Rubén Aguilar Valenzuela
Desde el primer día de su gobierno el presidente López Obrador se ha dedicado a restaurar el régimen del presidencialismo autoritario anterior a la reforma política de 1977.
 
Es el propio de los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Es cuando el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente, tenía sometido al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
 
Ahora el presidente tiene el control del Poder Legislativo a través de la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados y mayoría simple en la Cámara de Senadores.
 
Así fue con el PRI hasta que en 1997 perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A partir de esa fecha ningún partido tuvo nunca más la mayoría absoluta hasta la elección de 2018 con Morena.
 
El presidente poco a poco se va haciendo del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los once magistrados que la integran le ha tocado nombrar a tres de ellos y Arturo Zaldívar, el magistrado que preside la corte, se manifiesta afín al presidente.
 
En 1976, en el esplendor de la presidencia autoritaria, el joven López Obrador ingresó al PRI. Ahí se formó como político. Y a lo largo de 14 años asumió las maneras, la concepción política y la cultura de ese partido. Ante la sólida formación de ese instituto hay un dicho que dice: "Lo priista nunca se quita".
 
Cuando se ve lo que el presidente está haciendo no puede dejarse de hacer el comparativo con esos gobiernos, en particular de Echeverría. Con la variante, no menor, de la comparecencia mañanera.
 
En el modelo de la presidencia autoritaria, imperial la ha calificado Enrique Krauze, los órganos autónomos del Estado no deben de existir. Son instituciones fundamentales en las sociedades democráticas, pero al presidente le sobran.
 
Le molestan porque acotan su poder que es una función sustantiva de estos organismos. En su proyecto de acabarlos ya ha suprimido algunos, otros los ha acotado en sus atribuciones y a otros los controla con incondicionales que él ha puesto a su cabeza.
 
Ahora su ataque mayor lo concentra en el Instituto Nacional Electoral (INE), que quisiera estuviera bajo control de alguna instancia del gobierno como en los tiempos del PRI cuando las elecciones se organizaban en la Secretaria de Gobernación. Ahí, en independencia del resultado de la votación, se decía quien ganaba y perdía.
 
En esa misma línea está la molestia que le causan las organizaciones de la sociedad civil, autónomas e independientes del gobierno, a las cuales les ha declarado la guerra. Para él, como en los tiempos del más viejo PRI, todo debe estar bajo control del presidente.
 
López Obrador, al aproximarse las elecciones del 6 de junio, ha radicalizado sus discursos en contra del INE, al que no controla, en lugar de defenderlo en su calidad de jefe del Estado mexicano. Y agrede y descalifica a todo el que no piensa como él.
 
¿Es posible que el presidente lleve a cabo su proyecto de restauración? En estos dos y medio años de gobierno ha dado pasos decisivos en esa dirección. ¿Es posible poner alto a esta pretensión? Es algo que está en manos de los electores y son ellos los que van a decidir si quieren que se restaure o no la presidencia autoritaria e imperial.

Rubén Aguilar Valenzuela

La llamada del pasado viernes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al presidente López Obrador fue un primer escarceo de 45 minutos preparatorio al viaje de Harris a México el próximo 8 de junio donde habrá una reunión de dos horas en Palacio Nacional entre ambos mandatarios.

Harris planeó, en la conversación telemática, que Estados Unidos y México deben trabajar juntos en "combatir la violencia y la corrupción" en los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) dos capítulos donde el gobierno de López Obrador no ha dado buenos resultados.

Los primeros dos años y medio de su gobierno son los más violentos en la historia de los últimos 60 años en México, con más de 80 mil homicidios dolosos, y la lucha contra la corrupción se ha quedado en buenas intenciones y discursos. Ahí siguen, entre otros, Bartlett, Sandoval, el hermano y la prima del presidente.

La vicepresidenta planteó con razón que "la mayor parte de la gente no quiere dejar sus hogares y cuando lo hace es porque están forzados por algo, porque no hay oportunidades en su país" y que a la base de esta situación están, entre otros problemas, la violencia y la corrupción.

López Obrador tuvo una muy buena relación con el presidente facistoide Donald Trump y a Harris le dijo que "nos vamos a seguir entendiendo, tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria. Nosotros vamos a ayudar, pueden contar con nosotros".
 
