Francisco Treviño Aguirre

Mustafa Suleyman no es un teórico ni un futurista de gabinete; es un hombre que ha estado en la cocina donde se preparan los algoritmos que hoy dominan la conversación global. En su libro La Ola que viene, el cofundador de DeepMind nos lanza una advertencia que debería estar en la agenda de cualquier consejo de administración: estamos frente a una "ola" tecnológica —impulsada por la Inteligencia Artificial y la biología sintética— que, a diferencia de las anteriores, posee una capacidad de difusión y una escala de impacto que desafían nuestra capacidad de control. No estamos ante una simple herramienta de eficiencia, sino ante un cambio en la arquitectura misma del poder y la producción.

El argumento central del autor es que estas tecnologías son de "propósito general", lo que significa que se filtrarán en cada poro de la economía y la sociedad. Sin embargo, el riesgo no reside solo en la potencia del código, sino en su democratización. Lo que hoy es una ventaja competitiva de las grandes empresas tecnológicas, mañana será un servicio de bajo costo accesible para cualquiera. Esta erosión de las barreras de entrada crea un dilema de seguridad sin precedentes: la misma tecnología que puede diseñar una cura para el cáncer puede, en manos equivocadas o por un error de cálculo, diseñar un patógeno letal o colapsar sistemas financieros mediante ataques automatizados.

Para el líder de negocios actual, este libro obliga a replantear el concepto de responsabilidad corporativa. Ya no basta con preguntar "¿qué podemos hacer con la IA?", sino "¿qué riesgos estamos inyectando en el ecosistema al desplegarla?". El autor introduce el concepto de "CONTENCIÓN" como la única vía de supervivencia. Contener no significa prohibir —lo cual sería ingenuo e imposible en un entorno de competencia geopolítica—, sino construir un marco de gobernanza, auditoría y frenos técnicos que permitan el progreso sin sacrificar la estabilidad. Es, en términos coloquiales, ponerle frenos de potencia a un vehículo que ya corre a 300 kilómetros por hora.

Uno de los puntos que más llama la atención del análisis es la tensión entre la apertura y el control. Suleyman reconoce que la transparencia es un valor democrático, pero advierte que la apertura total en modelos de IA potentes es una receta para el desastre. En este sentido: ¿cómo equilibramos la innovación abierta con la necesidad de vigilancia? El libro sugiere que necesitaremos instituciones nuevas, ágiles y con argumentos legales, capaces de auditar algoritmos con la misma rigurosidad con la que se inspecciona una planta nuclear. Para la empresa privada, esto significa que la "ética de la IA" dejará de ser un ejercicio de relaciones públicas para convertirse en un requisito de cumplimiento legal y operativo.

En el ámbito laboral y económico, el texto elude la catástrofe simplista. No predice el fin del trabajo, pero sí una reconfiguración violenta del valor. La productividad "cognitiva" se convertirá en un “artículo”, y la ventaja competitiva se desplazará hacia la capacidad de orquestar estas herramientas con criterio humano y visión estratégica. El peligro real es la desigualdad: si la captura del valor se queda solo en quienes poseen la infraestructura de los grandes modelos, el contrato social podría fracturarse, alimentando populismos y desestabilización política que, a la larga, son veneno para cualquier mercado sano.

Por último, “La Ola que viene”, es un llamado al realismo pragmático. Suleyman nos dice que la ventana para establecer estas reglas de contención se está cerrando. La velocidad de la tecnología siempre ha superado a la de la ley, pero esta vez la brecha es un abismo. El mensaje para la alta dirección es claro: la gobernanza tecnológica ya no es un tema del departamento de sistemas; es el riesgo existencial número uno. Quien no entienda que la sostenibilidad del negocio hoy depende de la estabilidad del sistema tecnológico global, simplemente no está viendo la ola que tiene enfrente.

En conclusión, estamos ante una obra indispensable que nos baja de la nube del optimismo ciego y nos aterriza en la urgencia de la gestión. La tecnología es el motor, pero la contención es el volante. Sin lo segundo, el choque no es una posibilidad, sino una certeza estadística. Es momento de que los líderes asuman su papel no solo como adoptadores de tecnología, sino como arquitectos de su seguridad. La ola ya rompió; ahora nos toca decidir si aprendemos a navegarla o dejamos que nos arrastre.

