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CAPITALES: Del discurso a la ejecución: las decisiones que definirán el futuro económico de México

Francisco Treviño Aguirre

México atraviesa una coyuntura decisiva dentro del reordenamiento económico global. La aceleración del nearshoring, la fragmentación de las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han modificado profundamente la estructura del comercio internacional. En este contexto, el país se encuentra estratégicamente bien posicionado para captar flujos de inversión y expandir su plataforma exportadora; no obstante, persisten limitaciones estructurales que podrían frenar dicha oportunidad si no se atienden con visión integral. La narrativa dominante celebra el potencial del nearshoring, pero la ejecución real exige infraestructura moderna, certidumbre regulatoria y capacidades empresariales mucho más sofisticadas.

En 2025, México mantiene un crecimiento moderado, cercano al 2.4 %, reflejo de una economía estable pero aún distante de su potencial. Los principales obstáculos continúan siendo la insuficiencia energética en zonas industriales en expansión, la saturación logística, la debilidad institucional en trámites y permisos, y la falta de personal técnico especializado en manufactura avanzada. Aunque organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo estiman que el país podría atraer entre $30,000 y $50,000 millones de dólares adicionales derivados del nearshoring, estas proyecciones dependen de que México logre reducir fricciones operativas y elevar la competitividad sistémica de sus regiones industriales.

El nearshoring se ha posicionado como un motor de optimismo. Su atractivo descansa en tres pilares: la cercanía geográfica con Estados Unidos, la estabilidad regulatoria del T-MEC y la experiencia exportadora de sectores como automotriz, aeroespacial y electrónico. Sin embargo, estos pilares conviven con desafíos que no deben subestimarse: falta de parques industriales equipados, lentitud institucional, deficiencias en infraestructura crítica y una brecha persistente de talento técnico. El país no es aún un destino simple para inversionistas globales, quienes evalúan costos reales de operación, disponibilidad de energía, certidumbre jurídica y capacidad logística. De ahí que la oportunidad sólo se materializará si México evoluciona hacia una estrategia nacional más sofisticada que incluya política industrial moderna, incentivos suficientes, fortalecimiento de cadenas de suministro locales y una coordinación eficaz entre los tres niveles de gobierno.

En paralelo, las empresas mexicanas se encuentran frente a una exigencia inédita: competir no sólo como proveedoras de costo atractivo, sino como actores capaces de integrarse a cadenas globales que demandan trazabilidad, cumplimiento normativo, digitalización y precisión operativa. Para lograrlo, deben avanzar en cuatro frentes fundamentales. El primero es la digitalización, dado que miles de PYMEs aún operan con procesos manuales que limitan escalabilidad y confiabilidad. La automatización y analítica avanzada es ya un requisito básico para competir con manufacturas altamente automatizadas en Norteamérica y Asia. El segundo frente es la definición clara de una propuesta de valor exportadora, que trascienda la venta ocasional al extranjero y construya capacidades de certificación, calidad y respuesta rápida, indispensables para integrarse a cadenas globales de valor.

El tercer aspecto crítico es la disciplina financiera. En un entorno de tasas elevadas, volatilidad cambiaria y costos operativos crecientes, la supervivencia y expansión de las empresas dependerá de su capacidad para gestionar flujo de efectivo, medir rentabilidad por línea de negocio, controlar costos y evaluar rigurosamente cada inversión. El cuarto frente es la reinvención del modelo de negocio, que implica decidir qué rol ocuparán dentro de la nueva arquitectura productiva: proveedor de bajo costo, ensamblador especializado, desarrollador tecnológico o socio integral de soluciones. Esta redefinición estratégica es esencial para que las empresas mexicanas escalen dentro de la oferta manufacturera y no queden atrapadas en segmentos de bajo valor agregado.

