Francisco Treviño Aguirre

Considerada en su momento una de empresas petroleras más grande de América Latina y las más importante de México, misma que por años fue la que fiscalmente más contribuía a las arcas nacionales y que ha estado vinculada al progreso y crecimiento del país desde que se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938, hoy atraviesa por un futuro incierto. Aunque México ha obtenido innumerables beneficios del crecimiento de su industria petrolera totalmente integrada, ahora está sufriendo consecuencias devastadoras causadas por una crisis de deuda en curso y en aumento. Precisamente por esta deuda cada vez más insostenible, que ahora asciende a más de $110 mil millones de dólares.

Es justo mencionar que el crecimiento de la economía mexicana detonó con el desarrollo de Petróleos Mexicanos, principalmente a partir de la década de los 70s. Habiendo representado el 50 por ciento del presupuesto en su momento, históricamente el gobierno federal ha tenido una fuerte dependencia de las utilidades de Pemex. Un problema que se originó por esta fuerte dependencia de las ventas de petróleo fue la falta de estímulo hacia la investigación y el desarrollo.

Otro problema fue que la economía mexicana en su conjunto se volvió demasiado dependiente de la industria petrolera, pero el éxito en la industria era innegable. El   yacimiento Cantarell ubicado en las costas de Campeche, fue en un momento el segundo campo petrolero más grande del mundo, solo detrás de complejo Ghawar en Arabia Saudita. La producción se estaba disparando y fue a través del crecimiento continuo de Pemex que el presupuesto federal siguió creciendo, lo que permitió una mayor inversión pública. El gobierno mexicano, con la ayuda de Pemex, logró crear algo parecido a un milagro económico. Desafortunadamente, esto no estaba destinado a durar.

En los últimos años, Pemex ha perdido un interés considerable por parte de los inversionistas debido a la rápida disminución de las ganancias, causada por la disminución de la producción y la caída de los precios del crudo. De 2004 a 2016, sus ganancias habían caído más del 30%, y esto sacudió la confianza a nivel internacional. Tan complicada era la situación financiera de la empresa en este punto que cuando se endeudó aún más, los mercados internacionales y las agencias de calificación se sorprendieron y sospecharon que comenzaba a manifestarse un grave problema a largo plazo.

Al entrar en vigor la Reforma energética proclamada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, PEMEX dispondría de un esquema de subastas donde el sector privado realizaría inversiones en exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, disminuyendo de manera considerable la carga fiscal para la empresa del gobierno, obteniendo importantes beneficios económicos al trasladar parte de esas inversiones a los privados.

Al llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, promete rescatar a Pemex y devolver a México la “soberanía energética”, que, a decir de él, se había entregado a las empresas internacionales que operan en el País. Desafortunadamente, los resultados de tales promesas son prácticamente nulos. Financieramente, la deuda a largo plazo solo ha crecido más para Pemex, de $65 mil millones de dólares a unos estratosféricos $110 mil millones, casi el doble en tan solo 3 años. Políticamente, la empresa parece estar otorgando una responsabilidad cada vez mayor hacia el gobierno, como es el hecho de que los pagos de los préstamos sean asumidos directamente por el gobierno y no por la propia paraestatal, cuyas consecuencias pueden significar sin duda una cosa: un déficit fiscal más amplio.

Además, se espera que este déficit fiscal crezca aún más, debido a la incapacidad de Pemex de recaudar suficiente deuda por sí misma en los mercados internacionales para hacer frente a las deficiencias financieras, dejando al gobierno federal como su último recurso. De esta manera, Pemex no parece ser de mucha ayuda para el gobierno, ya que cada vez se otorgan más exenciones fiscales e inyecciones de capital para mantenerlo en funcionamiento. La ayuda del gobierno, sin embargo, no impide que la compañía pierda inmensas cantidades de dinero, habiendo reportado una pérdida de $23 mil millones en 2020, un aumento de casi un 40% con respecto a la de 2019. El problema de fondo prevalece, ahora más fuerte que antes, frente a un presidente, cuyas estrategias no parecen estar dando ningún resultado.

Tanto Pemex como el gobierno federal enfrentan lo que es casi con certeza la situación más difícil de toda su historia. Los mexicanos nos preguntamos cuándo el gobierno dirá que ya es suficiente. Haber invertido miles de millones de dólares en el ineficiente gigante petrolero durante años y haber obtenido pocos o ningún resultado genera una incertidumbre alarmante con justa razón.

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Francisco Treviño Aguirre

El hidrógeno limpio está experimentando un impulso sin precedentes a medida que aumenta la confianza en su capacidad para acelerar los esfuerzos de descarbonización en múltiples sectores. Alrededor del mundo existen nuevos proyectos sobre este sector, y la tendencia es que se replicará en muchos países. Tan solo la empresa Intercontinental Energy planea construir una planta en Omán que producirá casi 2 millones de toneladas de hidrógeno limpio. En este sentido, se desarrollan nuevos proyectos a gran escala, así como otros más pequeños ya se encuentran en la etapa de planificación. Del mismo modo, por el lado de la demanda, el hidrógeno está ganando terreno por parte de los clientes. Compradores destacados como las grandes petroleras y las empresas acereras líderes en el mundo están trabajando para hacer realidad una economía de hidrógeno limpio.

