Rubén Aguilar Valenzuela 

En la actual administración federal, el Ejército se ha vuelto un empresario, un inversionista y un contratista privado, tareas que no eran parte de su misión en gobiernos anteriores.

 

De acuerdo a datos oficiales en 2018, el Ejército ejerció el 3.0% del monto total de la inversión física directa del gobierno y en 2024, será el 17.0%. El crecimiento en seis años es del 500%.

 

El Ejército subcontrata a privados en licitaciones directas, de las cuales no se conocen sus términos, porque están al margen de la Ley de Obra Pública. Se sospecha del manejo de las mismas.

 

Ya en el primer año de este gobierno, el Ejército ejerció el 7.0% de la inversión física directa, de un año al otro tuvo un crecimiento de más del 100%.

 

En 2020 y en 2021 fue del 8.0%, en 2022 cayó al 5.0%, en 2023 al 1.0% y en 2024, el último año de la presente administración, llega al 17.0%.

 

El monto y el tamaño de las obras que se han entregado al Ejército en esta administración es, con mucho, el mayor en la historia moderna del país.

 

En 2024, un solo actor va a tener casi el 20.0% de todo el recurso de la obra física de la actual administración. No existe ningún antecedente de esto en la historia del país.

 

Los militares nunca habían manejado tales niveles de recursos económicos y lo hacen con nula transparencia. De lo que gastan no rinden cuentas. Se cobijan en que son obras de seguridad nacional.

 

México Evalúa, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, considera que el Ejército, ahora claro actor del mercado, puede afectar la libre competencia y los precios de materiales e insumos.

 

El actual gobierno ha justificado su decisión de dar cada vez más recursos para obra física al Ejército bajo el argumento de la honradez y eficacia de los militares.

 

No es claro que así sea. En obras físicas en las que han participado como el aeropuerto de santa Lucía y el Tren Maya los gastos se han multiplicado más del 100%.

 

El comandante en jefe, el presidente López Obrador, transformó al Ejército, en muy poco tiempo, en un empresario, inversionista y contratista privado que compite, con ventajas, en el mercado.

 

Es dueño de negocios que por ahora deben de ser subsidiados, como el aeropuerto de santa Lucía y el Tren Maya. No es claro cuando esas obras podrán ser rentables si es que algún día lo son.

 

Por lo pronto hay especialistas que estiman que para su funcionamiento el Tren Maya requiere subsidios hasta el 2040 y el aeropuerto de santa Lucía por lo menos hasta 2028.

 

Recursos que se manejan en secreto como todos los que recibe y gasta el Ejército en su carácter de propietario, inversionista y contratista privado.

 

A un grupo de altos mandos, en activo y en retiro, molesta mucho esas "funciones" asumidas por el Ejército. Saben de los niveles de corrupción de los ejércitos del mundo que están metidos en negocios privados. ¿Por qué el de México sería diferente?

 

 

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe entregar a El Universal, que lo solicitó, las declaraciones patrimoniales y de intereses, en versión pública, de los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía.

 

La SFE dijo que no podía proporcionarla porque el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa (Sedena) la había reservado por cinco años. De inmediato surgen muchas preguntas: ¿Por qué la opacidad? ¿Qué esconden? ¿Hay casos de corrupción?

 

En versión de la SFP considera que publicarlas "pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas (personas), así como la propia seguridad y defensa nacional del país". ¿Por qué? El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), propiedad privada del Ejército, es una instalación civil, parte del sistema de aeropuertos que tiene el país.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la SFE la entrega de esa documentación. La SCJN dio la razón al INAI. Y dijo que las declaraciones patrimoniales de altos mandos, incluyendo al secretario de la Defensa, están abiertas al público, "salvaguardando los datos personales".

 

¿Por qué la de los ingenieros militares que intervinieron en la ampliación y restructuración del aeropuerto de santa Lucía no pueden dar a conocer su declaración patrimonial y de intereses? ¿La negativa de la SFP refleja la posición del Ejército o es decisión de la presidencia de la República?

 

Es muy evidente que la negativa de la SFP, instancia del Poder Ejecutivo, violenta la separación de poderes al no acatar una resolución del Poder Judicial en un país donde existe la división de poderes como lo mandata la Constitución. En este sexenio no es la primera ocasión que ocurre.

La solicitud de información que hace El Universal es pertinente y se encuentra en el marco de la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, para ver si estos no se están enriqueciendo, al margen de la ley.

 

Es la SFP la primera que debería garantizar el acceso a la información del ejercicio de los servidores públicos. No hacerlo da la idea de que se les protege y de que existe delito que perseguir. ¿Por qué no hacer transparente lo que debe ser público según la ley?

El actual gobierno, el Ejército como parte de él, ha sido enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Con mucha frecuencia y facilidad recurre al recurso de no dar información porque el tema es de "seguridad nacional". Santa Lucía es la terminal cuatro, especializada en carga, del sistema de aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no saber cuánto costó?

