Héctor Reyes
La polémica reforma judicial que el Gobierno de Claudia Sheinbaum quiere aprobar en México está sumiendo al país en una crisis institucional cuyo final no se vislumbra todavía.
El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo deja cada día un capítulo de tensiones, recursos y nuevas iniciativas constitucionales. Varios ministros de la Suprema Corte han anunciado su renuncia, pero aún tienen tiempo para debatir los recursos planteados por los partidos de la oposición y el martes votarán sobre la constitucionalidad o no de esta reforma.
La respuesta de la presidenta ha sido firme: lo que están haciendo es “inconstitucional”, ha dicho, y les ha acusado de renunciar al cargo para acogerse al beneficioso retiro que tienen estos magistrados, algo que la propia reforma rebajará. El Ejecutivo y su mayoría parlamentaria podrían ganar esta contienda, pero no se aventura un camino fácil. La reforma judicial se ha convertido en una herencia envenenada para la nueva presidenta, a solo un mes de que iniciara su mandato. No solo enfrenta la presión de los trabajadores en las calles, sino desacuerdos silenciosos al interior de su partido y la dificultad de implementar una reforma que pone “patas” arriba todo el sistema judicial.
El modelo elegido por México consiste en la elección popular de todos los jueces del país, desde los estatales hasta los federales, así como los magistrados que integran los tribunales superiores, pero todavía se desconocen detalles para llevar a cabo esta inmensa elección, que también plantea dificultades a los organismos electorales. Fue un empeño (necedad, dirían otros) del anterior presidente, Ándres Manuel López Obrador, quien pidió al pueblo un voto mayoritario que lo refrendara. Y lo logró. Pero es su sucesora, del mismo partido, quien tendrá que poner en marcha todo el sistema, combatir la oposición que ha despertado y poner a prueba sus destrezas políticas para enfrentar la crisis institucional.
Miles de jueces tendrán que renunciar a su puesto, una carrera que en ocasiones tiene ya algunas décadas, para someterse al voto ciudadano. Está en juego, dicen los contrarios, la imparcialidad judicial, porque se tocan pilares básicos que la garantizan, como son la rebaja del salario y la posibilidad de remoción de los puestos. Especialistas consideran que lo que está ocurriendo es “una purga en el sistema judicial que mina la independencia y trastoca la división de poderes”, bajo la idea de “democratizar” la justicia.
La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, una constante en el anterior sexenio.
El gobierno vio frenadas algunas de sus reformas claves, como la energética, la electoral o la que tenía que ver con la Guardia Nacional, todas ellas paradas en tribunales tras los recursos de inconstitucionalidad de la oposición. En ese contexto se presentó la reforma judicial y se pidió el refrendo popular en las elecciones, en lugar de plantear un gran debate entre todos los actores políticos que condujera a consensos para implantar una reforma de tan alto calado. Pero igual que en las anteriores, frustradas por los tribunales, esta misma se ha encontrado de frente a la Corte.
La reforma establece además dos nuevos organismos, uno para la administración de la judicatura y un tribunal de disciplina para sancionar a aquellos jueces que se aparten de la norma. Pero los expertos consideran que la ambigüedad de lo redactado hasta ahora podría convertir a este tribunal en el último eslabón para controlar todo. “Este tribunal también será electo y eso puede leerse como el último filtro para purgar a los jueces que no se adapten a las preferencias del Gobierno”, explica Cortez.
La última ficha que han movido los ministros de la Suprema Corte se lee como un intento de frenar todo eso. En su proyecto, consideran que no será democrática una elección sobre miles de jueces desconocidos para la ciudadanía, por lo que sugieren que al menos estos, los de distrito y magistrados de circuito (pertenecientes a las judicaturas locales) no tengan que someterse a votación popular; del mismo modo critican el cambio de reglas antes de finalizar el puesto, y plantean que solo se sometan a ellas las nuevas incorporaciones a la carrera judicial. Ese proyecto se votará el martes.
El Ejecutivo teme que la reforma judicial se atore en los tribunales, por tanto, sacan otra reforma constitucional para impedir que los ministros se pronuncien en estos casos. Pero esta reforma también estaría sujeta a los recursos planteados y al escrutinio de la Corte, sin que se vea en qué momento puede concluir esta rueda, que rueda. Historia para rato tenemos.
Buen fin de semana, la frase: “El tiempo es lo único que no vuelve. No lo pierdas”. ¡Ánimo!
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