La crisis derivada del desarrollo de la pandemia Covid-19 ha generado dos grandes preocupaciones en el mundo y en la sociedad mexicana; la de salud, consubstancial al temor de contagiarse por virus; y la otra, el riesgo del deterioro de la economía de cada uno de los habitantes. ¿De qué voy a vivir; qué va a pasar con mi empleo; qué con mi negocio, qué con mis inversiones? son las preguntas que impregnan el ambiente, según en la escala socioeconómica donde te encuentres.
Esta ultima preocupación ha crecido de tal manera, que se presenta, me atrevo a decirlo, como la principal. Primero, porque la mayoría de los mexicanos viven al día. Y segundo, en cuanto al ramo empresarial, las más de las empresas son de naturaleza pequeña y mediana por lo que no tienen el suficiente capital para subsistir cerradas, ni siquiera por un corto tiempo.
Tal incertidumbre hace necesario, por encima de filias y fobias, que el gobierno del presidente López Obrador defina e implemente una política económica de Estado que le permita transitar y superar la actual crisis con el menor daño posible para sus ciudadanos. Siempre partiendo de que tanto el gobierno como su aparato burocrático tienen como una de sus funciones fundamentales la garantía de las condiciones generales y externas que permitan el desarrollo económico del país.
De lo anterior, se desprende que en los criterios para la definición de su política, debe considerar que el Estado tiene como funciones: asegurar la existencia de la propiedad privada, vigilar y lograr el apego a las reglas de cambio, instaurar reglas de competencia homogéneas, dar protección en el interior y el exterior, así como, garantizar la mano de obra libre necesaria y el establecimiento de la infraestructura que permita condiciones para la producción y el desarrollo económico.
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