Rubén Aguilar Valenzuela Son ya 94 las activistas sociales y 47 los periodistas asesinados de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y también de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan a favor de los derechos humanos.
Al día de hoy permanecen impunes el 89.3 % de los asesinatos a los periodistas y el 99 % de los asesinatos a los activistas sociales, según la propia Segob.
En el caso de los 94 activistas sociales - defensores de los derechos humanos, de la tierra y de la naturaleza - 21 han sido asesinatos en Guerrero, 14 en Oaxaca, ocho en Chihuahua, ocho en Chiapas, seis en Veracruz y seis en Michoacán. Los otros 31 en los distintos estados.
De los 47 periodistas asesinados, ocho fueron en Sonora, cinco en Guerrero, cinco en Veracruz, cuatro en Michoacán, cuatro en el Estado de México y tres en Oaxaca. Los otros 17 en las restantes entidades federativas.
En este gobierno, ante la inseguridad creciente de los activistas sociales y los periodistas, creció en 88.7 % su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ahora están inscritos 1,506, en 2018 eran 798. De ellos 1,011 son activistas sociales y 496 periodistas.
En el caso de los periodistas inscritos en el mecanismo la mayoría viven en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Y en de los activistas sociales los más viven en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y el Estado de México.
La Segob reconoce que el incremento de los activistas y periodistas a acogerse al mecanismo, que está a su cargo, obedece al aumento de la violencia en ciertas regiones del país donde se han multiplicado el número de las amenazas y las acciones criminales en contra de estas personas.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña, señala que ante los actuales niveles de violencia el "mecanismo no es suficiente, para garantizar la protección mientras continúe la impunidad de la mayoría de los casos, existan servidores públicos que son responsables de agresiones o se normalice la violencia contra quienes critican, cuestionan e informan".
No hay nada que señale que el actual gobierno pondrá fin al asesinato de activistas sociales y periodistas y tampoco que abata los niveles de impunidad de la que gozan los agresores y asesinos. Todo indica lo contrario. Habrá más asesinatos y más impunidad. Incluso más que en los gobiernos anteriores. Es una tragedia, no son números sino personas con nombre y apellido. Es claramente un problema de Seguridad Nacional.