene encomendadas.
Y que debía quedar claro al nuevo gobierno que de inmediato el Ejército estaba en condiciones de entregar estas actividades la próxima administración, para que los civiles se hicieran responsables de ellas.
El general sabía que su intervención iba a provocar la reacción de los enviados de la presidenta en el sentido de que la próxima administración no contempla poner fin al proceso de militarización iniciado por López Obrador.
Y también que la misma provocaba la necesidad de que la presidenta electa sea quien solicite, una vez que nombre a los secretarios de la Sedena y de la Semar, que los militares y marinos sigan a cargo de tareas antes responsabilidad de los civiles. Ella es quien debe garantizar que la militarización continúe.
López Obrador justificó el proceso de militarización diciendo que al llegar al gobierno las únicas estructuras de la administración pública que no se habían corrompido eran la Sedena y la Semar y que por lo mismo las necesitaba para sacar adelante su proyecto de transformación.
En estos seis últimos años, por decisión del comandante en jefe, el Ejército y la Marina se han imbricado de tal manera en la gestión de la administración pública, no solo en tareas de seguridad, que no se puede de un día para otro prescindir de sus servicios. Cosa, por otro lado, que no está contemplada en el proyecto de gobierno de Sheinbaum.
Altos mandos en activo me han dicho que si la comandanta en jefa, como presidenta electa, quisiera iniciar el proceso de desmilitarización de la administración pública, que es algo absolutamente posible, comienza con el nombramiento del secretario de la Sedena. Debe elegir a alguien de los que consideran que en el actual gobierno se ha distorsionado la tarea del Ejército y violentado la Constitución. Los hay.
