Francisco Treviño Aguirre
México se encuentra en una encrucijada, haciendo malabarismos con las aspiraciones de autosuficiencia energética mientras lidia con las consecuencias de las políticas que inhiben el crecimiento de las energías renovables. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han reducido la participación de fuentes de energía renovables, lo que ha provocado un efecto dominó en el sector energético del país. La suspensión de las licencias de energía renovable por parte del gobierno y el bloqueo de las inversiones en el sector ponen de relieve un desafío creciente: equilibrar las necesidades energéticas inmediatas con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
El ambicioso plan del gobierno para lograr la autonomía energética a través de la construcción de la refinería de Dos Bocas es un punto central en esta saga energética. Si bien su objetivo es reducir la dependencia de los energéticos provenientes del exterior, surgen preocupaciones sobre los costos de oportunidad social y el potencial de que esta inversión se convierta en un activo inútil en menos de dos décadas.
En este sentido, las proyecciones del Rastreador de Acción Climática (CAT, por sus siglas en inglés) son alarmantes, lo que indica la necesidad de México de políticas adicionales para cumplir con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) originales. De lo contrario, las emisiones podrían aumentar, alejando aún más al país de sus objetivos de reducción de emisiones. En respuesta a la crisis del COVID-19, México se ha quedado corto en la implementación de cambios regulatorios a nivel federal para abordar las repercusiones ambientales de la pandemia. La ausencia de un enfoque de justicia climática en el plan de recuperación verde es una oportunidad perdida. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha tomado medidas proactivas al estimar y gestionar el aumento de los residuos relacionados con la COVID-19 y evaluar los vínculos de la pandemia con la contaminación del aire.
En medio de estos desafíos, las soluciones emergen como caminos imperativos para el futuro sustentable de México. Es crucial establecer un delicado equilibrio entre la independencia energética y la integración de las energías renovables. Para lograrlo, México debe reconsiderar limitar la participación de las energías renovables y, en su lugar, incentivar y promover su crecimiento. Es primordial equilibrar las prioridades fiscales para asignar fondos adecuados para la acción climática y la conservación del medio ambiente. La aplicación de políticas sólidas, complementadas con un enfoque de justicia climática, puede garantizar una recuperación inclusiva y ecológica de la pandemia.
Hoy por hoy, México se encuentra en un momento crucial en su trayectoria energética y ambiental. Si bien persisten los desafíos, las medidas proactivas, la recalibración de políticas y un enfoque unificado pueden dirigir a la nación hacia un futuro sostenible y resiliente. La colisión entre la búsqueda de la autosuficiencia energética en México y sus compromisos ambientales delinea una narrativa compleja. Lograr un equilibrio entre las necesidades energéticas a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo exige una adecuación meticulosa de las políticas.
El camino de México hacia un futuro más verde y resiliente depende de la armonización de las prioridades en conflicto, el fortalecimiento de la integración de las energías renovables, la reevaluación de las asignaciones presupuestarias y la adopción de un enfoque holístico para abordar los desafíos ambientales. Al adoptar soluciones innovadoras y recalibrar los marcos de políticas públicas, México puede trazar un rumbo que no solo garantice la seguridad energética, sino que también salvaguarde su legado ambiental para las próximas generaciones.
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