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Francisco Treviño Aguirre

La generación eléctrica en América Latina y el Caribe (ALC) atraviesa una etapa de aparente consolidación renovable, pero con señales estructurales que merecen una lectura crítica. De acuerdo con el Reporte de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (OLACDE), en septiembre de 2025 la región alcanzó una generación total de 156 TWh, cifra que representa la segunda más baja del año, sólo por encima de febrero, y que refleja una combinación de factores estacionales, climáticos y de demanda. Más allá del dato agregado, lo relevante es la composición de dicha generación y las implicaciones estratégicas que conlleva para países como México.

La hidroenergía continúa siendo el pilar del sistema eléctrico regional, con una participación del 45.7%, impulsada por una recuperación hidrológica respecto a meses anteriores. Este comportamiento confirma una realidad conocida pero poco discutida: la transición energética latinoamericana sigue profundamente atada al clima. Si bien el índice de renovabilidad regional alcanzó 65%, este avance no es resultado exclusivo de una mayor penetración tecnológica de energías limpias, sino de una menor generación térmica asociada a una caída en la demanda y a mejores condiciones hídricas. En otras palabras, el avance renovable sigue siendo, en buena medida, coyuntural.

Las fuentes solares y eólicas muestran un crecimiento moderado pero constante. La energía solar representó 4.4% de la generación regional, con un crecimiento mensual del 5%, asociado al ingreso de nuevas instalaciones fotovoltaicas. La eólica, aunque alcanza una participación relevante del 11.4%, presentó una disminución en términos absolutos, evidenciando la volatilidad inherente a estas tecnologías cuando no están respaldadas por almacenamiento o generación firme. Para México, este punto es clave: la expansión renovable sin sistemas de respaldo puede traducirse en estrés operativo para el sistema eléctrico.

En contraste, la generación con gas natural, que representa 24% del total regional, mostró una caída significativa tanto en participación como en volumen absoluto, con 4.6 TWh menos respecto al mes previo. Este ajuste no responde a una sustitución estructural, sino a una recuperación temporal de la hidroelectricidad. En el contexto mexicano, donde más del 60% de la generación eléctrica depende del gas natural, en gran medida importado desde Estados Unidos, confirma que el gas sigue siendo el verdadero estabilizador del sistema, aun cuando el discurso público lo minimice.

El análisis interanual aporta otro matiz relevante. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, la generación eléctrica regional creció 3.3%, con la hidroenergía aportando 12.9 TWh adicionales, seguida por el petróleo y el carbón mineral. Este último dato resulta particularmente incómodo: pese a los compromisos climáticos, los combustibles fósiles siguen incrementando su presencia cuando las condiciones del sistema lo exigen. La transición energética real no avanza en línea recta; retrocede cuando la confiabilidad está en juego.

Para México, este reporte ofrece varias lecciones estratégicas. Primero, la alta renovabilidad no equivale automáticamente a seguridad energética. Países con índices cercanos o superiores al 70%, como Brasil, Colombia o Chile, mantienen matrices diversificadas y esquemas de respaldo claros. Segundo, la planeación eléctrica debe reconocer explícitamente el papel del gas natural, no como enemigo de la transición, sino como habilitador de la misma. Y tercero, la expansión de renovables sin inversión paralela en transmisión, almacenamiento y gestión de demanda incrementa el riesgo sistémico.

En el fondo, el reporte de OLACDE pone sobre la mesa una verdad incómoda: América Latina avanza en renovables más por dotación natural que por diseño institucional. México no puede darse ese lujo. La creciente demanda asociada al nearshoring, la electrificación industrial y la movilidad eléctrica exige un sistema robusto, flexible y tecnológicamente neutral. Apostar sólo a la narrativa verde, sin atender la ingeniería del sistema, es una receta para la escasez.

Hoy por hoy, La transición energética en América Latina, y particularmente en México, corre el riesgo de convertirse en un relato políticamente correcto, pero técnicamente frágil. El reporte de OLACDE demuestra que, cuando el clima ayuda, las renovables brillan; cuando no, los combustibles fósiles regresan silenciosamente al centro del sistema. Negar esta realidad no acelera la transición, la debilita. México enfrenta una disyuntiva clara: construir una política energética basada en dogmas, o diseñar un sistema eléctrico resiliente, donde las renovables crezcan con respaldo, el gas natural sea reconocido como aliado estratégico y la confiabilidad deje de ser un tema incómodo. La electricidad no se gobierna con discursos; se sostiene con planeación, inversión y decisiones impopulares.

