Jaime Cleofas Martínez Veloz

El Congreso de la Unión aprobó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En el discurso, parece un avance histórico: se les otorga personalidad jurídica, se les reconoce autonomía y se les abre la puerta a participar en las decisiones que afectan sus territorios y recursos. Sin embargo, la realidad contradice el discurso. El mismo Congreso que celebra este reconocimiento aprueba reformas a la Ley de Aguas sin consultar a los pueblos indígenas. Es decir, proclama derechos en la letra, pero los niega en la práctica.

Esta contradicción no es menor. Es una violación constitucional y un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que México ratificó y que obliga a realizar consultas previas, libres e informadas en toda medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas. No hay margen de interpretación: la consulta es obligatoria. No hacerlo es inconstitucional.

El agua no es un recurso cualquiera. Para los pueblos indígenas es vida, territorio, cultura y espiritualidad. Legislar sobre el agua sin consulta previa es legislar contra la libre determinación, contra la autonomía y contra la historia. Es perpetuar el viejo patrón de un Estado que promete reconocimiento pero niega participación. Es repetir la traición que desde hace décadas se ha cometido contra los pueblos originarios.

El 16 de febrero de 1996, siendo Presidente de la Cocopa, firmé como testigo los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el Gobierno Federal y el EZLN. Aquellos acuerdos establecieron con claridad que los pueblos indígenas debían ser reconocidos como sujetos de derecho público, con capacidad de decidir sobre sus recursos naturales y sus formas de vida. Desde entonces he luchado por su cumplimiento. Hoy, al aprobar reformas a la Ley de Aguas sin consulta, el Congreso no solo viola la Constitución y los tratados internacionales: traiciona la palabra empeñada en San Andrés.

Fundamentos jurídicos de la acción de inconstitucionalidad

1. Violación al artículo 2 constitucional: Este artículo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Reformar la Ley de Aguas sin consulta vulnera directamente este derecho.
2. Violación al artículo 1 constitucional: La Constitución obliga a todas las autoridades a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, establece la consulta previa como obligación. Su incumplimiento es causa suficiente para invalidar la reforma.
3. Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La SCJN ha señalado que la consulta indígena es un derecho fundamental y que su omisión invalida normas generales. No es un trámite burocrático, sino un mecanismo de participación real.
4. Afectación a derechos colectivos: El agua es un recurso vital y cultural para los pueblos indígenas. Reformar su régimen sin consulta vulnera su derecho a la libre determinación y a conservar sus territorios.


Por estas razones, una acción de inconstitucionalidad no solo es viable, sino necesaria. La CNDH, legisladores o gobiernos estatales tienen la facultad de interponerla ante la SCJN.

Dimensión política y ética

Más allá de lo jurídico, está lo político y lo ético. El Congreso de la Unión incurre en una incongruencia grave: reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pero los excluye de las decisiones que afectan su vida. Es un reconocimiento vacío, una simulación que perpetúa la deuda histórica. Cada vez que se legisla sin consulta, se rompe el pacto de respeto y dignidad que los pueblos indígenas merecen. Cada vez que se ignora su voz, se profundiza la distancia entre el Estado y la nación real.

La lucha por el agua es la lucha por la vida. La defensa de la consulta es la defensa de la democracia real. La memoria de San Andrés no es pasado: es presente y futuro. Y mientras haya quienes recordemos aquella firma del 16 de febrero de 1996, habrá quienes exijamos que el Estado cumpla su palabra. Porque la dignidad indígena no se negocia, se respeta. Porque la historia no se traiciona, se honra. Porque la voz de los pueblos no se silencia, se escucha.

Hoy, la consigna es clara: proceda la acción de inconstitucionalidad. Que la Suprema Corte defienda la Constitución, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Que el Congreso rectifique su error y cumpla con la obligación de consultar. Que la sociedad mexicana entienda que la dignidad indígena no es un favor, es un derecho.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público no puede quedarse en discurso. Debe traducirse en práctica, en consulta, en respeto. De lo contrario, será una traición más a la memoria indígena y a los acuerdos de San Andrés. Lucharemos con todos los recursos republicanos a nuestro alcance en contra de esta acción inconstitucional.

