Rubén Aguilar Valenzuela  
Se ha convertido en un lugar común decir que le presidente está relativamente bien evaluado, pero su gobierno no. La última encuesta de Reforma (09.05.22) reafirma esta percepción ciudadana.

Para mayo, el presidente tiene un 62 % de aceptación y un 32 % de rechazo, que para este tiempo de gobierno corresponde a los mismos porcentajes que tenían Zedillo, Fox y Calderón. Salinas tenía más positivos y Peña Nieto menos.

El gobierno del presidente sale relativamente bien evaluado en los programas sociales, educación, salud y combate a la pobreza. En economía y combate a la corrupción es prácticamente igual los porcentajes de positivos y negativos.

Donde le va particularmente mal es en la seguridad con 44 % de negativos y 28 % de positivos y combate al crimen organizado con 46 % de negativos y 26 % de positivos.

De diciembre de 2021 a mayo de 2022 aumenta al 67 % la ciudadanía que piensa ha crecido la violencia y disminuye al 10 % la que dice ha mejorado.

En el mismo periodo de tiempo crece a 66 % dicen hay más inseguridad y disminuye al 9 % los que piensan que ahora es menos.  
 
Lo mismo pasa con la presencia del crimen organizado. En el periodo considerado el 63 % dicen que ha aumentado y se reduce al 10 % quienes piensan ha disminuido. El 81 % estima que han aumentado el feminicidio y solo 3 % que han disminuido.
 
El 36 % dice que su condición económica y la de su familia ha empeorado y el 31 % que ha mejorado en el periodo que va de diciembre de 2021 a mayo de 2022,.
 
El 71 % piensa que la inflación lo ha perjudicado mucho o algo y a el 28 % poco o nada. El 60 % piensa que está bien se subsidie la gasolina y el 33 % considera que esos recursos deben canalizarse a otros programas.     
 
A 43 meses de estar en el gobierno al presidente la mayor parte de la ciudadanía, en torno al 60%, no le "cobra" que la seguridad y la economía no vaya bien. Distingue entre el personaje y su acción.
 
Hasta ahora, como lo señalan otras encuestas, la ciudadanía reconoce lo que no están bien, como seguridad y economía, pero no culpa al presidente de que las cosas vayan mal.
 
Al futuro hay dos posibilidades: Que hasta el final del mandato se mantenga esa doble valoración (voto duro) o que empiece a bajar los positivos del presidente producto de que la cosas no van bien.
 
Si el presidente llega hasta el final con una relativa buena calificación no resulta fácil, es prácticamente imposible, trasladar sus positivos al candidato de su partido.
 
Lo que si es evidente, hay muchos ejemplos, es que si llega mal valorado sus negativos si se transfieren al candidato de su partido. La realidad siempre es fluida. Ya veremos

Rubén Aguilar Valenzuela 
En la primera quincena de abril pasado, con solo días de diferencia, se dieron a conocer cuatro informes internacionales sobre la situación que vive México en temas como la militarización, la violencia, los asesinatos, el feminicidio, la violación de los derechos, las personas desparecidas y la impunidad.
 
Uno es el informe que elaboró el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED-ONU), a partir del trabajo de campo que realizaron diez expertos internacionales en los meses finales del 2021. Otro es el Informe Anual Sobre Derechos Humanos que publica el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.
 
Está también el Informe Anual 2021-2022 que dio a conocer Amnistía Internacional (AI) y el Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch (HRW), que comprende los primeros cuarenta meses del actual gobierno de México. A continuación, ofrezco un punteo de lo que dicen cada uno de estos documentos.


Ilustración: Izak Peón
 
Informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
 
• El país mantiene un enfoque militarista de la seguridad pública. Es una estrategia "insuficiente e inadecuada" adoptada años atrás, pero escalada en el gobierno del presidente López Obrador. Ha dado a las Fuerzas Armadas responsabilidades que no le corresponden.
• La permanente participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública "permite poner en duda" su respeto a "los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana".   
• La Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) están entre las diez autoridades con el mayor número de expedientes abiertos por presunta violación a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar) por violaciones graves a los derechos humanos. De ellas, quince estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
• La Secretaría de Gobernación (Segob) reporta 95 121 personas como desaparecidas a noviembre de 2021. Mientras los expertos encargados de preparar el reporte realizaban su trabajo se registraron 111 más. En los últimos cinco años se registran 8000 personas desaparecidas al año. En este sexenio son ya 24 000.
• La delincuencia organizada se ha convertido en "un perpetrador central" de desapariciones, "con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos".
• Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal.
• Entre 2003 y 2021 han desaparecido treinta periodistas. Ninguno ha sido localizado y tampoco ha habido avance en la investigación. El reporte de la ONU muestra su preocupación por los ocho reporteros asesinados en los primeros tres meses del año. 
• "La impunidad en México", dice el reporte, "es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas".
 