A partir de este enfoque, se delinean cuatro líneas de acción prioritarias para 2025–2026. La primera consiste en rediseñar modelos de negocio con visión exportadora, evaluando con realismo ventajas competitivas y aprovechando instrumentos públicos de promoción financiera y comercial. La segunda es la digitalización profunda de procesos críticos, ventas, operaciones, logística, gestión financiera, con el fin de incrementar eficiencia, trazabilidad y capacidad de respuesta. La tercera es la optimización de cadenas de valor locales mediante proveedores certificados, clústeres regionales y mecanismos de transferencia tecnológica que permitan elevar el contenido nacional sin sacrificar eficiencia. La cuarta es fortalecer la disciplina financiera como eje de supervivencia y crecimiento, priorizando rentabilidad sostenible por encima de expansiones aceleradas o poco rigurosas.

Hoy por hoy, México tiene una oportunidad histórica. El reacomodo del comercio global, las tensiones China–EUA., y la redefinición de cadenas logísticas favorecen su posición. Pero el entorno no perdona: solo las empresas con visión, capacidad de ejecución y modelos de negocio bien diseñados podrán capturar valor en esta coyuntura. ¿Serán las empresas mexicanas meros proveedores de bajo costo o actores sofisticados de una economía competitiva e innovadora? La respuesta se está escribiendo hoy con cada decisión de inversión, cada apuesta por la eficiencia, cada paso hacia la digitalización y la profesionalización. El juego está en marcha, y no habrá segundas oportunidades.

X:@pacotrevinoag

CAPITALES: Nearshoring para pocos: La realidad detrás de los indicadores del IMCO 2025

Francisco Treviño Aguirre

 Este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó la edición 2025 del Índice de Competitividad Estatal (ICE), un instrumento que evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión. Esta herramienta arroja algo que muchos prefieren no ver: México es más un mosaico de territorios que un bloque homogéneo, y los estados avanzan a velocidades muy distintas. El ICE 2025 agrupa 53 indicadores en varios subíndices: innovación y economía, infraestructura, mercado de trabajo, sociedad y medio ambiente, derecho y sistema político y gobiernos, para evaluar la competitividad estatal.

El ranking revela que entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes se encuentran en los primeros lugares, lo que evidencia una combinación de infraestructura, instituciones, capital humano y capacidad para integrarse a cadenas globales de valor. En cambio, entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas se ubican en la zona inferior del ranking, lo que refleja rezagos persistentes en conectividad, productividad y capacidad institucional.

La distribución de la inversión extranjera directa (IED) incorpora precisión cuantitativa a esta desigualdad territorial. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), durante el periodo enero-junio de 2024, el 45.61% del total de IED se concentró en la Ciudad de México, mientras que otros estados se ubicaron lejos de esa cifra: Nuevo León captó 7.41%, Baja California 5.82%.  A nivel nacional, los datos de cierre de año muestran que México registró 36,872 millones de dólares de IED en 2024, un incremento de 2.3% respecto al año anterior.  Esta concentración implica que gran parte de los recursos globales de inversión se dirigen a unos pocos estados, reforzando su ventaja competitiva y profundizando la brecha territorial.

En el ámbito del PIB per cápita, estados como Campeche alcanzaron alrededor de 614,200 pesos, la Ciudad de México 539,069 pesos, mientras que entidades del sur como Chiapas o Oaxaca se encuentran significativamente por debajo de la media nacional. (Dato estimado conforme al PIB per cápita por entidad federativa) Esta diferencia de ingresos se corresponde con los estados que lideran el ICE y los que lo rezagan, validando la hipótesis de que mayor competitividad estatal se traduce en mayores ingresos para la población.

La infraestructura, uno de los pilares del subíndice citado, es clave en ese proceso. El ICE 2025 destaca que el acceso a internet, la penetración de banca digital, la conectividad aérea y la logística son ventajas que concentradas en ciertos territorios. Los estados mejor ubicados tienen redes que permiten integrarse a cadenas globales, mientras que los rezagados aún enfrentan cuellos de botella: carreteras en mal estado, servicios básicos insuficientes, menor densidad de centros de innovación. Esta situación hace que la ventaja de los primeros sea difícil de desafiar.

