Jaime Cleofas Martínez Veloz
La presidenta Claudia Sheinbaum ha querido proyectar a México como mediador internacional en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. En foros y entrevistas presume la tradición diplomática mexicana de apostar por la paz y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, esa narrativa choca de frente con la realidad nacional: en su propio país, donde la ley la obliga a promover el diálogo y la reconciliación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha incumplido sistemáticamente.

La Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz en Chiapas, vigente desde hace décadas, mandata la conformación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). Ni el Congreso de la Unión ni el Ejecutivo federal han cumplido con esa obligación. El resultado es que el conflicto armado declarado por el EZLN contra el Estado mexicano permanece abierto, sin mecanismos institucionales de mediación. La presidenta que hoy ofrece tender puentes en Sudamérica no ha movido un dedo para cumplir con la ley que la obliga a tenderlos en Chiapas.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, fueron el primer paso hacia una paz duradera. Reconocían derechos y cultura indígena, pero también establecían una agenda más amplia: democracia y justicia, bienestar y desarrollo, derechos de la mujer, reconciliación en Chiapas y la firma de un protocolo final de paz. Todos esos temas siguen pendientes. La omisión no es menor: significa que el Estado mexicano ha incumplido compromisos históricos con los pueblos indígenas y con la sociedad civil que acompañó el proceso.

Hoy, mientras se promueve una reforma electoral desde el centro del país, se ignora que la democratización era precisamente uno de los puntos pactados en la mesa de diálogo de Chiapas. La incongruencia es evidente: se habla de modernizar las reglas del juego político nacional, pero se deja fuera la deuda con quienes exigieron democracia desde las montañas del sureste. Se legisla de espaldas a los acuerdos de paz, como si la historia pudiera borrarse por decreto.

La situación en Chiapas es un espejo incómodo. Es uno de los estados con mayor pobreza, marginación y violencia. Los índices de mortalidad materna e infantil siguen siendo de los más altos del país. La falta de reconciliación mantiene fracturas sociales y políticas que se traducen en desigualdad y desconfianza hacia las instituciones. Mientras tanto, el gobierno federal prefiere hablar de mediación internacional, como si la paz en casa no fuera prioridad.

La autoridad moral de la presidenta para ofrecer mediación en conflictos externos se ve debilitada por esta incongruencia. ¿Cómo puede México presentarse como garante de paz en el extranjero cuando incumple sus propios acuerdos internos? ¿Cómo puede Sheinbaum hablar de diálogo si ignora la ley que la obliga a dialogar con el EZLN? La respuesta es clara: no hay autoridad moral sin congruencia, y no hay congruencia cuando se es candil de la calle y oscuridad en la casa.

El país necesita recordar que la paz en Chiapas no es un asunto local, sino nacional. Los acuerdos de San Andrés fueron un pacto de Estado, no una concesión regional. Su incumplimiento erosiona la credibilidad de México en materia de derechos humanos y democracia. Si la presidenta quiere hablar de mediación, debe empezar por cumplir con la mediación que le corresponde en su propio territorio. De lo contrario, su discurso internacional será percibido como retórica vacía.

La historia nos enseña que los conflictos no se resuelven con omisiones ni con discursos en foros internacionales. Se resuelven con voluntad política, con cumplimiento de la ley y con respeto a los acuerdos firmados. México no puede ser mediador creíble en el mundo mientras sea incapaz de reconciliarse consigo mismo. La paz en Chiapas es la prueba de fuego de cualquier gobierno que aspire a hablar de paz más allá de sus fronteras.

Y aquí es donde el estilo del Subcomandante Marcos se asoma: porque la incongruencia no se denuncia con tecnicismos, sino con palabras que duelen. El gobierno federal quiere ser mediador en Venezuela, pero en Chiapas ni siquiera ha querido escuchar. Habla de democracia, pero olvida que la democracia también se construye en las comunidades indígenas que siguen esperando justicia. Habla de paz, pero ignora que la guerra declarada por el EZLN sigue vigente en los papeles y en la memoria.

Porque la paz no se decreta desde los palacios, se construye en las comunidades. No se firma en los salones diplomáticos, se teje en las montañas con la palabra y la memoria. El gobierno presume luces en Venezuela, pero en Chiapas deja sombras. Y esas sombras son madres que mueren al parir, niños que no llegan a la escuela, comunidades que siguen esperando justicia.

Candil de la calle, oscuridad en Chiapas. Esa es la incongruencia que desnuda el poder. Frente a ella, la palabra debe ser clara, combativa y sin concesiones: no hay paz afuera si no hay paz adentro. No hay mediación internacional sin reconciliación nacional. No hay autoridad moral sin cumplir primero con Chiapas. Y mientras el gobierno siga negando esa verdad, será recordado no por las luces que presume en el extranjero, sino por las sombras que dejó en su propia casa.

