Rubén Aguilar Valenzuela

En mayo el gobierno de Donald Trump exigió al de México que detuviera a los migrantes centroamericanos, para impedir llegaran a su frontera.

El presidente López Obrador, en obediencia a ese mandato, ordenó la militarización de las fronteras a cargo de la Guardia Nacional.

De enero a agosto de 2019, como resultado de esa política, las autoridades mexicanas deportaron a 102,314 centroamericanos. Un aumento del 63 %, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

En 2018, en ese mismo periodo, pero antes de la nueva política migratoria, el gobierno de México deportó a 62,746,  en 2017 a 26,071 y en 2016 a 81,234.

Solo en 2015, cuando se deportaron a 109,547, el número fue más alto que el de 2019, para los primeros ocho meses del año.

De enero de 2010 a agosto de 2019, las autoridades mexicanas han deportado a 855,450 centroamericanos.

Para las organizaciones de la sociedad civil que en Centroamérica trabajan con migrantes, México se ha convertido "en la frontera extendida de Estados Unidos".

Dicen que ahora el muro es doble y el primero está en la frontera sur de México y el segundo en la frontera sur de Estados Unidos, pero reforzado por la Guardia Nacional mexicana.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, plantea con orgullo que como parte de la militarización, entre mayo y agosto, se redujo en 56 % el número de los migrantes centroamericanos que intentaron ingresar a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales de ese país.

La ONU, a través de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, ha criticado la nueva política migratoria de México.

La ha calificado como un "retroceso" que pone a los migrantes en "un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos".