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¿Militares corruptos?

Rubén Aguilar Valenzuela 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe entregar a El Universal, que lo solicitó, las declaraciones patrimoniales y de intereses, en versión pública, de los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía.

 

La SFE dijo que no podía proporcionarla porque el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa (Sedena) la había reservado por cinco años. De inmediato surgen muchas preguntas: ¿Por qué la opacidad? ¿Qué esconden? ¿Hay casos de corrupción?

 

En versión de la SFP considera que publicarlas "pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas (personas), así como la propia seguridad y defensa nacional del país". ¿Por qué? El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), propiedad privada del Ejército, es una instalación civil, parte del sistema de aeropuertos que tiene el país.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la SFE la entrega de esa documentación. La SCJN dio la razón al INAI. Y dijo que las declaraciones patrimoniales de altos mandos, incluyendo al secretario de la Defensa, están abiertas al público, "salvaguardando los datos personales".

 

¿Por qué la de los ingenieros militares que intervinieron en la ampliación y restructuración del aeropuerto de santa Lucía no pueden dar a conocer su declaración patrimonial y de intereses? ¿La negativa de la SFP refleja la posición del Ejército o es decisión de la presidencia de la República?

 

Es muy evidente que la negativa de la SFP, instancia del Poder Ejecutivo, violenta la separación de poderes al no acatar una resolución del Poder Judicial en un país donde existe la división de poderes como lo mandata la Constitución. En este sexenio no es la primera ocasión que ocurre.

La solicitud de información que hace El Universal es pertinente y se encuentra en el marco de la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, para ver si estos no se están enriqueciendo, al margen de la ley.

 

Es la SFP la primera que debería garantizar el acceso a la información del ejercicio de los servidores públicos. No hacerlo da la idea de que se les protege y de que existe delito que perseguir. ¿Por qué no hacer transparente lo que debe ser público según la ley?

El actual gobierno, el Ejército como parte de él, ha sido enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Con mucha frecuencia y facilidad recurre al recurso de no dar información porque el tema es de "seguridad nacional". Santa Lucía es la terminal cuatro, especializada en carga, del sistema de aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no saber cuánto costó?

 

¿Los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de santa Lucía se enriquecieron de manera indebida? ¿Recibieron bonos fuera de la ley? ¿Por qué la SFP piensa que está en riesgo su "vida, seguridad o salud"? Si no se hacen públicas las declaraciones patrimoniales de estos militares se tiene derecho a pensar que se cubren actos de corrupción.

 

@RubenAguilar

Museo del Barro (Metepec, Estado de México)

Rubén Aguilar Valenzuela 

Historia

 En septiembre de 2012 se inauguró el Museo del Barro con el objetivo de ser un espacio de preservación y difusión de la artesanía en barro en particular la que elaboran los artesanos de Metepec.

  

Edificio

El museo está en la zona centro de la ciudad. Es un edificio moderno de tres plantas. La fachada es un gran rectángulo con mosaicos de colores. Domina el rojo. La estructura original fue antes sede de la Casa de la Cultura que se construye en 1994.

En el interior, cubriendo la escalera, se encuentra este mural de barro elaborado por 82 niños de entre 8 y 11 años de edad, alumnos de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza de Metepec.

  

Colección

La sala de la colección está en el segundo piso y se divide en dos grandes partes, una muestra piezas de alfarería prehispánica y la otra, 3000 piezas de alfarería de diversas regiones el país, en particular de Metepec.

Las piezas han sido premiadas en el Concurso Nacional Arte Popular del FONART, el Concurso Nacional Árbol de la Vida, que se establece en 1992, en Concurso Nacional CatrinArte y en el Concurso Nacional de Alfarería y Cerámica.

Piezas prehispánicas

 

 

 

 

Cazuela de barro

En la planta baja se encuentra la cazuela más grande del mundo (Récord Guinness) pieza moldeada por Bernardo Camacho, artesano de Metepec. Para su elaboración utilizó 700 kilos de barro y 2500 kilos de leña. El trabajo de cocción duró 30 horas en un horno de tres metros de diámetro. Es una obra de 2014.

Esta pieza de gran formato está en la planta baja.

 

 Comentario 

La fachada de azulejos del edificio es un buen diseño y se ve muy bien y es muy bella la obra en barro de la escalera realizada por los niños. En el sitio donde se ubica luce mucho.