Jaime Cleofas Martínez Veloz
En Chiapas, donde los ríos cantan y la selva respira, se guarda el 30% del agua de todo México. Es un caudal que atraviesa montañas, valles y comunidades indígenas, un recurso que debería ser vida y dignidad para quienes lo custodian. Sin embargo, el Gobierno Federal ha decidido que esa riqueza no pertenece a los pueblos, sino a las leyes que redacta desde arriba, a los decretos que imponen desde los escritorios de la burocracia, a la maquinaria de la CONAGUA que hoy pretende apropiarse de lo que no le pertenece.

La historia no empieza aquí. La traición tiene nombre y fecha: los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, donde el Estado mexicano se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con voz y decisión sobre sus territorios y recursos. Esa palabra empeñada fue rota. El Congreso nunca cumplió, los gobiernos se sucedieron y el reconocimiento quedó enterrado bajo discursos vacíos. Hoy, la misma traición se repite, pero con el agua como botín.

El agua de Chiapas no es un número en una estadística. Es el río Grijalva que alimenta presas hidroeléctricas, es el Usumacinta que cruza fronteras, es la lluvia que fecunda la milpa y el café. Es también el líquido que no llega a las casas de las comunidades indígenas: menos del 35% de la población chiapaneca tiene acceso efectivo al agua potable. ¿Cómo puede ser que el estado más rico en agua sea también uno de los más pobres en acceso? La respuesta es clara: porque el gobierno nunca construyó la infraestructura para que ese caudal llegara a las viviendas de los pueblos. Porque la abundancia se convirtió en negocio y la carencia en castigo.

Hoy, con las reformas a la Ley Nacional de Aguas, el gobierno pretende legalizar el despojo. Bajo el disfraz de regulación, se esconde la intención de apropiarse del 30% del agua nacional que fluye por Chiapas, arrebatándola a quienes la han cuidado por siglos. Es un robo disfrazado de ley, una expropiación disfrazada de modernidad. Y ese robo se comete en los territorios donde viven las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pueblos que han resistido con dignidad, que han levantado su voz contra el olvido y la mentira.

El agua, como la tierra, no es mercancía. Es vida. Y cuando el gobierno la convierte en propiedad del Estado para entregarla a empresas, concesiones y proyectos extractivos, está repitiendo la misma lógica colonial que negó a los pueblos indígenas su derecho a decidir. Es la misma traición que se firmó en San Andrés y que nunca se cumplió. Es la continuidad de un despojo histórico que hoy se viste de tecnocracia y de leyes federales.

Los votos de la traición

La aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre de 2025 fue un espectáculo de imposición. En la Cámara de Diputados, tras más de 24 horas de debate, se registraron 324 votos a favor, 118 en contra y una abstención.

¿Y cómo votaron los legisladores de Chiapas?

• Diputados de Morena, PT y PVEM por Chiapas: votaron a favor, alineados con la mayoría oficialista.
• Diputados opositores chiapanecos (PAN, PRI, MC): votaron en contra, denunciando que la ley concentra el control del agua en la CONAGUA y margina a los pueblos indígenas.
• Senadores chiapanecos de Morena y aliados: avalaron la minuta sin cambios, obedeciendo la línea presidencial.
• Senadores opositores chiapanecos: se manifestaron en contra, advirtiendo que la ley se aprobó sin consulta real a pueblos indígenas ni campesinos.

La paradoja es brutal: los representantes de Chiapas en el Congreso votaron mayoritariamente a favor de entregar al gobierno federal el control del agua de su propio pueblo. Es la traición institucionalizada, el despojo firmado con nombre y apellido.

La paradoja del agua

De los 124 municipios de Chiapas, apenas 41 tienen plantas de tratamiento, y solo 5 funcionan adecuadamente. El resto descarga aguas negras en los mismos ríos que después se privatizan. Mientras tanto, las presas hidroeléctricas de Malpaso, Chicoasén y La Angostura generan electricidad para el país, pero las comunidades que las rodean siguen sin agua potable.

El gobierno federal quiere apropiarse de lo que no le pertenece, y en ese acto repite la traición a los Acuerdos de San Andrés. Porque negar el derecho de los pueblos a decidir sobre su agua es negar su condición de sujetos de derecho público. Es negar su existencia política. Es negar su dignidad.