A pesar del optimismo que rodea al hidrógeno limpio, sigue existiendo mucha incertidumbre. Uno de los atractivos del hidrógeno es que puede proporcionar energía libre de carbono en múltiples sectores: transporte, calefacción, industria y generación de electricidad. Pero esta ventaja también crea incertidumbres. La infraestructura necesaria en una economía en la que el hidrógeno se utiliza principalmente como combustible de transporte es muy diferente de una en la que su valor principal es como combustible para un sistema de calefacción

Hoy en día no existen grandes redes de oleoductos de hidrógeno y no hay barcos de hidrógeno licuado en operación comercial. Existe un verdadero problema, parecido a la analogía del huevo y la gallina. Si no hay infraestructura para mover hidrógeno, ¿las inversiones en oferta y demanda se realizarán al ritmo necesario para cumplir los objetivos nacionales de descarbonización? Este desafío plantea una pregunta aún más urgente: ¿cuáles deberían ser las funciones respectivas de los sectores público y privado en el despliegue de la infraestructura?

Si bien la economía de mercado debe ser la fuerza que impulse las decisiones de producción y demanda, los incentivos y planes regulatorios desempeñarán un papel fundamental tanto en la configuración como en el despliegue de la infraestructura habilitadora. Hacer realidad todo el potencial del hidrógeno requerirá una cuidadosa consideración de las políticas públicas para abordar las necesidades del mercado. Es fundamental planear el futuro ahora, ya que los efectos de las decisiones políticas que se tomen hoy se verán reflejados en las próximas décadas. Por ejemplo, construir una red de ductos para entregar hidrógeno a los propietarios que aún no han instalado estufas y sistemas de calefacción alimentados con hidrógeno sería financieramente incosteable. Por lo tanto, sincronizar las inversiones en infraestructura con el crecimiento de la oferta y la demanda será esencial, pero al mismo tiempo, un gran desafío.

Si bien es cierto que el uso de infraestructura de gas natural existente podría reducir significativamente el costo total de transporte de hidrógeno, tanto en términos de reducción de la inversión en infraestructura de tuberías como de inversión evitada en la expansión de la red eléctrica. Aun así, se necesita una cuidadosa evaluación caso por caso para determinar la viabilidad técnica y económica de las opciones junto con las implicaciones generales de las cadenas de valor de una transición del gas natural al hidrógeno.

Para estimular las inversiones necesarias del sector privado, los legisladores y los reguladores deberán crear un consenso nivelado con estructuras de mercado y regulaciones claras, reconociendo los pros y los contras de todas las alternativas y un esfuerzo concertado para sincronizar las inversiones en oferta, demanda e infraestructura. Solo de esta manera podremos evitar replicar las ineficiencias de los sistemas que caracterizaron los enfoques regionales para el despliegue de nueva infraestructura energética.

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Francisco Treviño Aguirre

El papel del almacenamiento de energía para facilitar su incursión en la integración de la energía renovable en los sistemas eléctricos es muy sensible al nivel de penetración de las renovables. Por ejemplo: El estado de California en EUA, está experimentando días durante los cuales la demanda es demasiado baja para liberar toda la energía solar disponible al mediodía. Esta reducción de las energías renovables relacionada con la sobre generación puede verse agravada por los generadores térmicos que tienen una flexibilidad limitada en la rapidez con que pueden ajustar su producción o en lo bajo que pueden llegar sus niveles de producción.

En el caso de México, es necesario crear la infraestructura necesaria para añadir flexibilidad al sistema eléctrico. Esta flexibilidad es la capacidad de un sistema de energía para reaccionar a los cambios en la demanda y generación de energía. Los sistemas de energía tradicionales garantizan la flexibilidad a través de una cartera diversa de plantas de energía que, en conjunto, pueden satisfacer la demanda de energía en cualquier momento. Por lo general, las demandas diarias y estacionales se predicen utilizando tendencias históricas y, cuando la generación de electricidad es insuficiente, se instalan centrales eléctricas de pico para cubrir el déficit. Sin embargo, la integración de fuentes afecta la estabilidad de los sistemas de energía ya que su salida puede ser variable e incierta. Por tanto, cuanto mayor sea la proporción de energía renovable variable en una red, mayor será la necesidad de añadir flexibilidad.