Por lo pronto y mientras las cosas no cambien, tal vez puede suceder algo distinto el próximo junio, lo que el gobierno de Biden pide al de López Obrador es lo mismo que el de Trump, que  detenga a los migrantes centroamericanos, ahora sobe todo a los niños no acompañados, y para eso el gobierno de México tiene desplegada a la Guardia Nacional en la frontera sur y norte del país.

El encargo que Biden ha hecho a su vicepresidenta es que busque una solución de raíz al problema de la migración en los países del Triángulo de Norte, aunque también es cierto que cada vez les preocupa más el aumento de la migración mexicana hacia Estados Unidos. De la llamada ambas partes dijeron que fue cordial y que sus gobiernos están en la mejor disposición de trabajar conjuntamente.

Un especialista mexicano en el tema de la migración centroamericana, que me pide no citarlo, me dice que habría que sugerir a las partes que antes de seguir avanzando en la planificación de una solución deben evaluar los planes anteriores. El Plan Puebla-Panamá y el Plan Alianza para la Prosperidad. En su visión éstos no solo fracasaron por falta de recursos. Hay otros elementos.

Y agrega que es importante involucrar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en migración y quizá también al gobierno de Canadá, que tiene una importante migración centroamericana y mexicana. Es clave, añade, profundizar en el análisis de la realidad mesoamericana. No basta con atender las causas, su solución en el mejor de los casos es a mediano plazo. Por eso mismo no se justifica el actual cierre de fronteras, de México y Estados Unidos, a la migración centroamericana.

Twitter: @RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela
El presidente López Obrador está muy lejos de ser el mandatario más criticado por los medios en la historia mexicana del siglo XX y XXI como le gusta decir. En la narrativa de construcción de su imagen como víctima y mártir vuelve una y otra vez a lo mismo.
 
En la mañanera del 4 de mayo de 2021 afirmó que, después del presidente Francisco I. Madero, nunca ningún otro mandatario había sido tan atacado por los medios como él. Y calificó a la prensa como tendenciosa, golpeadora, mentirosa y defensora de grupos corruptos.     
 
Y ya en un tono muy violento dijo: "Lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento". Añadió: "Tenemos la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservadores. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información".  
 
Como candidato actuó muy bien el papel de víctima y mártir; en buena medida, construyó su carrera política a partir de esa imagen y, ya en la presidencia, continúa representándolo. Es de las cosas que mejor sabe hacer. Son ya muchos años de interpretar a ese personaje. 
 
Los datos duros muestran que el presidente no es el más criticado. Sólo un ejemplo: el 25 de septiembre de 2020, para probar cómo se le criticaba, el presidente presentó en la mañanera de ese día la cobertura, del día anterior, de cinco medios de la Ciudad de México.
 
El despacho Spin —que todos los días analiza las comparecencias del presidente— hizo un comparativo, de ese mismo día y en los mismos medios, con en el segundo año de gobierno del presidente Peña Nieto. Para éste la opinión negativa fue del 75 % contra el 66 % de López Obrador.


Ilustración: Patricio Betteo
 
Los datos duros en estos dos años y medio de gobierno muestran que López Obrador no es el presidente más atacado, pero sí, y con mucho, el más sensible, el de piel más suave ante la crítica de los periodistas y medios. En ninguna ocasión se muestra abierto a la crítica. No importa la contundencia de la evidencia.  
 
En su visión del mundo, en su radical narcisismo, él es perfecto y nadie tiene el derecho y la calidad moral para criticarlo; tampoco al gobierno que dirige, que es extensión de sí mismo. Ve toda crítica como un ataque a su persona y su proyecto. El buen periodismo —que lo entiende como propaganda— es el que lo alaba y reconoce lo que hace.
 
Un elemento central de los medios en la sociedades democráticas es analizar la gestión del gobernante y su gobierno, y criticar, con datos duros, su desempeño. Actúan como instancias independientes que develan las fallas y los errores del poder. Informan a la sociedad lo que realmente ocurre y no lo que de manera propagandística dice y quiere oír el poder.
 