Es una buena idea relacionar las piezas prehispánicas de cerámica con el trabajo que ahora se hace. Hay una tradición más que milenaria, que se ha seguido cultivando con nuevas formas y diseños.  

 

Hay piezas de una gran calidad artística donde destacan los árboles de la vida, que es una tradición propia de Metepec. Hay obras de los maestros artesanos Hilario Hernández, Guillermo Serrano, Santiago Montoya, Teobaldo Hernández y de la familia Soteno.

 

La cazuela de barro del maestro Bernardo Camacho es muy bella. La forma y la decoración interior con dibujos geométricos y de flores. Es una gran pieza de arte.  

Pienso que debería haber mayor información sobre los maestros artesanos de Metepec y de los autores de cada una de las obras expuestas. El museo está bien conservado.

La Ley de Herodes

Rubén Aguilar Valenzuela

En este 2023, Luis Estrada estrenó ¡Qué Viva México! donde aborda, una vez más, desde el género del panfleto político, la realidad del país.

Antes lo había hecho en otras tres películas, La Ley de Herodes (1999), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014).

 

La primera de estas, La ley de Herodes, se sitúa en 1949 donde los habitantes del pueblo ficticio de San Pedro de los Saguaro, persiguen y decapitan al alcalde cuando trata de huir con los fondos municipales.

El asesinato se convierte en un escándalo que llega al gobernador Sánchez (Ernesto Gómez Cruz), que pretende ser candidato en la contienda presidencial de 1952, para suceder a Miguel Alemán Valdés.

 

Los hechos pueden afectar su imagen como gobernador y hacerlo a un lado en la carrera por la candidatura y jugar a favor de su rival el secretario de gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.

 

El gobernador encomienda al licenciado López (Pedro Armendáriz Jr.), su secretario de gobierno, reconocido por su ambición y corrupción, que resuelva el problema en el pueblo.  

 

López, que pretende suceder al gobernador, piensa que el candidato ideal para el puesto es Juan Vargas (Damián Alcázar), a quien considera puede manejar a su antojo.

 

Encarga al licenciado Ramírez (Juan Carlos Colombo), que busque a Vargas, que se desempeña como encargado de un basurero.

 

López lo lleva con el gobernador, quien lo nombra alcalde interino de San Pedro de los Saguaros. El nuevo alcalde, al llegar al pueblo, es recibido por el secretario Carlos Pek (Salvador Sánchez), quien le lleva al palacio municipal.  

 

Vargas se propone hacer un buen trabajo, que traiga el "progreso y la justicia social" al pueblo, pero pronto se da cuenta que se enfrenta a obstáculos imposibles de vencer.

 

La mayoría de los habitantes son indígenas y no hablan español. La gestión de los presidentes municipales anteriores ha sido un prolongado desastre y objeto del saqueo sistemático.

 

El pueblo carece de todo y Vargas asume que en su tarea está solo y que cualquier cambio y mejora es algo que depende de él y nadie más.

 

En el pueblo la oposición está representada por el único médico, Uriel Morales (Eduardo López Rojas), candidato eterno del PAN, y de doña Lupe (Isela Vega), la dueña del burdel.

 

A sugerencia de su esposa Gloria (Leticia Huijara), viaja a la capital del estado para solicitar recursos al secretario de gobierno, que lo recomendó para el puesto. Este se los niega, porque todo el dinero es para las elecciones.

 

Lo que el secretario le da es una copia de la Constitución y una pistola. Representan la ley y el orden y le dice que la única ley que existe es la Ley de Herodes: "O te chingas o te jodes»"

 

De regreso al pueblo, el carro del alcalde se descompone y de manera accidental se encuentra con Robert Smith (Alex Cox), estadounidense que le ofrece ayuda. Arregla el desperfecto y pide su paga. Vargas no se la da.

 

Después de un tiempo el alcalde ya tiene en sus manos todas las riendas del pueblo. Y ha decidido entrarle, como los anteriores alcaldes, a la corrupción.

Doña Lupe, la dueña del burdel, es quien lo inicia en esta vieja práctica. Entre otras ventajas goza del servicio gratuito de las prostitutas.

 

Extorsiona a los dueños de negocios y a los habitantes a quienes impone todo tipo de multas bajo el pretexto de que son fondos, para llevar la electricidad al pueblo.

 

Esto con la ayuda de un ingeniero estadounidense, que es Smith, quien llega al pueblo exigiendo que el alcalde le pague la reparación del carro.

 

Vargas mata a doña Lupe y a su guardaespaldas. Acusa de su asesinato a Filemón, el borracho del pueblo, a quien también asesina cuando lo lleva con las autoridades estatales.  

 

De regreso a su casa se da cuenta que su esposa tiene como amante a Smith, quien logra huir semidesnudo mientras golpea y encadena a su esposa.

 

El alcalde levanta falsas acusaciones contra el médico Morales, el panista, a quien acusa de ser autor intelectual del asesinato de doña Lupe.

 

Descubre que Morales ha abusado sexualmente de la trabajadora del hogar que es una adolescente, y Vargas lo chantajea y el médico debe abandonar el pueblo o ir a la cárcel.

 

De sorpresa se hace presente el secretario López y su secuaz, Tiburón (Jorge Zárate), ambos fugitivos luego que intentaran matar su rival por la gubernatura que resulta ser sobrino del presidente Alemán.

 

López exige al alcalde que le entregue todo el dinero que ha robado a los habitantes del pueblo. Va a su casa por el dinero y descubre que su esposa se ha ido con Smith con todo lo que había robado.  

 

Decide, entonces, asesinar a López y al Tiburón. El pueblo se levanta contra el alcalde, que se refugia en lo alto del único poste de luz que levantó.

 

En esa situación llega la policía del estatal, que busca a López, y rescata al alcalde. En recompensa por haber matado a López obtiene un escaño como diputado del Congreso de la Unión.

 

En 2000, hace 23 años, las autoridades intentaron impedir que la película se exhibiera. Era el tiempo de la campaña electoral por la presidencia de la República. No lo lograron.

 

Esta película de Estrada, una crítica política original y novedosa en el cine mexicano, llena de ironía y humor, ofrecen un muy buen logrado retrato, con alta dosis de realidad, de lo que había sido la política mexicana.  

 

El abuso de autoridad, la corrupción y también el crimen están ahí. Todo en aras de obtener y conservar el poder, para servirse de él. Estrada lleva el género del panfleto político al cine y lo hace de manera creativa e inteligente.

 

En 2000, la película tuvo una gran cantidad de nominaciones y premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos once premios Ariel. En el Sundance Film Festival, Estrada ganó como mejor director y en el Valladolid International Film Festival, también como mejor director y Damián Alcázar como mejor actor.

 

La ley de Herodes

Título original: La ley de Herodes

Producción: México, 1999

Dirección: Luis Estrada

Guion: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Vicente Leñero y  Fernando León

Fotografía: Norman Christianson

Música: Santiago Ojeda

Actuación: Damián Alcázar, Leticia Huijara, Pedro Armendáriz Jr., Salvador Sánchez, Isela Vega, Eduardo López Rojas (...)

 

 

@RubenAguilar

¿Dónde ubicas a tu gobernador?

Rubén Aguilar Valenzuela

La presencia del crimen organizado en la vida del país es una realidad de décadas y en los últimos años ha incrementado su violencia, crecido su poder y extendido su actividad y control en cada vez más regiones del territorio nacional.

 

Quienes trabajan el tema del crimen organizado consideran que el avance de las mafias criminales, a nivel nacional e internacional, no sería posible sin la colaboración con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

 

En una República Federal, lo que hagan o dejen de hacer los gobernadores frente al crimen organizado es fundamental y más importante que la acción del gobierno federal. El gobernador vive en su estado y no hay nadie quien lo conozca mejor. Es la máxima autoridad en ese espacio.

 

Frente a esta compleja realidad, Jorge Tello Peón (67), quien fuera un histórico director del CISEN, ha diseñado una tipología con cuatro casos para ubicar a los gobernadores, en su relación con el crimen organizado.

 

1) Oposición y combate. Hay gobernadores que han decidido oponerse y combatir al crimen organizado. Lo hacen en el marco de una estrategia que implica fortalecer a la policía estatal y a las municipales. Se coordina con las Fuerzas Armadas y destina importantes recursos a esa política pública.

 

2) Omisión deliberada. Hay gobernadores que dejan hacer, pero no están involucrados con el crimen organizado. Saben que el crimen es una realidad que no se puede negar, pero evaden de manera consciente enfrentarse por razones distintas, pero el resultado es el mismo, no actúan.

