Rubén Aguilar Valenzuela

 El presidente López Obrador llegó a la presidencia como resultado de la lucha democrática de la ciudadanía y también de los partidos políticos que lograron, entre otras cosas, la creación de un órgano electoral de Estado autónomo del gobierno.

En la elección de julio de 2018, el INE contó los votos y reconoció como ganador al candidato López Obrador. Sin la existencia de ese organismo nunca hubiera podido ser presidente de México. Él lo sabe.

A pesar de lo anterior, en imitación de otros gobernantes de Centroamérica y también de Suramérica, desde el primer día de su gobierno se ha dedicado a sabotear a la democracia.

De manera particular al órgano electoral autónomo porque sabe que éste no le va a permitir controlar las elecciones, para que su partido se perpetúe en el poder y en su caso, está por verse, que él mismo pretenda reelegirse.

Ya desde el poder su proyecto ha sido restaurar el régimen del presidencialismo autoritario anterior a la reforma política de 1977. El propio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), pero sobre todo de Luis Echeverría (1970-1976), que acaba de cumplir 100 años.

En ese proyecto de centralización y concentración del poder ya se ha hecho del Poder Legislativo y todo apunta que también del Poder Judicial con el apoyo del presidente de la SCJN. Estamos a días de saberlo.

El presidente que ingresó al PRI en los años del esplendor de la presidencia autoritaria tiene en ella su modelo de gobierno. Se formó en ese partido y en esa tradición política que ahora pretende restaurar. Lo hace con manual en mano.

Fue un buen alumno y asimiló todos los componentes del paradigma. Como presidente del PRI en Tabasco, su estado natal, durante la gubernatura de Enrique González Pedrero (1983-1987), pudo poner en práctica las lecciones aprendidas. En 1984 fue maestro en el instituto de formación política del PRI nacional.

La restauración del modelo implica a más de poner al Poder Legislativo y al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo, eliminar los órganos autónomos del Estado que sirven de contrapeso al poder presidencial.

Ya en la presidencia ha suprimido a algunos, otros han logrado que se reformen, para disminuir su campo de acción, y en otros ha puesto gente de su confianza, incondicionales a él, para controlarlos.

En el mismo esfuerzo de eliminar todo tipo de contrapeso a la figura del presidente emperador, ha declarado la guerra a las organizaciones de la sociedad civil, que entre otras funciones actúan como contrapeso al poder del gobierno.
 
La radicalización reciente del agresivo discurso presidencial en contra de todo lo que no se le somete se origina, entre otras cosas, en qué hay una gran posibilidad de que en el próximo junio pierda la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Él estaba seguro de que tendría esa mayoría y desde esa condición reformaría las leyes, incluso la Constitución, para que de manera legal se restituyera el presidencialismo imperial autoritario con él a la cabeza. Su manifiesta frustración deriva de que todo indica que esto no será posible.