De acuerdo con la ley, el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

El inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, en la democracia es el pueblo el que manda”. Además de que, como está escrito en la Ley, el ejercicio de revocación de mandato se debe realizar y así sentar precedente.

Sin embargo, ya que los principales promotores del ejercicio revocatorio no lo encabezan grupos opositores a López Obrador, sino, al contrario, son sus simpatizantes quienes lo solicitan, me permitiré plantear algunas hipótesis.

López Obrador se mantiene así en el ambiente que le es más cómodo, el que más se le da: la campaña política. Y, con ello, logra activar a sus seguidores para que en los espacios públicos en los que se mueven, tanto mediáticos, redes sociales, etcétera, sigan con ese plan de campaña.

En la agenda electoral de México en 2022 nos preparamos a vivir, el próximo 5 de junio, seis procesos de cambios de gobernadores, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas .

El PAN intentará mantener el poder en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; mientras, el PRI en Hidalgo y Oaxaca.

El escenario electoral de inicio le es adverso a los partidos que defienden, sobretodo si partimos de que el año pasado Morena logró ganar 11 de las 15 gubernaturas, 19 congresos y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, además de que, en las elecciones intermedias, que suelen ser un referéndum para el mandatario en turno, los resultados le favorecieron al presidente López Obrador.

Asimismo, en las elecciones del 2021, el PAN perdió en todos los estados en los que se alió con el PRI. Con ello, Morena en lo local ahora gobierna al 45% de la población con gobernadores en 16 estados. Vale la pena apuntar que en 2017 Morena no tenía ni un solo gobernador.

En su estrategia, “Va por México”, la coalición electoral mexicana conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para competir en las elecciones federales de 2021, ya definió que para el proceso electoral 2022 los partidos de la alianza contenderán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, pero en Oaxaca y Quintan Roo competirán por separado.

El pasado 29 de diciembre, el alcalde morenista del municipio de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, develó una estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador, y compartió imágenes del evento con varios mensajes de este tipo: “Honor a quien honor merece. El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber. (Henri Lacordaire)”.

Al respecto, López Obrador ha externado en distintas ocasiones que está en contra de estas expresiones y del culto a la personalidad. “En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, ha declarado en varias ocasiones en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Pues en menos de 72 horas la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador, develada en Atlacomulco, cuna del priismo mexiquense, el pasado 29 de diciembre, fue derribada. (elpais.com)

Ninguna organización política se ha atribuido el hecho, por lo que al parecer se trata solamente de un acto de vandalismo. Una actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás y sin perseguir algún fin político. Hasta en tanto no se demuestre lo contrario.