Como candidato el ahora presidente fue muy crítico de los gobernantes en turno y también de su gestión. Los medios recogieron esa crítica porque consideraron que lo que denunciaba era relevante. Ya en el poder cambió su manera de pensar: ahora no acepta que la prensa cumple con su función y la descalifica todo el tiempo por no serle afín.
 
A ningún gobernante, en ningún lugar del mundo, le gusta la crítica de los medios. Entre otras cosas porque muestra lo que no quieren que se vea: sus fallas y errores. Y, de la misma manera, en todas las sociedades democráticas los gobernantes —que deben tener piel dura— aguantan la crítica y respetan la libertad de expresión.
 
El presidente, en cambio, se dedica todas las mañanas a violentar la libertad de expresión al atacar, sin razón, a periodistas y medios que se atreven a criticarlo. Los califica de oposición. El presidente miente. Lo que hacen los medios es cumplir con su misión social que, entre otras cosas, es criticar,  cuando hay elementos objetivos, al poder. 
 
En la medida que pasan los días, el presidente se vuelve más intolerante con los periodistas y con los medios. Reacciona siempre con violencia a las preguntas que en la mañanera lo cuestionan a él y a su gobierno, y aprovecha ese espacio para pasar a la guillotina a todo aquel periodista o medio que se atreve a decir la verdad. Él no la quiere oír: la verdad es un delito. Tiene la piel suavecita.
 

Rubén Aguilar Valenzuela 
Hoy viernes se comunica el presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el próximo 8 de junio viaja a México. El tema central a discutir es la migración mexicana y la de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La vicepresidente ha sido nombrada por el presidente Biden, para buscar una solución que ataque las causas de la migración en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y contribuir al desarrollo del sureste mexicano.

Es la misma idea que se contempló en el Plan Puebla-Panamá que se diseñó y puso en operación en el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), pero que fracasó por falta de recursos.

El gobierno de Biden anunció que invertirá 4 mil millones de dólares en el intento de solucionar de raíz el problema. La cantidad de recursos es importante, pero está muy lejos de la que se necesita, para cambiar la realidad estructural de los países del Triángulo del Norte.

Lo que hasta ahora se ha hecho es solo detener y deportar a los centroamericanos. El presidente López Obrador cedió a las presiones del presidente Trump y México cambió radicalmente su política migratoria, para convertirse en un muro en contra de la migración que viene del Triángulo del Norte.

Con la Guardia Nacional estableció un doble filtro; uno en la frontera sur y otro en la norte, para evitar que los centroamericanos ingresen a México y Estados Unidos. En parte el operativo ha sido exitoso, pero de todos modos no ha frenado la migración, que claramente se ha incrementado a pesar de las barreras.

Con la llegada de Biden la política migratoria ha seguido siendo la misma y es la de no dejar pasar y deportar a los migrantes mexicanos y centroamericanos. El gobierno de México hace su parte y también detiene y deporta.

Luis de la Calle en un artículo en El Universal dimensiona la gravedad del problema: "Guatemala, El Salvador y Honduras no cuentan con la infraestructura para participar plenamente en la economía regional: no tienen la logística de transporte y comunicaciones necesarias; no cuentan, a pesar de ser varios ricos en ella, con la energía necesaria; ni han desarrollado la base tecnológica y de conocimientos para explotar sus ventajas competitivas; ni cuentan con un ambiente político y jurídico propicio a la inversión".

A esto habría que añadir la débil estructura institucional, el autoritarismo, la falta de Estado de Derecho, los muy altos índices de violencia y crímenes dolosos, la penetración del narco en las estructuras del poder, en particular en Honduras, y también los muy altos niveles de corrupción en las cúpulas gubernamentales, que incluyen a los militares. A todo esto se añade la política del nuevo presidente de El Salvador que violenta el orden Constitucional.

La solución a los problemas económicos, políticos y sociales del Triángulo del Norte y parte del sur de México no es fácil. Se requieren transformaciones profundas que no es posible alcanzar en el corto y mediano plazo. Exigen un plan de gran envergadura que se pueda continuar a lo largo de los años más allá de un periodo gubernamental en Estados Unidos y en los países centroamericanos. Se requiere algo así como un Plan Marshall.