La lectura integral de estos indicadores arroja una verdad incómoda: el fenómeno del nearshoring, no está repartido equitativamente, sino que se despliega sobre los territorios que ya tenían ventaja competitiva. Estados con infraestructura, instituciones y capital humano listos están recibiendo grandes flujos de IED, mientras otros se quedan al margen. Esta concentración amenaza con convertir lo que podría haber sido una oportunidad nacional en un beneficio local limitado. Si la política industrial del “Plan México” sigue reforzando únicamente a los estados que ya lideran, el resto podría quedar atrapado en un bucle de rezago. Si no se corrige esta trayectoria, en cinco años veremos un México partido, no solo en términos narrativos, sino en términos estadísticos: un bloque de estados competitivos conectados al mundo, y otro bloque creciendo a un ritmo insuficiente para cerrar la brecha.

Hoy por hoy, los indicadores del IMCO no solo sirven para evaluar la competitividad. Funcionan como un espejo que muestra, con claridad estadística, la existencia de dos Méxicos: uno integrado a la economía global y otro desconectado de los beneficios del crecimiento y la inversión. Lo controversial no es que existan diferencias, eso es normal en cualquier economía compleja, sino que el país haya normalizado esta brecha como algo inevitable. La verdadera pregunta, incómoda pero necesaria, es si México está dispuesto a diseñar una política de competitividad que favorezca a todas sus regiones o si, por el contrario, seguirá celebrando cifras récord de inversión mientras ignora que la prosperidad se está concentrando en los mismos estados de siempre. ¿Será el nearshoring una oportunidad nacional o simplemente una confirmación estadística de que el país sigue avanzando a dos velocidades?

X:@pacotrevinoag

CAPITALES: Bonos de carbono: entre la brújula del mercado y el dilema de la integridad

Francisco Treviño Aguirre

 Los bonos de carbono nacieron con una idea sencilla: si contaminar tiene un costo real para el planeta, entonces debe tener un precio claro para quienes emiten. Un bono equivale al derecho de liberar a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en otros gases de efecto invernadero. Esa “tonelada con etiqueta” puede comprarse, venderse y usarse para compensar emisiones. En teoría, quien contamina paga; en la práctica, quien reduce antes y mejor puede vender sus excedentes. Es el lenguaje del mercado aplicado a un problema ambiental que no admite excusas.

Aunque suene técnico, el mecanismo puede explicarse sin enredos. El regulador, por lo general, el gobierno, fija un límite total de emisiones permitido para cierto conjunto de empresas o sectores. Ese límite baja con el tiempo. A cada actor se le asignan permisos o los compra en subastas. Si una empresa innova, ahorra energía, cambia de combustibles o reforesta, puede quedar por debajo de su cuota y vender el “sobrante” como bonos. Si otra no logra reducir a tiempo, debe comprar esos bonos para cumplir. Así, el precio del carbono incentiva a invertir en soluciones: eficiencia energética, energías renovables, manejo de suelos, forestación y tecnologías de captura. No es un castigo, es una señal económica para mover capital hacia lo que sí reduce emisiones.

Existen dos grandes tipos de mercados. Los de cumplimiento, con reglas obligatorias y auditoría, y los voluntarios, en los que empresas, ciudades, universidades o incluso personas compran créditos para compensar una parte de su huella. En los primeros, los permisos están sujetos a topes y a verificación estricta; en los segundos, la flexibilidad ha permitido innovar rápido, pero también ha abierto dudas cuando la calidad del bono no está bien demostrada. ¿La reducción ocurrió gracias al proyecto? ¿Se mide con rigor? ¿Es permanente o podría revertirse? ¿Se cuenta dos veces la misma reducción? Estas preguntas no son detalles: son la frontera entre la confianza y el escepticismo.

Para que un bono sea serio, hay un procedimiento que no se puede saltar. Primero se define una línea base: cuánto se habría emitido si el proyecto no existiera. Luego, se mide lo que realmente se emite con el proyecto. La diferencia, si es positiva, es la reducción. A esto se añaden tres candados: adicionalidad (que la reducción no hubiera ocurrido sin los ingresos del bono), permanencia (que el beneficio no se pierda con rapidez) y ausencia de doble conteo (que nadie más reclame esa misma reducción). Finalmente, una entidad independiente valida el diseño y otra verifica los resultados. Cada crédito nace de números comparables y de evidencia que se pueda revisar. Sin eso, el mercado pierde significado.