Jaime Cleofas Martínez Veloz
En México, el agua y el campo se han convertido en territorios de disputa. No es casualidad: mientras el Estado presume avances en la gestión hídrica, los campesinos denuncian que la nueva Ley General de Aguas amenaza con despojarlos de su recurso más vital. La pregunta que resuena en las plazas rurales es contundente: ¿cómo confiar en un gobierno que ha eliminado más de veinte programas de apoyo al campo y que, en lugar de garantizar seguridad, ha permitido que el crimen organizado se convierta en autoridad de facto en vastas regiones?

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca ordenar el uso del agua y garantizar el derecho humano al acceso. Sin embargo, en su diseño actual, la ley presenta riesgos graves para la vida campesina. Al separar la propiedad de la tierra del derecho al agua, se devalúan los terrenos agrícolas y se rompe el binomio que ha sostenido la producción rural por generaciones. Los títulos de agua ya no podrán heredarse ni transferirse, lo que genera inseguridad jurídica y amenaza la continuidad de proyectos familiares. Además, se tipifican "delitos hídricos" con penas de hasta diez años de prisión, criminalizando prácticas de riego tradicional. El Estado podrá revocar concesiones no utilizadas, abriendo la puerta a expropiaciones de facto, y limitar el uso del agua exclusivamente al riego, impidiendo la diversificación productiva.

El problema no es menor. El 67.5% del agua nacional se destina al sector agropecuario, según datos de CONAGUA. Cualquier restricción golpea directamente la soberanía alimentaria. Y el panorama es alarmante: México ocupa el lugar 26 a nivel mundial en estrés hídrico, considerado de riesgo alto. Las presas nacionales reportan un almacenamiento promedio de apenas 56.5%, mientras el Sistema Cutzamala se encuentra en 53.3%, cifras insuficientes para garantizar seguridad hídrica. El país apenas alcanza un 69.9% de avance en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (agua limpia y saneamiento), por debajo del promedio regional latinoamericano.

La Ley de Aguas es solo la chispa más reciente en un campo que acumula agravios. La desaparición de programas como Procampo, Fomento Ganadero y los subsidios para maquinaria y fertilizantes ha dejado a los productores sin respaldo técnico ni financiero. La inseguridad es otro frente: en regiones enteras, los cárteles imponen cuotas, controlan la comercialización y extorsionan a agricultores. El Estado ha sido incapaz de garantizar seguridad en el campo. A ello se suma la apertura indiscriminada de fronteras, que ha inundado el mercado con granos más baratos, desplazando la producción nacional. Hoy, México importa más del 52% del maíz que consume, consolidándose como el principal importador mundial por tercer año consecutivo. La producción nacional ronda los 25 millones de toneladas, mientras las importaciones alcanzan hasta 50 millones. El trigo también enfrenta una crisis: la siembra en Sonora cayó 66%, y la producción nacional se redujo más del 24% respecto a 2023.

La paradoja es brutal: mientras el campo se hunde, las frutas y hortalizas mantienen dinamismo con 44 millones de toneladas, de las cuales 10 millones se exportan, principalmente a Estados Unidos. La dependencia de un solo socio comercial convierte a México en vulnerable ante cualquier tensión geopolítica. El sector pecuario, con 26 millones de toneladas de carne, leche, cerdo, pollo y huevo, enfrenta problemas de enfermedades porcinas y sequías que amenazan su estabilidad.

Si la Ley de Aguas se aprueba sin modificaciones sustanciales, los efectos serán devastadores. Tierras sin agua perderán valor y quedarán a merced de compradores externos. Agricultores sin medios de subsistencia se verán obligados a abandonar el campo, alimentando la migración hacia ciudades o al extranjero. El agua podría concentrarse en manos de grandes corporaciones o actores estatales sin transparencia, reproduciendo desigualdades. Al criminalizar prácticas agrícolas, se abrirá un nuevo frente de confrontación entre campesinos y autoridades. Y, sobre todo, se debilitará la soberanía alimentaria: menos producción nacional significa mayor dependencia de importaciones y vulnerabilidad ante crisis internacionales.

