Rubén Aguilar Valenzuela
El viernes seis de marzo pasado, el Frente Amplio Democrático (FAD) dio a conocer su posición ante la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados.
En el marco de ese evento, María del Carmen Alanís (Ciudad de México, 1967), licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics (LSE) y doctora en Derecho por la UNAM, presentó una ponencia.
Ella, entre otros cargos públicos que ha tenido, fue secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF).
En su ponencia analiza el contenido de la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta, que es la que López Obrador —su antecesor, mentor y líder— le deja para su aprobación, y señala también los temas que no contempla.
De su intervención retomo el apartado que llama el "Punto de partida", y los que hacen referencia a la participación del crimen organizado: "Crimen organizado en elecciones" y "Cierre".
Punto de partida
La iniciativa de reforma electoral se ha presentado como una transformación histórica del sistema político mexicano, incluso como un posible legado democrático.
Pero cuando se analiza con rigor constitucional, el diagnóstico es muy distinto. Estamos ante una reforma regresiva y carente de técnica constitucional.
No amplía derechos ni fortalece la competencia política. Por el contrario, limita la equidad en la contienda, debilita instituciones electorales y concentra poder político.
En lugar de avanzar hacia una democracia más abierta, abre la puerta a prácticas que México ya había superado.
En términos simples: un retroceso hacia un sistema de partido dominante hegemónico que creíamos superado.
Crimen organizado en elecciones
Pero el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana es otro: la creciente intervención del crimen organizado en las elecciones.
La iniciativa refuerza la prohibición constitucional del uso de recursos ilícitos en campañas. Pero hay que decirlo con claridad:
Esa prohibición ya existe en la Constitución. El problema nunca ha sido la falta de normas. El problema ha sido la falta de decisiones firmes para aplicarlas.
La reforma se limita a señalar que las autoridades deberán coordinarse para compartir información sobre candidaturas. Eso es claramente insuficiente frente a la magnitud del problema.
Cierre
Hoy el mayor riesgo para nuestra democracia es la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Si no enfrentamos con decisión ese fenómeno, ninguna reforma electoral podrá blindar nuestros procesos democráticos.
Porque, al final del día, la democracia se defiende con reglas claras, con instituciones fuertes y con decisiones firmes frente al crimen.
Y la pregunta que debemos hacernos como país es muy simple:
¿Seremos las y los ciudadanos quienes decidamos quién nos gobierna... o lo hará el crimen organizado?
Lo más seguro es que el próximo miércoles 11 de marzo, la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta no va a tener los votos necesarios para ser aprobada, y en ese momento inicia su Plan B, que ya ha anunciado. De eso hablaremos en su momento.