El origen político de este sistema se remonta a acuerdos como el Protocolo de Kioto y, más recientemente, al Acuerdo de París y los compromisos climáticos nacionales. No se trata de “buenas intenciones”, sino de una arquitectura global que pide a los países fijar metas y crear instrumentos para cumplirlas. En muchos lugares ya funciona: la Unión Europea opera el sistema más grande del mundo; Estados y provincias en Estados Unidos y Canadá han probado esquemas regionales; y en América Latina hay marcos legales que avanzan en la dirección correcta. México, por ejemplo, ha probado un sistema piloto y cuenta con bases legales para que el precio al carbono ayude a cumplir sus metas. No es un camino simple, pero hay una brújula clara: reglas sólidas, precios que reflejen el daño y transparencia total.

¿Qué hacer entonces, en concreto? Para empresas, la ruta empieza adentro: medir la huella con rigor, fijar metas basadas en ciencia y reducir en casa lo que sea posible técnica y financieramente. Solo después, y para la parte residual, comprar créditos de alta integridad, con documentación pública, metodologías sólidas y riesgos de reversión gestionados. Además, conviene publicar una política clara: qué porcentaje de la huella se compensa, con qué criterios y durante cuánto tiempo. Para gobiernos, la tarea es doble: reglas estables y ambiciosas, techos que bajen a ritmo creíble, y capacidades robustas de medición, reporte y verificación, apoyadas en tecnología. El dinero recaudado debe regresar a la transición: electrificación, transporte limpio, rehabilitación de ecosistemas, innovación industrial. No hay mejor defensa del sistema que mostrar resultados visibles.

Hoy por hoy es importante mencionar que lo que no se mide no se gestiona, y lo que no tiene precio no se prioriza. Ponerle precio al carbono es ordenar la casa: define incentivos, acelera la innovación y alinea agendas públicas y privadas. Si las reglas son firmes y la verificación es seria, los bonos de carbono serán el puente entre el objetivo climático y el flujo de capital que necesitamos. Si permitimos relajarlos, se convierten en coartada. La disyuntiva está sobre la mesa. Elegir bien no es una cuestión ideológica: es, sobre todo, una decisión de gobernanza, de datos y de responsabilidad con las generaciones que vienen.

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CAPITALES: México emprende: cómo transformar el vigor inicial en negocios sólidos y globales

Francisco Treviño Aguirre

 En el panorama actual de México, el emprendimiento se presenta con una combinación de dinamismo y retos estructurales que requieren de intervención estratégica para transformarse en una palanca de productividad y desarrollo. Según datos del INEGI, a mayo del 2025, el país contaba con 6,097,675 unidades económicas, de las cuales el 95%  aproximadamente, correspondían a micro empresas que emplean cerca del 41.5 % de la fuerza laboral. Este dato revela un ecosistema de negocios intensivo en micro-actividad, pero con un limitado impacto en escalamiento, productividad y competitividad global.

Por otro lado, la digitalización de estas unidades sigue siendo baja: apenas el 5.5% realiza ventas online. Esta brecha digital representa una oportunidad estratégica no sólo para los propios emprendedores, sino también para políticas públicas que permitan cerrar esta brecha y activar nuevos canales de crecimiento. La dinámica de nacimientos y cierres de negocios también arroja señales mixtas. Entre 2019 y 2023 se reportaron aproximadamente 1.7 millones de nuevos establecimientos frente a 1.4 millones de cierres, reflejando que la supervivencia continúa siendo un reto para muchos emprendedores. Además, el tamaño promedio de los nuevos negocios ha tendido a crecer (de 2.0 a 2.85 personas) lo que sugiere una entrada con mayor recurso humano, mas no necesariamente una mayor preparación o soporte institucional.

