El 71% de la población mexicana “aprueba” el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se cumplen tres años de su llegada al poder, el segundo nivel más alto de todo su mandato, según la encuesta De las Heras Demotecnia.

De acuerdo con la encuesta realizada por Enkoll, AMLO llega con 62% de aprobación a su tercer año como presidente de México; mientras que 35% desaprobó su gestión como mandatario y 3% respondió no saber.

El 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a tres años en el poder con una aprobación del 68%, de acuerdo a la encuesta del Universal Buendía & Márquez.

La encuesta mensual promedio sobre aprobación presidencial realizada por MITOFSKY para El Economista reveló que Andrés Manuel López Obrador se ubica con una aprobación de 65% al cumplir tres años en el ejercicio del poder.”

Esos son ejemplos de lo que publicaron algunos medios de comunicación respecto a la evaluación del Presidente de la República.

Ahora que el presidente Andrés Manuel López ha mostrado interés en el tema de seguridad pública con un plan para reforzar las acciones encaminadas a devolver la paz y la tranquilidad en estados y municipios con grandes índices delictivos, me referiré a Coahuila, que, por haber logrado reducir y mantener muy bajos esos indicadores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nivel federal, la posiciona entre las primeras entidades que destacan en materia de seguridad.

Del modelo Coahuila queda claro que los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad, ya que de otra forma los municipios no podrán hacerlo solos.

Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.

En este afán, es fundamental realizar un análisis por cada municipio con el fin de identificar las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad. Esto con el fin de establecer la estrategia adecuada para atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito.

Al parecer el gobierno de México se ha comprometido a redefinir recuperar y fortalecer las líneas maestras de su política exterior. Tal vez reaccionando a los profundos cambios que se están produciendo en el mundo, y, sobretodo, en la lógica de que la globalización y apertura ha llevado al país a confrontar nuevos e importantes retos que afectan al conjunto de la comunidad internacional y que por tanto requieren una respuesta regional e incluso global.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió el martes 9 del presente la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que nuestro  país ha asumido la presidencia mensual del mismo.

En su discurso, López Obrador fijó así su postura: “No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie; en cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas: el derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los Estados”. 

Y en su diagnóstico destacó: “El principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera; sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales”.