Jaime Martínez Veloz
En política, las palabras nunca viajan solas. Llevan consigo el peso de la investidura, la historia del cargo y la responsabilidad frente a la nación.
Por eso, cuando la Presidenta de la República opina sobre las aspiraciones de un senador de oposición —en este caso, Luis Donaldo Colosio Riojas— no estamos ante un comentario casual, sino ante un acto político que merece ser examinado con rigor.
La Presidenta calificó como "curioso" que un senador por Nuevo León aspirara a gobernar Sonora. Lo repitió varias veces, subrayando la supuesta incongruencia territorial.
Sin embargo, el argumento no resiste la prueba más elemental de la memoria histórica: Andrés Manuel López Obrador, líder fundador del movimiento que hoy gobierna, fue candidato a gobernador de Tabasco y años después candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, un territorio donde no nació ni construyó su carrera inicial.
Y lo hizo legítimamente, como parte de un proyecto político nacional.
La pregunta, entonces, no es si Colosio Riojas puede o no competir en Sonora —la Constitución es clara— sino desde dónde habla la Presidenta cuando cuestiona esa posibilidad.
Y ahí es donde aparece el verdadero problema: la confusión deliberada entre el rol de Jefa de Estado y el de dirigente partidaria.
En una democracia constitucional, la Presidencia no es un comité de campaña.
Tampoco es un vocero de partido. Es la institución que representa a toda la nación, incluso a quienes no votaron por el proyecto gobernante.
Esa neutralidad no es un adorno: es un pilar de la convivencia democrática. Cuando la Presidenta utiliza la plataforma institucional —la conferencia matutina, Palacio Nacional, la comunicación oficial del Estado— para opinar sobre candidaturas, procesos internos o aspiraciones de la oposición, se desplaza del terreno institucional al terreno partidario.
Y ese desplazamiento erosiona la frontera que separa al Estado del movimiento político que lo encabeza.
No se trata de censurar a la Presidenta.
Tiene derecho a tener opiniones políticas. El problema es el lugar desde donde las expresa. No es lo mismo que un dirigente partidario cuestione a un adversario, a que lo haga la Jefa de Estado desde un espacio financiado con recursos públicos y destinado, en teoría, a informar sobre asuntos de gobierno.
La investidura presidencial no es un micrófono más: es un instrumento de poder simbólico que debe usarse con responsabilidad.
El argumento del "arraigo" que la Presidenta utilizó contra Colosio Riojas tampoco es nuevo. Es un recurso retórico que la política mexicana ha empleado durante décadas para desacreditar adversarios sin entrar al fondo de sus propuestas.
Se invoca cuando conviene y se olvida cuando estorba. Todos los partidos lo han usado. Todos los partidos lo han ignorado. Es un arma discursiva, no un principio.
Pero en este caso, el uso del argumento revela algo más profundo: la creciente preocupación del gobierno federal por el ascenso de Movimiento Ciudadano y, en particular, por el potencial político de Colosio Riojas.
No es casual que la crítica venga desde la Presidencia. Tampoco es casual que se formule con un tono aparentemente ligero. En política, la ironía es una forma de marcar territorio. MC ha dejado de ser un partido testimonial. Las elecciones en Veracruz y Durango el año pasado, son prueba de ello
En ese contexto, Colosio Riojas representa un activo simbólico y generacional que podría crecer si gobierna un estado. La crítica presidencial, más que un comentario, es un mensaje preventivo y de clara autodefensa.
Sin embargo, el costo institucional de ese mensaje es alto. Cuando la Presidenta actúa como dirigente partidaria, la democracia pierde un árbitro y gana un jugador.
Y cuando el Estado se convierte en instrumento de disputa política, la equidad electoral se debilita.
México necesita una Presidencia que gobierne, no que compita.
Una Jefatura de Estado que represente a todos, no que intervenga en la vida interna de los partidos.
Una investidura que se mantenga por encima de la contienda, no dentro de ella. Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que cuando el poder confunde sus límites, la democracia paga el precio.