Una de las soluciones que ha surgido en las últimas décadas es el almacenamiento de energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía pueden mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos actuando como un amortiguador para compensar la variabilidad de la energía renovable. Durante períodos de baja demanda de energía, la tecnología de almacenamiento permite que las plantas de generación funcionen de manera eficiente almacenando cualquier excedente de energía y, en períodos de alta demanda, la energía almacenada se puede utilizar en lugar de las centrales eléctricas de pico basadas en combustibles fósiles. Por lo tanto, el almacenamiento de energía puede convertirse en un instrumento esencial no solo para garantizar la flexibilidad de la red, sino también para reducir las emisiones globales de efecto invernadero del sector eléctrico y alcanzar los compromisos contraídos respecto a la mitigación de las consecuencias del cambio climático.

A pesar de sus ventajas, el concepto de las tecnologías para el almacenamiento de energía no se ha difundido ampliamente en el mercado mundial, debido al alto costo que esto implicaba. Aunque algunas tecnologías ecológicamente racionales todavía enfrentan altos costos e incertidumbre tecnológica, es ampliamente aceptado que las principales barreras para el despliegue del almacenamiento de energía en todo el mundo son marcos regulatorios inadecuados y falta de apoyo político. Por lo tanto, identificar qué tipos de regulaciones y políticas pueden incentivar con éxito el despliegue de tecnologías ecológicamente racionales es un primer paso esencial para la creación y el fortalecimiento de los mercados de almacenamiento de energía.

En este sentido, la principal prioridad para quienes tienen la responsabilidad de formular las políticas en México debería ser la de proporcionar una definición legal de almacenamiento de energía y diseñar un marco regulatorio claro para la operación de los sistemas de almacenamiento en el Mercado Eléctrico Mayorista. Aún y cuando nuestro país va en retroceso en la industria del sector energético, esto podría ser de importante beneficio al aprovechar el conocimiento e innovación que se han desarrollado en otros países, y realizar tiros precisos y con menos incertidumbre tecnológica donde se desarrollen proyectos que demuestren como el almacenamiento de energía podría operar bajo las condiciones de la red eléctrica nacional, a pesar del precario presupuesto para la investigación y desarrollo con el que cuenta el país.

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Francisco Treviño Aguirre

De acuerdo con las últimas cifras emitidas por el CONEVAL, en México se incrementó en más de 9 millones el número de personas que no pueden cubrir los gastos básicos de alimentos. Esto quiere decir que ni con los programas de asistencia social que implementó el gobierno federal para apoyar a estos sectores tan vulnerables, y donde se ha invertido una gran cantidad de recursos, no ha sido posible reducir la brecha de pobreza en el País. Por tanto, es una estrategia fallida. De acuerdo con la CEPAL, nuestro país se ubica como el cuarto país que más verá acrecentar el porcentaje de personas en situación de pobreza, aún más que el promedio en la región, y el quinto que mas aumentaría la pobreza extrema en América Latina.

Si bien la emergencia sanitaria causada por el covid 19. Ha provocado un fuerte impacto en la economía de los países, en México las estrategias para mitigar esta situación, y poner en marcha un plan de reactivación económica, fueron totalmente erradas, solo ocasionaron una crisis económica mayor y una situación de salud que nunca pudo “domar” el gobierno federal, como tanto lo mencionaba el presidente López Obrador.

En este sentido, no es de extrañar que la pobreza energética de nuestro país siga en una situación de estancamiento donde, de acuerdo con el INEGI, 35 mil personas carecen de energía en su totalidad y cerca del 35.7% de hogares se privan de algún servicio por no contar con energía suficiente. Otro factor que incrementa esta pobreza energética es que algunas personas pueden contar con electrificación, pero no con los recursos suficientes para hacer uso del gas o la electricidad en sus viviendas.

La democratización energética es un proyecto que el gobierno federal ha dejado a un lado, para incrementar el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, cuando algunos análisis han determinado que, en México, la mayor parte de esa energía eléctrica puede ser generada a través de fuentes renovables, que no causen contaminación y son más económicas. Se sigue apostando por las plantas obsoletas y contaminantes de CFE, cuando esta generación se le puede dejar a los particulares y que la empresa del gobierno se dedique a desarrollar una red de transmisión y distribución, alterna a la existente, para evitar congestiones y facilitar la evacuación de la electricidad. De esta manera, se podrá contar con energía eléctrica a bajo costo, se reduce la brecha de la desigualdad en el servicio de energía eléctrica y se expande la cobertura a aquellas regiones donde no se cuenta con este servicio.

Lejos, muy lejos están quedando los compromisos que México estableció en el Acuerdo de París de incrementar el uso de energías verdes, donde no se cuenta con un rumbo ni estrategia que impulsen las acciones para cumplir con las metas establecidas de reducir en 22 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero y en 51 por ciento las emisiones de carbono negro para el año 2030. Es muy probable que al no crear políticas públicas que apoyen estos compromisos, México salga del Acuerdo de Paris, por lo menos, en lo que la cuarta transformación continua contaminando al país en los siguientes tres años.

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