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Francisco Treviño Aguirre

México se acostumbró a medir su éxito manufacturero en parques industriales llenos, exportaciones en niveles récord y anuncios constantes de nuevas plantas automotrices. Esa fotografía, aunque positiva, ya no alcanza para explicar el siguiente ciclo industrial. La economía global está entrando en una fase en la que el valor ya no se mide solo en unidades producidas, sino en transistores por milímetro cuadrado. Y en ese mapa, los semiconductores —los chips que sostienen desde teléfonos y automóviles hasta redes eléctricas e inteligencia artificial— se han convertido en el nuevo acero, la nueva petroquímica, la nueva energía estratégica.

La pregunta es inevitable: ¿está México realmente preparado para jugar en esa liga, o el nearshoring lo dejará atrapado en la periferia de la cadena de valor, ensamblando lo que otros diseñan y fabrican? La oportunidad existe y no es menor. Estados Unidos, a través del CHIPS and Science Act, comprometió más de 50 mil millones de dólares para reconstruir su ecosistema de semiconductores, no solo en la fabricación de chips de punta, sino también en pruebas, empaque avanzado y materiales. Esa reconfiguración no puede hacerse en aislamiento: requiere proveedores, capacidad de manufactura complementaria, logística integrada y, sobre todo, ubicaciones cercanas que absorban partes de la cadena con costos competitivos. Ahí es donde entra México.

Cuando se habla de semiconductores, suele pensarse en fábricas hiper tecnificadas, cuartos limpios y máquinas de litografía que cuestan cientos de millones de dólares. Todo eso es cierto, pero es apenas la parte visible. Detrás existe una cadena extendida de diseño, validación, empaquetado, pruebas, materiales especializados, química fina, logística de alta precisión y servicios avanzados. México no va a competir —al menos en el corto plazo— por las plantas de fabricación más avanzadas, las de 3 o 5 nanómetros concentradas hoy en Taiwán, Corea o Estados Unidos. Pero sí puede insertarse con fuerza en segmentos críticos: empaque y prueba, fabricación de componentes menos complejos para los sectores automotriz e industrial, manufactura avanzada de equipos y servicios asociados a la operación de estas plantas.

Eso, de hecho, ya comenzó. En los últimos años, varios estados industriales han iniciado diálogos con empresas de la cadena de semiconductores. Nuevo León, Jalisco, Chihuahua o Baja California combinan electrónica, industria automotriz, talento de ingeniería y cercanía geográfica con Estados Unidos, lo que los convierte en candidatos naturales. Incluso el propio gobierno estadounidense ha empezado a ver a México como parte del perímetro de seguridad de su política de chips, no solo como un vecino comercial. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre no está en la voluntad ni en los discursos, sino en la capacidad de ejecución: megawatts disponibles, metros cúbicos de agua, técnicos calificados y permisos con fechas confiables de salida. El ecosistema de semiconductores no se instala donde reciben más incentivos; se instala dónde puede operar sin interrupciones.

Si el país quiere tomarse en serio la agenda de semiconductores, necesitará una coordinación mucho más agresiva entre gobierno, universidades y empresas: programas de formación dual, currículos diseñados con la industria, certificaciones aceleradas, becas ligadas a necesidades regionales concretas y, sí, una conversación honesta sobre la necesidad de atraer talento extranjero especializado en el corto plazo. Sin esa capa, la inversión en semiconductores corre el riesgo de quedarse en anuncios y memorándums de entendimiento, mientras los proyectos de mayor complejidad se posponen indefinidamente o migran a otras latitudes.

Hoy por hoy, México se narra a sí mismo como ganador natural del nearshoring. Pero en la liga de los semiconductores, la narrativa no basta. El país está frente a una decisión incómoda: o ajusta con rapidez su política energética, hídrica, de talento y de Estado de derecho para jugar en la primera división de la economía del silicio, o se resigna a ser el eterno suplente que celebra cada nueva planta de ensamble como si fuera un trofeo. La controversia es clara: si México no acelera reformas y coordinación para construir un ecosistema real de semiconductores, el nearshoring no se “frustra”; se degrada. No perderemos toda la inversión, pero sí aquella que define quién diseña el futuro y quién solo lo atornilla. Y en esa economía, el mayor riesgo no es que las fábricas no lleguen, sino que lo hagan… pero con el valor agregado más importante instalado, una vez más, en otro país.

