Rubén Aguilar Valenzuela El primer ejercicio de revocación de mandato que se organiza en nuestro país tiene vicios de origen. No lo solicitan quienes están en desacuerdo con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer que éste deje su cargo.
Lo pide el propio presidente de la república, y no como un evento que pide su revocación, sino como uno que propone la ratificación de su mandato. Por eso, sin recato alguno, el presidente ha sido quien más se ha dedicado a promover el evento, que tiene lugar el día de hoy, 10 de abril.
La Constitución y la Ley de Revocación de Mandato establece con claridad que en el tiempo de la veda electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) "será la única instancia a cargo de la difusión" de ese ejercicio. La ley no se presta a ninguna duda o interpretación.
El INE no hizo la ley, que para su aprobación contó con el voto de los senadores y diputados de Morena en el Congreso de la Unión. Estos legisladores fueron sus más entusiastas promotores. La aprobación de la ley la celebraron como una victoria.
La misión del INE es organizar el evento y vigilar que todos los actores políticos cumplan con la ley. De no hacerlo se convertiría en cómplice de quienes violan la Constitución y la ley. Y se sería objeto de señalamientos jurídicos por parte de los órganos del Estado correspondientes.
Desde el primer día que empezó la veda electoral, el presidente se dedicó a promocionar que las personas fueran a votar. Y, de manera implícita, que lo hicieran para que él permaneciera en el cargo. Lo hizo a sabiendas de que violaba la Constitución y la ley.
No era la primera vez. En el proceso electoral de 2021 violó la Constitución y la Ley Electoral en 89 de los 90 días que duró la campaña, como en su momento lo hicieron ver el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A ninguno de los señalamientos de estas instancias del Estado hizo caso.
A imitación de López Obrador, amparados por su desacato a la ley, el presidente de Morena, Mario Delgado, gobernadores morenistas y funcionarios del gobierno federal se han dedicado a promocionar el ejercicio de "ratificación" de mandato.
Como parte de esa estrategia en el país entero, de un día para otro, aparecieron cientos de espectaculares que invitan a votar para que el presidente se quede en su cargo. Nadie conoce quién ha pagado esa publicidad. Todo indica que es Morena con otra cara y nombre.
El presidente reacciona a las advertencias del INE y el TEPJF de que está violando la ley y debe rectificar su actitud con andanadas de insultos y mentiras en contra de estas instituciones, porque no se someten y no le dicen lo que él quiere escuchar.
En una decisión que sólo puede calificarse como golpista, el presidente ordenó a sus diputados y senadores modificar la ley, para permitir que los funcionarios públicos hicieran propaganda sobre el ejercicio de la revocación de mandato.
La ley se aprobó tal como el presidente quería, aunque sabía que no tenía ninguna validez jurídica. Era solo humo para justificar su violación consciente y sistemática a la Constitución y la ley.
Para que esa ley fuera legítima se necesitaba cambiar la Constitución, pero los de Morena no tenían los votos para hacerlo. La reacción inmediata del INE fue asegurar que seguiría aplicando la ley vigente, como es su obligación.
Días después el TEPJF emitió una sentencia por mayoría de votos, cinco de siete, donde señala que no es aplicable el concepto de "propaganda gubernamental" para la consulta de revocación de mandato que votaron Morena y sus aliados.
Los magistrados sostienen que la interpretación que hace Morena es inaplicable en el caso de la revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto "propaganda gubernamental".
Lo que se hace, dicen, es una modificación sustancial a las reglas de comunicación política establecida en la prohibición que se expresa en la Constitución. Por lo mismo, toda publicidad en torno a la revocación de mandato que realicen los distintos órdenes de gobierno es propaganda gubernamental que está prohibida por la Constitución y la ley reglamentaria en la materia.
El TEPJF sostiene que con esta resolución se protege el modelo de comunicación para la revocación de mandato que se establece en la Constitución. Y que así se "tutela el principio de certeza y legalidad en su desenvolvimiento".
Los magistrados confirmaron las medidas cautelares dictadas por el INE para eliminar la propaganda de apoyo al presidente que invita a los electores a ir a votar el próximo 10 de abril para que éste permanezca en su cargo.
El desacato del presidente y los suyos creció a lo largo del proceso de revocación de mandato que organiza el INE. Un salto de calidad en la violación de la Constitución y la ley ocurrió el domingo dos de abril, una semana antes del evento.
Ese día el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente de Morena, Mario Delgado, con el apoyo y compañía del comandante de la Guardia Nacional (GN), general Luis Rodríguez Bucio, se dedicaron a promover el evento sabiendo que violaban la Constitución y la ley.
Lo nuevo y muy preocupante es que, en esta violación, a la vista de todos, haya participado un alto mando del Ejército. Y que se haya utilizado un avión de la GN para hacer los traslados de los funcionarios que participaron en eventos partidarios de carácter ilegal.
La presencia del comandante de la GN se entendió —no puede ser de otra manera— como un signo de que la postura oficial de los altos mandos del Ejército es que se puede violar la Constitución y la ley si así lo ordena el comandante en jefe.
El general secretario no se pronunció para descalificar a un subalterno que viola la Constitución y la ley. Por la vía de los hechos hace saber que el Ejército avala y es parte de la estrategia de propaganda que impulsa el presidente.
La acción desesperada e ilegal que promueve el presidente —a la que arrastra al Ejército, a su partido, a los gobernadores morenistas y a los funcionarios— obedece a que quiere que el 10 de abril se presenten a las urnas millones de ciudadanos para "ratificarlo" en el cargo.
De su parte es un acto de narcisismo y egolatría. Se sabe de antemano que los que se presenten a votar lo van a hacer mayoritariamente porque se quede en su cargo. Las encuestas registran que el 80% así va a votar.
El tema no es que el presidente corra algún peligro y que los asistentes a las urnas voten a favor de su revocación. Lo que sí hace la diferencia en este gigantesco acto de vanidad es el número de participantes.
Si se presentan sólo diez millones, para poner un número, serían veinte millones menos de los treinta millones que lo votaron como presidente en 2018, lo que sería un golpe brutal a su ego. Lo que quiere es que millones del pueblo bueno le pidan que permanezca en el cargo. Diez millones son poca cosa.
Estamos a horas de saber el resultado del ejercicio de revocación de mandato que el INE, como siempre, hará de una manera pulcra y profesional. Lo que sí sabemos, de manera contundente, es que el presidente y los suyos de manera consciente han violado la Constitución y la ley.
Sabemos también que si el ego y narcisismo del presidente son golpeados por la escasa participación ciudadana ya hay un culpable de tal afrenta. Se llama INE. Él y no el pueblo bueno es el responsable de los resultados. La perversa organización del INE fue la que impidió que el pueblo bueno se manifestara.
Rubén Aguilar Valenzuela 
Antiguo Palacio de Iturbide. Ciudad de México