 

3) Pacto de ingenuidad. Hay gobernadores que de manera ingenua pactan con el crimen organizado, pero no están involucrados. Piensan al ceder espacios, incluso de poder, el crimen va a disminuir el uso de la violencia. Buscan la "pax narca". No la obtienen y el crimen se empodera.

 

4) Complicidad y/o sociedad. Hay gobernadores que son cómplices del crimen organizado y se asocian con él. Aprovechan su cargo para hacerse millonarios en alianza con los criminales. Antes, en la mayoría de los casos, recibieron su apoyo para llegar al poder.

 

Si se aplica la tipología diseñada por Tello, ahora presidente y director general de Madison Inteligencia México, empresa de consultoría especializada en inteligencia estratégica, se obtiene un primer mapa de la relación entre el crimen organizado y el poder político.

 

De la información que se dispone de manera pública se puede decir que en el primer caso están quienes gobiernan Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro. No se ven más.

 

La mayoría se ubica entre quienes optan por no hacer nada o negocian, aunque no se asocian con el crimen organizado. En esta situación hay 18.

 

Quienes están asociados, de una u otra manera, se considera son los gobernadores de Guerrero, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima y Nayarit.

 

El Ejército es la única institución del Estado mexicano que tiene pruebas contundentes, para decir cuál es la situación de cada uno de los gobernadores y también de los jefes de las policías estatales. Tienen información de todos los funcionarios públicos de alto nivel.

 

@RubenAguilar

AMLO, el campeón

Rubén Aguilar Valenzuela

El doctor en sociología Luis Astorga (Culiacán, 1953) es el pionero en México de los estudios relacionados con el crimen organizado y las relaciones que se establecen entre este y la política.

 

Astorga, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, concede una entrevista a Pablo Ferri (El País, 27.10.23) donde analiza la estrategia de seguridad de los últimos gobiernos federales.

 

El académico afirma que "la demagogia se le da muy fácil a todos los políticos, pero hay unos más demagogos que otros, parafraseando a Orwell. Y López Obrador ha sido el campeón de todos".

 

Acaba de publicar ¿Sin un solo disparo? Inseguridad y delincuencia organizada en el Gobierno de Peña Nieto, su análisis se concentra en ese sexenio, pero aborda también el presente.

 

Con López Obrador "la restauración autoritaria es clarísima. A mis estudiantes les digo que esta administración me recuerda mucho a 1984″, la clásica novela de George Orwell, afirma Astorga.

 

Y añade que "en el lenguaje de esta administración, el autoritarismo se llama democracia. La concentración de poder en el Ejecutivo es el súmmum de la democracia. Todos los demás poderes son corruptos. Y si los militares son el ejemplo de la honorabilidad, ¿por qué no un presidente militar?".

 

El investigador del IIS-UNAM sostiene que con la alternancia política, que para él inicia antes del 2000 con cambios en el poder local, la correlación de fuerzas entre el poder político y el criminal, empezó a cambiar.

 

Y añade que "los partidos se olvidaron por completo de la seguridad. Como si no hubiese indicios, ya desde finales de los años 60, de que la correlación de fuerzas entre el campo delictivo y el político se estaba modificando de manera acelerada".

 

Con la alternancia en 2000, el Estado se libró del virus priista, pero otros ocuparon el espacio y en estos últimos 23 años, los distintos gobiernos federales han fracasado en sus políticas, para enfrentar al crimen organizado, afirma Astorga.

 

En su visión "desde un principio no hubo un interés en conformar una política de Estado en materia de seguridad, lo que hemos tenido son ocurrencias sexenales".

 

El investigador asegura que ante la ignorancia o desidia de los distintos gobiernos en materia de seguridad lo único que ha habido son discursos. Desde el discurso, no desde la acción, se quieren resolver los problemas. Eso les es común.

 

Y que ante la falta sistemática de una estrategia de seguridad a largo plazo, la inercia de los gobiernos, desde antes incluso del cambio de siglo, ha sido incorporar a los militares a la vida pública, cierto que en ningún caso como el actual gobierno.

 

Para Astorga las críticas de López Obrador ante los presidentes anteriores, en particular Felipe Calderón, no se justifican, los muertos en cada sexenio son responsabilidad de cada uno de los presidentes, porque cada uno es el responsable político, como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

 

 

@RubenAguilar

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