Rubén Aguilar Valenzuela 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, escribe un artículo (Reforma, 24.09.23) donde plantea cuáles son las tres realidades a las que se enfrenta la institución que ahora encabeza.

Afirma que es a partir de 1996, "el Tribunal Electoral pasó a ser parte del Poder Judicial y con ello a ser la instancia última en la resolución de conflictos electorales, la garantía de la legalidad de las elecciones y de los derechos políticos".

En los dos últimos años, el TEPJF, como un órgano autónomo del Estado, ha resuelto 23 000 casos relacionados con los procesos electorales locales y federales en las elecciones de 2021, 2022 y 2023.

El TEPJF, dice su presidente, tiene un plan estratégico, una "hoja de ruta", para hacer frente a tres realidades, que se convierten en retos, que surgen de la actual situación del país:

1) La demanda creciente de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad de participar y ser representados en condiciones de igualdad y un efectivo acceso a la justicia para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

Para hacer frente a esta realidad, se dieron pasos decisivos para garantizar la paridad de género en las elecciones y se realizaron acciones afirmativas para personas históricamente discriminadas en los procesos electorales.

Así, se ha puesto especial cuidado en atender la situación de desventaja que han enfrentado las mujeres y los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos políticos.

2) Estar a la altura de una ciudadanía más participativa y crítica en asuntos públicos.  

Para hacer frente a esta realidad se ha consolidado la capacidad del TEPJF para juzgar de manera imparcial como una institución abierta, ciudadana, colaborativa, transparente y digital. Se ha mejorado de manera radical la accesibilidad a la información y también la comunicación con la ciudadanía y las instituciones usuarias de la justicia electoral.

3) La atención a las exigencias sociales a través de instituciones sólidas y responsivas.

Para hacer frente a esta realidad el TEPJF emprendió una serie de proyectos, entre los que se encuentran: Creación de un Consejo Consultivo de expertos en la evaluación del quehacer jurisdiccional; impartición de talleres para personas usuarias de la justicia electoral en conjunto con la Universidad Northeastern y la creación de la Red de Observación de Justicia Electoral (ROJE).

Ya con el proceso electoral en marcha, el presidente del TEPJF reconoce que la institución será puesta a prueba y se verá, una vez más, como su capacidad y sólido andamiaje podrán: resolver las controversias de manera imparcial y efectiva; asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la transición pacífica del poder político.  

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela 

Historia  En septiembre de 2012 se inauguró el Museo del Barro con el objetivo de ser un espacio de preservación y difusión de la artesanía en barro en particular la que elaboran los artesanos de Metepec.    Edificio

El museo está en la zona centro de la ciudad. Es un edificio moderno de tres plantas. La fachada es un gran rectángulo con mosaicos de colores. Domina el rojo. La estructura original fue antes sede de la Casa de la Cultura que se construye en 1994.

En el interior, cubriendo la escalera, se encuentra este mural de barro elaborado por 82 niños de entre 8 y 11 años de edad, alumnos de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza de Metepec.    Colección

La sala de la colección está en el segundo piso y se divide en dos grandes partes, una muestra piezas de alfarería prehispánica y la otra, 3000 piezas de alfarería de diversas regiones el país, en particular de Metepec. Las piezas han sido premiadas en el Concurso Nacional Arte Popular del FONART, el Concurso Nacional Árbol de la Vida, que se establece en 1992, en Concurso Nacional CatrinArte y en el Concurso Nacional de Alfarería y Cerámica.

Piezas prehispánicas

Cazuela de barro

En la planta baja se encuentra la cazuela más grande del mundo (Récord Guinness) pieza moldeada por Bernardo Camacho, artesano de Metepec. Para su elaboración utilizó 700 kilos de barro y 2500 kilos de leña. El trabajo de cocción duró 30 horas en un horno de tres metros de diámetro. Es una obra de 2014.

Esta pieza de gran formato está en la planta baja.    Comentario  La fachada de azulejos del edificio es un buen diseño y se ve muy bien y es muy bella la obra en barro de la escalera realizada por los niños. En el sitio donde se ubica luce mucho. Es una buena idea relacionar las piezas prehispánicas de cerámica con el trabajo que ahora se hace. Hay una tradición más que milenaria, que se ha seguido cultivando con nuevas formas y diseños.     Hay piezas de una gran calidad artística donde destacan los árboles de la vida, que es una tradición propia de Metepec. Hay obras de los maestros artesanos Hilario Hernández, Guillermo Serrano, Santiago Montoya, Teobaldo Hernández y de la familia Soteno.   La cazuela de barro del maestro Bernardo Camacho es muy bella. La forma y la decoración interior con dibujos geométricos y de flores. Es una gran pieza de arte.   Pienso que debería haber mayor información sobre los maestros artesanos de Metepec y de los autores de cada una de las obras expuestas. El museo está bien conservado.

Rubén Aguilar Valenzuela 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe entregar a El Universal, que lo solicitó, las declaraciones patrimoniales y de intereses, en versión pública, de los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía.