Otro factor relevante es el acceso al financiamiento. De acuerdo con el INEGI, el 46.6 % de las empresas ha solicitado crédito alguna vez y el 43.2 % lo consiguió. No obstante, los principales motivos de rechazo son la insuficiente capacidad de pago (19.7%) y la falta de historial crediticio (12.0%). Esto evidencia que el ecosistema se ve limitado no tanto por la oferta de financiamiento, sino por las barreras de entrada de nuevos negocios o microempresas sin respaldo formativo. En paralelo, los instrumentos de respaldo como las cadenas productivas del NAFIN representan una vía interesante para proveer factoraje y garantías, particularmente si se articulan con grandes anclas corporativas y gobierno.

En cuanto al segmento de innovación, crecimiento y capital de riesgo, México presenta un aumento de la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) cercana al 17% según el portal del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Aun así, persisten debilidades estructurales: alta informalidad, baja tasa de negocios establecidos y poca entrada a mercados de alto valor. En América Latina, los flujos de capital de riesgo ascendieron a aproximadamente US$ 4.5 mil millones en 2024 y la perspectiva para 2025 muestra mejora. En este contexto, la falta de vehículos locales de coinversión, líneas de crédito de capital semilla y salidas secundarias se convierten en limitantes para la expansión de empresas mexicanas con vocación global.

A la luz de estos datos, se vislumbran tres áreas de intervención clave. Primero, la digitalización de micro y pequeñas empresas se posiciona como “bajo colateral, alto retorno”, pues amplía canales de ventas y reduce dependencia del mercado local. Segundo, la formalización y crédito con datos alternativos son palancas de inclusión empresarial: mediante medida no tradicional, factoraje y alianzas con corporativos se pueden incorporar muchos negocios que hoy quedan fuera. Tercero, para que el ecosistema de startups cobre mayor relevancia global, es urgente construir un puente de crecimiento que vaya más allá del capital semilla, mediante coinversión público-privada, deuda consolidada y mecanismos de liquidez. Finalmente, el marco fiscal simplificado para personas físicas, como RESICO, ofrece una oportunidad para formalizar negocios con menores barreras administrativas, lo que puede incentivar la transición de la informalidad a la formalidad con beneficios.

El papel del gobierno, la academia, los grandes corporativos y los emprendedores se vuelve complementario: la tarea no es únicamente “iniciar” empresas, sino sostenerlas y escalarlas. En ese sentido, una estrategia pública-privada bien articulada que articule digitalización, financiamiento, formalización y crecimiento puede transformar el impulso emprendedor mexicano en un agente de desarrollo regional, innovación y competitividad internacional. En México hay energía emprendedora, pero aún falta alinear los recursos, la estructura institucional y el capital para convertirla en una realidad sostenible y escalable.

Hoy por hoy, El ecosistema emprendedor mexicano vive un momento de transición: de la mera proliferación de nuevos negocios hacia la maduración de empresas con impacto y escala. Los datos confirman que existen tanto condiciones favorables, como una tasa de emprendimiento temprana de 17% y un repunte del capital de riesgo en América Latina, como obstáculos persistentes: baja digitalización de microempresas, limitado acceso a crédito por falta de historial y un ecosistema de crecimiento que aún carece de infraestructura.

Para que el emprendimiento se traduzca en motor de desarrollo económico y social en México, se requiere una estrategia integral que articule digitalización masiva, acceso al crédito con nuevos modelos de riesgo, formalización simplificada y escalamiento de empresas mediante capital de riesgo sofisticado. Así, el país podrá transformar el “gran inicio” en negocios sólidos, productivos, globales y capaces de generar empleo de calidad. En síntesis: emprender en México no es solo comenzar, sino consolidar y crecer.

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CAPITALES:  El marketing político que transforma campañas en confianza

Francisco Treviño Aguirre

La política moderna dejó de ser una temporada de campañas para convertirse en un flujo permanente de comunicación estratégica. El juego global se resume en tres verbos: encuadrar, movilizar, sostener. Encuadrar es fijar el mensaje simple que organice todo lo demás; movilizar es convertir la atención en acción; sostener es gobernar comunicando con consistencia, incluso cuando no hay “noticias”. En ese triángulo se reconfiguran presupuestos, formatos y equipos. El marketing político exitoso, en cualquier latitud, opera como una orquesta: narrativa, datos y operación territorial sincronizados, con una métrica calendarizada.

