Rubén Aguilar Valenzuela
En el proceso de reconstrucción del viejo y rancio presidencialismo priista, proyecto del presidente López Obrador, se ha dado un paso más con el sometimiento del Poder Judicial a manos del Poder Ejecutivo.
Ahora, como lo fue por décadas, el Poder Judicial queda sometido a los designios del presidente. El pasado primero de octubre se hizo evidente que éste cuenta con seis de los once ministros de la corte.
Estos le dieron lo que les solicitó. En sólo dos años pudo hacer realidad uno de sus propósitos fundamentales; someter al Poder Judicial al Poder del Ejecutivo. Ya antes lo había hecho con el Poder Legislativo.
El presidente, más allá del pretexto de que el pueblo decida si se juzga o no a los expresidentes, lo que quería era meterse al proceso electoral del 2021. Esto al no lograr que la votación de revocación de mandato quedara en esa fecha.
En términos jurídicos es insostenible la posición de los ministros que votaron a favor de la solicitud del presidente como bien lo argumentaron los ministros Aguilar, Laynes y Piña.
La aplicación de la ley nunca puede estar sujeta a la decisión del voto popular como lo decidieron los seis ministros que votaron a favor de que así sea. En esta materia no hay lugar a las interpretaciones.
El pasado jueves quedó claro que en lo que resta del mandato presidencial la SCJN, el Poder Judicial, se va a someter al presidente en todos los temas que les solicite. Y también que no va a prosperar ninguna controversia en contra de las decisiones presidenciales. No hay más.
El Poder Judicial dejó de ser contrapeso del Poder Ejecutivo para convertirse en su palero. En materia judicial hay un retroceso de por lo menos 25 años. Es también un golpe a la democracia con sus evidentes limitaciones.
Desde ahora queda claro cuál es el resultado de la consulta, a pesar de lo incomprensible de la pregunta, y también que no habrá ninguna investigación de los expresidentes, ahora ya no mencionados en la pregunta.
El circo de la consulta, que va a costar miles de millones de pesos, no tiene ninguna intención jurídica y sí política. El presidente, tal como lo quería, se hace de un evento que habrá de publicitar cada vez que lo necesite, para intentar esconder el fracaso de su gobierno.
Y esto también le permite meterse al proceso electoral. En 2021 el día de la elección la boleta de la consulta estará en las mesas de votación. En las próximas semanas queda por ver cómo el presidente va a articular una cosa con la otra en beneficio de los candidatos de su partido.
La historia habrá de registrar que seis ministros violaron la Constitución, para complacer al presidente. Y que sometieron al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. ¿A cambio de qué? Eso también algún día se sabrá.