El silencio institucional: la COCOPA ausente

La traición no se limita a los votos. También se expresa en el silencio institucional: la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), contemplada en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, sigue sin ser conformada por la actual legislatura ni por el Gobierno Federal. Esa omisión no es casual. Al negar la existencia de la COCOPA, se niega el cumplimiento de la ley vigente y se bloquea deliberadamente que temas como el agua entren en la agenda nacional. El vacío institucional abre la puerta al despojo: sin mecanismos de conciliación ni voz para los pueblos, el gran caudal de Chiapas queda bajo el control exclusivo de la burocracia federal y de la CONAGUA. Es la misma traición de San Andrés, repetida ahora con el agua como botín. Es la continuidad de un despojo histórico que se disfraza de legalidad, pero que en realidad busca apropiarse del volumen inmenso de agua que los pueblos han cuidado por siglos.

El EZLN lo dijo hace décadas: "Aquí estamos, somos los mismos de siempre, los olvidados de siempre, los que no se rinden." Hoy, el agua es el nuevo campo de batalla. El robo del agua es el robo de la vida. Y frente a esa traición, los pueblos de Chiapas levantan la voz: el agua no se vende, el agua no se roba, el agua se defiende.

Jaime Cleofas Martínez Veloz
La presentación del libro La democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdova y Ernesto Núñez, realizada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, fue más que un acto académico: se convirtió en un recordatorio de que la democracia mexicana es fruto de luchas largas, dolorosas y esperanzadoras. Su título es, a la vez, advertencia y promesa: la democracia no se construyó en un día, y tampoco puede sostenerse sin la vigilancia constante de la ciudadanía.

El texto combina dos miradas complementarias. Por un lado, la institucional, que Córdova ofrece al narrar cómo las reformas electorales dieron vida al Instituto Nacional Electoral como árbitro autónomo. Por otro, la narrativa periodística de Núñez, que retrata el pulso social y político de las elecciones. El recorrido histórico abarca hitos como el movimiento estudiantil de 1968, la reforma política de 1977, la creación del IFE en 1990, la transformación en INE en 2014 y la elección de 2018 como tercera alternancia presidencial. El mensaje central es claro: la democracia mexicana es un proceso acumulativo, resultado de luchas sociales, reformas legales y construcción institucional.

Coahuila en la historia democrática

La elección de Saltillo como sede de esta presentación tiene un profundo simbolismo. Coahuila ha sido protagonista en los momentos fundacionales de nuestra nación. Francisco I. Madero, originario de Parras de la Fuente, fue el apóstol de la democracia que enfrentó al régimen de Porfirio Díaz y abrió la puerta a la Revolución. Venustiano Carranza, hijo de Cuatro Ciénegas, lideró el constitucionalismo y dio forma a la Constitución de 1917, que no fue sólo un documento jurídico, sino la expresión de un pacto social que dio estabilidad a México.

El Plan de Guadalupe, firmado en Ramos Arizpe en 1913, desconoció al usurpador Victoriano Huerta y legitimó la lucha constitucionalista. La Comarca Lagunera fue escenario de combates decisivos de Pancho Villa contra el ejército huertista, y más tarde territorio del Cardenismo, que impulsó la reforma agraria y la organización campesina como pilares de justicia social. Hablar de democracia en Saltillo es hablar de memoria viva.

La reforma electoral de 1996

Un capítulo fundamental en la construcción democrática fue la reforma electoral de 1996, fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, incluyendo al PRD, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador. Esa reforma sacó al gobierno de la organización de los procesos electorales y entregó a la ciudadanía el poder de organizarlos. Se nombró al primer Consejo General Ciudadano, presidido por el académico José Woldenberg, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de autonomía electoral.

Como Diputado Federal, tuve el honor de ser parte de esa legislatura que construyó colegiadamente este acuerdo histórico, resultado del diálogo y la negociación entre todas las fuerzas políticas. Ese proceso contrasta radicalmente con la actitud autoritaria, soberbia y gansteril de los actuales gobiernos de Morena, que buscan debilitar al INE y concentrar el poder en lugar de fortalecer la pluralidad.

El contraste con el presente

El libro nos recuerda que la democracia mexicana se construyó con décadas de reformas y sacrificios. Hoy, bajo el "Morenato", el contraste es evidente. Morena ejerce un predominio político que recuerda los riesgos del viejo sistema de partido hegemónico. Se han impulsado reformas que buscan recortar facultades del INE y otros órganos autónomos. La ciudadanía vive polarizada, dividida entre quienes ven en Morena una democracia popular y quienes advierten un retroceso autoritario.

A ello se suman señalamientos públicos de vínculos con el crimen organizado, que ponen en entredicho la autonomía del poder civil y la equidad electoral. La fragilidad de la democracia mexicana se hace patente: lo que costó décadas construir puede perderse en un instante si dejamos de defenderlo.

Relevancia para Saltillo y Coahuila

En Saltillo, hablar de democracia es hablar de memoria. Aquí nacieron Madero y Carranza, aquí se firmó el Plan de Guadalupe, aquí se gestaron luchas que dieron forma a la Constitución de 1917. Este libro nos invita a reconocer que la democracia no es sólo un sistema electoral: es un pacto social que nos dio estabilidad como nación y que hoy debemos defender con la misma pasión con que nuestros antecesores defendieron la tierra, la libertad y la justicia.