Primero la narrativa, después el plan de medios. La era de los mensajes kilométricos terminó; mandar el mensaje breve, memorable y demostrable en clips de treinta segundos. La forma dejó de ser un detalle estético: el video vertical es la nueva plaza pública y el teléfono, la tribuna portátil. La estrategia efectiva define un arco argumental, origen, problema, solución, prueba, y lo desdobla en pequeñas historias que caben en la rutina diaria de la gente. El lenguaje es directo, la estética es nativa de plataforma, la cadencia es alta y la promesa es verificable. Sin esta arquitectura, cualquier presupuesto se evapora en impresiones frías y métricas vanidosas.

El segundo pilar es la capa de datos al servicio de la persuasión ética. No se trata de espiar; se trata de observar con disciplina. La segmentación que funciona no persigue rasgos sensibles, sino contextos: geografía, intereses declarados, momentos del día, conversaciones públicas, necesidades de cada territorio. La creatividad se prueba y se mejora como si fuera un producto tecnológico: se prueban titulares, ritmos, duraciones, llamadas a la acción. La compra de medios deja de ser una apuesta ciega y se convierte en un tablero de experimentos controlados. La métrica clave no son las vistas sino el incremento real en alcance, recuerdo, intención y asistencia. El objetivo final no es ganar la conversación, sino ganar la jornada electoral y luego sostener la gobernabilidad.

El tercer pilar es la operación. Las campañas profesionales montan un “cuarto de guerra” que opera 24/7: monitorea temas, corrige desviaciones, genera creatividad en horas, alimenta con argumentos y datos, y activa protocolos contra la desinformación. La velocidad importa, pero la coherencia importa más: responder no es reaccionar, es reafirmar el encuadre propio con hechos verificables y tono firme. La logística del territorio: formación de cuadros, calendarización de eventos, registro y contacto post evento, se gestiona como una cadena de suministro de atención: lo que empieza en un video acaba en una mano levantada, y lo que ocurre en una colonia regresa a la nube en forma de testimonio y prueba.

“Gobernar comunicando” ya no es un eslogan; es un método. Las figuras que comprenden esto mantienen un ritual informativo constante: informes periódicos, testimonios ciudadanos, métricas de avance y ventanas de rendición de cuentas traducidas a formatos simples. En lugar de perseguir la coyuntura, crean la agenda con hitos predecibles: lunes de resultados, miércoles de obra pública, viernes de ferias de empleo. Esa gramática convierte el gobierno en una narrativa en marcha, reduce la dependencia de terceros para legitimar logros y protege el capital político ante crisis inevitables. La transparencia se vuelve un producto comunicable: corto, verificable, compartible.

Hay una verdad incómoda: la creatividad sin orden es ruido caro; la disciplina sin creatividad es silencio inútil. De ahí surge un marco operativo simple y exigente. Uno, mensajes y símbolos antes que pauta: si el mensaje no cabe en diez palabras, no está listo. Dos, producción modular y diaria: una sesión de cámara rinde para una semana si se planifica con guiones y videos cortos. Tres, distribución con objetivos precisos: alcance incremental donde falte reconocimiento, frecuencia donde haya intención tibia, conversión donde exista base movilizable. Cuatro, medición útil: minutos vistos, alcance neto, costo por asistencia, crecimiento de voluntariado activo, tiempo de respuesta a crisis, cumplimiento regulatorio. Cinco, mejora continua: se documenta lo que funciona, se replica lo que rinde.

Hoy por hoy, el marketing político que mira al futuro asume que toda comunicación es una promesa con auditoría. De ahí, que el verdadero diferenciador no es un truco creativo ni una táctica de moda, sino la combinación entre una narrativa clara, una ejecución obsesiva por la calidad y una gobernanza de datos y procesos que aguante la presión del día a día. No hay atajos: se siembra atención, se cultiva confianza y se cosecha legitimidad. Cuando el discurso se vuelve hábito informativo, la audiencia lo busca para enterarse qué sigue.

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