El campo mexicano no pide privilegios: exige respeto, seguridad y condiciones para producir. La Ley de Aguas, tal como está planteada, amenaza con profundizar el abandono y convertir al agricultor en enemigo del Estado. La desaparición de programas de apoyo y la alianza tácita con el crimen organizado son pruebas de un modelo que ha dado la espalda a quienes sostienen la alimentación del país. Hoy, las protestas campesinas son un grito de dignidad. No se trata solo de agua, sino de vida, de soberanía y de memoria. El Estado debe escuchar antes de que la sequía institucional se convierta en un desierto de justicia.

Jaime Martínez Veloz
En el Saltillo de principios de los años ochenta, la ciudad se debatía entre la modernización y la urgencia social. Las colonias populares crecían al margen de los planes oficiales, y la demanda de vivienda digna se volvía clamor. Desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde yo fungía como director, comenzamos a recibir solicitudes de apoyo de familias que buscaban un pedazo de tierra para construir su hogar. Eran los meses de agosto y septiembre de 1982, y la esperanza tocaba a nuestras puertas.

Mientras realizábamos trabajos de introducción de agua potable en la colonia Pancho Villa, se gestaban asambleas en los talleres de arquitectura. Estudiantes, profesores y colonos se reunían para imaginar una colonia distinta: nacida desde abajo, trazada con dignidad, y acompañada por el saber universitario. En paralelo, el gobierno municipal anunciaba el programa "Tierra y Esperanza", condicionado a la filiación partidista. Pero la necesidad no pedía credenciales, pedía justicia.

Fue entonces cuando la esposa de Don Ramón de León, propietaria de una amplia superficie en la zona conocida como Las Tetillas, me llamó a su casa en la calle Victoria. Nos unía una historia de confianza: en mis días de estudiante, me había rentado un pequeño local que fue cuarto, taller y refugio. Me pidió que esos terrenos fueran entregados a quienes realmente los necesitaran, con contratos justos y pagos accesibles. Su gesto fue el detonante de una historia que cambiaría el rostro urbano de Saltillo.

Convocamos una asamblea en Arquitectura. Estudiantes, topógrafos, familias. Se decidió el nombre: Universidad Pueblo. Y nos lanzamos al terreno. El ingeniero Jesús Flores Chávez trazó calles de sur a norte y de oriente a poniente. Mario Valencia Hernández, Paco Padilla y una brigada de estudiantes dormían junto a los colonos, compartiendo frío, esperanza y planos. Se ubicaron áreas para escuelas, espacios verdes, y hasta una manzana para la iglesia. La arquitectura se volvió herramienta de justicia.

La marcha que trazó la ciudad

Para evitar provocaciones, organizamos una marcha desde la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila hasta el Palacio de Gobierno. Pero no fue una simple caminata: fue una procesión de dignidad, una coreografía de esperanza que tejió el cuerpo urbano de Saltillo con los pasos de estudiantes y colonos.

Desde temprano, la explanada de la rectoría se llenó de voces, mantas, planos enrollados y miradas decididas. Los estudiantes de Arquitectura, con sus mochilas llenas de escuadras y convicciones, se mezclaban con las familias que llevaban a sus hijos de la mano, con cartulinas que decían: "La tierra es de quien la habita", "Universidad y Pueblo, juntos por la vivienda", "No pedimos limosna, exigimos justicia". El entusiasmo era contagioso, la combatividad serena pero firme. Se respiraba organización, se sentía historia.