 

¿Los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía se enriquecieron de manera indebida? ¿Recibieron bonos fuera de la ley? ¿Por qué la SFP piensa que está en riesgo su "vida, seguridad o salud"? Si no se hacen públicas las declaraciones patrimoniales de estos militares se tiene derecho a pensar que se cubren actos de corrupción.

 

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, escribe un artículo (Reforma, 24.09.23) donde plantea cuáles son las tres realidades a las que se enfrenta la institución que ahora encabeza.

 

Afirma que es a partir de 1996, "el Tribunal Electoral pasó a ser parte del Poder Judicial y con ello a ser la instancia última en la resolución de conflictos electorales, la garantía de la legalidad de las elecciones y de los derechos políticos".

 

En los dos últimos años, el TEPJF, como un órgano autónomo del Estado, ha resuelto 23 000 casos relacionados con los procesos electorales locales y federales en las elecciones de 2021, 2022 y 2023.

 

El TEPJF, dice su presidente, tiene un plan estratégico, una "hoja de ruta", para hacer frente a tres realidades, que se convierten en retos, que surgen de la actual situación del país:

 

1) La demanda creciente de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad de participar y ser representados en condiciones de igualdad y un efectivo acceso a la justicia para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

 

Para hacer frente a esta realidad, se dieron pasos decisivos para garantizar la paridad de género en las elecciones y se realizaron acciones afirmativas para personas históricamente discriminadas en los procesos electorales.

 

Así, se ha puesto especial cuidado en atender la situación de desventaja que han enfrentado las mujeres y los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos políticos.

 

2) Estar a la altura de una ciudadanía más participativa y crítica en asuntos públicos.  

Para hacer frente a esta realidad se ha consolidado la capacidad del TEPJF para juzgar de manera imparcial como una institución abierta, ciudadana, colaborativa, transparente y digital. Se ha mejorado de manera radical la accesibilidad a la información y también la comunicación con la ciudadanía y las instituciones usuarias de la justicia electoral.

 

3) La atención a las exigencias sociales a través de instituciones sólidas y responsivas.

 

Para hacer frente a esta realidad el TEPJF emprendió una serie de proyectos, entre los que se encuentran: Creación de un Consejo Consultivo de expertos en la evaluación del quehacer jurisdiccional; impartición de talleres para personas usuarias de la justicia electoral en conjunto con la Universidad Northeastern y la creación de la Red de Observación de Justicia Electoral (ROJE).

 

Ya con el proceso electoral en marcha, el presidente del TEPJF reconoce que la institución será puesta a prueba y se verá, una vez más, como su capacidad y sólido andamiaje podrán: resolver las controversias de manera imparcial y efectiva; asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la transición pacífica del poder político.  

 

 

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela 

Historia  En septiembre de 2012 se inauguró el Museo del Barro con el objetivo de ser un espacio de preservación y difusión de la artesanía en barro en particular la que elaboran los artesanos de Metepec.    Edificio

El museo está en la zona centro de la ciudad. Es un edificio moderno de tres plantas. La fachada es un gran rectángulo con mosaicos de colores. Domina el rojo. La estructura original fue antes sede de la Casa de la Cultura que se construye en 1994.

En el interior, cubriendo la escalera, se encuentra este mural de barro elaborado por 82 niños de entre 8 y 11 años de edad, alumnos de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza de Metepec.    Colección

La sala de la colección está en el segundo piso y se divide en dos grandes partes, una muestra piezas de alfarería prehispánica y la otra, 3000 piezas de alfarería de diversas regiones el país, en particular de Metepec. Las piezas han sido premiadas en el Concurso Nacional Arte Popular del FONART, el Concurso Nacional Árbol de la Vida, que se establece en 1992, en Concurso Nacional CatrinArte y en el Concurso Nacional de Alfarería y Cerámica.

Piezas prehispánicas

Cazuela de barro

En la planta baja se encuentra la cazuela más grande del mundo (Récord Guinness) pieza moldeada por Bernardo Camacho, artesano de Metepec. Para su elaboración utilizó 700 kilos de barro y 2500 kilos de leña. El trabajo de cocción duró 30 horas en un horno de tres metros de diámetro. Es una obra de 2014.

Esta pieza de gran formato está en la planta baja.    Comentario  La fachada de azulejos del edificio es un buen diseño y se ve muy bien y es muy bella la obra en barro de la escalera realizada por los niños. En el sitio donde se ubica luce mucho. Es una buena idea relacionar las piezas prehispánicas de cerámica con el trabajo que ahora se hace. Hay una tradición más que milenaria, que se ha seguido cultivando con nuevas formas y diseños.     Hay piezas de una gran calidad artística donde destacan los árboles de la vida, que es una tradición propia de Metepec. Hay obras de los maestros artesanos Hilario Hernández, Guillermo Serrano, Santiago Montoya, Teobaldo Hernández y de la familia Soteno.   La cazuela de barro del maestro Bernardo Camacho es muy bella. La forma y la decoración interior con dibujos geométricos y de flores. Es una gran pieza de arte.   Pienso que debería haber mayor información sobre los maestros artesanos de Metepec y de los autores de cada una de las obras expuestas. El museo está bien conservado.