La democracia no se construyó en un día es un llamado a la responsabilidad ciudadana. Nos recuerda que la democracia mexicana es frágil, que puede retroceder si no se defiende, y que cada generación tiene la tarea de cuidarla.

Hoy, en Saltillo, este libro nos convoca a mirar hacia atrás para entender el presente y proyectar el futuro. La democracia no se construyó en un día, pero puede perderse en un instante si dejamos de defenderla.

Jaime Cleofas Martínez Veloz

El Congreso de la Unión aprobó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En el discurso, parece un avance histórico: se les otorga personalidad jurídica, se les reconoce autonomía y se les abre la puerta a participar en las decisiones que afectan sus territorios y recursos. Sin embargo, la realidad contradice el discurso. El mismo Congreso que celebra este reconocimiento aprueba reformas a la Ley de Aguas sin consultar a los pueblos indígenas. Es decir, proclama derechos en la letra, pero los niega en la práctica.

Esta contradicción no es menor. Es una violación constitucional y un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que México ratificó y que obliga a realizar consultas previas, libres e informadas en toda medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas. No hay margen de interpretación: la consulta es obligatoria. No hacerlo es inconstitucional.

El agua no es un recurso cualquiera. Para los pueblos indígenas es vida, territorio, cultura y espiritualidad. Legislar sobre el agua sin consulta previa es legislar contra la libre determinación, contra la autonomía y contra la historia. Es perpetuar el viejo patrón de un Estado que promete reconocimiento pero niega participación. Es repetir la traición que desde hace décadas se ha cometido contra los pueblos originarios.

El 16 de febrero de 1996, siendo Presidente de la Cocopa, firmé como testigo los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el Gobierno Federal y el EZLN. Aquellos acuerdos establecieron con claridad que los pueblos indígenas debían ser reconocidos como sujetos de derecho público, con capacidad de decidir sobre sus recursos naturales y sus formas de vida. Desde entonces he luchado por su cumplimiento. Hoy, al aprobar reformas a la Ley de Aguas sin consulta, el Congreso no solo viola la Constitución y los tratados internacionales: traiciona la palabra empeñada en San Andrés.

Fundamentos jurídicos de la acción de inconstitucionalidad

1. Violación al artículo 2 constitucional: Este artículo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Reformar la Ley de Aguas sin consulta vulnera directamente este derecho.
2. Violación al artículo 1 constitucional: La Constitución obliga a todas las autoridades a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, establece la consulta previa como obligación. Su incumplimiento es causa suficiente para invalidar la reforma.
3. Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La SCJN ha señalado que la consulta indígena es un derecho fundamental y que su omisión invalida normas generales. No es un trámite burocrático, sino un mecanismo de participación real.
4. Afectación a derechos colectivos: El agua es un recurso vital y cultural para los pueblos indígenas. Reformar su régimen sin consulta vulnera su derecho a la libre determinación y a conservar sus territorios.


Por estas razones, una acción de inconstitucionalidad no solo es viable, sino necesaria. La CNDH, legisladores o gobiernos estatales tienen la facultad de interponerla ante la SCJN.

Dimensión política y ética

Más allá de lo jurídico, está lo político y lo ético. El Congreso de la Unión incurre en una incongruencia grave: reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pero los excluye de las decisiones que afectan su vida. Es un reconocimiento vacío, una simulación que perpetúa la deuda histórica. Cada vez que se legisla sin consulta, se rompe el pacto de respeto y dignidad que los pueblos indígenas merecen. Cada vez que se ignora su voz, se profundiza la distancia entre el Estado y la nación real.

La lucha por el agua es la lucha por la vida. La defensa de la consulta es la defensa de la democracia real. La memoria de San Andrés no es pasado: es presente y futuro. Y mientras haya quienes recordemos aquella firma del 16 de febrero de 1996, habrá quienes exijamos que el Estado cumpla su palabra. Porque la dignidad indígena no se negocia, se respeta. Porque la historia no se traiciona, se honra. Porque la voz de los pueblos no se silencia, se escucha.

Hoy, la consigna es clara: proceda la acción de inconstitucionalidad. Que la Suprema Corte defienda la Constitución, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Que el Congreso rectifique su error y cumpla con la obligación de consultar. Que la sociedad mexicana entienda que la dignidad indígena no es un favor, es un derecho.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público no puede quedarse en discurso. Debe traducirse en práctica, en consulta, en respeto. De lo contrario, será una traición más a la memoria indígena y a los acuerdos de San Andrés. Lucharemos con todos los recursos republicanos a nuestro alcance en contra de esta acción inconstitucional.