Este año es clave para la alianza opositora con miras a obtener el triunfo en las elecciones presidenciales a desarrollarse en 2024. Pero para lograr el éxito, los dirigentes se deberían hacer la siguiente pregunta: ¿Por dónde empezar?

De ese cuestionamiento, sugiero, partir en un ejercicio autocrítico para definir si lo hecho hasta ahora les sirve lo suficiente para pavimentar el camino hacia el triunfo en el 2024, o si hay que hacer más, a partir de los últimos resultados: el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna en 20 estados, 22 si consideremos alianzas. En 2017 no tenía ni un solo gobernador. Esto logrado en años en los que el país ha enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica derivada de ella.

Iniciar un ejercicio de revisión y autocrítica con el fin de corregir el rumbo y mejorar; reconocer y aceptar una realidad, el problema no es López Obrador, como persona, sino lo que representa: la insatisfacción social no atendida por años.

En 2018 era tal el enojo que la gente decía: ‘no sólo no voy a votar por ellos (llámese PRI, PAN, PRD, empresarios, líderes sindicales y jerarcas católicos), sino que además voy a votar por el que más les duele, por el que más afecte sus privilegios’.

La política adviene cuando las demandas sociales chocan con un sistema que las niega, y aparecen distintos proyectos que disputan por articularlas. Eso es lo que representa López Obrador.

Este 2023 será un año político en México; en primer lugar, se elegirá al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es decir, del responsable de la dirección del Máximo Tribunal Constitucional del país y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y quien fungirá como representante del Poder Judicial Federal por un periodo de cuatro años.

En seguida se llevará a cabo la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ya que en abril del presente concluirán su encargo cuatro de los once consejeros, Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.

Por otra parte, el 4 de junio en los estados de México y Coahuila se celebrarán elecciones ordinarias. Elegirán al titular del Ejecutivo, y en el caso de la segunda entidad, la integración de la Legislatura estatal. Para ello, del 14 de enero al 12 de febrero realizarán precampañas para gubernatura y diputaciones.

Además, el 19 de febrero, se efectuará una elección federal extraordinaria en Tamaulipas para definir una senaduría.

Y, finalmente, impregnarán el ambiente político del país los previos a los procesos internos de los partidos y sus alianzas rumbo a las elecciones 2024 en México.

Ese año, el 2 de junio, los mexicanos elegirán nuevo presidente, además, también se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales, en tanto que se renovarán nueve gubernaturas, así como 30 congresos locales.

Por ello, EL 2023 seguro deberá generar un gran interés en la ciudadanía. Al menos eso se esperaría.

En su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, informó: “Con 458 votos a favor y 0 en contra, se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo para armonizarlos con el marco jurídico electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro Partido. ¡El PRI se fortalece ante los grandes retos!”.

Ese 19 de diciembre, a lo que se refería Alito es que en la sesión del Consejo Político fue aprobada una propuesta de alargar su periodo 90 días más y permanecer como dirigente nacional del PRI hasta 2024.

Para algunos analistas, como Zedryk Raziel, “la modificación al estatuto del PRI aprovecha un nuevo elemento de la ley que deriva del recién aprobado ‘plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (que está pendiente de promulgación por el Ejecutivo Federal). Como parte de ese paquete de reformas, en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estableció que el inicio del proceso electoral se pase de septiembre a la tercera semana de noviembre del año previo al de los comicios. La reforma del “plan B” implica que el inicio de la elección federal de 2024 se retrase dos meses. Para salvar ese desfase, Alito Moreno se cubrió las espaldas con la línea de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. En los hechos, podrá permanecer en la dirigencia del PRI hasta finales de 2024”.

Sin embargo, la reforma a los estatutos no ha sido bien vista por algunos priistas, tales como la Senadora Claudia Ruiz Massieu quien señaló que “el PRI no se debe someter a la manipulación de una persona. Somos un partido plural, que debe reflejar nuestros valores y principios democráticos. Rechazo toda decisión contraria a esta aspiración y recurriré a las vías legales para revertir esta dañina práctica”.

Así como el también Senador Miguel Ángel Osorio Chong, que a su vez señaló: “Se necesita un PRI plural, democrático y abierto, como lo requiere nuestro país, no dejaremos que una persona a través de imposiciones y reformas a modo pretenda adueñarse del partido”. Además de hacer “un llamado a las y los priistas a alzar la voz contra este atropello. Y a que, todas y todos, rescatemos y reconstruyamos al PRI como el partido plural, democrático y abierto que requiere nuestro país”.

Ambos senadores promovieron, ante la Comisión Nacional de Justicia partidarias del PRI y ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Per Saltum juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, a fin de impugnar la convocatoria de 17 de diciembre a la LX11 sesión extraordinaria del Consejo político nacional del PRI.