La marcha comenzó con el sol aún tibio, avanzando por el Boulevard Venustiano Carranza, como si la ciudad misma se abriera paso entre sus arterias para dejar que la dignidad circulara. Al llegar al paso a desnivel, los cantos se intensificaron. Las consignas rebotaban entre los muros: "¡El pueblo unido jamás será vencido!", "¡Arquitectura con conciencia, no con indiferencia!". Los autos detenían su marcha, algunos conductores aplaudían, otros bajaban la ventanilla para preguntar qué estaba pasando. Lo que pasaba era que Saltillo estaba despertando.

Al cruzar hacia la calle de Allende, la columna humana se volvió río. El Mercado Juárez fue testigo de ese tránsito: los comerciantes salían de sus puestos, los clientes se detenían con bolsas en la mano, y por unos minutos, el mercado se volvió plaza pública. Las voces se mezclaban con el olor a frutas, a pan recién horneado, a tierra. Era el pueblo caminando por el corazón de su ciudad.

Finalmente, la marcha desembocó en la Plaza de Armas. Frente al Palacio de Gobierno, los pasos se detuvieron, pero la energía se elevó. Se formó una comisión para entrar a dialogar con las autoridades. Afuera, la plaza se volvió aula abierta: se leían manifiestos, se compartían testimonios, se explicaban los planos de la colonia Universidad Pueblo. La arquitectura se volvía verbo, la universidad se volvía territorio, y el pueblo se volvía maestro.

Fundación, servicios y autoconstrucción

Ese día, el Gobierno del Estado reconoció oficialmente la creación de la Colonia Universidad Pueblo. Pero la historia no terminó ahí. Tras su fundación, nos tocó acompañar la introducción de servicios básicos: agua potable, drenaje, energía eléctrica. La colonia comenzó a respirar como comunidad.

Durante el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto, impulsamos el programa "Vivamos Mejor", que permitió a las familias ampliar sus viviendas mediante esquemas de autoconstrucción. Los estudiantes de arquitectura no solo aprendían a diseñar, sino a escuchar, a convivir, a construir con las manos y el corazón.

Saber y dignidad

Universidad Pueblo se convirtió en un aula viva. Cada lote trazado era una lección de urbanismo social. Cada vivienda ampliada, una tesis de dignidad. Cada brigada nocturna, una clase de solidaridad. La vinculación entre la universidad y las necesidades del pueblo no fue un experimento académico, fue una revelación ética.

Porque cuando el conocimiento se vincula con la necesidad, nace la justicia.
Y cuando el estudiante camina junto al colono, se urbaniza la dignidad.

Jaime Martínez Veloz
El Subcomandante Marcos entró desarmado, tras entregar sus armas a doña Rosario Ibarra. Su presencia, vestida de café, con cartucheras cruzadas y una gorra con estrella sobre la capucha, conmovió a todos. Reconoció errores, expresó críticas, pero también abrió la puerta al diálogo. Advirtió que, si la CONAI y la COCOPA fracasaban, se perdería todo, incluso el país.
Sin embargo, lo más profundo ocurrió horas después, en otra cabaña más pequeña, a las cuatro de la madrugada. En ese espacio íntimo, entre humo, silencio y palabra, tuve una conversación privada con Marcos. Lo acompañaba el Mayor Moisés. Le regalé una pipa y tabaco que había traído desde Tijuana. Fue un gesto sencillo, pero cargado de respeto: un puente entre la frontera norte y la selva chiapaneca, entre la memoria personal y la insurgencia colectiva.
Durante esa charla, le hablé de mi hija Tania. Le conté que dos años antes, su madre, Irene, había fallecido de cáncer. Que desde entonces, Tania y su hermana Adriana vivían una tristeza profunda, que ni el tiempo ni las palabras lograban disipar. Marcos escuchó con atención, sin interrumpir. No ofreció respuestas fáciles. Sólo dejó que la noche siguiera su curso, como si supiera que la palabra justa no se improvisa, sino que se gesta.
Horas después, el comandante Tacho me pidió que lo siguiera. Me entregó una carta escrita por Marcos, dirigida a Tania. Era una ofrenda poética, un gesto insurgente de ternura. Un documento que no hablaba de estrategia ni de política, sino de consuelo, de afecto, de dignidad

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