Rubén Aguilar Valenzuela
Antes de la presidencia de López Obrador (2018-2024) los grupos del crimen organizado habían ocupado espacios del territorio nacional en algunos estados como consta, para poner algunos ejemplos, en Sinaloa, Michoacán y Guerrero.
A su llegada al poder, con la estrategia de seguridad en base a dos grandes pilares: Abrazos y no balazos y no uso de la fuerza pública porque con ella se genera más violencia, permitió que estos grupos ampliaran el espacio de su control territorial.
Esta estrategia, que puede interpretarse como parte de la negociación del gobierno anterior con los grupos del crimen organizado, trajo como consecuencia que hoy día estos controlen un tercio del territorio nacional.
A esa cifra han llegado los estudiosos del tema, nacionales y extranjeros, y también las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y el Comando Sur del Ejército de ese país. Hay quienes sostienen que puede ser todavía mayor el espacio de control territorial.
La Iglesia católica, la organización con mayor presencia cotidiana en la profundidad del territorio nacional, en diversas ocasiones, a través de los obispos de ciertas diócesis, han denunciado que los grupos criminales tienen bajo su control amplios territorios de los estados.
Ahora de manera cotidiana es evidente, que en ciertas regiones del país, la fuerza de los grupos criminales se ve como mejor organizada, capacidad de reacción y con mayor poder de fuego que las fuerzas de las policías estatales y también que las Fuerzas Federales.
Altos mandos del Ejército me han dicho que bajo ninguna circunstancia los grupos criminales van a entregar el territorio que han conquistado y el que les concedió el gobierno anterior. Nunca nadie cede el territorio que gobierna y tiene bajo su control, que es el caso.
Y que la única posibilidad de recuperar el territorio, para que una vez más pase al real control del Estado Mexicano requiere de una acción de fuerza, que hay que llamarla por su nombre y es la guerra en contra de estos grupos.
Una guerra que tiene dos grandes frentes: Cerrar todas las fuentes de financiamiento, estado por estado, y entrar en combate, para desalojarlos de los territorios hoy en su poder.
En el país hay un ejemplo concreto de cómo esta estrategia, con otros elementos relacionados con la economía, la educación y la cultura, se operó con éxito en el estado de Coahuila cuando fue gobernador Rubén Moreira Valdez (2011-2017). De esa experiencia se da cuenta en Jaque Mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional, para la paz (Editorial Planeta).
Después de ocho meses de la gestión de la presidenta Sheinbaum Pardo, su gobierno no ha dado a conocer si hay la voluntad política de recuperar el control del territorio. En su plan de seguridad no existe este capítulo, que debe ser el central. Si ella no asume la necesidad de la solución de fuerza, de la guerra, un tercio del país, tal vez más, seguirá en manos de los grupos criminales.
