Las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), el 22 de diciembre de 2020, anunciaron su acuerdo de alianza electoral por medio de la coalición "Va por México".

Tal anuncio y proyecto contó desde un inicio con el respaldo de algunos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos de los empresarios Claudio X. González de "Sí por México"; Gustavo de Hoyos de Alternativas por México; Demetrio Sodi de la Tijera de Futuro XXI, de Beatriz Pages y de Luis Asalí, entre otros.

Según los partidos participantes, dicha alianza abanderaría las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En 2021, la coalición presentó candidatos a diputados federales en 219 de los 300 distritos electorales federales. De ellos, el PRI postuló a 77 candidatos, el PAN a 72 y el PRD a 70. Esta alianza abarcó todos los distritos de 20 estados y algunos distritos de otros cinco estados.

Sin embargo, el 17 de septiembre de 2022 los dirigentes del PAN y el PRD anunciaron una «suspensión temporal» de su alianza con el PRI debido a que el partido estaba apoyando la estrategia del gobierno federal de “militarizar” la seguridad del país mediante una prórroga a la presencia del ejército en las tareas de seguridad ciudadana en el país.

Ante ello, el Presidente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, señaló que el PRI es un partido históricamente aliancista, el siglo XXI no ha sido la excepción. “Llevamos más de dos décadas trabajando en coaliciones con partidos políticos. Hemos puesto a un lado nuestras diferencias ideológicas para construir proyectos de unidad y acuerdos duraderos que han generado resultados”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el próximo martes, 4 de octubre, se intentará votar el proyecto por el que se extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Precisó que el 5 de octubre se cumplen los 10 días hábiles para que el Senado retome la discusión del dictamen, que se regresó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. Monreal Ávila dijo que, de ser necesario, se ha decidido modificar la minuta que proviene de la colegisladora. Indicó que, junto con la ampliación del plazo, se busca establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional.

Además, Monreal Ávila manifestó que espera que para este fin de semana ya se pueda compaginar la redacción de esta importante decisión, que permita arribar a un acuerdo amplio en esta materia, indispensable para el país.

“Estamos mostrando flexibilidad, plenitud y apertura para poder generar condiciones de acuerdo, aquí en el Senado, y se está trabajando con un grupo de redacción en el seno de las comisiones dictaminadoras” agregó.

Argumentó que hay más de cien mil soldados y marinos que, desde hace más de 20 años, prestan labores de seguridad pública, “por la incapacidad de las policías civiles y porque éstas, lamentablemente, son permeadas y fácilmente cooptadas por la delincuencia organizada”.

Ricardo Monreal señaló que estados y municipios piden el auxilio de las Fuerzas Armadas para enfrentar los retos de la inseguridad pública, por lo que es fundamental actualizar el sistema normativo del país, “ante el déficit de procuración de justicia que hay en la nación”.

El periodismo cuenta la realidad. A veces, como en esta ocasión, la realidad es que existe ese informe y lo que revela es terrible. Contarlo provoca dolor en quien lo escribe y en quien lo lee. El periodismo existe para contar y ayudar a entender nuestra sociedad, aunque duela. Señaló la periodista Peniley Ramírez ante las reacciones del gobierno derivadas de sus revelaciones del informe, sin testar, sin censura, de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Para la periodista, el hecho de que la mayor parte de la narración de la versión publica estuviera testada, hacía muy difícil entender qué es lo nuevo en la investigación de los hechos, y decidió dar a conocer la versión a la que tuvo acceso. Por ello, publicó, en el periódico Reforma, una columna en donde describe una nueva cronología del caso Ayotzinapa.

Así narra su experiencia Peniley: “Hace unas semanas me buscó una fuente que tenía acceso al informe sin testar. Me dijo que en ese documento había nuevas pistas sobre el caso y que consideraba vital que se investigaran. Me compartió una copia del documento, sin testar. Lo leí. Luego hicimos varias entrevistas.

Buena parte de ese informe está basada en el análisis de mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. Otros mensajes son de los días, semanas y meses después...

Hay allí números identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que esas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp.

El gobierno de Peña Nieto sostuvo que a la mayoría de los estudiantes los quemaron en el basurero de Cocula. En la narración del nuevo informe, dicen que tuvieron esa idea, pero la desecharon. En cambio, descuartizaron a los estudiantes, sin la menor compasión, y los repartieron.”