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Rubén Aguilar Valenzuela
En mayo de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo tenía una aprobación del 80% y una desaprobación del 15%, y en mayo de 2026, la aprobación es del 59% y la desaprobación del 39%, de acuerdo a la encuesta que Lorena Becerra, consultora independiente, levantó entre el 7 al 12 de mayo, para LatinUS.
En un año la presidenta ha perdido 21 puntos de aprobación, y la desaprobación ha crecido en 24 puntos, un cambio total de 45 puntos. El crecimiento de la desaprobación es del más del 100%.
La caída de la valoración de la presidenta se puede explicar porque el 68% piensa que "las cosas se están saliendo de su control", y solo el 28% que "tiene las riendas del país". El 47% piensa que el país va por el camino equivocado, y el 46% que va por buen camino.
Y también que el 63% piensa que ha fracasado en disminuir la inseguridad común (robo, asaltos) y el 33 % que ha tenido éxito. El 60% piensa que ha fracasado en la lucha contra el crimen organizado, y el 36 % que ha tenido éxito. El 59% que ha fracasado en la lucha contra la corrupción y el 38% que ha tenido éxito. El 55% que ha fracasado en resolver el abasto de medicinas, y el 49% que ha tenido éxito.
La presidenta tiene buena valoración en temas como el apoyo a las personas de la tercera edad, que el 91% lo ve como un éxito. El 58% ve como éxito la mejora del salario general, y el 36% como un fracaso. El 58% ve como un éxito la creación de empleos, y el 38% como un fracaso. El 45% ve como un éxito, la buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y el 43% como un fracaso.
El 60% de los hombres aprueba a la presidenta y el 38% la rechaza; y el 59% de las mujeres la aprueba y el 39% la rechaza. La aprobación de la presidenta es mayor entre las personas de mayor edad y menor en las más jóvenes.
En las personas mayores de 50 años, la aprobación es del 70% y la desaprobación del 30%. En la población de 30 a 49 años, la aprobación es del 59% y la desaprobación del 39%. En la de 18 a 29 años, la aprobación es del 49% y la desaprobación del 49%.
Entre menor es la escolaridad, mayor es la aprobación y entre mayor es la escolaridad aumenta la desaprobación. Los que estudiaron hasta la primaria, el 78% la aprueba, y el 20% la desaprueba.
Los que estudiaron secundaria, el 63% la aprueba y el 33% la rechaza. Los que estudiaron preparatoria, el 60% la prueba y el 39% la rechaza. Los que tienen universidad o más, el 40% la aprueba y el 59% la rechaza.
La encuesta se realizó a 800 personas mayores de 18 años con credencial del INE, la confianza es del 95%. De 2015 a 2023, Lorena Becerra, dirigió el área de encuestas del periódico Reforma, y después funda su propio despacho. Se le considera entre las encuestadoras más serias y profesionales que hay en México.
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Rubén Aguilar Valenzuela
El pasado 17 de mayo, The New York Times, en su edición dominical, dedicó una página entera a una investigación sobre el crimen organizado en México, firmada por Paulina Villegas. La publicación ha tenido un gran impacto y repercusión en nuestro país y en el mundo.
En el artículo se documenta la existencia de una "arquitectura invisible de protección" dentro de distintos niveles del gobierno de Sinaloa que permitieron al Cártel de Sinaloa operar desde 2021 con amplio margen de impunidad.
La reportera Villegas, obtiene el testimonio de tres elementos operativos del propio cártel que le explican como este sistema ha operado, que incluye acuerdos económicos con las autoridades para facilitar el tráfico de drogas y armas, así como la entrega de rivales por parte de fuerzas del orden.
Acá retomo la síntesis de esta investigación periodística que Juan Ortíz, publicó en su portal Lupa Parlamentaria, que tiene diez puntos:
1. El Cártel de Sinaloa operó durante años con una red de protección dentro del gobierno de Sinaloa, formada por funcionarios de distintos niveles.
2. Esa protección permitió mover drogas y armas sin obstáculos, mediante avisos, códigos, rutas libres y alertas sobre operativos.
3. Funcionarios públicos entregaron información operativa al cártel, incluida ubicación de patrullajes, presencia policial y movimientos de rivales.
4. El cártel usó a funcionarios corruptos para golpear a sus enemigos, incluso permitiendo que armas robadas al Ejército llegaran a grupos rivales para provocar enfrentamientos.
5. La acusación de fiscales estadounidenses apunta directamente contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y contra nueve exfuncionarios o políticos estatales.
6. Según la acusación, Rocha Moya y otros políticos tuvieron una relación de años con el Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos y respaldo político.
7. La nota afirma que Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", ayudó a Rocha Moya a ganar en 2021, mediante robo de boletas, secuestros e intimidación contra candidatos opositores.
8. La red de protección siguió funcionando pese a la guerra interna entre Los Chapitos y Los Mayos, aunque habría quedado debilitada tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.
9. Operadores del cártel entrevistados por Villegas describen colaboración directa con policías, mandos locales y funcionarios, incluyendo protección en retenes, aeropuertos, hoteles y zonas de operación.
10. El problema rebasa a Sinaloa, porque México tendría antecedentes de colusión entre autoridades y crimen organizado en varios estados, con casos como Nayarit (Edgar Veytia), Tamaulipas (Tomás Yarrington) y Guerrero.
La presidenta pide pruebas en contra de Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, y los otros funcionarios implicados, dos ya se declararon culpables y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, todos los días por diversos medios se le proporcionan, pero ella las niega, y continúa defendiendo a estos criminales.
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