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Francisco Treviño Aguirre

La economía mexicana inicia 2026 atrapada en una paradoja incómoda: los indicadores macroeconómicos resisten, pero el entorno fiscal, político y global aprieta. México no está en recesión, pero tampoco navega con viento a favor. El país avanza, sí, pero lo hace con el freno de mano parcialmente activado.  Desde una perspectiva internacional, México conserva una posición relevante. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país se mantiene entre las principales economías del mundo, consolidando su papel como plataforma manufacturera y exportadora. Sin embargo, ese tamaño económico no se traduce automáticamente en fortaleza estructural. Tener volumen no siempre significa tener músculo.

El crecimiento proyectado para 2026 es moderado, cercano al rango del 1 al 1.5 %. No es una cifra catastrófica, pero sí insuficiente para un país con profundas brechas sociales, rezagos de infraestructura y una presión creciente sobre el gasto público. México crece, pero no despega. Y en economía internacional, no despegar equivale a perder posiciones relativas. El mayor foco de atención no está en la inflación, que parece relativamente controlada, ni en el tipo de cambio, que ha mostrado una resiliencia notable, sino en las finanzas públicas. El costo financiero de la deuda, el envejecimiento del sistema de pensiones y la rigidez del gasto corriente han reducido drásticamente el margen de maniobra del País.

El problema no es endeudarse; todas las economías lo hacen. El problema es endeudarse sin una narrativa clara de crecimiento futuro. Cuando la deuda no financia productividad, innovación o infraestructura estratégica, se convierte en una carga política y económica. México empieza a caminar peligrosamente por esa línea. En términos internacionales, los inversionistas no observan únicamente balances fiscales; observan señales. Y hoy las señales son mixtas: disciplina macro, sí; claridad estratégica de largo plazo, no tanto.

El comercio exterior sigue siendo el pilar de estabilidad. El T-MEC continúa funcionando como un ancla que da certidumbre a exportadores, inversionistas y cadenas de suministro. La relocalización industrial (nearshoring) no se ha ido, pero tampoco avanza al ritmo que muchos anticipaban. ¿Por qué? Porque el capital global ya no solo pregunta dónde producir, sino bajo qué reglas, con qué energía y con qué estabilidad institucional. México compite hoy no solo contra Asia, sino contra su propia capacidad de ejecución interna: permisos, infraestructura eléctrica, seguridad jurídica y coordinación regulatoria. El riesgo no es que el T-MEC desaparezca; el riesgo es que México lo administre en piloto automático, creyendo que la geografía basta para ganar.

Existen anuncios relevantes de inversión privada, especialmente en sectores agroindustriales, manufactura avanzada y logística. Eso confirma que México sigue siendo atractivo. Pero la inversión no fluye por decreto; fluye por confianza. Y la confianza se erosiona cuando el discurso político se desacopla de la lógica económica. En paralelo, el gobierno apuesta por fortalecer el consumo interno mediante campañas de sustitución de importaciones y promoción de lo “Hecho en México”. El mensaje es correcto, pero incompleto. El consumo sin productividad termina generando inflación o dependencia fiscal. Primero se produce competitivamente; luego se consume con orgullo.

A nivel internacional, el mundo se reconfigura: bloques comerciales, tensiones geopolíticas, transición energética y competencia tecnológica. México está bien posicionado, pero no blindado. La ventaja geográfica no es eterna y la paciencia del capital global es limitada. El verdadero desafío de 2026 no es económico en el sentido clásico; es estratégico. México necesita decidir si quiere ser un actor proactivo del nuevo orden económico o un beneficiario pasivo de inercias pasadas.

Hoy por hoy, México no está al borde del colapso, pero tampoco está construyendo el futuro con la contundencia que el momento histórico exige. La economía resiste, los números cuadran, el tipo de cambio se mantiene… pero falta algo más peligroso que una crisis: falta ambición estratégica. El mayor riesgo para México en 2026 no es una recesión externa ni una crisis financiera. Es creer que con estabilidad basta. En un mundo que se redefine a gran velocidad, la estabilidad sin visión es simplemente una forma elegante de estancamiento. Y en economía internacional, quedarse quieto no es neutral: es retroceder.

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