La SFE dijo que no podía proporcionarla porque el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa (Sedena) la había reservado por cinco años. De inmediato surgen muchas preguntas: ¿Por qué la opacidad? ¿Qué esconden? ¿Hay casos de corrupción?

En versión de la SFP considera que publicarlas "pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas (personas), así como la propia seguridad y defensa nacional del país". ¿Por qué? El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), propiedad privada del Ejército, es una instalación civil, parte del sistema de aeropuertos que tiene el país.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la SFE la entrega de esa documentación. La SCJN dio la razón al INAI. Y dijo que las declaraciones patrimoniales de altos mandos, incluyendo al secretario de la Defensa, están abiertas al público, "salvaguardando los datos personales".

¿Por qué la de los ingenieros militares que intervinieron en la ampliación y restructuración del aeropuerto de santa Lucía no pueden dar a conocer su declaración patrimonial y de intereses? ¿La negativa de la SFP refleja la posición del Ejército o es decisión de la presidencia de la República?

Es muy evidente que la negativa de la SFP, instancia del Poder Ejecutivo, violenta la separación de poderes al no acatar una resolución del Poder Judicial en un país donde existe la división de poderes como lo mandata la Constitución. En este sexenio no es la primera ocasión que ocurre.

La solicitud de información que hace El Universal es pertinente y se encuentra en el marco de la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, para ver si estos no se están enriqueciendo, al margen de la ley.

Es la SFP la primera que debería garantizar el acceso a la información del ejercicio de los servidores públicos. No hacerlo da la idea de que se les protege y de que existe delito que perseguir. ¿Por qué no hacer transparente lo que debe ser público según la ley?

El actual gobierno, el Ejército como parte de él, ha sido enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Con mucha frecuencia y facilidad recurre al recurso de no dar información porque el tema es de "seguridad nacional". Santa Lucía es la terminal cuatro, especializada en carga, del sistema de aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no saber cuánto costó?

¿Los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía se enriquecieron de manera indebida? ¿Recibieron bonos fuera de la ley? ¿Por qué la SFP piensa que está en riesgo su "vida, seguridad o salud"? Si no se hacen públicas las declaraciones patrimoniales de estos militares se tiene derecho a pensar que se cubren actos de corrupción.

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela

La presencia del crimen organizado en la vida del país es una realidad de décadas y en los últimos años ha incrementado su violencia, crecido su poder y extendido su actividad y control en cada vez más regiones del territorio nacional.

Quienes trabajan el tema del crimen organizado consideran que el avance de las mafias criminales, a nivel nacional e internacional, no sería posible sin la colaboración con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

En una República Federal, lo que hagan o dejen de hacer los gobernadores frente al crimen organizado es fundamental y más importante que la acción del gobierno federal. El gobernador vive en su estado y no hay nadie quien lo conozca mejor. Es la máxima autoridad en ese espacio.

Frente a esta compleja realidad, Jorge Tello Peón (67), quien fuera un histórico director del CISEN, ha diseñado una tipología con cuatro casos para ubicar a los gobernadores, en su relación con el crimen organizado.

1) Oposición y combate. Hay gobernadores que han decidido oponerse y combatir al crimen organizado. Lo hacen en el marco de una estrategia que implica fortalecer a la policía estatal y a las municipales. Se coordina con las Fuerzas Armadas y destina importantes recursos a esa política pública.

2) Omisión deliberada. Hay gobernadores que dejan hacer, pero no están involucrados con el crimen organizado. Saben que el crimen es una realidad que no se puede negar, pero evaden de manera consciente enfrentarse por razones distintas, pero el resultado es el mismo, no actúan.

3) Pacto de ingenuidad. Hay gobernadores que de manera ingenua pactan con el crimen organizado, pero no están involucrados. Piensan al ceder espacios, incluso de poder, el crimen va a disminuir el uso de la violencia. Buscan la "pax narca". No la obtienen y el crimen se empodera.

4) Complicidad y/o sociedad. Hay gobernadores que son cómplices del crimen organizado y se asocian con él. Aprovechan su cargo para hacerse millonarios en alianza con los criminales. Antes, en la mayoría de los casos, recibieron su apoyo para llegar al poder.

Si se aplica la tipología diseñada por Tello, ahora presidente y director general de Madison Inteligencia México, empresa de consultoría especializada en inteligencia estratégica, se obtiene un primer mapa de la relación entre el crimen organizado y el poder político.

De la información que se dispone de manera pública se puede decir que en el primer caso están quienes gobiernan Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro. No se ven más.

La mayoría se ubica entre quienes optan por no hacer nada o negocian, aunque no se asocian con el crimen organizado. En esta situación hay 18.

Quienes están asociados, de una u otra manera, se considera son los gobernadores de Guerrero, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima y Nayarit.

El Ejército es la única institución del Estado mexicano que tiene pruebas contundentes, para decir cuál es la situación de cada uno de los gobernadores y también de los jefes de las policías estatales. Tienen información de todos los funcionarios públicos de alto nivel.

@RubenAguilar