Informe Anual del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos
• Continúan los asesinatos ilegales o arbitrarios perpetrados por policías, el Ejército y otros funcionarios.  
• Hay desapariciones forzadas por parte de agentes gubernamentales.
• Está presente la tortura y el trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad.  
• Existen condiciones penitenciarias degradantes que ponen en peligro la vida de los detenidos.
• Persisten arrestos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. 
• Existen agentes gubernamentales que son cómplices de bandas criminales organizadas. 
• Hay restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación por parte de las autoridades.
• La violencia de género está en aumento.
• Existe violencia y crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTQI+.
• Hay altos niveles de impunidad y muy bajos índice de enjuiciamiento por todo tipo de delitos. 
• La rendición de cuentas por parte de las autoridades es insuficiente.
• Persisten los actos de corrupción de funcionarios del gobierno.
 
Informe Anual 2021-2022 de Amnistía Internacional
• Continúa la militarización de la seguridad pública.
• Prevalece la violación de los derechos humanos, la tortura y las desapariciones forzadas.
• Continúan las detenciones arbitrarias.
• La impunidad de los criminales es absoluta. Crecen los feminicidios y el feminicidio infantil.
• Hay abuso en el trato de los migrantes por parte de las autoridades.
• El presidente ataca de forma abierta y pública a las organizaciones de la sociedad civil.
• El presidente hace declaraciones en contra de medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
• El presidente ataca a las instituciones académicas y a los académicos.
• El presidente agrede a las organizaciones feministas y a la protesta del movimiento social de las mujeres.
• El presidente violenta la libertad de expresión. 
• La narrativa del presidente crea un clima de hostilidad en contra de los sectores que critica y ataca.
• Crece el número de periodistas asesinados. 
• En la pandemia de covid-19, el gobierno hizo caso omiso a las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch
• El presidente ha ampliado el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, tales como el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
• Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según México Evalúa, apenas 5.2 % de los delitos son resueltos.
• El sistema de justicia "no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones".
• La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos y esto viola los derechos humanos. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo.
• La Fiscalía General de la República (FGR) no ha implementado adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. 
• Entre 2013 y 2020 la CNDH recibió 3799 denuncias relacionadas a abusos de la Fuerzas Armadas. El uso de sus efectivos para controlar la delincuencia organizada ha propiciado la violación generalizada de los derechos humanos.
• La policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de numerosas desapariciones. Más de 23 000 han ocurrido en el actual gobierno. Las autoridades en pocas ocasiones intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables.
• Comunicadores y activistas que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos "han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas".
• México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En 2020 se registraron 692 amenazas, ataques u otras formas de agresiones contra los comunicadores.
• Las autoridades no investigan los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que estos estén vinculados con su profesión. 
• México "es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. Entre enero y septiembre de 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 10 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país". 
• Las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2020 el gobierno reportó 1000 feminicidios. No todos los casos de feminicidio son reportados.
• Es habitual que cárteles delictivos, delincuentes comunes y en ocasiones policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados.
• El gobierno ha participado activamente en las políticas de migración abusivas de Estados Unidos. No ha brindado "protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 000 solicitantes de asilo, incluyendo muchas familias con niños, que fueron enviados a México en el marco de la política de 'Quédate en México'".
• El gobierno ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas.
 
A manera de conclusión
 
Estos informes los han elaborado las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y organizaciones de la sociedad civil con presencia internacional. Se basan en datos duros obtenidos por medio de trabajo de campo, así como de fuentes del gobierno federal y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el país.
 
Los reportes ponen en evidencia la realidad de la militarización que día a día crece, la violación sistemática de los derechos humano, la práctica de la tortura, la violencia generalizada que impera en el país, los asesinatos que no se detienen, el creciente feminicidio, el asesinato de periodistas y activistas sociales, el aumento de las desapariciones, el ataque a la libertad de expresión, el maltrato a los migrantes, la inoperancia del sistema de justicia y la impunidad absoluta que reina en el país.     
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los resultados del informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, reaccionó de manera particularmente agresiva y acusó a la organización de no actuar "con apego a la verdad", añadiendo que "ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción ni la impunidad".
 
Los informes coinciden en su visión sobre México. Muestran una realidad trágica, dolorosa y alarmante. En el país son muchos los actores que coinciden con lo que ahí se presenta, incluyendo una pequeña minoría dentro del gobierno. El presidente se niega a aceptar esta situación y por lo mismo a enfrentarla. Si no se reconoce lo que realmente pasa, nunca se podrá hacer frente a los problemas. En la realidad alterna en la que vive el presidente de México, no existe lo que plantean estos informes. Él tiene otros datos.
 
La negación no consigue otra cosa que agravar los problemas que no se quiere reconocer. Ante la actitud del presidente, todo indica que su gobierno no hará caso alguno a lo que se advierte en estos informes. Así, los documentos que se den a conocer el próximo año darán cuenta de una situación todavía peor a la que ahora nos enfrentamos como sociedad y país. ¿Hasta cuándo?