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Rubén Aguilar Valenzuela
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el 21 de diciembre pasado nombró al general Julio César Avilés Castillo al frente del Ejército de Nicaragua por seis años más, al fin de este período habrá estado 21 años al mando de la institución.
Los estudiosos de la realidad nicaragüense consideran que esta decisión de Ortega ocurre para garantizar el apoyo y la fidelidad del Ejército, a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.
Ortega no goza de buena salud y en caso de faltar quien lo habrá de suceder en la presidencia será su esposa, que no tiene todas las simpatías de los integrantes del gobierno y del FSLN, a pesar del enorme poder que goza.
En el caso de que Ortega, por problemas de salud, o por su fallecimiento, tuviera que dejar el poder en los próximos seis años, su compañera, la vicepresidenta, tiene el apoyo incondicional del Ejército que comanda Avilés. Así se garantiza la sucesión.
Como lo señala el portal Confidencial, la dictadura aprobó ilegalmente en primera legislatura, el 22 de noviembre de 2024, una reforma constitucional que establece que la Presidencia de Nicaragua estará integrada por un "copresidente y una copresidenta".
Esta legislación anula la independencia de los poderes del Estado, que ahora se reducen a "órganos", extiende el período presidencial y garantiza la continuidad de una dinastía familiar.
Todo indica que el Ejército está ya sumado al proyecto dinástico de Ortega y Murillo, y que está conjurada cualquier oposición a que Murillo ocupe la presidencia.
Y para evitar, el menor de los problemas o inconvenientes, el general Avilés y los generales Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, y Marvin Corrales, inspector general del Ejército, que desde hace seis años integran la Comandancia General, han creado un "tapón institucional" dentro del Ejército, donde los ascensos y retiros dependen directamente del dictador.
A cambio, los altos mandos tienen garantizados sus negocios y la expansión de los mismos, que ahora adquieren propiedades en el Caribe, con al apoyo de Ortega y Murillo. La producción pecuaria, entre otras actividades, requiere de acceso a más tierras, que la dictadura les garantiza.
El dictador ha entregado a los altos mandos un centenar de propiedades altamente rentables y les concedió aumentos presupuestarios permanentes. La dictadura, y su Ejército participan y se benefician de un mismo proyecto.
Rubén Aguilar Valenzuela
La incautación de armas producidas en Estados Unidos y dirigidas al mercado mexicano se triplicó en el período de 2016 a 2023, según el reporte de Small Arms Survey, que se dio a conocer en noviembre pasado.
El informe se elabora con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) Con destino a México, en el período 2016-2019 fueron incautadas 286 armas y entre 2020 y 2023, 1035, lo que representa un crecimiento del 263%.
En el caso de América Latina y México la demanda es de armas de asalto y para el caso de nuestro país el 38% de las incautadas fueron de este tipo, en el resto de América Latina, el 27%, y en el Caribe el 6%.
De acuerdo al CBP, la mayoría de los fusiles de asalto destinados a América Latina, la mayor parte tenían como destino México "donde tiene una gran demanda entre los cárteles de la droga (...) en Haití las pandillas están buscando las mismas armas de los cárteles de la droga mexicanos", de manera particular AK-47 y el fusil semiautomático AR-15. La mitad de las armas decomisadas que venían a México fueron de estos dos tipos.
El tráfico de las armas hacia México ocurre por las fronteras terrestres con Estados Unidos y se realiza en vehículos particulares. Estos decomisos representan el 76% del total. Llega al 91% si se suman los que se hacen en autobuses, camionetas, furgonetas, y el 5% ocurre a peatones y ciclistas. El restante 4% corresponde a envíos por paquetería.
De acuerdo al estudio el mayor tráfico de armas de Estados Unidos a México ocurre por la frontera de Laredo, Texas, donde se confiscaron el 66% de las armas; le sigue Tucson, Arizona, con el 18%; El Paso, Texas, con el 9% y San Diego, California con el 3%.
La organización es consciente de que el número de armas confiscadas es muy menor con relación al número de estas que todos los años ingresan de Estados Unidos hacia México, todas para los grupos del crimen organizado. Se manejan distintas cifras, pero hay un acuerdo que la cantidad ronda en poco más de 200 000 armas larga al año.
¿Por qué se decomisan tan pocas armas? Esto dice, la organización, requiere de datos y análisis adicionales con los que ahora cuenta. Los datos que se tienen muestran dos cosas; que el tráfico se realiza por vía terrestre a través de la frontera en vehículos privados, y que han aumentado los decomisos, aunque de manera marginal con relación a los volúmenes de armas que ingresan desde Estados Unidos a México.
Small Arms Survey es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que tiene 25 años de existencia, que ofrece conocimientos imparciales, con base en evidencia, que resulta relevante para el estudio y el diseño de las políticas públicas sobre armas y la violencia a gobiernos, formuladores de políticas, investigadores y a la sociedad civil.
Rubén Aguilar Valenzuela
En el sexenio del presidente López Obrador (2018-2024), el número de las víctimas de extorsión creció a niveles históricos, para sumar 57 499 carpetas de denuncia, según el reporte Víctimas del Delito del Fuero Común, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los números de los casos reales de extorsión alcanzan los millones al año y solo en 2023 se registraron 4 900 000, según el INEGI, que con estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la cifra negra en el caso de extorsión fue de 97.4% entre 2018 y 2023, y llega al 100% en estados como Sonora, Guerrero y Nayarit.
El cobro de piso se ha extendido por todo el país, y ahora es una de las actividades más rentables para los grupos del crimen organizado, que privilegian el tipo de cobro de acuerdo a la entidad federativa de la que se trate, como el limón en Michoacán, la madera en Durango o casinos en distintas entidades del país.
A partir de la pandemia del Covid-19, en el país creció exponencialmente los casos de extorsión por vías electrónicas, de manera especial el teléfono, y se multiplicaron los que se conoce como delitos cibernéticos, que tiene que ver con robo de identidad e intervención en cuentas de WhatsApp. Todos casos de extorsión.
En 2019, se presentaron 9003 denuncias; en 2020, 8380; en 2021, 9408; en 2021, 11 039, que rompió todos los récords desde que se lleva contabilidad de este delito; en 2023, 10 946 y en 2024 (septiembre) 8153. Los especialistas consideran que las víctimas son millones más, pero es un delito, como otros, que no se denuncia por temor a los criminales o desconfianza a las autoridades.
El mayor número de carpetas abiertas sobre denuncia de extorsión durante el sexenio fue en el Estado de México, con 19 512; seguido de Veracruz con 4684; Jalisco con 3696; Nuevo León con 3658; Ciudad de México con 2939 y Guanajuato con 2381. Suman el 68% del total. Y no son nada con relación a los millones de caso de extorsión que ocurren al año en todo el país.
La extorsión en un crimen que ofrece grandes ganancias sin peligro alguno para quienes cometen este delito y con 100 por ciento de impunidad. Es, por lo mismo, que se han convertido en una actividad que ha acogido y multiplicado los grupos del crimen organizado. Es evidente que la política de seguridad del sexenio pasado no hizo nada para frenar el crecimiento de este delito y tampoco para disminuirlo.
Habrá que ver si la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030) enfrenta el delito de la extorsión, que implica el cobro de piso, y reducen sus niveles o siguen igual que en el sexenio anterior. Las estadísticas del INEGI y del SESNSP ya nos dirán cuáles son los resultados y si se hay cambios o todo sigue igual.
